Los primeros ministros de Italia y España comenzaron el día 5 sus conversaciones anuales en la ciudad sureña de Nápoles enfocándose en el futuro de la Unión Europea (UE) y en asuntos de inmigración. Se espera que el premier italiano, Romano Prodi, y el español, José Luis Rodríguez Zapatero, discutan el futuro de la UE y su papel en el mundo luego de que los países de la unión firmaron un nuevo tratado para sustituir a la fallida constitución este mes. También hablarán de los problemas de inmigración que se vislumbran. Al estar ambos países en el sur del continente europeo, Italia y España se han convertido en los principales destinos de los inmigrantes africanos, cruzando el Mediterráneo. Prodi y Rodríguez Zapatero lo llamaron un problema de toda la UE y pidieron más recursos para la agencia fronteriza de la UE, Frontex. Otros temas que se abordan en la agenda son el estatus de Kosovo, Afganistán y la cooperación empresarial. La última reunión ente ambos líderes fue a inicios de este año en la isla meditarránea española de Ibiza. (Xinhua)
sábado, 9 de febrero de 2008
España plantea a la UE abaratar el envío de remesas de inmigrantes
BRUSELAS (AFP) — España planteó este martes en una reunión de ministros europeos de Finanzas en Bruselas la necesidad de abaratar los costos del envío de remesas de los inmigrantes que trabajan en la Unión Europea (UE), por ejemplo mediante una mejor utilización del sistema bancario.
"Nosotros creemos que es importante insistir en el impacto de la inmigración en el tema de remesas y lo que eso supone desde el punto de vista de apoyo a los países de origen", dijo el ministro español de Finanzas, Pedro Solbes, al referirse a la cuestión.
Durante la reunión de Bruselas, los ministros europeos trataron los aspectos económicos vinculados con la inmigración, aunque el informe sobre el que se basó la discusión no incluía el tema de los costes de las remesas, cuya importancia destacó España.
En ese sentido, Solbes indicó que "abaratar la transmisión de esas remesas es un tema fundamental" para las personas que emigran de sus países a Europa, y que en ocasiones pagan costes excesivamente altos para enviar dinero a sus familias a traves de "circuitos no convencionales", fuera del sistema bancario.
"Es un tema fundamentalmente de discusión con los bancos", explicó el ministro español, recordando que los costes de las remesas "no son excesivamente altos" cuando se hacen por los circuitos convencionales, por ejemplo a través de entidades bancarias representadas en el país de origen del inmigrante.
"El problema es cómo convencer a los inmigrantes de que la utilización del circuito convencional no les va a perjudicar en ningún sentido, que muchas veces es su preocupación, y que puede abaratar los costos", continuó Solbes.
Según un estudio de la oficina de estadísticas europea, los inmigrantes que trabajan en la Unión Europea (UE) enviaron cerca de 20.000 millones de euros al extranjero en 2006, un incremento del 10% respecto del año anterior.
España encabeza la lista con 5.600 millones de euros en 2006, seguida del Reino Unido con 4.700 millones e Italia con 3.200 millones.
Además, las rutas España-Colombia y España-Ecuador se encuentran entre las diez más importantes de Europa.
El estudio indica que Colombia recibió 658,5 millones y Ecuador 571,4 millones de euros procedentes de España, lo que los sitúa en segundo y tercer lugar de una lista encabezada por Marruecos (921 millones de euros).
Bolivia (139 millones de euros), República Dominicana (126,8 millones), Brasil (99 millones) y Perú (91,4 millones) completan junto con Rumania la nómina de los ocho principales destinos de remesas desde España.
"Nosotros creemos que es importante insistir en el impacto de la inmigración en el tema de remesas y lo que eso supone desde el punto de vista de apoyo a los países de origen", dijo el ministro español de Finanzas, Pedro Solbes, al referirse a la cuestión.
