Barcelona, 18 oct (EFECOM).- La Delegación del Gobierno en Cataluña ha impuesto en lo que llevamos de año casi 600 sanciones en Barcelona en materia de extranjería, en la mayoría de los casos a 552 empresas por infracciones "muy graves" como promover la inmigración clandestina o contratar a inmigrantes sin papeles.
Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno, desde el pasado 1 de enero se han impuesto 552 sanciones a empresas por infracciones "muy graves", 29 a extranjeros por infracciones "graves" y 21 a extranjeros por infracciones "leves".
Entre las sanciones muy graves impuestas a las 552 empresas -que han tenido que pagar multas por un valor conjunto de 4,6 millones de euros-, figuran el hecho de promover o facilitar la inmigración clandestina o la contratación de trabajadores extranjeros sin que tengan la correspondiente autorización de trabajo.
En concreto, según la Delegación del Gobierno, las empresas que contratan a ciudadanos que se encuentran en situación irregular son sancionadas con 6.000 euros por cada uno de los trabajadores.
Por su parte, por una infracción grave -que han comportado a los 29 infractores pagar multas por un valor total de 8.279 euros-, se encuentran la estancia irregular en España y el hecho de trabajar sin haber obtenido la autorización de trabajo.
Asimismo se consideran infracciones leves las administrativas, como por ejemplo el retraso de hasta tres meses en la solicitud de renovaciones, que han provocado que los 21 infractores hayan tenido que pagar en conjunto 630 euros.
Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno, desde el pasado 1 de enero se han impuesto 552 sanciones a empresas por infracciones "muy graves", 29 a extranjeros por infracciones "graves" y 21 a extranjeros por infracciones "leves".
Entre las sanciones muy graves impuestas a las 552 empresas -que han tenido que pagar multas por un valor conjunto de 4,6 millones de euros-, figuran el hecho de promover o facilitar la inmigración clandestina o la contratación de trabajadores extranjeros sin que tengan la correspondiente autorización de trabajo.
En concreto, según la Delegación del Gobierno, las empresas que contratan a ciudadanos que se encuentran en situación irregular son sancionadas con 6.000 euros por cada uno de los trabajadores.
Por su parte, por una infracción grave -que han comportado a los 29 infractores pagar multas por un valor total de 8.279 euros-, se encuentran la estancia irregular en España y el hecho de trabajar sin haber obtenido la autorización de trabajo.
Asimismo se consideran infracciones leves las administrativas, como por ejemplo el retraso de hasta tres meses en la solicitud de renovaciones, que han provocado que los 21 infractores hayan tenido que pagar en conjunto 630 euros.
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