EL elevado aumento de la población en España de los últimos años, del cual la inmigración es el principal motor, está contribuyendo de manera decisiva al crecimiento de la economía española. En este contexto, y ante una eventual reforma del sistema de financiación autonómica, algunas Comunidades Autónomas (CCAA) se obstinan en arrojar a la escena pública un estéril debate, repleto de incorrecciones y casi rayando la xenofobia, sobre los inmigrantes y sus efectos en el marco financiero vigente. Tanto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera como en algunos medios que se han hecho eco, estas CCAA defienden que un inmigrante aporta a las arcas públicas regionales la mitad que un español, mientras que, al menos, requiere el mismo gasto público. Entonces, las CCAA que reciben inmigrantes registran un déficit que sólo se eliminaría con más recursos procedentes de la Administración central.Según el artículo 31 de la Constitución, no hay una relación estricta entre la financiación y el uso de los servicios públicos: no se proporcionan más y mejores servicios a quienes más contribuyen.
Lo mismo ocurre en el sistema de financiación de las CCAA. El sistema cubre las necesidades financieras de las CCAA para prestar servicios públicos a la población, a toda la población, mientras que ésta soporta los tributos en función de su capacidad económica. Es incoherente con la Constitución cuestionarse cuánto aportan los jubilados o los desempleados al sistema de financiación de las CCAA. Del mismo modo es absurdo, y contrario al principio de no discriminación por razón de nacimiento, relacionar los ingresos que generan a la Hacienda los inmigrantes con el gasto que generan. Las CCAA que propugnan discriminar por el origen olvidan, además de la existencia del artículo 14 de la Constitución, que un inmigrante aporta a las arcas públicas la misma cantidad que un español que tenga iguales recursos. Si el inmigrante medio aporta a Hacienda la mitad de recursos que el español medio, es simplemente porque el inmigrante medio posee menos de la mitad de recursos.Según datos del INE, entre 2002 y 2005 –primero y último año liquidado del sistema vigente de financiación autonómica, respectivamente–, la población ha crecido en España un 5,4%. Del total de nuevos residentes, el 77,2% eran extranjeros. El PIB nominal, en el período citado, ha aumentado en un 24,2%. Es más, el PIB per cápita ha crecido de 17.650 euros a 20.864 euros. Por su parte, según el Ministerio de Economía y Hacienda, la financiación de las CCAA ha aumentado entre 2002 y 2005 en el 30,3%, esto es, más de 6 puntos por encima del PIB español. En el sistema, el Fondo de Suficiencia o transferencia neta que realiza la Administración Central a las CCAA para completar sus ingresos tributarios, alcanzó la cifra en 2005 de 28.690 millones de euros, habiendo crecido un 26,9% respecto a 2002. Los datos anteriores señalan, y así lo confirman diversos estudios sobre los efectos de la inmigración, que España ha registrado un aumento de población que ha contribuido positivamente al crecimiento de la riqueza del país, el cual se ha trasladado fuertemente al aumento de la financiación de las CCAA, ya sea vía tributos o mediante el Fondo de Suficiencia.
La inmigración estaría aportando al crecimiento de la renta per cápita en España un 25%. Por tanto, cada español posee 800 euros más en 2005 que en 2002, gracias a los efectos directos e inducidos de la inmigración. El que la inmigración esté aumentando el PIB per cápita permite concluir que los ingresos recibidos por las haciendas estatales y autonómicas no sólo están aumentando porque hay más contribuyentes, sino también por el aumento de la renta del contribuyente medio en España. Además, dado que el sistema tributario es progresivo y que, por término medio, un no inmigrante posee mayor renta que un inmigrante, el efecto del aumento de renta de los españoles sobre las arcas públicas es aún mayor.Si en una futura reforma del sistema de financiación se plantea un mayor aumento de los ingresos a recibir por la Administración autonómica, deberá ir paralelo a una mayor o mejor valoración de los servicios públicos a prestar más que a la mayor población, elemento que ya está determinando la casi totalidad de los ingresos que reciben las CCAA. Y, desde luego, poco ayuda al progreso de la autonomía política y financiera el prejuicio ideológico que algunos pretenden asentar en nuestro país al querer considerar a los inmigrantes al margen del resto de nuestra población.
Lo mismo ocurre en el sistema de financiación de las CCAA. El sistema cubre las necesidades financieras de las CCAA para prestar servicios públicos a la población, a toda la población, mientras que ésta soporta los tributos en función de su capacidad económica. Es incoherente con la Constitución cuestionarse cuánto aportan los jubilados o los desempleados al sistema de financiación de las CCAA. Del mismo modo es absurdo, y contrario al principio de no discriminación por razón de nacimiento, relacionar los ingresos que generan a la Hacienda los inmigrantes con el gasto que generan. Las CCAA que propugnan discriminar por el origen olvidan, además de la existencia del artículo 14 de la Constitución, que un inmigrante aporta a las arcas públicas la misma cantidad que un español que tenga iguales recursos. Si el inmigrante medio aporta a Hacienda la mitad de recursos que el español medio, es simplemente porque el inmigrante medio posee menos de la mitad de recursos.Según datos del INE, entre 2002 y 2005 –primero y último año liquidado del sistema vigente de financiación autonómica, respectivamente–, la población ha crecido en España un 5,4%. Del total de nuevos residentes, el 77,2% eran extranjeros. El PIB nominal, en el período citado, ha aumentado en un 24,2%. Es más, el PIB per cápita ha crecido de 17.650 euros a 20.864 euros. Por su parte, según el Ministerio de Economía y Hacienda, la financiación de las CCAA ha aumentado entre 2002 y 2005 en el 30,3%, esto es, más de 6 puntos por encima del PIB español. En el sistema, el Fondo de Suficiencia o transferencia neta que realiza la Administración Central a las CCAA para completar sus ingresos tributarios, alcanzó la cifra en 2005 de 28.690 millones de euros, habiendo crecido un 26,9% respecto a 2002. Los datos anteriores señalan, y así lo confirman diversos estudios sobre los efectos de la inmigración, que España ha registrado un aumento de población que ha contribuido positivamente al crecimiento de la riqueza del país, el cual se ha trasladado fuertemente al aumento de la financiación de las CCAA, ya sea vía tributos o mediante el Fondo de Suficiencia.
La inmigración estaría aportando al crecimiento de la renta per cápita en España un 25%. Por tanto, cada español posee 800 euros más en 2005 que en 2002, gracias a los efectos directos e inducidos de la inmigración. El que la inmigración esté aumentando el PIB per cápita permite concluir que los ingresos recibidos por las haciendas estatales y autonómicas no sólo están aumentando porque hay más contribuyentes, sino también por el aumento de la renta del contribuyente medio en España. Además, dado que el sistema tributario es progresivo y que, por término medio, un no inmigrante posee mayor renta que un inmigrante, el efecto del aumento de renta de los españoles sobre las arcas públicas es aún mayor.Si en una futura reforma del sistema de financiación se plantea un mayor aumento de los ingresos a recibir por la Administración autonómica, deberá ir paralelo a una mayor o mejor valoración de los servicios públicos a prestar más que a la mayor población, elemento que ya está determinando la casi totalidad de los ingresos que reciben las CCAA. Y, desde luego, poco ayuda al progreso de la autonomía política y financiera el prejuicio ideológico que algunos pretenden asentar en nuestro país al querer considerar a los inmigrantes al margen del resto de nuestra población.
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