sábado, 24 de noviembre de 2007

Un total 9.629 irregulares han llegado a Canarias en lo que va de año, dos tercios menos que al año pasado

Un total 9.629 inmigrantes irregulares llegaron a Canarias a bordo de cayucos en lo que va de año, frente a los 30.333 que llegaron en las mismas fechas en el 2006, lo que supone un descenso de dos terceras partes (en torno al 66 por ciento), según informó hoy el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. EUROPA PRESS Asimismo, el ministro destacó, en respuesta a una pregunta del senador de Coalición Canaria Ricardo Mechior en la sesión de control al Gobierno en el Senado, que "una buena parte" de estos inmigrantes que llega de manera ilegal a las Islas Canarias "han sido repatriados a sus países de origen".

Rubalcaba explicó que el Gobierno tiene una triple línea de actuación contra la inmigración ilegal: evitar la salida ilegal de sus países, interceptar las pateras antes de que accedan a la "zona peligrosa" del Océano Atlántico y, por último, en el caso de que lleguen a España, repatriarles.

Por su parte, el senador de Coalición Canaria Ricardo Melchior aseguró que a lo largo de la costa occidental de África existen "centenares" de barcos viejos, abandonados o propiedad de chatarreros, que pertenecen la desaparecida flota pesquera soviética, y que pueden convertirse en buques nodriza que trasladen inmigrantes a canarias, por lo que, según dijo, "hay que hacerlos desaparecer".

"Hay que impedir que algún criminal compre estos barcos y los llene de inmigrantes desesperados, y la mejor forma para impedirlo es hacerlos desaparecer", manifestó el senador canario. Del mismo modo, aseveró que en "algún país africano" existen "decenas de miles de asiáticos" que están "esperando a ser trasladados" a España.

Informe migratorio de ecuatorianos en España fue presentado hoy

La investigadora Magdalena Marín ha presentado hoy en Valencia el informe "Ecuatorianos en Valencia, vivir entre las dos orillas", que forma parte del proyecto "El reto de la integración de los trabajadores ecuatorianos y sus familias en la sociedad valenciana".


Las mujeres ecuatorianas iniciaron la mitad de los procesos migratorios hacia España empujadas por las trabas que les imponía el sistema patriarcal en Ecuador, la demanda de mano de obra femenina en las empresas españolas y las facilidades para entrar en España antes de 2003, según un estudio promovido por el sindicato UGT.

La investigadora Magdalena Marín ha presentado hoy en Valencia el informe "Ecuatorianos en Valencia, vivir entre las dos orillas", que forma parte del proyecto "El reto de la integración de los trabajadores ecuatorianos y sus familias en la sociedad valenciana".

El informe analiza la integración de estos inmigrantes en la provincia de Valencia, donde 22 000 ecuatorianos cuentan con tarjeta de residencia y 40 000 (ecuatorianos) figuran a la espera de que se les confirme el permiso de residencia, de los cuales, un total de 5 000 ha decidido retornar su país, según los datos que ha ofrecido en rueda de prensa el cónsul en Valencia, Gabriel Monge.

Las dificultades económicas y la inestabilidad política en Ecuador a finales de los años 90 también contribuyeron a la salida del país de muchas mujeres ecuatorianas, lo que produjo cambios en la estructura familiar.

En este sentido, el cónsul ha pedido que no se criminalice la inmigración y ha señalado que las mujeres ecuatorianas se han comportado como "héroes" al emigrar para mantener a su familia en su país de origen al tiempo que se han desarrollado como personas en España.

El estudio muestra los resultados de cincuenta entrevistas realizadas entre febrero y junio de 2007 a ecuatorianos de entre 18 y 56 años que residen en la provincia de Valencia, un destino que el 64% de los encuestados había marcado como primera opción en sus planes para emigrar.

A la hora de emprender este viaje, el 38% de los entrevistados sopesó la mala coyuntura económica de su país, el 34% se decidió a venir a España para reunirse aquí con parte de su familia y otro 24% tuvo en cuenta las facilidades para entrar en España antes de 2003, cuando no era necesario tramitar un visado.

Esa línea temporal explica que tres de cada cuatro ecuatorianos entrevistados esté residiendo en España entre 6 y 9 años, lo que a la mayoría les ha permitido obtener el permiso de residencia y de trabajo e, incluso, la nacionalidad española en un 10% de los casos.

