domingo, 21 de octubre de 2007

El Gobierno prevé una guía de tratamiento mediático de la inmigración

El Gobierno español tiene intención de presentar de manera oficial a finales de este año una guía de tratamiento mediático de la inmigración previamente consensuada con los principales medios o grupos de comunicación nacionales, según afirmó hoy en Santander Elena Rodríguez, directora general de Integración de los Inmigrantes de la Secretaría de Estado para la Emigración e Inmigración de España, en la clausura de las jornadas organizadas por UGT 'Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral'.

Según informó el sindicato en una nota, Rodríguez explicó que se está elaborando otro manual de sensibilización sobre la inmigración y por la igualdad con la participación de fuerzas policiales de distintos ámbitos territoriales dentro de una serie de iniciativas adoptadas por el Gobierno español sobre buenas prácticas contra la discriminación de todo tipo. En opinión de la directora general de Integración de los Inmigrantes, "en este país hay un interés creciente por la información relativa a las buenas prácticas contra la discriminación y por la igualdad, y de hecho, nuestra página web ya ha recibido más de 300.000 visitas relacionadas con este tema en muy poco tiempo".

Rodríguez, que compartió el acto de clausura de las jornadas de UGT con la secretaria confederal por la Igualdad del sindicato, Almudena Fontecha, y su homóloga de Cantabria, Asunción Villalba, subrayó la importancia de todas estas iniciativas y las distintas leyes aprobadas en esta legislatura para conseguir la igualdad y erradicar las discriminaciones. Según afirmó, "la cohesión de una sociedad se mide por su capacidad de integrar a todas las personas por el principio de la igualdad y de erradicar todo tipo de discriminaciones".

Por su parte, la secretaria confederal por la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, se congratuló de los avances legislativos observados en España en los últimos años en relación a la igualdad, aunque precisó que "la legislación, por muy perfecta que sea, no es suficiente, necesita de una legitimación cultural y de garantías de ejecución porque no sirve de nada si no se aplica".

INSPECCIONES.
La Inspección de Trabajo tiene previsto completar durante este año actuaciones contra casos de discriminación laboral en 2.800 empresas españolas, según precisó la responsable de este organismo público Cristina Fernández, en la conferencia que precedió al acto de clausura de las jornadas organizadas por UGT en el Palacio de la Magdalena con motivo de la celebración en 2007 del Año Europeo por la Igualdad.

La portavoz de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aclaró que esta previsión de objetivos contra la discriminación en los centros de trabajo para este año confirma un creciente número de actuaciones para preservar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
La Inspección de Trabajo realizó inspecciones contra discriminaciones laborales en 1.853 empresas con un resultado de 244 infracciones, que implicaron una cuantía total en sanciones de algo más de 260.000 euros.

Según informó UGT, Fernández reconoció el deficiente grado de ejecución de algunas medidas y normativas legales adoptadas por el Gobierno español en los últimos años para combatir la discriminación laboral, como en el caso de las destinadas a los trabajadores con minusvalías y a la reserva a este colectivo de un 2% de las plantillas en empresas de más de 50 trabajadores. La responsable de la Inspección de Trabajo precisó que las causas del escaso cumplimiento de los empleos reservados a trabajadores con alguna discapacidad responden a "prejuicios empresariales, dificultades para la adaptación a los puestos de trabajo disponibles y limitaciones en los servicios públicos de empleo".

La Inspección de Trabajo también ha planificado para el año que viene una serie de actuaciones para incentivar la protección a la mujer, entre las que destacó medidas contra la discriminación en el acceso al empleo y en las relaciones laborales (discriminaciones salariales y de promoción profesional), el desarrollo de los planes de igualdad y otras disposiciones de la Ley de Igualdad, derechos de conciliación en la vida laboral y familiar y acciones concretas contra la discriminación en la negociación colectiva.

