Inmigración, ¿falsos estereotipos?

ARANTXA RICA

ALICANTE. No es nuevo que desde hace algunos años, la inmigración es uno de los temas que más da que hablar entre los ciudadanos y mucha tinta ha hecho correr en los medios de comunicación. Los datos ofrecidos por la ultima encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sitúan a la inmigración como la principal preocupación de los habitantes de la Comunidad Valenciana que, en parte, consideran a los nuevos vecinos como responsables del aumento del gasto público, como por ejemplo en Sanidad.
Sin embargo, hay datos que reflejan que ésta es una idea errónea. Según explica el excoordinador del Centro de Salud de San Miguel de Salinas, José Luis Giménez, un estudio británico del Home Office señala que los inmigrantes laborales «generan un 10 por ciento de riqueza más del gasto que producen».
Para Giménez -que es profesor del Curso de Atención Sanitaria a Población Inmigrante, dirigido a personal sanitario- hay que diferenciar entre la inmigración laboral y la procedente de países de la Unión Europea (UE). Esta última, opina , «genera mucho gasto, sobre todo porque la mayoría son jubilados y ya tienen cierta edad». Aunque existe concierto entre España y países de la UE en el que cada estado paga las facturas de sus ciudadanos, la picaresca está a la orden del día. De este modo, ciudadanos europeos eligen la Comunidad Valenciana para operarse gratis de patologías por las que en sus países tienen que pagar.
Giménez, a través de su experiencia conoce numerosos casos. Torrevieja es «una ciudad clave para este tipo de delitos». Tan sólo tienen que empadronarse en la localidad. Así, «una vez censados, se vuelven a sus países de origen y cuando les llaman para la operación, algún amigo les avisa, cogen un vuelo chárter y vuelven».
Normativa en vacunas
Otro de las situaciones con las que se encuentran los sanitarios valencianos, producto de la interculturalidad y que también fue tratada en el Curso de Atención Sanitaria a Población Inmigrante, es la referente a las vacunas. A este respecto, «la normativa en cada país tiene sus propios criterios, incluidos los europeos e «incluso las normas pueden cambiar de una comunidad a otra», apostilla Giménez. Así, mientras en Gran Bretaña es obligatoria la vacuna de tuberculosis, la normativa valenciana no la exige. Sin embargo, ésta sí que incluye entre sus vacunas la de la hepatitis B y de tétanos, entre otras. En los países del este, por ejemplo, se vacuna de difteria, enfermedad que en España hace ya años que fue erradicada. En este sentido, el sanitario valora muy positivamente el «Calendario de Vacunación Internacional de Vacunaciones» editado por la Conselleria de Sanidad, que «ha facilitado mucho el trabajo de los sanitarios». En esta guía se indican las vacunas que cada país incluye con lo que así, el personal sanitario puede comparar y aplicar las que falta.
Las mismas dolencias
Otro de las preocupaciones que la llegada de inmigrantes ha traído a los ciudadanos autóctonos es el miedo a enfermedades importadas de otros países. Daniel López, médico de cabeza y experto en enfermedades tropicales y medicina humanitaria, explica que son temores infundados. «Enfermedades como el paludismo o la enfermedad de Chagas necesitan para transmitirse un mosquito que aquí no existe, es imposible el contagio». «A los inmigrantes les afectan las mismas enfermedades que a nosotros».
Para López, el mayor problema que encuentran los médicos en la asistencia al inmigrante es que «muchos de ellos tienen una idea distinta de la sanidad de la de aquí». En base a sus experiencias, creencias religiosas e ideológicas pueden interpretar su enfermedad de diferentes maneras. Por ello, defiende. que sería muy útil la incorporación de mediadores interculturales e intérpretes familiarizados con temas sanitarios. En EE.UU, por ejemplo, hay protocolos médicos diferentes dependiendo de la cultura de los pacientes, explica.
Expertos sanitarios afirman que el coste de la atención sanitaria a inmigrantes laborales «es mínimo» ya que, según estudios, generan más riqueza que lo que gastan.
ABC

«Muchos caseros rechazan a los inmigrantes de entrada»

El presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Castilla y León (Faicyl), Zaki Zayed (Palestina, 1951), repasa la situación de los extranjeros llegados estos años a la comunidad.

