‘Quienes debilitan la identidad española no son los inmigrantes’

¿Cuál es el concepto de integración que sustenta los planes y programas de la Consejería de Inmigración?

El concepto que manejamos es de plena incorporación de los inmigrantes a nuestra sociedad sin discriminación ni ventajas, con absoluta normalidad. Buscamos una convivencia que incluye la formación de alumnos -hay
15 000 ecuatorianos en Madrid-, la atención sanitaria y la creación de centros de participación.

¿Cuál es la diferencia con el enfoque del Gobierno y cómo se compaginan los programas de este y de la Comunidad de Madrid?

Nosotros aspiramos a una integración basada en la visión del inmigrante como un individuo distinto, con su talento, capacidad, intereses, deseos y nos parecen muy equivocadas las políticas de ver a los inmigrantes como bloques étnicos o religiosos. Eso es escindir la sociedad. (…) No pensamos que por el hecho de ser inmigrantes sean personas incapaces de conducirse a sí mismas.

Hoja de vida
Javier Fernández
Su vida. Nació en Madrid en 1966. Se afilió al derechista Partido Popular (PP) en 1982.
Su trayectoria. Fue asesor del ex presidente José María Aznar y de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Su cargo. Reemplaza a Lucía Figar, actualmente diputada de la Asamblea de Madrid, al frente de la Consejería de Inmigración y Cooperación.¿Esa integración implica una paridad en el acceso a servicios y prestaciones?

120 00 alumnos escolarizados de origen inmigrante reciben la misma atención educativa que un niño madrileño de origen. Igual sucede en la sanidad pública y en todos los servicios sociales, cualquier discriminación es odiosa y en ello la Comunidad de Madrid tiene una política clara.

¿Qué le diría a una persona que cree que un inmigrante de cualquier lugar le quitó su plaza en la guardería?

Seguro hay algún comentario de esos, pero en Madrid no predomina una visión de rechazo a la inmigración. La inmensa mayoría de madrileños, que hemos visto llegar en un plazo de 10 años a un millón de personas, que es un cambio social muy importante, es consciente de que muchos inmigrantes laboran en trabajos que de otra manera no se estarían realizando. El 10% del PIB madrileño está generado por el trabajo o el consumo de los inmigrantes.

¿Entre los derechos y deberes que usted concibe para los inmigrantes está el de poder elegir y ser elegido?

Ese no es un asunto que forme parte de los intereses primordiales de los inmigrantes, Cuando una persona llega a un país pasa un tiempo para que se sienta concernida por los asuntos públicos. Lo que está sucediendo, que es una buena noticia para España, es que muchos inmigrantes, entre ellos ecuatorianos, están accediendo a la doble nacionalidad, porque se sienten muy implicados con Ecuador y España.

No pensamos que por el hecho de ser inmigrantes sean personas incapaces de conducirse a sí mismas. Ellas tienen fuerza y decisión.


Entonces, ¿usted plantea que primero se nacionalicen para poder votar?

Me baso en la regla que marca la Constitución: permitir el voto cuando haya convenios de reciprocidad. Ese es nuestro sistema y funciona muy bien. Con respecto a los latinoamericanos que pueden pedir la nacionalidad a los dos años de tener permiso de residencia, me parece que es el conducto de la participación política.

¿Comparte el criterio de que la llegada masiva de inmigrantes modifica el concepto de nación o debilita la identidad española?

No. Quizá en otros países europeos ha sucedido eso. En España quienes hacen que se debilite la identidad nacional son algunos ciudadanos nacidos en España.

Desde hoy estará en Ecuador, ¿qué lo lleva a este país?

Es el primer viaje que realizo como Consejero de Inmigración. Iré a ver si se están cumpliendo los proyectos que Esperanza Aguirre comprometió hace dos años, durante su viaje a Ecuador. Hablaremos con autoridades de Pichincha, Guayas y Azuay, con fundaciones, y ONG de nuevos proyectos en los que podamos aportar. Los proyectos actuales suman 3 700 000 euros. Mientras que en los cuatro años que ha gobernado Esperanza Aguirre esa inversión asciende a 8 300 000 euros.