Durante la reunión de Bruselas, los ministros europeos trataron los aspectos económicos vinculados con la inmigración, aunque el informe sobre el que se basó la discusión no incluía el tema de los costes de las remesas, cuya importancia destacó España.
En ese sentido, Solbes indicó que "abaratar la transmisión de esas remesas es un tema fundamental" para las personas que emigran de sus países a Europa, y que en ocasiones pagan costes excesivamente altos para enviar dinero a sus familias a traves de "circuitos no convencionales", fuera del sistema bancario.
"Es un tema fundamentalmente de discusión con los bancos", explicó el ministro español, recordando que los costes de las remesas "no son excesivamente altos" cuando se hacen por los circuitos convencionales, por ejemplo a través de entidades bancarias representadas en el país de origen del inmigrante.
"El problema es cómo convencer a los inmigrantes de que la utilización del circuito convencional no les va a perjudicar en ningún sentido, que muchas veces es su preocupación, y que puede abaratar los costos", continuó Solbes.
Según un estudio de la oficina de estadísticas europea, los inmigrantes que trabajan en la Unión Europea (UE) enviaron cerca de 20.000 millones de euros al extranjero en 2006, un incremento del 10% respecto del año anterior.
España encabeza la lista con 5.600 millones de euros en 2006, seguida del Reino Unido con 4.700 millones e Italia con 3.200 millones.
Además, las rutas España-Colombia y España-Ecuador se encuentran entre las diez más importantes de Europa.
El estudio indica que Colombia recibió 658,5 millones y Ecuador 571,4 millones de euros procedentes de España, lo que los sitúa en segundo y tercer lugar de una lista encabezada por Marruecos (921 millones de euros).
Bolivia (139 millones de euros), República Dominicana (126,8 millones), Brasil (99 millones) y Perú (91,4 millones) completan junto con Rumania la nómina de los ocho principales destinos de remesas desde España.
Trabajo modifica las fórmulas de contratación de inmigrantes en origen
El Ministerio de Trabajo ha modificado la orden ministerial que establecía las vías para formar y contratar a trabajadores inmigrantes en sus países de origen. La nueva orden, que se publicará en breve, establece que los empresarios deberán contratar al 100% de los inmigrantes que aprueben la formación y sólo podrán hacerlo a través del contingente. La financiación de los programas saldrá de las arcas del Estado en lugar de poder ser costeada por las comunidades.
Los responsables del Ministerio de Trabajo han hecho unos “ajustes” en la orden ministerial que estableció las subvenciones para financiar programas para dar formación y contratar a trabajadores inmigrantes en sus países de origen. El texto ya ha recibido el visto bueno de las comunidades y de la Abogacía del Estado y está ahora en la Mesa de Migraciones, para que pueda aprobarse en las próximas semanas, según prevé Trabajo. Tras casi diez meses en vigor, fuentes de Trabajo aseguraron que “la práctica del día a día” es la que puso de manifiesto la necesidad de hacer algunos cambios. Pero, además, desde su misma publicación en el BOE el 6 de febrero, esta orden ministerial recibió las críticas de los responsables de empleo del sindicato CC OO que acusaban al Gobierno de abrir de forma unilateral una nueva vía de contratación de inmigrantes “al margen de las ya existentes” en la Ley de Extranjería y su reglamento. Una de las principales quejas del sindicato era que este tipo de contrataciones no estuviera ligada al contingente que fija anualmente el Gobierno, sino que pudiera contratarse a través del catálogo de profesiones de difícil ocupación, que es muchomás amplio. Ése será, precisamente uno de los cambios del texto legal. A partir de ahora, los contratos deberá estar incluidos en el contingente que se fije cada año. Esto limi ta el número de contratos que pueden realizarse a través de esta fórmula. Asimismo, la norma establecía que los empresarios debían contratar en España, como mínimo, al 60% de los empleados que formaran en su país de origen. Este porcentaje se elevará al 100% “de los que finalicen la acción formativa con evaluación positiva”, según el texto modificado por Trabajo.