-¿Existen problemas de racismo?

-Hay casos de rechazo en la vivienda y nos encontramos con caseros que no quieren a marroquíes o búlgaros, por ejemplo. La gente busca piso y muchos se encuentran con el no de entrada o con que le dicen que ya está alquilado aunque no lo esté. Eso aún existe, aunque en cuanto a racismo hemos mejorado mucho gracias a la formación y charlas.

-¿Reciben las ayudas suficientes de las administraciones públicas?

--Fundamentalmente nos dejan aulas en los centros cívicos y nos dan subvenciones para poder dar charlas y cursos. Se puede dar más, claro, como por ejemplo un local para trabajar porque ninguna asociación tiene uno propio.

-¿Ni una sola de la federación?

-Nada, ni un cuarto y tenemos que trabajar en el local del presidente o de algún miembro de la junta directiva o en nuestra propia casa. Se lo pedimos hace poco a la concejala de Participación Ciudadana y dijo que no había.

-Sin web, local o teléfono, ¿cómo les encuentran los inmigrantes?

-No es tan fácil, pero la gente se mueve y gracias al boca a boca acaban llegando hasta nosotros.

-¿Sigue notando 'miraditas' por ser negro cómo les ocurría a muchos recién llegados por la calle?

-Ya no se nota tanto como antes, cuando quizá ocurría que éramos la novedad, pero hemos mejorado mucho en eso y que lo hace ahora creo que sí lo hace por racismo.

-¿Es partidario en su condición de imán de que las niñas musulmanas acudan a clase con el velo?

-La cultura islámica dice que la mujer debe ponérselo cuando llega a una edad. No es un símbolo, simplemente se trata de cumplir con lo que dice el Corán. Por eso creo que impedir a una chica que vaya a clase con el velo e impedirla así aprender no es correcto.

-¿Cómo ve la educación de los niños que hablan otro idioma?

-Siempre reciben clases aparte para aprender el idioma en los colegios, aunque los niños son muy inteligentes y enseguida se convierten en profesores para enseñar a sus padres en casa.

-¿Qué opina de la detención en Burgos de islamistas radicales a los que se encontró pornografía infantil?

-Me chocó mucho y fue un palo muy duro para nosotros porque venimos aquí con el objetivo claro de mejorar nuestra vida, encontrar trabajo y estabilizarnos y viene una persona con ideas absurdas para fastidiarnos a nosotros y a todo el mundo. La comunidad islámica de aquí está en contra de ellos. De hecho, nos reunimos después y nadie les conocía. En especial, al cabecilla. Aquí nos dedicamos a nuestro trabajo y a nuestro culto sin intervenir en nada que pueda alterar la seguridad.

-Ni el Corán justifica esto...

-Al contrario, por eso siempre digo que el Islam siempre está en contra de cualquier agresión.

-Sus retos de futuro son...

-Conseguir la integración total y eso llegará cuando un inmigrante trabaje como un español más y los empresarios nos vean también como a cualquier obrero de aquí.

Bruselas avisa de que la inmigración no es suficiente para mantener la población activa