El 'test' europeo de la inmigración


Un estudio realizado en 28 países destaca que España es el segundo de la UE donde los inmigrantes tienen más facilidades para acceder al mercado laboral después de Suecia

España es el segundo país de la UE en el que los inmigrantes disfrutan de más facilidades para acceder al mercado laboral, por detrás de Suecia. Es uno de los resultados del segundo estudio comparativo que analiza la integración de los inmigrantes en Europa, realizado por el British Council y el Migration Policy Group (Grupo sobre la Política de Inmigración) y presentado ayer en Bruselas. En general, España figura en el puesto décimo de la tabla que aglutina todos los factores que favorecen la integración de los inmigrantes, y es el segundo donde éstos tienen más facilidades para acceder al mercado laboral tras Suecia.


El acceso al mercado laboral, la participación política y las facilidades para obtener un permiso de residencia son algunos de los elementos que los autores del informe consideran clave para trazar la radiografía de la integración de los que llegan a Europa en busca de una vida mejor.

Los países nórdicos -sobre todo Suecia- y los Países Bajos figuran a la cabeza de la lista que mide los diferentes factores de integración de los inmigrantes. Francia aparece, sin embargo, en el undécimo puesto, junto a Eslovenia, y saca una nota especialmente mala en el capítulo de acceso al mercado laboral, una de las causas a la que los expertos atribuyeron la explosión de la crisis de los barrios periféricos en 2005. "Un demandante de empleo con apellido norteafricano tiene el doble de posibilidades de ser rechazado que un candidato similar con un nombre francés", dice el informe. Y explica, además, que en Francia decenas de perfiles profesionales están reservados a ciudadanos de la UE tanto en el sector público como en el privado.

El Índice de políticas de integración de inmigrantes, cofinanciado por la Comisión Europea, destaca que España, pese a ser un país que ha comenzado a acoger inmigrantes hace pocos años, en seguida se ha convertido en uno de los destinos preferidos. Y explica que aunque en España tienen más posibilidades, a la hora de encontrar un empleo, que los propios españoles, tienen sin embargo el doble de probabilidad de tenerse que conformar con trabajos temporales.

De los 28 países analizados -Noruega, Suiza y Canadá, además de todos los de la UE, excepto Rumania y Bulgaria-, España es el segundo mejor en cuanto al acceso de los inmigrantes al mercado laboral. Destaca el estudio la seguridad a la hora de encontrar un empleo en el mercado de trabajo español y los derechos asociados al empleo. "La mayoría de los permisos de trabajo son renovables, y los inmigrantes pueden quedarse en España para encontrar un nuevo trabajo cuando termina su contrato. Pueden afiliarse a un sindicato y cambiar rápidamente de trabajo, empleador, profesión o tipo de permiso", reza el texto, de 190 páginas.

A la hora de evaluar el grado de participación de los inmigrantes en la vida política española o de las dificultades para obtener la nacionalidad, España sale bastante peor parada (puesto 14º). Y desciende hasta el puesto 17º en cuanto a la puesta en marcha de políticas de lucha contra la discriminación y el racismo.

Toda la UE saca muy mala nota en cuanto a la participación política de los inmigrantes, según explicó Jan Niessen, del Migration Policy Group. El experto indicó que hasta 11 de los países analizados no garantizan el derecho al voto de los extranjeros asentados en esos países.

Inmigrantes indios acogidos en Melilla se concentran para pedir su traslado a la Península


La mayoría de ellos lleva alrededor de dos años esperando su traslado a la Península


Medio centenar de inmigrantes indios se han concentrado hoy frente a la Delegación del Gobierno en Melilla para solicitar su traslado a la Península y para que se ponga fin a la constante amenaza de repatriación.

Un portavoz de los inmigrantes ha señalado a los periodistas que en el centro de acogida de la ciudad autónoma hay actualmente unas doscientas personas procedentes de la India que son susceptibles de ser repatriadas a su país, algo que, ha recordado, no sucede con los subsaharianos.

Según ha asegurado, la mayoría de ellos lleva alrededor de dos años esperando su traslado a la Península y han asistido a numerosos cursos de formación y de español para una posible contratación.