En tercer lugar, la nueva orden ministerial también acotará la financiación de estos programas. En el texto vigente, a pesar de que se establecía que dichos programas se financiarían desde el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) se daba margen a las comunidades autónomas para que establecieran convenios cuando los inmigrantes fueran a ser contratados por una empresa que operara sólo en esa región. En ese caso, las comunidades podían disponer de los recursos que gestionan de las políticas activas de empleo, lo que ampliaba mucho la capacidad de financiación de estos programas. Ahora, la nueva normativa restringirá esta vía de financiación de forma que, aunque las comunidades puedan seguir gestionando estos programas, su financiación será costeada exclusivamente desde el Estado. En cualquier caso, y a pesar de los temores sindicales, las empresas no usan de forma masiva, de momento, esta vía de contratación, ya que sólo unos 1.500 inmigrantes están contratados a través de ella.
Los empresarios podrán elegir a quién instruyen
Muchas de las pegas que pusieron algunos empresarios cuando conocieron esta nueva vía para formar y contratar a trabajadores en origen tenían que ver con el hecho de no poder elegir ellos mismos a los inmigrantes que fueran a formarse, lo que suponía que las contrataciones les vinieran impuestas. Con la nueva redacción de la orden ministerial, los empresarios serán los que elijan, si así lo desean, a los inmigrantes que recibirán los cursos, y a los que deberán contratar en su totalidad. Ahora eran los responsables del consulado o agregados laborales de las embajadas los encargados de hacer la selección. Pero ésta no será la única novedad en materia de formación. Además de recibir los cursos de capacitación laboral que se demanden en cada programa, los inmigrantes deberán estudiar otras materias antes de venir a trabajar a España. En concreto, tendrán tres nuevas asignaturas que deberán abordar. La primera de ellas incluirá nociones básicas de seguridad y salud en el trabajo. Y, dependiendo del tipo de empleo en el que se vayan a formar, esta materia incluirá también conocimientos de prevención específicos de dicha actividad. La segunda de estas materias recogerá conocimientos sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en España; lo que pretende facilitar la integración de estos inmigrantes en la sociedad española. Finalmente, los inmigrantes que no sean hispanohablantes recibirán un curso de castellano. En este caso, la formación también incluirá enseñanzas de español con vocabulario específico del sector dónde vaya a trabajar el extranjero.
Los responsables del Ministerio de Trabajo han hecho unos “ajustes” en la orden ministerial que estableció las subvenciones para financiar programas para dar formación y contratar a trabajadores inmigrantes en sus países de origen. El texto ya ha recibido el visto bueno de las comunidades y de la Abogacía del Estado y está ahora en la Mesa de Migraciones, para que pueda aprobarse en las próximas semanas, según prevé Trabajo. Tras casi diez meses en vigor, fuentes de Trabajo aseguraron que “la práctica del día a día” es la que puso de manifiesto la necesidad de hacer algunos cambios. Pero, además, desde su misma publicación en el BOE el 6 de febrero, esta orden ministerial recibió las críticas de los responsables de empleo del sindicato CC OO que acusaban al Gobierno de abrir de forma unilateral una nueva vía de contratación de inmigrantes “al margen de las ya existentes” en la Ley de Extranjería y su reglamento. Una de las principales quejas del sindicato era que este tipo de contrataciones no estuviera ligada al contingente que fija anualmente el Gobierno, sino que pudiera contratarse a través del catálogo de profesiones de difícil ocupación, que es muchomás amplio. Ése será, precisamente uno de los cambios del texto legal. A partir de ahora, los contratos deberá estar incluidos en el contingente que se fije cada año. Esto limi ta el número de contratos que pueden realizarse a través de esta fórmula. Asimismo, la norma establecía que los empresarios debían contratar en España, como mínimo, al 60% de los empleados que formaran en su país de origen. Este porcentaje se elevará al 100% “de los que finalicen la acción formativa con evaluación positiva”, según el texto modificado por Trabajo.