Habrá libre circulación de personas sobre 3,6 millones de kilómetros cuadradosEl número de inmigrantes que lleguen a la UE en los próximos 40 años será equivalente a la cantidad de habitantes de España pero ello no será suficiente para impedir una caída en la población activa del bloque, según un documento de la UE.
El texto ha sido preparado por el Comité asesor de Política Económica para una reunión de ministros de Economía de la UE que se realizará la próxima semana, en medio de las tensiones sobre inmigración en Italia y con el asunto en la agenda de varios países. En el documento se indica que la inmigración a los 27 Estados miembros de la UE alcanzaría previsiblemente los 40 millones de personas para 2050, informa Reuters. Sin embargo, el número de residentes con trabajo se reducirá, a menos que más personas que ahora están clasificadas como inactivas entren en el mercado laboral y que aquellos con empleo trabajen más. Si no llega ningún inmigrante en los próximos años, varios países de la UE verían a su población activa reducirse en un 35% en 2050.
'Incluso los flujos migratorios de esta magnitud compensarán sólo parcialmente, y a corto plazo, el impacto negativo del envejecimiento laboral', se señala en el texto. Una menor cantidad de trabajadores puede llevar a menor crecimiento económico y a una reducción del dinero recaudado a través de impuestos, que son ocupados en necesidades sanitarias y en el cuidado de los ancianos, lo que socava el generoso sistema social europeo.
Las huelgas previstas en Francia para la próxima semana, debido a la intención gubernamental de recortar algunos privilegios de las pensiones, muestran lo difícil que puede ser introducir reformas para hacer que los europeos trabajen y produzcan más. El informe recalca que la inmigración ha contribuido a un fuerte crecimiento del empleo en muchos países de la UE en la última década.
La Comisión Europea propuso el 23 de octubre un marco de 'cédula azul' para atraer a inmigrantes cualificados y llenar el vacío creciente del bloque en el área.
Sin embargo, Francia reforzó el mes pasado los controles a la inmigración, introduciendo pruebas de idioma y exámenes opcionales de ADN para comprobar los lazos familiares. La semana pasada, Italia dio a la policía más poder para expulsar a los inmigrantes de la UE considerados peligrosos, tras una serie de delitos por los que en buena parte se responsabiliza a ciudadanos de Rumanía.

Tres millones de historias de inmigración

"En España hay medio millón de ecuatorianos y esta es la historia de algunos de ellos". La tarjeta de presentación de La próxima estación, documental dirigido por Estela Ilárraz (San Sebastián, 1969), es sencilla. Pero la experiencia de Fernanda Maldonado, Marco Páez y la familia Campoverde, que Ilárraz recorre en una pieza de 70 minutos que se puede ver en los cines Kinépolis Madrid (Pozuelo) hasta el 15 de noviembre (Horario: de viernes a domingo, 17.15/18.45/20.30; de lunes a jueves, 17.00/18.30/20.15; www.kinepolis.com), es la crónica de uno de los fenómenos sociales más importantes que ha experimentado España en la última década: convertirse en tierra de acogida de inmigrantes ecuatorianos.

"Yo quería contar, sobre todo, cómo se vive la distancia a través del tiempo. Cómo va evolucionando ese sentimiento de separación física y emocional que supone la inmigración", explica Ilárraz, que fue testigo directo de la crisis social y económica de Ecuador, donde viajó y vivió en distintos periodos entre 1992 y 2000. Mientras España multiplicaba su bienestar en un espectacular ciclo de crecimiento, al otro lado del Atlántico la economía de Ecuador se desmoronaba en 2000 (el reparto de la riqueza mundial es un juego de suma cero) como consecuencia de un cóctel perverso de dolarización, corrupción institucional, paro e inflación. Entre la inmigración y la miseria, tres millones de ecuatorianos decidieron abandonar su país. En España hay unos 376.000 ecuatorianos censados, pero la cifra se multiplica hasta los 700.000, según estimaciones que incluyen también a los que aún no tienen papeles.

La cineasta empezó a grabar en Madrid en 2002. Encontró a sus protagonistas en el Retiro, en la Casa de Campo, en el barrio de Tetuán, lugares de reunión de ecuatorianos. Enseguida sacó una conclusión: las madres suelen ser pioneras. Como Fernanda, que dejó a sus tres hijos pequeños para limpiar pisos en la periferia de Madrid mientras en Quito su madre, Helena, cuida de ellos. “Todas las madres somos suficientemente valientes como para dejar a nuestros hijos allá y esperar a lo mejor cinco años sin verlos. Es el problema de los que no tenemos papeles”, dice en un momento de la película. O como Lucrecia, que buscó la posibilidad de una vida mejor, lejos de un marido problemático, y se lanzó como avanzadilla a una aventura en la que luego le acompañaron dos de sus hijos varones. Las chicas quedaron en Guayaquil. El matrimonio formado por Marco, locutor en una radio latina, y Norma pudo, tras un tiempo, traer a sus dos hijos.