En cuanto a su ocupación, la mitad de los entrevistados se dedica a la construcción y al servicio doméstico, dos sectores con una marcada especialización por sexos, ya que en el primer caso no hay ninguna mujer y en el segundo, ningún hombre.

Sobre su vida privada, el estudio destaca que sólo el 14% de ellos viven solos, mientras que el resto vive con su familia, aunque casi todos ellos mantienen sus costumbres a través de la gastronomía, la música y el lenguaje.

Sobre sus planes de futuro, la mitad no tiene claro cuándo va a regresar a su país y el 36% sí piensa permanecer en España de uno a 5 años más, reunir dinero y luego volver a su país, un proceso de retorno que el Gobierno de Ecuador pretende fomentar a partir de enero con incentivos económicos, según ha anunciado el cónsul.

España no se atreve seguir a Europa en política contra la inmigración

El problema de la inmigración se ha convertido en la mayoría de países de Europa en un tema central del debate político. Sin embargo en España, principal país europeo receptor de inmigrantes, los más importantes partidos políticos evitan entrar en este debate. Una anomalía que se une al hecho de que esta inhibición no se traduce, -como ha sucedido en el resto de Europa- en el surgimiento de un partido de éxito que tenga como principal mensaje la limitación y control de la inmigración.

En Francia el debate fue introducido por Le Pen y su Front National, pero el mismo Sarkozy ha hecho suyos muchos de los postulados que Le Pen venía defendiendo durante años. Y es que, a diferencia de lo que sucede en España, tanto en Francia, como en Austria y ahora en Alemania y Gran Bretaña, en Europa se están dando cuenta de que los beneficios que para la economía puede implicar la llegada masiva de inmigrantes no compensan los gastos que ocasionan y los problemas de seguridad e integración que provocan.

Sin ir más lejos, en Inglaterra, el gobierno laborista acaba de reconocer que se le había “olvidado” contabilizar unos 300.000 inmigrantes en las estadísticas del mercado laboral. Olvido que le ha valido al ejecutivo la acusación de regularización masiva de ilegales. El caso es que el dato hecho público por el gobierno británico ha hecho que se alcen las voces que exigen la limitación de la inmigración, ya que consideran que la inmigración masiva a la larga supone un colapso de los servicios públicos y compromete la capacidad de los mecanismos de protección policial

Después de que el presidente Sarkozy en Francia diese el primer paso adelante, los conservadores británicos han abierto el debate sobre la limitación de la emigración. En España por el contrario seguimos usando la táctica del avestruz y escondemos la cabeza evitando adoptar medidas para la limitación de la presencia de inmigrantes en nuestro país, manteniendo el suicida discurso multiculturalista, que el PP aún no se atreve a atacar directamente proponiendo medidas contra la inmigración, por miedo a ser acusados de xenófobos y racistas. Un complejo que nos puede costar muy caro.

lunes, 5 de noviembre de 2007

Las Jornadas sobre Análisis Jurídico de la Inmigración en España comienzan mañana en Murcia

Mañana comenzarán en Murcia las IV Jornadas sobre Análisis Jurídico de la Inmigración en España, en las que diversos expertos abordarán las actuales normas de extranjería para aportar una visión "real y práctica" de los aspectos que inciden en el fenómeno de la inmigración en España. EUROPA PRESS El acto de inauguración de estas jornadas tendrá lugar a las 16.15 horas en el Salón de Grados de la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU), y contará con la presencia del director general de Inmigración y Voluntariado, Leopoldo Navarro, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Las jornadas se extenderán durante cuatro días a lo largo de dos semanas, y en la sesión de mañana tratará sobre la inmigración y el Derecho de extranjería en el ámbito comunitario y en el extracomunitario, así como sobre la entrada de los inmigrantes en España y el extranjero ante el régimen sancionador. Al día siguiente se expondrán cuestiones sobre el inmigrante ante el mercado laboral y la problemática laboral ante los tribunales.

La próxima semana, el lunes 12 de noviembre, el programa abordará la problemática específica de la mujer inmigrante y continuará con la reagrupación familiar y la asistencia jurídica gratuita, mientras que el martes, último día de las jornadas, se disertará sobre los menores extranjeros y las líneas de integración en la región de Murcia.

domingo, 4 de noviembre de 2007

Un racismo de baja intensidad

La xenofobia empieza a instalarse en lugares donde se integran los inmigrantes.