En tercer lugar, la nueva orden ministerial también acotará la financiación de estos programas. En el texto vigente, a pesar de que se establecía que dichos programas se financiarían desde el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) se daba margen a las comunidades autónomas para que establecieran convenios cuando los inmigrantes fueran a ser contratados por una empresa que operara sólo en esa región. En ese caso, las comunidades podían disponer de los recursos que gestionan de las políticas activas de empleo, lo que ampliaba mucho la capacidad de financiación de estos programas. Ahora, la nueva normativa restringirá esta vía de financiación de forma que, aunque las comunidades puedan seguir gestionando estos programas, su financiación será costeada exclusivamente desde el Estado. En cualquier caso, y a pesar de los temores sindicales, las empresas no usan de forma masiva, de momento, esta vía de contratación, ya que sólo unos 1.500 inmigrantes están contratados a través de ella.
Los empresarios podrán elegir a quién instruyen
Muchas de las pegas que pusieron algunos empresarios cuando conocieron esta nueva vía para formar y contratar a trabajadores en origen tenían que ver con el hecho de no poder elegir ellos mismos a los inmigrantes que fueran a formarse, lo que suponía que las contrataciones les vinieran impuestas. Con la nueva redacción de la orden ministerial, los empresarios serán los que elijan, si así lo desean, a los inmigrantes que recibirán los cursos, y a los que deberán contratar en su totalidad. Ahora eran los responsables del consulado o agregados laborales de las embajadas los encargados de hacer la selección. Pero ésta no será la única novedad en materia de formación. Además de recibir los cursos de capacitación laboral que se demanden en cada programa, los inmigrantes deberán estudiar otras materias antes de venir a trabajar a España. En concreto, tendrán tres nuevas asignaturas que deberán abordar. La primera de ellas incluirá nociones básicas de seguridad y salud en el trabajo. Y, dependiendo del tipo de empleo en el que se vayan a formar, esta materia incluirá también conocimientos de prevención específicos de dicha actividad. La segunda de estas materias recogerá conocimientos sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en España; lo que pretende facilitar la integración de estos inmigrantes en la sociedad española. Finalmente, los inmigrantes que no sean hispanohablantes recibirán un curso de castellano. En este caso, la formación también incluirá enseñanzas de español con vocabulario específico del sector dónde vaya a trabajar el extranjero.
El sida y la inmigración en España
MADRID.- Su lema, en nueve idiomas además del castellano y las lenguas oficiales del Estado, es: 'El sida no entiende de culturas, fronteras o colores. Protégete usando preservativo en tus relaciones sexuales'.
Esta campaña, lanzada a través de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, pretende concienciar a la población inmigrante de que adopten medidas de prevención frente al VIH. Los inmigrantes en España representan el 9,9% del total de la población y en ellos se registró el 33% de los 3.182 nuevos diagnósticos por VIH que se notificaron entre 2003 y 2005.
"Los problemas de salud de los inmigrantes son equiparables a los de los españoles. Sin embargo, hay una serie de factores que pueden generar desigualdades y los hacen más vulnerables a la infección por VIH, como por ejemplo la tradición, la religión, la interpretación de la salud y la enfermedad, las dificultades idiomáticas o las diferencias en estilos de vida y cultura", indican desde el Ministerio.
En la nueva campaña, que consta de un total de 16.000 carteles y 592.000 folletos y está traducida al árabe, búlgaro, chino, francés, inglés, polaco, portugués, rumano y ruso, se explica qué es el sida, cómo se transmite el VIH y cómo no, qué hacer para no infectarse o por qué es recomendable la prueba del sida.