Más de 20.000 inmigrantes asisten a cursos de salud laboral

SEVILLA. En inglés, francés, árabe, polaco y rumano. Más de 20.000 inmigrantes han sido instruidos, en su propio idioma, en prevención de riesgos laborales gracias al programa Prevebús para el Inmigrante puesto en marcha por la Consejería de Empleo y que, tras diez meses en marcha, ahora culmina. Esta iniciativa se traduce en 280 jornadas formativas desarrolladas principalmente en el sector de la agricultura y, en menor medida, en el de la construcción, para intentar minimizar su alta tasa de siniestralidad, que se concretó hasta septiembre en 7.885 y 37.597 bajas.

Los cursos se han focalizado en las comarcas agrícolas más importantes y durante las campañas de recolección no sólo porque es el momento culmen de concurrencia de mano de obra inmigrante -en Jaén los prevebús permanecieron los dos meses de la recogida de la aceituna-, sino porque es el sector primario uno de los que más accidentes registra, aunque éstos sean de menor impacto social ya que casi nunca tienen resultado de muerte, como sí sucede en la construcción. No obstante, en lo que va de año, ya son ocho los fallecidos.

Para la sensibilización de los trabajadores la Consejería cuenta con un equipo de formadores nativos que, además del idioma, conocen sus costumbres, lo que facilita la asimilación de conocimientos. Además de las charlas a las que asisten por espacio de dos horas, se les imparten otros cursos de cinco horas de duración en la sala interactiva del autobús, que está equipada con 16 ordenadores. El programa de este último ciclo comprende desde aspectos básicos de seguridad y salud a legislación, riesgos generales y específicos, emergencias y primeros auxilios. La acción formativa se completa con la entrega de material didáctico, como un manual básico y una guía de buenas prácticas.

Los asistentes a los cursos, que no sólo son inmigrantes en activo sino también en situación de desempleo, reciben al finalizar el cursillo un documento o certificado que acredita su formación y que está firmado por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. Algo fundamental, sobre todo, en el sector de la construcción donde está previsto que se ponga en marcha en breve una tarjeta profesional que constate que los aspirantes a ser contratados han superado unos cursos mínimos de prevención de riesgos y salud laboral de diez horas lectivas.

Al hilo de esta iniciativa, los dos prevebús de la Consejería además de impartir cursos a inmigrantes, también lo hace para el resto de trabajadores de este sector, durante su jornada laboral, y con personal docente especializado en la materia y en el que se exponen ejemplos específicos de los peligros que entraña cada oficio. En este caso, las acciones educativas son menores en su volumen, en torno a 160 jornadas, y en este ciclo que finaliza se instruyeron a un total de 7.500 obreros.

La formación no sólo se ha dado a pie de tajo en el campo o entre andamios. En muestras artesanales, como la Feria de las Naciones, celebrada estos días en Sevilla, también hicieron parada los autobuses preventivos que, por otro lado, también recalaron en un centenar de centros educativos. Desde la perspectiva de que quienes hoy están en la escuela serán futuros trabajadores, la Consejería de Empleo tiene un programa adaptado para jóvenes, y han sido 12.000 los estudiantes de Secundaria los que han pasado por este aula itinerante.