España no es xenófoba. Las encuestas reflejan que la sociedad ha incorporado sin grandes sobresaltos el mayor flujo de inmigrantes que ha conocido el país. Pero algunas agresiones, las dificultades de convivencia y la competencia por servicios como las urgencias o plazas de colegio empiezan a dibujar otro panorama: el racismo de baja intensidad. Una sensación latente -y ya no tan latente en zonas con alta densidad de extranjeros- de que disminuye el pastel del Estado de bienestar.


"Este racismo se basa en la percepción del otro como alguien que te puede crear problemas. Se tiende a generalizar: el otro pasa a ser el conflictivo, el maleducado, el delincuente", argumenta Adelas Ros, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y ex secretaria de Inmigración de la Generalitat. "Es una tontería llamar a eso racismo", eleva el tono Riduan, de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes. "Lo que sucede es que los españoles de clase trabajadora ven amenazados sus privilegios por una clase aún más necesitada que ellos", subraya Riduan, que insiste: "¡Eso no es racismo!".

Las encuestas reflejan que la inmigración ha ido creciendo como preocupación de los españoles hasta llegar al tercer puesto. Y datos como que el 59% de los españoles cree que los inmigrantes "lastran los salarios" muestran una culpabilización creciente del que viene de fuera.

"Son muchos y son maleducados", es el resumen verbalizado de Marta P., de 34 años y dependienta de una tienda en Alcorcón (165.000 habitantes, 15% de inmigrantes). "Los que se llenan la boca con la integración viven en zonas de ricos y no conviven con ellos", zanja Marta, hasta ahora votante del PSOE, en un discurso que ha calado en todo el espectro ideológico.

La xenofobia se dispara allí donde más inmigrantes hay y, precisamente, en algunos donde se ha hecho más esfuerzos por su integración: en Vic (40.000 habitantes), el acceso a las escuelas públicas está en el origen del ascenso del partido xenófobo Plataforma per Catalunya. Fue el segundo más votado en mayo, con el 18% de los votos. Y lo fue después de un esfuerzo del Ayuntamiento por repartir inmigrantes entre los colegios concertados para no concentrar todos en dos centros públicos. Vic tiene un 25% de inmigrantes -sobre todo magrebíes y subsaharianos-, hasta el 40% en algunos barrios.

La ascensión de Plataforma per Catalunya se explica, en buena medida, por la permanente campaña electoral de su líder, Josep Anglada, que durante años ha mantenido "una estructura de poder paralela", en palabras del concejal Joan López. Si los vecinos tenían un problema, llamaban a Anglada y éste, convertido en una especie de padrino, les daba una solución.

No son una aparición aislada. En Talayuela, pueblo cacereño premiado por su labor de "concordia", Iniciativa Habitable, grupo con un agresivo argumentario contra los extranjeros, obtuvo en las elecciones de mayo el 27% de los votos de esta población, con un 35% de inmigrantes censados. Y esas plataformas con un mensaje abiertamente xenófobo empiezan a proliferar en las ciudades del cinturón de Madrid. La Plataforma por Alcorcón, por ejemplo, no esconde que su principal reivindicación es que "los españoles estén por delante". Muchos de ellos frecuentan foros comunes en Internet. De semejante corpus ideológico se nutren Vientos del Pueblo (Getafe) o Alcalá Habitable.

El sustento de este rechazo, exponen los sociólogos, está en algunas "leyendas urbanas". Por ejemplo, que a los extranjeros no se les cobran impuestos al abrir un negocio, o que tienen más facilidades para acceder a las ayudas públicas. Es falso. Además, los inmigrantes que quieren acceder a las ayudas "deben pagar sus impuestos". Las subvenciones de los Ayuntamientos se ciñen a asuntos como "enseñanza del español o asesoría jurídica". Ese es el programa de Villaviciosa de Odón (26.000 habitantes, 10% inmigrantes).

La comunidad latinoamericana es una de las que ha expresado con mayor contundencia su temor a una oleada racista en España. "La agresión a la menor ecuatoriana en Cataluña es un hecho aislado, pero pone en evidencia acciones de racismo en el día a día. En el plano laboral, administrativo o social, nos topamos con actitudes xenófobas", explica Javier Boldoni, responsable de Fedelatina, que agrupa a las asociaciones latinoamericanas en Cataluña.

