TS decidirá en breve condición apátrida saharauis, que serían así residentes

El Tribunal Supremo (TS) se pronunciará en breve sobre la posible condición de apátridas de los saharauis, lo que convertiría a los que están en España en residentes, explicó hoy el magistrado Rafael Fernández Valverde en el Seminario Inmigración-Justicia celebrado hoy en Gran Canaria.

El magistrado de la Sala Tercera del TS expuso las últimas novedades en jurisprudencia de extranjería y detalló asimismo la apertura del Supremo a la admisión de solicitudes de asilo.

Sobre la situación de los saharauis que han pedido ser declarados apátridas, explicó que en la actualidad se encuentran en un estado de indefinición y 'habrá que buscar una solución jurídica'.

Su situación es consecuencia de la política internacional, pues aunque la República Arabe Democrática Saharaui (RASD) está reconocida por más de ochenta países, entre ellos no figura España, con lo que no los puede declarar de esta nacionalidad.

Los saharauis que pidieron ser españoles antes de 1976 obtuvieron la nacionalidad, pero hoy en día no se cumplen las condiciones para que les sea concedida, mientras entienden que su nacionalidad no es la marroquí y se podría plantear que fueran argelinos por residir en los campos de Tinduf desde hace más de treinta años.

Sin embargo, los saharauis que viajan a España con un visado argelino de tres meses, para el que suelen aducir razones de salud, acuden al consulado argelino y les reiteran que no son de su nacionalidad.

Así, ante esta situación en la que no se es español, ni marroquí ni argelino, 'se puede optar por ser apátrida' y varios casos, tras ser rechazados por la Audiencia Nacional, han llegado al Supremo, que resolverá en unos días, posiblemente en una semana, concretó.

Las sentencias denegatorias piden acreditar que se podría optar por la nacionalidad argelina: 'ahora se verá en el Supremo', apostilló.

El magistrado agregó que tras la reforma legislativa de 1993, el Supremo resuelve los últimos casos que le quedan anteriores a 2003, lo que se está aprovechando para marcar pautas, por ejemplo, en el campo de las solicitudes de asilo político.

En este sentido el Tribunal Supremo ha optado 'por una apertura clarísima en materia de admisión', pues hasta ahora la práctica habitual ha sido no admitir 'de plano' las solicitudes.

Las nuevas sentencias del Supremo ordenan que se tramite el expediente y se comprueben los datos y alegaciones del solicitante y 'a continuación, se resuelva'.

Estos pronunciamientos afectan sobre todo a cubanos y colombianos, pues los asuntos africanos prácticamente se han agotado, agregó.

El programa Inici@te en Internet impartirá cursos para inmigrantes y familiares de enfermos de alzheimer en Albacete

La Consejería de Industria y Sociedad de la Información colabora con ‘Albacete Acoge’ para impartir esta formación.

La Consejería de Industria y Sociedad de la Información, a través de la, Fundación Ínsula Barataria, va a poner en marcha en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro “Albacete Acoge”, una serie de cursos del programa Iníci@te en Internet que se impartirán en el Centro de Internet del centro socio cultural José Oliva.

Los cursos van dirigidos a personas inmigrantes con el objetivo de colaborar a su plena integración en la sociedad castellano-manchega. Los contenidos de los mismos se van a modificar ligeramente para incidir en las posibilidades que ofrece Internet para la búsqueda de empleo. Los cursos se impartirán en horario de tarde desde el 10 al 21 de diciembre del mismo mes.

Por otro lado, en colaboración con la Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles la próxima semana darán comienzo dos cursos que se impartirán en el centro socio-cultural José Oliva en horario de tarde, todos los lunes y miércoles hasta finales del mes de diciembre.

Asimismo, en el centro de Enclave Joven, de Albacete el día 10 comienza un curso de Iníci@te en Internet.

El Gobierno frena la expulsión de mujeres explotadas por mafias

Las víctimas sin papeles tendrán 30 días para decidir colaborar con la policía
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 30/11/2007


Las víctimas de la trata son, en el momento en que los cuerpos de seguridad del Estado desarticulan la red que las explotaba, inmigrantes sin papeles. Son detenidas por estancia irregular, expulsadas y repatriadas. Sólo si denuncian a sus explotadores pueden acceder a una "autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales", según el reglamento de la Ley de Extranjería.