Los inmigrantes están a la espera de ser recibidos por el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, después de que hace seis meses solicitaran una audiencia con él que todavía no se ha producido, una petición que formularon hoy de nuevo.


El Gobierno no quiere hablar con nosotros y no sabemos por qué", ha dicho el portavoz de los asiáticos, quien reiteró la necesidad de que se resuelva su situación, tal y como, ha afirmado, ocurre en el caso de los inmigrantes africanos.

Manifestó que el año pasado se produjeron unas 86 repatriaciones de indios y este año ya han superado la veintena, situación que, según aseveró, les provoca "miedo e intranquilidad".


Hemos vendido todas nuestras propiedades, nuestras casas y, si volvemos a la India, hemos perdido toda nuestra vida", ha asegurado el portavoz de los inmigrantes concentrados, quien ha dicho que, si la única solución es la repatriación, no tendrían que haber esperado dos años para hacerlo.

Firman México y España plan piloto migratorio-laboral

Lozano Alarcón indicó que se trata de establecer un instrumento para la ordenación, seguridad y legalidad con que se deben gestionar los flujos migratorios de trabajadores de los dos países.
Madrid, España.- Los gobiernos de México y España firmaron hoy un plan piloto para ordenar la contratación y migración de trabajadores de ambos países, con preferencia a los que empresas españolas deseen emplear en este país.
En rueda de prensa, el secretario mexicano de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y el ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunciaron la firma del acuerdo que se prevé entre en vigor el 1 de enero de 2008.
En la sede del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el funcionario mexicano explicó que este acuerdo tendrá una vigencia de 12 meses y no está limitado “ni a máximos ni mínimos” ni a ninguna actividad, “por lo que está abierto a lo que pidan los empresarios”.
El acuerdo es el primero que se firma como parte de la VIII Reunión de la Comisión Binacional México-España que este lunes y martes se realiza en Madrid y que revisa el estado de las relaciones bilaterales y la cooperación mutua de ambos gobiernos.
Lozano Alarcón indicó que se trata de establecer un instrumento para la ordenación, seguridad y legalidad con que se deben gestionar los flujos migratorios de trabajadores de los dos países.
“Cuando hay voluntad, sensibilidad, inteligencia y entendimiento, lejos de edificar muros lo que se construyen son acuerdos”, dijo el secretario mexicano.
“Espero que este pacto sea un magnífico ejemplo para otras naciones con las que no sólo debemos desarrollar una integración comercial a secas, sino también la posibilidad de la inmigración ordenada legal y segura se convierta en un elemento de vinculación”, añadió.
Lozano Alarcón abundó que serán la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en España “los enlaces” para el desarrollo y seguimiento de este plan piloto.
Precisó que se trata de un acuerdo que por diversas razones no se había concretado en años anteriores, y se optó por firmar un plan piloto “e irlo perfeccionando hasta quedar un acuerdo definitivo”.
Con este acuerdo se deberá garantizar la formalización de la relación laboral de los trabajadores, el traslado pagado en parte por el trabajador con ayuda del gobierno de su país de origen y la repatriación que la debe asegurar el empleador.
Asimismo, se prevé que con base en el acuerdo de Seguridad Social de México y España las cotizaciones de los trabajadores durante su estancia en el otro país contabilizarán a su antigüedad al momento de su derecho a pensión jubilatoria.
Lozano Alarcón indicó que cuando las empresas españolas instaladas en México requieran mano de obra de su país de origen el gobierno mexicano concederá las facilidades para su contratación.
Agregó que además la Secretaría de Trabajo de México recibirá asistencia técnica del Ministerio español de Trabajo para ir perfeccionando el acuerdo.
Por su parte, Caldera mencionó que la cualificación del trabajador requerida la precisa la empresa y no el gobierno, ya que éste sólo funciona como facilitador de las contrataciones y de todo el proceso.
Aclaró que los otros acuerdos de este tipo que se han firmado con países como Colombia y Ecuador también iniciaron como plan piloto y después se perfeccionaron hasta hacerlos más completos.