El Gobierno da «un giro europeo» a sus políticas de inmigración

ABC
MADRID/VALENCIA. El Gobierno apostará por «un nuevo enfoque en la política de inmigración» calcado del que ha propuesto desde su elección como conseller del ramo Rafael Blasco. Tras una legislatura en la que la principal medida llevada a cabo fue una regularización masiva que, de acuerdo con los expertos y a tenor de los hechos, produjo un efecto llamada, el PSOE considera que ha llegado el momento de «europeizar» su gestión.
El «anuncio» realizado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, en una entrevista concedida a Europa Press, supone dar por buenas las medidas preconizadas por Blasco.
Así, en el caso de que Zapatero fuera reelegido presidente del Gobierno dentro de cuatro meses España dejaría de ir por libre en materia de inmigración. Ante el goteo incesante de cayucos, los actuales responsables del Ejecutivo creen que ya ha llegado el momento, cuatro años después, de que España «deje de asumir en solitario el desafío que plantea África, que es una dimensión enorme».
Para ello, recabará el apoyo de la Unión Europea, cuyos principales mandatarios han mantenido abiertas discrepancias con la política de Zapatero en la materia.
Hasta ahora, las tesis que habían imperado en el socialismo español era las del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, firme defensor de la permisividad.
El giro expresado en el día de ayer por Bernardino León se alinea con las tesis defendidas por el conseller Blasco, partidario de aplicar una carta de derechos y deberes a los inmigrantes, al más puro estilo Sarkozy.
La Comunidad es una de las principales receptoras de flujos migratorios procedentes del extranjero, y que ya colocan esta situación como la principal preocupación de los valencianos, según recoge la última encuesta autonómica publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
En línea con Sarkozy y Merkel
La corriente de pensamiento que defiende Blasco -a la que se suma con una demora considerable y con las elecciones en el corto plazo el Gobierno central- se alinea con el de líderes europeos como el francés Nicolas Sarkozy y la alemana Angela Merkel.
Para Bernardino León, citas como la próxima cumbre entre la Unión Europea y África prevista para los días 8 y 9 de diciembre suponen una oportunidad para trabajar en una nueva agenda de cara a 2008. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores abogó por ser «ambiciosos, creativos y capaces de renovar la agenda y la relación entre el mundo europeo con los países africanos».

Demanda de inmigrantes cualificados

Hasta ahora no parece que haya habido un gran entusiasmo entre los trabajadores por prolongar su vida laboral. Las recientes ofertas económicas del Gobierno a los potenciales jubilados para que sigan en su puesto de trabajo, al menos a tiempo parcial, no han dado apenas resultados. Se han producido pocos casos, y generalmente entre los empleados de más alta cualificación laboral.

Sin embargo, el envejecimiento acelerado de la población, a pesar del refuerzo del colectivo inmigrante, es evidente. El gasto en pensiones contributivas da un buen bocado mensual a las arcas del Estado (este año un 6% más que en septiembre pasado), y eso que la dotación de las prestaciones de los 8,6 millones de jubilados es más bien escasa. Casi la mitad de las nuevas pensiones corresponde a jubilaciones anticipadas acordadas con las empresas, que prefieren rejuvenecer y reducir el costo de las plantillas en detrimento de la experiencia profesional y con el riesgo de un deterioro en la calidad del producto o del servicio.

Esta dinámica, por otra parte, no es ajena al resto de la Unión Europea (son varios los países cuyos jubilados tienen una edad media inferior a 63 años, nivel en la que se sitúa España). En previsión de lo que se nos viene encima, Bruselas -esta vez sí- pretende potenciar la entrada de inmigrantes de alta cualificación para poder mantener el engranaje tecnológico e industrial de los 27 dentro de unos años. Los extranjeros que llegan en la actualidad a la UE con titulación superior o con una estimable capacitación profesional suponen menos del 1% del total, mientras que en Estados Unidos, Canadá o Australia, esta cifra se multiplica por seis, ocho o diez.

La situación en España es aún más delicada, si cabe, que en el resto de la Unión, debido a la llegada masiva de inmigrantes atraidos por la bonanza económica impulsada desde la construcción y la agricultura, sectores que han ocupado una copiosa mano de obra poco preparada.

Tal vez ahora que la lenta desaceleración de ambas actividades está reduciendo la demanda de empleo poco cualificado en favor de la industria y los servicios, parece el momento adecuado para que el Gobierno, al margen de otras actuaciones, tome la iniciativa e intente hacer llegar flujos de inmigrantes bien preparados en función de ciertas necesidades productivas.

Gutiérrez valora el acuerdo España-Marruecos contra la inmigración de menores y confía en que ambos gobiernos sepan aplicarlo para hacerlo efectivo

El diputado melillense exige un control de las actuaciones a desarrollar al Gobierno de España y una nueva y mejor actitud por parte de Marruecos


Antonio Gutiérrez, diputado a Cortes por Melilla / Autor: ArchivoEl diputado a Cortes por Melilla, Antonio Gutiérrez, ha valorado la reciente aprobación por el Congreso de los Diputados del Acuerdo entre España y Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat en marzo de este año.

Según ha señalado Gutiérrez, aunque el acuerdo en sí alberga una gran importancia, son los aspectos dirigidos a la prevención de la emigración ilegal de menores “los que más importancia tienen”.