Muy pocas lo hacen. No se atreven a acudir a las comisarías, precisamente por su situación de irregularidad y porque los explotadores se encargan a conciencia de que no hablen amenazándolas con represalias contra sus familias. De modo que en la práctica, la ley se aplica antes a las víctimas que a sus traficantes.

El Gobierno ultima un plan que puede animarlas a dar el paso. El Plan de Acción Nacional contra la Trata con fines de explotación sexual, en el que participan los Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia, impedirá la expulsión inmediata de las víctimas sin papeles estableciendo un "periodo de reflexión" de no menos de 30 días para que reciban asistencia médica, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y decidan entonces si quieren denunciar. Algo que ya exigía una directiva del Consejo de la Unión Europea cuyo plazo de incorporación al derecho español expiró en agosto del año pasado.

El Plan, una recomendación de todos los partidos en una Comisión sobre los Derechos de la Mujer de 2003, servirá en gran medida para incorporar los múltiples tratados internacionales sobre protección de víctimas de la trata. Está todavía en fase de borrador, aunque fuentes de la vicepresidencia del Gobierno confían aún en aprobarlo antes de que termine esta legislatura.

Justicia debate todavía la incorporación al plan de otros cambios legales para facilitar a las víctimas un permiso de residencia y trabajo no condicionado a la colaboración policial, sino a razones humanitarias. "En Italia pueden obtenerlo por la vía judicial, que implica que la víctima se compromete a ejercer una acción judicial contra los autores, y la vía social, en la que se compromete a participar en un programa social de integración. En la práctica, las mujeres que se acogen a este programa ganan confianza en las instituciones y acaban denunciando a los tratantes", explica Gentiana Susaj, coordinadora de la Red Española contra la Trata de Personas, que agrupa a 23 ONG.

La Red Española contra la Trata de Personas confía en que el Plan suponga un nuevo enfoque del problema. "El modelo imperante criminaliza a la víctima. Se las castiga por violar las leyes migratorias y ejercer la prostitución. Y eso no es lo que dicen los estándares internacionales como el Convenio Europeo Contra la Trata de Seres Humanos, que España todavía no ha firmado y que adopta un enfoque no ya de control migratorio sino de protección de los derechos humanos", afirma Itziar Ruiz-Giménez, del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional.

Además, el Plan incluye campañas de sensibilización y advertencia en los países de origen y cursos de formación específicos para los cuerpos de seguridad. España es uno de los destinos favoritos de estas redes, según la ONU. Es el segundo negocio más lucrativo del mundo, según recordaban en aquella lejana comisión que reclamó este plan de acción en 2003. El primero sigue siendo el tráfico de drogas, y con un riesgo mucho menor para los traficantes. La pena máxima para la explotación de la prostitución es la mínima para el tráfico de estupefacientes.