Hasta 1997 la proporción de casos de sida en personas cuyo país de origen no era España estuvo por debajo del 3%. A partir de 1998 esta cifra subió progresivamente, hasta alcanzar el 21,2% en 2006. De esta proporción, el 39,5% de los casos proceden de África; el 37% de Latinoamérica y el 20,7% del continente europeo.
Para el Plan Nacional Sobre Sida resulta imprescindible conocer las necesidades de la juventud inmigrante en materia de afectividad, sexualidad y prevención de prácticas sexuales de riesgo. Así, indica que este grupo, que representa el 12% de la juventud entre 15 y 24 años de todo el país formula pocas demandas específicas sobre el VIH, a pesar de que tiene una deficiente información sobre los mecanismos de transmisión del virus, infravalora los riesgos de infección, tiene dificultades para negociar el uso del preservativo y tiene sentimientos contradictorios hacia las personas que viven con VIH.
Por país de origen, los más numerosos son los jóvenes de Marruecos seguidos por los procedentes de Ecuador, Rumanía y Colombia.
Esta campaña, lanzada a través de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, pretende concienciar a la población inmigrante de que adopten medidas de prevención frente al VIH. Los inmigrantes en España representan el 9,9% del total de la población y en ellos se registró el 33% de los 3.182 nuevos diagnósticos por VIH que se notificaron entre 2003 y 2005.
"Los problemas de salud de los inmigrantes son equiparables a los de los españoles. Sin embargo, hay una serie de factores que pueden generar desigualdades y los hacen más vulnerables a la infección por VIH, como por ejemplo la tradición, la religión, la interpretación de la salud y la enfermedad, las dificultades idiomáticas o las diferencias en estilos de vida y cultura", indican desde el Ministerio.
En la nueva campaña, que consta de un total de 16.000 carteles y 592.000 folletos y está traducida al árabe, búlgaro, chino, francés, inglés, polaco, portugués, rumano y ruso, se explica qué es el sida, cómo se transmite el VIH y cómo no, qué hacer para no infectarse o por qué es recomendable la prueba del sida.
Hasta 1997 la proporción de casos de sida en personas cuyo país de origen no era España estuvo por debajo del 3%. A partir de 1998 esta cifra subió progresivamente, hasta alcanzar el 21,2% en 2006. De esta proporción, el 39,5% de los casos proceden de África; el 37% de Latinoamérica y el 20,7% del continente europeo.
Para el Plan Nacional Sobre Sida resulta imprescindible conocer las necesidades de la juventud inmigrante en materia de afectividad, sexualidad y prevención de prácticas sexuales de riesgo. Así, indica que este grupo, que representa el 12% de la juventud entre 15 y 24 años de todo el país formula pocas demandas específicas sobre el VIH, a pesar de que tiene una deficiente información sobre los mecanismos de transmisión del virus, infravalora los riesgos de infección, tiene dificultades para negociar el uso del preservativo y tiene sentimientos contradictorios hacia las personas que viven con VIH.
Por país de origen, los más numerosos son los jóvenes de Marruecos seguidos por los procedentes de Ecuador, Rumanía y Colombia.
TS decidirá en breve condición apátrida saharauis, que serían así residentes
El Tribunal Supremo (TS) se pronunciará en breve sobre la posible condición de apátridas de los saharauis, lo que convertiría a los que están en España en residentes, explicó hoy el magistrado Rafael Fernández Valverde en el Seminario Inmigración-Justicia celebrado hoy en Gran Canaria.
El magistrado de la Sala Tercera del TS expuso las últimas novedades en jurisprudencia de extranjería y detalló asimismo la apertura del Supremo a la admisión de solicitudes de asilo.
Sobre la situación de los saharauis que han pedido ser declarados apátridas, explicó que en la actualidad se encuentran en un estado de indefinición y 'habrá que buscar una solución jurídica'.
Su situación es consecuencia de la política internacional, pues aunque la República Arabe Democrática Saharaui (RASD) está reconocida por más de ochenta países, entre ellos no figura España, con lo que no los puede declarar de esta nacionalidad.
