Expulsión de inmigrantes ilegales

EL Tribunal Supremo ha confirmado el criterio establecido por algunos Tribunales Superiores autonómicos en el sentido de que vivir ilegalmente en España no es motivo suficiente para la expulsión de un inmigrante. Según el Supremo, la Administración debe aportar otras razones que justifiquen la expulsión. El Supremo aplica así en términos muy literales la ley de Extranjería, según la cual la estancia ilegal se castiga con una multa, de modo que cualquier otro tipo de medidas más contundentes, como la expulsión del país, deben argumentarse por la existencia de «daños» o «riesgos» y en virtud de criterios justificados y no arbitrarios. No le basta al Supremo con que los extranjeros en cuestión hubieran sido detenidos por la presunta comisión de un delito o que desarrollaran una actividad (en un bar de alterne) sin autorización administrativa, recordando la abundante doctrina que declara esta última actividad como un medio lícito de vida. Se trata, en definitiva, de una interpretación generosa de la ley que tal vez pueda no ser criticable desde una perspectiva técnico-jurídica, pero que sí puede causar incomprensión en parte de la sociedad y, en cualquier caso, sitúa el problema en el ámbito del legislador, que no puede eludir por más tiempo su responsabilidad en esta materia.

Según todas las encuestas, la inmigración ilegal figura entre las preocupaciones principales de los españoles y la permanencia de muchos extranjeros en nuestro territorio al margen de la ley exige una respuesta eficaz de los poderes públicos. Cualquier flexibilidad en este terreno es interpretada por las mafias que trafican con seres humanos como una oportunidad. De hecho, las regularizaciones en masa y las leyes permisivas producen un «efecto llamada» puesto que transmiten al inmigrante el mensaje de que lo importante es entrar en España por cualquier medio, ya que la posibilidad de ser expulsado es muy remota.

El Gobierno ha practicado en este delicado asunto una política confusa, errática y muy criticada por la UE. Un falso «buenismo» aplicado a la inmigración irregular produce alarma social y no ayuda a la necesaria política de integración de los inmigrantes que llegan a España en busca de nuevas oportunidades. Ellos son los grandes perjudicados de una visión negativa de la inmigración, provocada por los grupos organizados que introducen a los ilegales y los dejan en absoluto desamparo. Si la legislación vigente permite una interpretación tan amplia como la realizada por el Tribunal Supremo, el deber del legislador es adaptar la ley para que no deje lugar a dudas. De lo contrario, la supuesta firmeza de los responsables de Interior respecto de casos concretos quedará en nada ante la decisión contraria de los jueces. Nadie debe vivir al margen de la ley en un Estado de Derecho, sea nacional o extranjero, porque de lo contrario la sociedad se sentirá indefensa.