Gil-Robles alerta del incremento de delitos de corte racista en España

El ex-defensor del pueblo y ex-comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles, ha alertado del incremento de agresiones de corte racista en España, unos delitos que se deben perseguir 'hasta el final' y de modo 'implacable'.Así lo indicó hoy a Efe el que fuera comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa entre 1999 y 2006, durante la clausura de las jornadas 'Constitución y Extranjería: Un reto del presente' celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.España no es una 'excepción' en el repunte de este tipo de delitos, una situación en la que 'el eslabón más débil' siempre es el inmigrante, explicó.Por otro lado, Gil-Robles advirtió que cualquier país, incluido España, podría llegar al nivel de conflicto de Francia estas últimas semanas si no se toman 'las medidas necesarias'.'Tenemos que hacer las cosas de tal manera que no lleguemos a esa confrontación. Lo que hay debajo de estos disturbios no es tanto un problema de choque de culturas, sino de justicia social, y eso es lo que hay que reconocer', aseveró.En este sentido, el defensor del pueblo en España ente 1988 y 1993 indica que nuestro país 'ha tenido una política mucho más abierta' en lo referido a integración de inmigrantes, y mencionó como ejemplo la última regularización.Este proceso supuso que 'personas que se encontraban en el submundo de la explotación, salieran a la luz, y se les reconociera su dignidad', señaló Gil-Robles, para quien 'la integración correcta elimina tensiones y evita la degradación humana'.Calificó como positiva la política del Gobierno socialista de trabajar con los países de origen, evitando que la 'inmigración venga de una manera salvaje e incontrolada'.Gil-Robles calificó de 'espectáculo espantoso' el que las personas tengan que 'jugarse la vida' para poder llegar a nuestro país, cuando realmente son un elemento 'necesario' en nuestra sociedad, aunque también consideró importante el que los inmigrantes acepten las reglas de la sociedad de acogida, que deben 'respetar e integrarse en el país de origen'.'La inmigración es una asignatura pendiente para la Unión Europea, donde hace falta una política común, y recordar que en esta cuestión las cifras no son solo cifras, sino personas con un drama detrás', concluyó el ex-comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Terra Actualidad - EFE

La OCDE advierte que se ha de facilitar la promoción laboral de los inmigrantes en España para evitar que se vayan

El jefe de la división de Migraciones Internacionales de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), Jean Pierre Garson, advirtió hoy de la importancia de favorecer la promoción laboral de los inmigrantes en España, que pertenece a la OCDE, para evitar que se marchen a otros países que ofrezcan mejores ofertas de trabajo. Lo ilustró con el caso de Portugal, donde hay empleados procedentes de Ucrania que ya se han ido al Reino Unido en busca de un trabajo cualificado con un salario más elevado.

En la presentación del informe anual 'Tendencias de las migraciones internacionales 2007' de la OCDE en el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), este año por primera vez en España, Garson destacó que el momento que vive España respecto a la inmigración 'es muy desafiante para el futuro', y calificó el país como un 'modelo' a tener en cuenta, junto con el Reino Unido, para los próximos estudios de la OCDE. Añadió que España, Portugal, Italia y Grecia han pasado de ser emisores de emigrantes a receptores de inmigrantes, por lo que 'impulsan el nuevo sistema de migraciones' en Europa.

El informe indica que la tasa de actividad de 2005 -que se obtiene de las personas que tienen un empleo respecto al total de las que están en edad de trabajar- de los inmigrantes en España es del 70%, sensiblemente superior a la de los nacidos en España (más del 60%), porque 'la mayoría de extranjeros quieren trabajar, y si no, se van a otro país', en palabras del director general del IEMed, Senén Florensa.

La tasa de desempleo de 2005 entre inmigrantes (más del 11%) y nacidos en España (alrededor del 9%) difiere poco en comparación con otros países, aunque Garson dijo, pensando en el futuro, que se ha de tener en cuenta 'qué pasa en otros países' con más experiencia en migraciones, como Alemania, Finlandia y Bélgica, donde el paro de los extranjeros llega a doblar el de los nacidos en el país.

España no presta la suficiente atención a los trabajadores inmigrantes que cubren empleos por debajo de su cualificación, según Garson. El informe de la OCDE, con un capítulo especial dedicado a la capacitación laboral de los empleados, evidencia la sobrecualificación de los inmigrantes al revelar que más del 40% de los trabajadores extranjeros tienen un empleo por debajo de su capacidad, muy por encima del casi 25% de los trabajadores nacidos en España.

Ante este dato, Garson aseguró que incentivar en España que las personas gocen de un empleo acorde con su capacitación 'es bueno para la economía', mientras que en el caso contrario se produce 'una doble pérdida de capital humano', tanto en el país de origen como en el de acogida.

El estudio analiza las migraciones de los profesionales de la medicina y apunta que Asia es la región de donde emigran muchos médicos e enfermeras. Sin embargo, son los países africanos y del Caribe los que más sufren el traslado de los doctores y las enfermeras, con ratios que llegan hasta casi el 90% en el caso de Antigua y Barbuda, o que superan el 70% en Grenada y Guyana.