Banqueros y economistas debaten Barcelona destino remesas envían inmigrantes

Economistas, catedráticos, políticos y directivos del mundo de la banca debatirán, a partir de esta tarde, y hasta mañana, en la sede de Cosmocaixa en Barcelona, las vías que permitan que el dinero que los inmigrantes envían a sus familias puedan promover el desarrollo de sus países de origen.

Bajo el título 'Remesas y Desarrollo' este foro internacional, organizado por el Instituto Europeo de la Mediterránea (IEMed) y la ONG Remesas.org, analizará las diversas fórmulas que los inmigrantes utilizan para enviar dinero a su países y propondrán iniciativas para mejorarlas.

En 2006, los más de 4,5 millones de inmigrantes residentes en España enviaron 6.807 millones de euros a sus familias, y se calcula que esta cifra alcanzará los 7.500 millones en 2007.

Lograr que este dinero repercuta más en el desarrollo de los países a los que se destinan es el reto de este foro, que contará con más de un centenar de expertos, personalidades y responsables políticos, entre los que destacan Consuelo Rumí, secretaria de Estado para la Inmigración, y el jugador del FC Barcelona Samuel Eto'o, que explicará cómo se articula el envío de dinero en la Fundación que tiene en Camerún.

El foro, que han presentado hoy en el Camp Nou Senén Florensa, director general del IEMed, e Iñigo Moré, director de Remesas.org, cuenta con el apoyo de la Obra Social de La Caixa y de la Fundación del FC Barcelona y con el patrocinio de la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo y de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

'Los inmigrantes que viven en España envían el 15 por ciento de lo que ganan. Estas remesas representan, por ejemplo, el 10 por ciento del PIB de Marruecos. Si ese flujo de dinero se gestiona bien, podría aprovecharse para luchar contra la pobreza del país de destino', ha explicado Florensa.

En este sentido, uno de los objetivos de este seminario es concienciar a los bancos y entidades de crédito que reduzcan las comisiones que cobran por realizar este tipo de transferencias y articular un sistema de envío más eficaz y al que puedan acceder las familias receptoras de una forma económica y segura.

Para Moré, la fórmula es relativamente sencilla. 'El 75 por ciento de los inmigrantes que hay en España tiene abierta algún tipo de cuenta corriente. En sus países de origen el porcentaje es a la inversa: sólo el 25 por ciento. Por tanto, hay que lograr incentivar a los países de destino para que sus ciudadanos tengan acceso a las cuentas financieras y disminuir el coste de los envíos'.

Reducir el porcentaje que cobran los bancos y de otras entidades que actúan como intermediarias de estas remesas para destinarlo a Fundaciones u ONG' que realicen labores humanitarias complementarias al dinero que directamente reciben de sus familiares en España puede ser una de estas vías alternativas. Al fin y al cabo, no sólo se trata de economía sino de 'solidaridad internacional', sentencia Senén Florensa.

Cuarenta euros al día por vigilar Senegal

Interior paga a los agentes africanos que controlan la inmigración irregular con la Policía española - Mantener a 500 menores inmigrantes cuesta tanto como toda la ayuda al desarrollo senegalesa