"No es normal que haya enfrentamientos con los españoles", dice María, propietaria de La Perla del Pacífico, un pequeño restaurante en el barrio madrileño de Tetuán. Sin embargo, cada comunidad tiene sus propias zonas de ocio y nunca se juntan. "Los peores son los moros, los ecuatorianos no molestan", dice con su peculiar filosofía de vida Susana, vecina "de toda la vida del barrio". Pero a veces sí hay problemas. Aunque sean "de baja intensidad". A Stefani le daban crisis de ansiedad. Tiene 14 años y, según el perfil trazado por los psicólogos, "está acomplejada". En el colegio la insultan. La llaman "gorda". Pero no sólo eso. También le recuerdan que tiene la piel oscura y que no nació en España. En definitiva, que es ecuatoriana.

Cuando habla de "incidentes graves", Boldoni se refiere a las agresiones físicas, que son minoritarias. Las ejecutan, habitualmente, grupos de ideología neonazi. En Madrid, abundan en el Corredor del Henares. En Cataluña, están activas en el llamado "triángulo xenófobo", en la comarca del Vallès. Sus integrantes ni crecen ni desaparecen. "Es difícil dar el salto cualitativo de las palabras a las agresiones", analizan los expertos.

Sin embargo, las palabras con su remoquete inicial inevitable, "yo no soy racista, pero..." sí que empiezan a calar. En el distrito de San Cristóbal de los Ángeles (40% de inmigración) aguardan en una marquesina. Dicen que están esperando "la patera". En realidad, el autobús, pero "va lleno de moros". Las palabras despectivas y los chistes se han vuelto algo cotidiano.

"Fuera rumanos. No al incivismo. No somos racistas". Bajo esta pancarta salieron a la calle, en febrero, cientos de vecinos de una barriada obrera de Badalona, un municipio del área metropolitana de Barcelona. Los vecinos pretendían expulsar a 25 rumanos de etnia gitana que vivían en un piso de 60 metros cuadrados. En el origen de aquella violenta protesta -los extranjeros se marcharon- había un conflicto de convivencia: los nuevos inquilinos eran de higiene descuidada y montaban jaleo.

Pese a la insistencia de los vecinos en desmarcarse de cualquier matiz de xenofobia, los expertos ven en acciones como ésta la existencia de un racismo latente, que de forma casi inconsciente tiñe la base social. ¿Quiere decir eso que los españoles somos racistas? La respuesta, a juzgar por lo que dicen los propios interesados, es un contundente "no". De hecho, según un estudio de 2006 del Observatorio Español del Racismo, el 65% de los españoles ve positivamente "la llegada de personas de otras razas, religiones y culturas". Al 91% le parece bien que cobren el paro y al 85% le parece justo que traigan a su familia.

En lo que va de año, SOS Racismo ha recibido 270 denuncias. La estadística incluye los casos de racismo "de baja intensidad", que son la mayoría -discriminación laboral o en el acceso a una vivienda-, pero también las supuestas agresiones de individuos y agentes de la policía. Hace pocos meses, Miwa Buene, congoleño, se quedó tetrapléjico tras recibir una paliza de un individuo que le gritaba "¡mono de mierda!". Mireia, la mujer de Miwa, no tiene dudas: "Si eres negro, no vales nada".

"El Estado de Bienestar se ha quedado corto", concluye Ros. En Madrid, las instituciones dejan claro que "no hay discriminación. Ni positiva ni negativa". Aunque reconocen que se dan choques culturales. Por ejemplo, en las urgencias de los hospitales. "Las urgencias son un sitio duro y la gente se pone nerviosa", explica un trabajador del 12 de Octubre, de Madrid. "Hay bofetadas de vez en cuando", explica. No es raro que los españoles afeen a los extranjeros hacer uso de una asistencia a la que no tienen "tanto" derecho como ellos.

INMIGRACIÓN. EL 67% DE LOS EXTRANJEROS QUE TRABAJAN EN ESPAÑA LLEVAN MÁS DE CUATRO AÑOS RESIDIENDO EN EL PAÍS

Son casi dos millones de ocupados


MADRID, 03-NOV-2007

Dos de cada tres inmigrantes que trabajan en España llevan más de cuatro años residiendo en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Servimedia.

Según estos datos, al cierre del pasado mes de septiembre había en España un total de 2.846.400 extranjeros ocupados, de los cuales 1.921.900, el 67,5%, llevan al menos cuatro años de residencia.

