José A. Fernández Carrasco
(CCS).- Cuando el Gobierno español normalizó la situación de unos 700.000 inmigrantes sin papeles, varios países de la Unión Europea criticaron con dureza la medida. Alemania y Holanda fueron los más reticentes. Dos años después, ambos países han decidido regularizar la situación de más de 120.000 personas que viven en ellos desde hace años sin que sus derechos estuviesen reconocidos. La gran aportación de los inmigrantes a sus economías les ha mostrado la conveniencia de un cambio en sus políticas migratorias.
Más de un millón de inmigrantes se encontraban en situación irregular en España antes del proceso de normalización que el Gobierno llevó a cabo en 2005. Sin los correspondientes papeles, éstos no podían disfrutar de sus derechos. Así, alimentaban la economía sumergida mientras empresarios se aprovechaban de su situación de desamparo, de su miedo a no encontrar otro trabajo y a ser expulsados del país. España consiguió mediante aquella regularización que más de la mitad de los afectados pasaran a cotizar en la Seguridad Social, con el reconocimiento de sus derechos y deberes. La economía española creció en 2006 un 3,9%, ya es la quinta en Europa. Los inmigrantes suponen más de la mitad del crecimiento per cápita, sin su aportación éste progreso económico no hubiese sido posible.
Ahora Alemania y Holanda se suman a este cambio. Los gobiernos de ambos países quieren atender a la amplia población que desde hace años pide asilo. Las condiciones que los inmigrantes tienen que cumplir son similares a las del proceso español: cierto tiempo de permanencia en el país, un contrato de trabajo, el pago de impuestos y que no tengan antecedentes penales. A cambio, conseguirán al fin las garantías para el trato digno que merece cualquier persona en el país donde reside y trabaja.
La regularización en Alemania podría beneficiar a más de cien mil inmigrantes. La mayoría de los que piden atención, unos 175.000, son personas que hace ocho años reclamaron el estatuto de refugiados políticos. Provenían de los Balcanes y en aquella época escapaban de la guerra. Aunque el Gobierno denegó su solicitud, les permitió que permanecieran en el país de forma temporal. Desde entonces, muchos han formado una familia en Alemania, tienen hijos alemanes y están asentados. No les será difícil demostrar que tienen un trabajo o pueden conseguirlo en un plazo de dos años, y que pagan sus impuestos como cualquier alemán. Lo que les falta es que les traten como a auténticos ciudadanos, con los derechos y las obligaciones que eso conlleva.
En Holanda la situación es parecida. Unas 26.000 personas llegaron al país hace más de cinco años desde Irán, Iraq y Afganistán y pidieron asilo político, pero el Gobierno no se lo concedió. Aún hoy viven sin el reconocimiento de sus derechos. Han agotado todas las vías legales, pero no lo han conseguido. Sin embargo, el nuevo Gobierno realizará un cambio. La nueva coalición de socialistas y cristiano-demócratas va a abordar el problema y quiere regularizar la situación de estos inmigrantes.
La decisión que ambos países han tomado es una buena noticia. Las circunstancias cambian y lo hacen de manera positiva. Cada día hay un mayor reconocimiento de la inmigración como un hecho que, lejos de ser un problema, conviene no sólo a los inmigrantes, también a los países de acogida. El ejemplo español no es una excepción. La inmigración es para muchos países europeos una de las claves de su prosperidad económica.
La inmigración no tiene porqué ser un peligro si se adoptan unas garantías. Se trata de respetar las reglas del juego, que son los requisitos que los países de acogida piden a los inmigrantes. A cambio, el debido reconocimiento por parte del Estado de todos sus derechos y obligaciones. La inmigración nos beneficia a todos si somos consecuentes con ella.