Garson explicó que los países que pertenecen a la organización, entre ellos España, han entrado en un proceso en el que serán 'más dependientes de la inmigración', y destacó que 'no sólo -de trabajadores- con alta cualificación, sino también con baja cualificación'. Lo justificó al preguntarse: '¿Quién va a cuidar de la gente mayor?'

Respecto a las políticas de los Estados, destacó el cambio legal que han realizado algunos países para facilitar el proceso de obtención del permiso de trabajo a los estudiantes extranjeros de movilidad, un colectivo que se incrementa anualmente del 8 al 10% en los países de la OCDE, según el informe. Garson señaló que estos jóvenes 'conocen mejor la lengua, la cultura del país, y están bien cualificados', por lo que los países 'quieren que se queden a trabajar'.

PENSAR EN LA FAMILIA DE LOS INMIGRANTES.

Además de la promoción laboral, consideró 'muy importante' que España empiece a pensar en la familia de los empleados procedentes de otros países y los costes sociales derivados. 'Tendremos que pagar por la educación de sus hijos y las ayudas por desempleo' -subrayó-, entre otras prestaciones sociales, y advirtió de que 'cuando es demasiado tarde, es demasiado tarde'.

Garson se refirió también a las ganancias de la inmigración, que propuso que se deberían compartir con los inmigrantes -con subidas de sus salarios-, la cooperación con sus países de origen y el conjunto de la sociedad -a través, por ejemplo, del incremento del número de viviendas protegidas-.

AUMENTO DE TRABAJADORES RUMANOS.

El número de inmigrantes procedentes de Rumania se ha duplicado durante los primeros diez meses del año, desde que el país es miembro de la Unión Europea (UE), y ya han llegado a las 505.670 personas.

Preguntado por Europa Press, el jefe de la división de Migraciones Internacionales de la OCDE justificó el incremento con que en España 'hay mucho trabajo en este momento'.

Apuntó la lengua como otro de los factores que explican la subida del número de trabajadores rumanos, ya que el rumano y el castellano son lenguas románicas, y sopesó como otras razones que existe la posibilidad de que haya canales de relación entre ambos países, como un 'efecto llamada' por parte de inmigrantes ya instalados en España, o algún acuerdo bilateral.

DISTURBIOS EN PARÍS.

Ante los disturbios de los últimos días en los suburbios de París por la muerte de dos jóvenes, Garson dijo que la OCDE ha analizado estos barrios y avanzó que la organización presentará la semana que viene un informe en Francia. Aun así, reveló que el estudio francés concluye que los jóvenes que participan en los actos violentos 'no representan la mayoría de la gente'.

Explicó que en los barrios de alrededor de París con alta presencia de población inmigrante los jóvenes tienen pocas oportunidades de encontrar trabajo, tienen pocas posibilidades para cambiar de vivienda, y residen con su familia en apartamentos pequeños, a veces con el padre y la madre desempleados.

Garson recordó que él también fue inmigrante, ya que nació en Argelia y luego su familia emigró hacia Francia. A diferencia de los últimos años, entonces era fácil encontrar trabajo, no se requería tanta cualificación y el vivir en un apartamento pequeño era mucho mejor que la 'degradación' en la que residían en la ex colonia francesa.