Ilárraz salta con su cámara de Madrid a Quito, Guayaquil o Lacatunga para mostrar la cara de la emigración que no se ve en los países de acogida: familias que se parten, dolorosas añoranzas, el sueño de volver. Es, sobre todo, un destino que no eligieron (¿pudo elegir Fernanda dejar a sus hijos de dos, siete y nueve años?) y que asumen, a veces con resignación, a veces con rabia. La próxima estación recoge tres historias de inmigración que son también tres millones de historias de dolor y esperanza.

El Gobierno niega que la expulsión de rumanos en Italia vaya a afectar a España

Las autoridades españolas creen que las expulsiones de algunos inmigrantes rumanos en Italia por motivos de seguridad no tendrán efectos negativos en un aumento de la inmigración a España desde el país balcánico. "No existe idea de que pueda haber un perjuicio" para España, ha confirmado el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en una conferencia de prensa.
Camacho ha añadido que las autoridades de España e Italia estudian desde hace semanas el reciente decreto ley italiano para expulsar a ciudadanos de la Unión Europea (UE) por motivos de seguridad, que se ha dirigido sobre todo hacia algunos rumanos .
El responsable español, que ha asistido hoy a un Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, ha reconocido que hubo "preocupación" en Madrid al conocer los planes de Roma. Sin embargo, la preocupación desapareció tras recibir garantías de que las expulsiones serían puntuales, con garantías judiciales, y no masivas.
Camacho ha explicado que los contactos incluyeron conversaciones a nivel ministerial entre Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo italiano Giuliano Amato durante una reunión el mes pasado en Polonia del G6, grupo en el que están integrados España, Polonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
También ha recordado que el caso italiano, aunque ha tenido mucho impacto en las últimas semanas, no es único, ya que muchos países de la UE tienen legislaciones que prevén la expulsión de los ciudadanos comunitarios. En este sentido, ha destacado que España "está a la cabeza de toda Europa en política de repatriaciones" de inmigrantes ilegales procedentes "de todos los continentes".
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha insistido por su parte en que "no se puede ni criminalizar ni demonizar" a todo un colectivo porque existan algunos de ellos que cometan delitos, sobre los que debe caer el peso de la ley.
Rumí ha destacado que en España hay cientos de miles de rumanos que viven "de forma legal, que trabajan, que tienen un contrato legal, están afiliados a la Seguridad Social, que contribuyen con sus impuestos".
España acoge a más de la mitad de los ciudadanos rumanos y búlgaros en edad de trabajar que residen en otros países de la Unión Europea, según datos de 2007 divulgados ayer por la Comisión Europea. Las cifras señalan que España acoge a 463.000 de los 845.000 trabajadores rumanos contabilizados en países comunitarios, así como a 78.000 de los 157.000 búlgaros.
Italia , que ha aprobado un decreto ley urgente para expulsar a ciudadanos de la UE por motivos de seguridad -y que afecta especialmente a los inmigrantes rumanos - acoge a 241.000 trabajadores de ese país.

España apoya crear una tarjeta azul para inmigrantes cualificados

España, Francia e Italia fueron los Estados miembros de la UE que apoyaron ayer con mayor entusiasmo durante la reunión de ministros del Interior de los 27 la propuesta de la Comisión Europea de crear una tarjeta azul -equivalente a la green card estadounidense- para facilitar la entrada a la UE de inmigrantes muy cualificados y hacer frente a la escasez de mano de obra por el envejecimiento de la población.