R. Ruiz 
Madrid- Casi a punto de acabar la «temporada alta» de pateras hay un hecho objetivo: las llegadas de inmigrantes a Canarias se han reducido un 65,46 por ciento con respecto al año anterior y el 44 por ciento de los cayucos que se dirigían a las Islas «afortunadas» fueron apresados nada más partir de las costas africanas. ¿Las causas? La importante labor realizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en territorio africano y el elevado desembolso económico que realiza España para «convencer» a las autoridades africanas de que contribuyan a frenar las salidas, aderezado con una intensa actividad diplomática.
Ya lo dijo muy claro el presidente senegalés, Abdoulaye Wade, cuando estalló la crisis migratoria de 2006: «Estoy dispuesto a aceptar la devolución de inmigrantes a cambio de dinero para hacer pantanos». Y España no ha hecho más que responder a esa petición en la que la máxima autoridad senegalesa hizo de portavoz del resto de los países africanos emisores de inmigrantes.
En ese intento por levantar muros de contención a la riada migratoria, España ha extendido sus «fronteras» al sur de Canarias. Guardia Civil y Policía vigilan por mar y aire las costas africanas. Lo hacen acompañados de policía senegalesa o mauritana por la sencilla razón de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españolas no son ninguna autoridad fuera del territorio español.
Sólo por que un policía senegalés suba a patrullar con agentes españoles en el helicóptero BO-105 que el Cuerpo Nacional de Policía tiene destinado para «barrer» las costas de este país africano de norte a sur, Interior paga 40 euros al día, según informó la Confederación Española de Policía (CEP). La cantidad es muy significativa en un país como éste, donde el sueldo mensual de un policía autóctono no supera los cien euros.
Generosidad interesada
Además de los medios propios que pone España, Zapatero ha regalado a Senegal medios para combatir la inmigración clandestina: material de comunicaciones y transmisiones, cinco vehículos todo terreno y dos patrulleras. La generosidad interesada de España también alcanza a Mauritania, a la que se han donado cuatro patrulleras de segunda mano de la Guardia Civil y España corre a cargo, además, con los gastos de la gasolina de los vehículos. Ha habido más ayudas. El 24 de agosto, en el primer Consejo de Ministros celebrado después del verano, el Gobierno aprobó condonar dos millones de deuda de Senegal «como gesto de agradecimiento a su receptividad a la hora de aceptar las devoluciones de inmigrantes irregulares llegados a España desde su territorio». Y no sólo eso, España acaba de gastar otro millón de euros en la campaña de sensibilización que ha lanzado en el país africano contra la inmigración irregular que ha sido acogida con indiferencia entre la población.
La gira africana del máximo responsable de la Diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, el año pasado, acabó con el anuncio de que se triplicaría la ayuda al desarrollo del país africano que ya asciende a 15 millones anuales.
Las ayudas se han completado con la apertura de una «ventanilla de contratación» en la capital, Dakar, para favorecer la emigración legal. Más de un centenar de senegaleses han sido ya contratados por empresarios españoles.
Un caso similar es el de Guinea-Conakry. Hasta el año pasado, este país de 11 millones de habitantes y rico en recursos naturales que hace frontera con ocho estados recibía 500.000 euros en ayuda a la cooperación. El año pasado se decidió que la cifra se iba a multiplicar por diez y que la donación urgente para diversos programas pasaría a cinco millones de euros. El año pasado también se perdonaron ocho millones de deuda que tenía este país con España, y lo mismo se hizo con Gambia. Exteriores llegó a pagar 32.000 euros por cada uno de los 156 «sin papeles» que Guinea aceptó que nuestro país le devolviera en octubre del año pasado. Sólo en el primer semestre de 2007 España ha efectuado 30.000 repatriaciones de inmigrantes «sin papeles», según datos difundidos por Interior, con lo que de aplicarse esas mismas cuentas el coste para la Administración españolasería multimillonario. Sólo en 2007 el presupuesto para repatriaciones era de casi 40 millones.
La zanahoria del dinero
Algunas ONG, como Intermon, consideran «inaceptable» que la ayuda al desarrollo se utilice como zanahoria para que los gobiernos africanos levanten las barreras, endurezcan los controles o acepten la repatriación de inmigrantes». También es cierto que, si echáramos cuentas, los esfuerzos económicos españoles en los países de origen de los inmigrantes resultan aún más baratos que el desembolso que realizan las administraciones central y autonómica para la acogida, integración y atención sanitaria de los que ya están en la Península. El Gobierno español se gasta al año en atender sólo a 500 menores inmigrantes en centros de acogida tanto dinero como ayuda al desarrollo destina a Senegal en un año, que es de 15 millones.

