JOSEP M.ª JORDÁN GALDUF
Comienza un nuevo curso en distintos ámbitos de actividad. Un curso marcado por una cierta incertidumbre sobre la marcha de la economía. El fuerte ritmo de crecimiento económico que ha venido experimentando España en los últimos 14 años es lógico que se desacelere tarde o temprano con el freno de la construcción de viviendas, pero no parece sensato anticipar una profunda crisis económica. Profetizar el catastrofismo para postularse como los salvadores de una hipotética recesión no sólo es una actitud demagógica, sino también irresponsable por cuanto contribuye a empeorar las expectativas y a debilitar la dinámica económica. Es cierto que los indicadores adelantados anuncian una gradual desaceleración, pero sin dramatismos de ningún tipo. Los buenos fundamentos de nuestra economía permiten gestionar adecuadamente el cambio de ciclo y favorecer la recuperación posterior. Pero también el Gobierno debe extremar su sensatez en las actuales circunstancias.
La marcha de la economía influirá, sin duda, en la evolución de la inmigración. Ésta se ha vista atraída por el fuerte crecimiento económico de los últimos 14 años y tal vez se verá frenada también si se desacelera el ritmo de crecimiento económico. A su vez, la inmigración ha sido (y es) un importante factor que ha contribuido al crecimiento de la economía española. Ello es reconocido por una amplia mayoría de los españoles (el 74%) en una reciente encuesta publicada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Dirección General de Integración de los Inmigrantes) sobre la opinión de los ciudadanos en materia de inmigración (incluyendo el racismo y la xenofobia). El 78% piensa que los inmigrantes ocupan los puestos de trabajo que los nacionales no desean. En otro orden de cosas, la encuesta muestra cierta preocupación por la integración social de los inmigrantes y por la delincuencia vinculada a algunos grupos específicos.
Los elevados diferenciales de renta y bienestar entre los países ricos y los países pobres explican en buena medida el fenómeno migratorio. Pero la inmigración se puede aprovechar asimismo como un instrumento de cooperación al desarrollo con los países de origen. Y eso es lo que están empezando a hacer tanto la Administración española como la valenciana. El II Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo, que se celebrará en Alicante a mediados de noviembre (organizado por las cinco universidades públicas valencianas y la Generalitat) se centrará precisamente en ese tema: en el vínculo que conviene establecer y aprovechar entre las migraciones y la cooperación con los países de procedencia, favoreciendo el codesarrollo.
Potenciar el desarrollo de los países pobres no sólo puede reducir sus flujos de emigración, sino que puede fortalecer también nuestro propio desarrollo en el contexto de un mundo más armónico, estable y seguro. Tal vez parezca optimista e ingenua esta aseveración, pero es difícil ver una solución alternativa ante los graves problemas que padece la humanidad en la actualidad. En consecuencia, conviene utilizar la inmigración en beneficio de ambas partes: los países de origen y los de destino. Tal como pretenden la Administración central y la autonómica, hay que avanzar aquí en una política migratoria que aproveche dichos recursos humanos y facilite su integración social, evitando las condiciones que pueden generar brotes de racismo y xenofobia. Al mismo tiempo, hay que impulsar y mejorar una política de cooperación al desarrollo con los países pobres aprovechando el vínculo de la inmigración. Todo ello, tanto en una fase de fuerte crecimiento económico como en otra de crecimiento más suave.
*Catedrático de Economía Aplicada. Universitat de València.
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