Los saharauis que pidieron ser españoles antes de 1976 obtuvieron la nacionalidad, pero hoy en día no se cumplen las condiciones para que les sea concedida, mientras entienden que su nacionalidad no es la marroquí y se podría plantear que fueran argelinos por residir en los campos de Tinduf desde hace más de treinta años.
Sin embargo, los saharauis que viajan a España con un visado argelino de tres meses, para el que suelen aducir razones de salud, acuden al consulado argelino y les reiteran que no son de su nacionalidad.
Así, ante esta situación en la que no se es español, ni marroquí ni argelino, 'se puede optar por ser apátrida' y varios casos, tras ser rechazados por la Audiencia Nacional, han llegado al Supremo, que resolverá en unos días, posiblemente en una semana, concretó.
Las sentencias denegatorias piden acreditar que se podría optar por la nacionalidad argelina: 'ahora se verá en el Supremo', apostilló.
El magistrado agregó que tras la reforma legislativa de 1993, el Supremo resuelve los últimos casos que le quedan anteriores a 2003, lo que se está aprovechando para marcar pautas, por ejemplo, en el campo de las solicitudes de asilo político.
En este sentido el Tribunal Supremo ha optado 'por una apertura clarísima en materia de admisión', pues hasta ahora la práctica habitual ha sido no admitir 'de plano' las solicitudes.
Las nuevas sentencias del Supremo ordenan que se tramite el expediente y se comprueben los datos y alegaciones del solicitante y 'a continuación, se resuelva'.
Estos pronunciamientos afectan sobre todo a cubanos y colombianos, pues los asuntos africanos prácticamente se han agotado, agregó.
El magistrado de la Sala Tercera del TS expuso las últimas novedades en jurisprudencia de extranjería y detalló asimismo la apertura del Supremo a la admisión de solicitudes de asilo.
Sobre la situación de los saharauis que han pedido ser declarados apátridas, explicó que en la actualidad se encuentran en un estado de indefinición y 'habrá que buscar una solución jurídica'.
Su situación es consecuencia de la política internacional, pues aunque la República Arabe Democrática Saharaui (RASD) está reconocida por más de ochenta países, entre ellos no figura España, con lo que no los puede declarar de esta nacionalidad.
Los saharauis que pidieron ser españoles antes de 1976 obtuvieron la nacionalidad, pero hoy en día no se cumplen las condiciones para que les sea concedida, mientras entienden que su nacionalidad no es la marroquí y se podría plantear que fueran argelinos por residir en los campos de Tinduf desde hace más de treinta años.
Sin embargo, los saharauis que viajan a España con un visado argelino de tres meses, para el que suelen aducir razones de salud, acuden al consulado argelino y les reiteran que no son de su nacionalidad.
Así, ante esta situación en la que no se es español, ni marroquí ni argelino, 'se puede optar por ser apátrida' y varios casos, tras ser rechazados por la Audiencia Nacional, han llegado al Supremo, que resolverá en unos días, posiblemente en una semana, concretó.
Las sentencias denegatorias piden acreditar que se podría optar por la nacionalidad argelina: 'ahora se verá en el Supremo', apostilló.
El magistrado agregó que tras la reforma legislativa de 1993, el Supremo resuelve los últimos casos que le quedan anteriores a 2003, lo que se está aprovechando para marcar pautas, por ejemplo, en el campo de las solicitudes de asilo político.
En este sentido el Tribunal Supremo ha optado 'por una apertura clarísima en materia de admisión', pues hasta ahora la práctica habitual ha sido no admitir 'de plano' las solicitudes.
Las nuevas sentencias del Supremo ordenan que se tramite el expediente y se comprueben los datos y alegaciones del solicitante y 'a continuación, se resuelva'.