Respecto a la forma de actuar, en su opinión es necesario “actuar siempre en origen”, de ahí que considere fundamental exigir al Gobierno de Rodríguez Zapatero que “tutele y controle las actuaciones a desarrollar para poder hacer frente a esta parte del Convenio, que es la que tiene que dar resultados a medio y largo plazo, pero es la más eficaz”.

Además, Gutiérrez exige una nueva actitud del régimen de Rabat, “garantizando las necesarias condiciones de reagrupación o la tutela por parte del Estado marroquí sin ninguna condición evasiva o dilatoria a la que tan habituados estamos”.

El parlamentario melillense espera que el Acuerdo sea bien utilizado, pero sobre todo “interpretado” por las autoridades del régimen de Rabat.

Gutiérrez no ha ocultado que “tiene dudas” de que el Gobierno actúe diligentemente. En este sentido, ha asegurado que hoy en día es de la opinión de que “el Gobierno no está tratando este tema con el rigor, con la seriedad, y, sobre todo, con la eficacia posible”.

Así las cosas, el diputado melillense ha instado al Gobierno a que, dada la sensibilidad del problema, trate los apartados que recoge este convenio con “todo el esfuerzo y el interés del mundo”, y que “al menos” en el tema de los menores, haga “una excepción y se ponga a trabajar para corregir su mala política seguida”

Por último, Antonio Gutiérrez ha dejado claro que el Partido Popular seguirá atento la actitud del Gobierno y de las autoridades del régimen de Rabat, “para que el Acuerdo no quede en papel mojado”.

Reclutan bolivianos para el naval y les obligan a pagar 12.000 euros del sueldo

CC. OO. denuncia ante Trabajo el caso de «esclavitud», que comparan con las mafias de la prostitución

Inspección de Trabajo investiga la denuncia presentada por CC. OO. contra la empresa auxiliar del naval Tablan Consulting, por el empleo de trabajadores bolivianos en un astilleros de Vigo, previa firma de un contrato que obliga al inmigrante a pagar la cantidad de 12.000 euros durante el primer año de estancia en España.
El caso destapado por CC. OO. afecta a 25 obreros que llegaron a Vigo el pasado mes de septiembre tras firmar un contrato en Bolivia con la empresa Tablan Consulting, una auxiliar constituida este mismo año y con domicilio social en Asturias, que trabaja subcontratada para el astillero Metalships.
El documento que la empresa obliga a firmar a los inmigrantes para su entrada en el mercado laboral español es, en realidad, un contrato de reconocimiento de deuda que, según explican los responsables sindicales de CC. OO. carece de toda validez en España.
Según consta en uno de los 25 contratos a los que ha tenido acceso este periódico, la empresa Tablan Consulting se compromete a tramitar toda la documentación exigida por las autoridades españolas y bolivianas costear el viaje, alojamiento, alimentación y cursos de formación de los trabajadores. El artículo artículo octavo del documento cifra el coste de todo lo anterior expuesto en 12.468,79 euros por trabajador.
El contrato de reconocimiento de deuda ata al trabajador al pago de esta cantidad y, en caso de incumplimiento advierte que «el ciudadano boliviano habrá de abonar la cantidad señalada en la cláusula octava a la empresa Tablan Consulting cuyo importe, de 12.486,79 euros le será descontada de la suma a que asciende su liquidación por fin de contrato de trabajo».
Embargo del salario
El texto no deja ningún cabo suelto y aclara que, en el supuesto de que la liquidación fuese insuficiente, y la empresa no llegase a resarcirse de la totalidad de la deuda «Tablan Consulting podrá reclamar la diferencia que reste al trabajador ante los tribunales de justicia e interesando el embargo del salario que perciba en su nueva empresa».
El responsable del sector naval de CC. OO. Ramón Sarmiento calificó el caso ayer como «un tipo de esclavitud comparable a la que realizan las mafias de la prostitución.
La deuda contraída por cada uno de los 25 trabajadores supone un pago mensual a la empresa Tablan Consulting de 1.000 euros del salario que actualmente están cobrando, lo que apenas les deja nada para enviar a sus familias, ya que el sueldo medio con el que entran a trabajar estos operarios ronda esta cantidad (sin tener en cuenta las horas extras).
Rescisión del contrato
Los sindicatos del naval tienen prevista una reunión esta mañana con el delegado provincial de la Consellería de Traballo para tratar de buscar una salida a 25 los trabajadores que no desencadene su deportación a Bolivia ya que, según explica CC. OO., la consecuencia de la denuncia pública de esta caso, con toda probabilidad llevará a Metalships, cuya actuación se ajusta en todo momento a la legalidad, es rescindir el contrato a la auxiliar asturiana lo que supondría la pérdida del empleo de los 25 inmigrantes.
«Utilizaremos todas las vías posibles para que estos trabajadores no tengan que volver a su país. Han dado un paso muy difícil para ellos haciendo pública esta situación y si se tienen que marchar, ningún otro se va a atrever a denunciar», afirma Ramón Sarmiento.
Una vez que los obreros bolivianos cumplan su primer año de trabajo en España, la legislación actual les otorga un plazo de seis meses de situación de legalidad, transcurrido ese tiempo, si los inmigrantes no consiguieran un nuevo empleo deberían de regresar de nuevo a su país de origen.