Los datos evidencian que, tras la regularización de inmigrantes acometida en 2005, no se ha producido un notable efecto llamada o, al menos, no se ha reflejado en el mercado de trabajo.

La prueba es que apenas 149.600 extranjeros ocupados llevan menos de un año residiendo en España; 231.700 entre uno y dos años; 244.000 de dos a tres años, y 299.100 entre tres y cuatro ejercicios.

Entre los que llevan menos de un año en el país, el 56,3% proceden de Latinoamérica; el 35,4% de la Unión Europea; un 0,93% de otros países europeos, y el 7,2% del resto del mundo.

Mientras, en el lado opuesto se sitúan los 902.700 extranjeros que trabajan en España y que llevan más de siete años residiendo en el país.

De ellos, el 37% son de Latinoamérica; el 28,49% de la Unión Europea; el 3,85% de otros países europeos, y el 30,66% del resto del mundo.

Las mafias de la inmigración podrán juzgarse por delitos cometidos fuera

El Gobierno quiere perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal de personas Todos los 'pateristas' detenidos en Almería llegaron a tierra con extranjeros


La preocupación por controlar la llegada de inmigrantes al país, y a Almería, ha llevado al Gobierno a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar sus competencias y que pueda perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.

Con la modificación de esta norma, que en estos momentos se encuentra en el Senado para su debate, se pretende ampliar la capacidad de la justicia y que pueda intervenir en aquellos casos en los que la localización de inmigrantes y 'mafiosos' tiene lugar fuera de aguas territoriales. Se da así respuesta a situaciones que pasan por el rescate de naves ocupadas por inmigrantes ilegales realizados más allá del territorio español -es decir, más allá de las 12 millas adyacentes a las costas españolas que delimitan el citado territorio- y con ello del ámbito en el que la jurisdicción penal española puede enjuiciar las conductas constitutivas de delito que en el mismo se han producido.

En el caso de Almería, fuentes de la Guardia Civil detallaron que nunca se han registrado localizaciones de embarcaciones con inmigrantes a bordo fuera de aguas almerienses. A pesar de la existencia de patrulleras mixtas -en las que se intercambian agentes del Instituto Armado Español con otros de la Gendarmería Marroquí-, los rescates que se llevan a cabo por parte del Cuerpo de Seguridad español se realizan siempre dentro del territorio marítimo nacional.

No obstante, la modificación permitirá que si un pesquero español rescatase en aguas de Marruecos, por ejemplo, una patera con inmigrantes y presuntos miembros de la red mafiosa en el interior con destino a territorio nacional, nuestra justicia pudiera pedirles cuentas. Además, este proyecto responde a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional que señala «que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto a los delitos» de este tipo.

No obstante, hay que resaltar que la lucha contra las mafias que se dedican a organizar las travesías desde Marruecos o Argelia hasta la costa española y, en concreto, la almeriense ha dado sus frutos. Un ejemplo de ello es que la Policía Nacional instruyó, recientemente, diligencias por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros contra tres de los 193 inmigrantes detenidos durante la última avalancha de pateras registrada en la provincia. Los imputados fueron arrestados por agentes de la Guardia Civil junto a otros siete inmigrantes cuando llegaron en una patera a cala Enmedio, en Níjar. Después del suceso y tras interrogar a los tripulantes, todos ellos argelinos, los agentes tomaron la decisión de instruir diligencias contra tres de ellos al considerar que podrían estar relacionados con la organización de la travesía hacia España.

Las penas que se solicitan para ellos por parte de la Fiscalía son elevadas -hay ejemplos de hasta siete años en los últimos meses- aunque fuentes de la Comisaría Nacional consultadas por IDEAL detallaron que, en ocasiones, es muy complicado obtener pruebas que puedan demostrar ante el juez que se trata de miembro de una red organizada que trafica ilegalmente con estas personas. Estas pruebas podrían ser el testimonio inculpatorio de los extranjeros que viajaban en la embarcación con el patrón, por ejemplo, o que se hallara una cartera en la que hubiera anotaciones de haber cobrado a los 'pasajeros'.

DIFICULTADES
F Pruebas: En ocasiones, es complicado encontrar algunas claras para demostrar ante un juez que un detenido es miembro de una red que se dedica al tráfico de inmigrantes.

F Ejemplos: Lo que sería evidente para lograr una condena es la acusación de los propios ocupantes de la patera o documentos que reflejen el cobro.