Estos pronunciamientos afectan sobre todo a cubanos y colombianos, pues los asuntos africanos prácticamente se han agotado, agregó.
El programa Inici@te en Internet impartirá cursos para inmigrantes y familiares de enfermos de alzheimer en Albacete
La Consejería de Industria y Sociedad de la Información colabora con ‘Albacete Acoge’ para impartir esta formación.
La Consejería de Industria y Sociedad de la Información, a través de la, Fundación Ínsula Barataria, va a poner en marcha en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro “Albacete Acoge”, una serie de cursos del programa Iníci@te en Internet que se impartirán en el Centro de Internet del centro socio cultural José Oliva.
Los cursos van dirigidos a personas inmigrantes con el objetivo de colaborar a su plena integración en la sociedad castellano-manchega. Los contenidos de los mismos se van a modificar ligeramente para incidir en las posibilidades que ofrece Internet para la búsqueda de empleo. Los cursos se impartirán en horario de tarde desde el 10 al 21 de diciembre del mismo mes.
Por otro lado, en colaboración con la Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles la próxima semana darán comienzo dos cursos que se impartirán en el centro socio-cultural José Oliva en horario de tarde, todos los lunes y miércoles hasta finales del mes de diciembre.
Asimismo, en el centro de Enclave Joven, de Albacete el día 10 comienza un curso de Iníci@te en Internet.
El Gobierno frena la expulsión de mujeres explotadas por mafias
Las víctimas sin papeles tendrán 30 días para decidir colaborar con la policía
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 30/11/2007
Las víctimas de la trata son, en el momento en que los cuerpos de seguridad del Estado desarticulan la red que las explotaba, inmigrantes sin papeles. Son detenidas por estancia irregular, expulsadas y repatriadas. Sólo si denuncian a sus explotadores pueden acceder a una "autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales", según el reglamento de la Ley de Extranjería.
Muy pocas lo hacen. No se atreven a acudir a las comisarías, precisamente por su situación de irregularidad y porque los explotadores se encargan a conciencia de que no hablen amenazándolas con represalias contra sus familias. De modo que en la práctica, la ley se aplica antes a las víctimas que a sus traficantes.
El Gobierno ultima un plan que puede animarlas a dar el paso. El Plan de Acción Nacional contra la Trata con fines de explotación sexual, en el que participan los Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia, impedirá la expulsión inmediata de las víctimas sin papeles estableciendo un "periodo de reflexión" de no menos de 30 días para que reciban asistencia médica, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y decidan entonces si quieren denunciar. Algo que ya exigía una directiva del Consejo de la Unión Europea cuyo plazo de incorporación al derecho español expiró en agosto del año pasado.
El Plan, una recomendación de todos los partidos en una Comisión sobre los Derechos de la Mujer de 2003, servirá en gran medida para incorporar los múltiples tratados internacionales sobre protección de víctimas de la trata. Está todavía en fase de borrador, aunque fuentes de la vicepresidencia del Gobierno confían aún en aprobarlo antes de que termine esta legislatura.
Justicia debate todavía la incorporación al plan de otros cambios legales para facilitar a las víctimas un permiso de residencia y trabajo no condicionado a la colaboración policial, sino a razones humanitarias. "En Italia pueden obtenerlo por la vía judicial, que implica que la víctima se compromete a ejercer una acción judicial contra los autores, y la vía social, en la que se compromete a participar en un programa social de integración. En la práctica, las mujeres que se acogen a este programa ganan confianza en las instituciones y acaban denunciando a los tratantes", explica Gentiana Susaj, coordinadora de la Red Española contra la Trata de Personas, que agrupa a 23 ONG.
La Red Española contra la Trata de Personas confía en que el Plan suponga un nuevo enfoque del problema. "El modelo imperante criminaliza a la víctima. Se las castiga por violar las leyes migratorias y ejercer la prostitución. Y eso no es lo que dicen los estándares internacionales como el Convenio Europeo Contra la Trata de Seres Humanos, que España todavía no ha firmado y que adopta un enfoque no ya de control migratorio sino de protección de los derechos humanos", afirma Itziar Ruiz-Giménez, del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional.