La atención a niños inmigrantes abre el seminario sobre salud

ALGECIRAS. El auditorio Millán Picazo sirvió ayer de escenario para la apertura del seminario número 7 de los Cursos Internacionales de Otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras. María Ángeles Martelo, directora de la Escuela de Enfermería y coordinadora del seminario Innovaciones en el cuidado de la infancia y la adolescencia, presentó al primer ponente, Javier Álvarez Aldean, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol, en Marbella, quien habló sobre la atención a inmigrantes infantiles y adolescentes.

El ponente advirtió que iba a hablar de su verdad, y aseveró que prefiere llamar inmigrada a la población inmigrante. Su intervención se centró en cómo hay que atender a los menores inmigrantes y si hay que tener o no algún cuidado especial con ellos.

Álvarez Aldean se refirió al colectivo como una población más vulnerable por cuanto que tienen menos acceso a los servicios sanitarios; desconocen los derechos básicos (que son universales para todos los menores); viven en condiciones poco salubres; además de encontrarse con barreras como la idiomática o cultural, y la escasa formación de algunos médicos en determinadas patologías.

El médico señaló que los niños inmigrantes enferman de las mismas patologías que el resto, aunque hay una serie de factores que pueden influir en contra como la denominada patología de la indigencia, los trastornos genéticos, o los problemas derivados de los escasos controles durante el embarazo. Todo esto hace que las posibilidades de que tengan que ser ingresados en la unidad neonatal sea mayor, según Álvarez Aldean. Este aludió a las enfermedades importadas (anemia, raquitismo o tuberculosis), a las tropicales, y a aspectos más sociales como la medicina tradicional, o los conceptos de salud y enfermedad.

El ponente declaró que esta situación se agrava en los adolescentes, para los que pidió no sólo una valoración clínica sino también una valoración de su historia de vida: "Para ellos supone un cambio radical dejar los lazos a los que han estado unidos siempre, y a ello hay que sumar el choque cultural y de edad que sufren". Toda este escenario, según el jefe de Pediatría, provoca el alto fracaso escolar que ya se está dando entre los adolescentes inmigrantes.

A Álvarez Aldean le siguió Pilar Bas, profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería, quien expuso a los asistentes los efectos de la hospitalización en los menores de seis años. Bas señaló que en España la hospitalización media de los niños se sitúa en 5 días.

La profesora explicó que a estas edades, al no tener un desarrollo cognitivo maduro, los menores no son capaces de entender su situación y ello puede desembocar en una mala relación con sus familiares, al entenderlo como un castigo; y la aparición de trastornos alimentarios, del sueño, o determinadas fobias, además de originar conductas regresivas como volver a chuparse el dedo o hacerse pis en la cama. En los casos más graves, las secuelas de una hospitalización pueden acabar en depresión, ansiedad o hipocondria.

La ponente se quejó de que todavía hoy sea el personal sanitario el que en determinadas ocasiones tenga que asumir el apoyo psico-social que requieren estos niños.