Los rumanos retornarían si conservaran al menos el 60% de su salario español

VALENCIA/CASTELLÓN. La propuesta que lanzó en su visita oficial a la Comunidad el presidente de Rumanía, Traian Basescu, por la cual pretende que empresas valencianas con obras adjudicadas en Rumanía contraten rumanos que trabajan de forma ilegal en tierras valencianas fue valorada ayer de forma positiva y recogida con satisfacción por el colectivo inmigrante de este país que ve en la posible medida una posibilidad para volver.
«Nadie abandona su tierra porque sí», explican desde el Centro Cívico rumano que constata que la actual coyuntura económica de España y el previsible desarrollo de Rumanía (tras recibir fondos europeos) podría marcar una nueva tendencia con el retorno a Rumanía como protagonista.
Eso sí, no volverían a cualquier precio. Así entre las «exigencias» para que un rumano pondría sobre la mesa para iniciar el camino de regreso, sobre todo en el sector de la construcción, «estaría la de conservar entre el 60 y el 70 por ciento de su actual salario», indican desde la Asociación de empresarios rumanos de Castellón.
Salario medio de 400 euros
Teniendo en cuenta que el salario mínimo de Rumanía se sitúa en unos 180 euros y el medio en unos 400 euros, un peón de obra que trabaje en España por 1.200 euros vería factible su retorno si mantuviese unos 700-800 euros, además no tendría que hacer frente al alquiler de la vivienda.
Ionel Scrofan, presidente de la Asociación de empresarios rumanos de Castellón, destaca que la situación económica de Rumanía -con crecimientos continuos por encima del 5 por ciento- permitirá que los emigrantes rumanos regresen a un país que se encuentra en pleno «boom» de la construcción e inmobiliario -la demanda supera en un 60% a la oferta- y con revalorizaciones del precio de la vivienda de hasta el 30 por ciento en los últimos cinco años. «Una situación similar a la experimentada en la Comunidad Valenciana hace cinco años».
Además se prevé que los nuevos fondos comunitarios impulsen la construcción de infraestructuras. Ambos hechos han motivado que Rumanía sufra en la actualidad «una crisis de mano de obra», como indicó su propio presidente. Actualmente en la Comunidad residen más de 92.000 rumanos, de los que 34.799 están afiliados a la Seguridad Social -27,1% de ellos en el sector de la construcción- y 5.800 son autónomos.
La posibilidad de retorno de aquellos inmigrantes que así lo deseen es una medida sobre la que también trabaja la Conselleria de Inmigración «porque es una opción factible tras el nuevo escenario europeo en el que viven países como Rumanía o Bulgaria», asegura el conseller Rafael Blasco quien señala que la Comunidad Valenciana está adscrita a un programa de europeo desde la Dirección General de Inmigración que pretende estimular el retorno y explicar en los países de origen la verdadera realidad del actual mercado de trabajo español «que a veces se vende de manera tergiversada».
Un escenario diferente se presenta con inmigración ecuatoriana -cuyo Gobierno realizará una encuesta para conocer si estarían dispuestos a volver- ya que se trata de un país cuya economíad depende en alto porcentaje de las remesas de los emigrantes.

Prodi y Zapatero hablarán de inmigración en la cumbre de diciembre

ROMA (AFP) — La llegada de inmigrantes clandestinos y la cooperación energética serán algunos de los temas que tratarán el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homólogo italiano, Romano Prodi, en la cumbre que celebrarán el 5 de diciembre en Nápoles, Italia.
En el encuentro participarán los ministros de Asuntos Exteriores, Desarrollo, Justicia, Transporte y Defensa de ambos países, indicó Pasquale Ferrara, portavoz del ministro de Asuntos Exteriores italiano.
Prodi y Zapatero, a cargo de dos gobiernos de izquierda con diferentes matices, examinarán desde varios puntos de vista la lucha contra la inmigración ilegal, en particular aquella procedente de África.
"El problema de la expulsión de los rumanos de Italia no ha sido incluido en la agenda", precisó Ferrara, quien indicó que ese tema será debatido en la "sede apropiada", es decir en la Unión Europea (UE). España quiere evitar que los ciudadanos rumanos expulsados de Italia se trasladen de forma masiva a territorio español.
El gobierno italiano aprobó a finales de octubre un decreto que posibilita la expulsión con carácter urgente de ciudadanos comunitarios, como respuesta a la alarma social generada por el asesinato de una mujer a manos de un rumano, además de otros delitos que se atribuyen a personas de esa nacionalidad.
Entre los diferentes temas que serán examinados por los dirigentes de los dos países figura el relanzamiento de una acción conjunta en el Mediterráneo.
"Las relaciones bilaterales son intensas, variadas y pasan por un excelente momento", aseguró el diplomático, quien recordó que grandes empresas de los dos países acaban de acordar importantes alianzas en numerosos sectores.
La presencia de tropas de los dos países en el sur del Líbano, Afganistán y Kosovo también será uno de los temas de la agenda, aseguró Ferrara.