El gasto medio de familias inmigrantes propicia apertura de nuevos mercados

El gasto medio de las familias inmigrantes en España ronda los mil euros mensuales, y aumenta cada año, lo que ha producido unos hábitos de consumo que han propiciado la apertura de nuevos mercados para las empresas de importantes sectores, según un estudio del salón Integra Madrid.

La inmigración en España supone unos 4.480.000 personas, según el último padrón municipal, y en regiones como Madrid, esta población representa más del 16 por ciento de los habitantes, un dato que pone de manifiesto la existencia de nuevos mercados y oportunidades de negocio para las empresas que operan en sectores como el financiero, telecomunicaciones, alimentación e inmobiliario.

El consumo medio de los inmigrantes se sitúa actualmente en los 1.081 euros, cifra que se incrementa cada año en la medida en que los núcleos familiares inmigrantes mejoran su calidad de vida.

Este presupuesto familiar se distribuye de la siguiente forma: un 28 por ciento se destina a deudas, 20 por ciento a alimentación, 9 por ciento al ahorro, 8,5 por ciento al envío de remesas, 9 por ciento a ropa y calzado, 6,8 por ciento a productos de higiene personal, 7 por ciento a ocio, 6 por ciento a productos de droguería y limpieza, y el 5 por ciento a equipamiento del hogar.

Esta situación ha cambiado la radiografía sociológica y económica de España a través de la introducción de nuevos hábitos de consumo y costumbres que necesitan ser atendidas para lograr una mayor integración social.

Actualmente, la inmigración supone un segmento de mercado que equivale al 10 por ciento de la población, un dato que se eleva hasta el 20 por ciento al tener en cuenta franjas de edad que son especialmente proclives al consumo, y que demandan productos y servicios dedicados a satisfacer necesidades puntuales.

Esta realidad hace especialmente atractivo este segmento de población para las distintas empresas, sobre todo las de los sectores telecomunicaciones, financiero, inmobiliario y alimentario, que diseñan productos y servicios que pretenden responder a las demandas de un mercado en el que confluyen distintos intereses y necesidades.

Según un informe del Banco de España, que analiza los efectos de la llegada masiva al país de mano de obra extranjera, el sector financiero ha creado firmas especializadas para captar el negocio de las remesas, un servicio en el que los canales oficiales movieron 6.250 millones de euros en 2006.

El 65 por ciento de los residentes extranjeros tiene cuenta corriente, el 46 por ciento tarjetas de crédito, y el 18 por ciento posee nómina domiciliada.

Sobre consumo de telefonía en España, los inmigrantes gastan un 40 por ciento más que los españoles -unos 50 euros al mes frente a los 35,3 euros de media-, y los latinoamericanos están a la cabeza de la población inmigrante en el uso del teléfono móvil, seguido de los europeos del este y los magrebíes.

Así, las distintas operadoras que participarán en Integra Madrid coinciden en que la telefonía móvil es una necesidad de primer orden para el inmigrante que llega a España, al ser el principal canal de comunicación con sus compatriotas.

El sector inmobiliario considera, a pesar de la crisis crediticia, que el continuo aumento de la inmigración en España mantendrá la demanda de vivienda principal, porque según un estudio de equipo de investigación social IOE, en el 41 por ciento de los hogares de inmigrantes hay planes para propiciar la llegada de familiares a España, con la consecuente compra de una vivienda.

Las estimaciones del IOE auguran que el número de inmigrantes se incrementaría en un año en unas 470.000 personas más, lo que arroja un pronóstico de demanda, aplicando la media de 4,4 personas por vivienda, de unos 100.000 hogares.

La inmigración también ha originado demandas en el sector de la alimentación que generalmente están siendo atendidas por las grandes superficies comerciales ante la creciente demanda de productos relacionados con los alimentos que incluyen arroz, patata, yuca, maíz, cuscús, o mijo.