En contraste, Alemania y Austria mostraron mayores reservas, aunque no se opusieron frontalmente a la iniciativa.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, destacó que sus propuestas recibieron «un apoyo amplio y fuerte». Insistió en que éstas no crean un «derecho a la entrada» para los inmigrantes ni interfieren en la responsabilidad de los Estados miembros para determinar cuántos trabajadores necesitan.

Frattini subrayó además que la tarjeta azul permitirá a los inmigrantes altamente cualificados cambiar de Estado miembro de la UE tras dos años y también regresar a su país de origen sin la necesidad de realizar ningún trámite más.

Ello fomentará, a su juicio, la «inmigración circular», a la vez que reducirá la fuga de cerebros. El vicepresidente presentó también a los ministros su segunda propuesta, que establece un procedimiento único para obtener el permiso de trabajo y residencia en un solo documento y un conjunto de derechos para los inmigrantes.

España negocia con Italia para evitar una oleada de rumanos expulsados

El secretario español de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, confirmó ayer que España lleva semanas negociando con Italia para garantizar que los ciudadanos rumanos amenazados de expulsión por Roma no se trasladen de forma masiva a territorio español. «Llevamos semanas hablando con las autoridades italianas a efectos de evitar cualquier perjuicio o cualquier efecto negativo en territorio español», admitió Camacho en una comparecencia al margen de una reunión de ministros europeos del Interior celebrada en Bruselas. La expulsión con carácter urgente es una medida que el Gobierno italiano ha adoptado tras el au mento de la criminalidad entre la población inmigrante.

«Incluso el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba trató recientemente este asunto en Varsovia con su colega italiano», agregó Camacho, al referirse a la seriedad de esas discusiones.

Sin embargo, el secretario de Estado quiso insistir en que, a pesar de en un principio «existió preocupación en el Gobierno», no hay por el momento indicio alguno de un desvío masivo de este colectivo inmigrante hacia territorio español.

El gobierno italiano aprobó la semana pasada un decreto que posibilita la expulsión con carácter urgente de ciudadanos comunitarios, como respuesta a la alarma social generada por el asesinato de una mujer a manos de un rumano, además de otros delitos que se atribuyen a personas de esa nacionalidad.


Evitar la criminalización

«Se trata de expulsiones individuales, no masivas, que están sometidas a control judicial, además de que se garantiza que los expulsados lo serán hacia territorio rumano», prosiguió Camacho. «Por tanto, podemos decir que en este momento no parece existir ningún perjuicio que pueda producirse a nuestra política de control de la inmigración por la ejecución de esa ley italiana», subrayó.

Por su parte, la secretaria española de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, advirtió del peligro de caer en la «criminalización» de un colectivo social a causa de algunos actos individuales.

«Son cientos de miles de rumanos los que viven en España de forma legal, que trabajan, que tienen un contrato legal, que están afiliados a la Seguridad Social y que contribuyen con sus impuestos al bienestar de nuestra sociedad», recalcó.

A su juicio, España está trabajando «en el buen camino» para lograr la integración de los inmigrantes y ha aumentado un 720% las ayudas destinadas a estas políticas, que han pasado de 40 millones de euros en 2003 a más de 300 en 2007.


Apertura de fronteras

Por otro lado, la UE acordó ayer abrir el 21 de diciembre próximo las fronteras terrestres y marítimas con nueve de los países que ingresaron en 2004, lo que elevará a 24 el número de Estados miembros de la Europa sin fronteras del espacio Schengen .

Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) creen que se cumplen las condiciones para la apertura de los pasos fronterizos, anunciaron fuentes comunitarias.

La fecha, que debe ser refrendada la próxima semana por el Parlamento Europeo, permitirá que los nueve países abran sus fronteras terrestres y marítimas a aquellos que ya disfrutan de la supresión de los controles limítrofes.

Los países beneficiados por la nueva normativa son Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta, todos los que entraron en la UE en 2004 menos Chipre, que ha solicitado una moratoria.

Los controles fronterizos en los aeropuertos serán levantados el próximo 30 de marzo.