Además, el Plan incluye campañas de sensibilización y advertencia en los países de origen y cursos de formación específicos para los cuerpos de seguridad. España es uno de los destinos favoritos de estas redes, según la ONU. Es el segundo negocio más lucrativo del mundo, según recordaban en aquella lejana comisión que reclamó este plan de acción en 2003. El primero sigue siendo el tráfico de drogas, y con un riesgo mucho menor para los traficantes. La pena máxima para la explotación de la prostitución es la mínima para el tráfico de estupefacientes.
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 30/11/2007
Las víctimas de la trata son, en el momento en que los cuerpos de seguridad del Estado desarticulan la red que las explotaba, inmigrantes sin papeles. Son detenidas por estancia irregular, expulsadas y repatriadas. Sólo si denuncian a sus explotadores pueden acceder a una "autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales", según el reglamento de la Ley de Extranjería.
Muy pocas lo hacen. No se atreven a acudir a las comisarías, precisamente por su situación de irregularidad y porque los explotadores se encargan a conciencia de que no hablen amenazándolas con represalias contra sus familias. De modo que en la práctica, la ley se aplica antes a las víctimas que a sus traficantes.
El Gobierno ultima un plan que puede animarlas a dar el paso. El Plan de Acción Nacional contra la Trata con fines de explotación sexual, en el que participan los Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia, impedirá la expulsión inmediata de las víctimas sin papeles estableciendo un "periodo de reflexión" de no menos de 30 días para que reciban asistencia médica, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y decidan entonces si quieren denunciar. Algo que ya exigía una directiva del Consejo de la Unión Europea cuyo plazo de incorporación al derecho español expiró en agosto del año pasado.
El Plan, una recomendación de todos los partidos en una Comisión sobre los Derechos de la Mujer de 2003, servirá en gran medida para incorporar los múltiples tratados internacionales sobre protección de víctimas de la trata. Está todavía en fase de borrador, aunque fuentes de la vicepresidencia del Gobierno confían aún en aprobarlo antes de que termine esta legislatura.
Justicia debate todavía la incorporación al plan de otros cambios legales para facilitar a las víctimas un permiso de residencia y trabajo no condicionado a la colaboración policial, sino a razones humanitarias. "En Italia pueden obtenerlo por la vía judicial, que implica que la víctima se compromete a ejercer una acción judicial contra los autores, y la vía social, en la que se compromete a participar en un programa social de integración. En la práctica, las mujeres que se acogen a este programa ganan confianza en las instituciones y acaban denunciando a los tratantes", explica Gentiana Susaj, coordinadora de la Red Española contra la Trata de Personas, que agrupa a 23 ONG.
La Red Española contra la Trata de Personas confía en que el Plan suponga un nuevo enfoque del problema. "El modelo imperante criminaliza a la víctima. Se las castiga por violar las leyes migratorias y ejercer la prostitución. Y eso no es lo que dicen los estándares internacionales como el Convenio Europeo Contra la Trata de Seres Humanos, que España todavía no ha firmado y que adopta un enfoque no ya de control migratorio sino de protección de los derechos humanos", afirma Itziar Ruiz-Giménez, del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional.
Además, el Plan incluye campañas de sensibilización y advertencia en los países de origen y cursos de formación específicos para los cuerpos de seguridad. España es uno de los destinos favoritos de estas redes, según la ONU. Es el segundo negocio más lucrativo del mundo, según recordaban en aquella lejana comisión que reclamó este plan de acción en 2003. El primero sigue siendo el tráfico de drogas, y con un riesgo mucho menor para los traficantes. La pena máxima para la explotación de la prostitución es la mínima para el tráfico de estupefacientes.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
