El Gobierno quiere perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal de personas Todos los 'pateristas' detenidos en Almería llegaron a tierra con extranjeros
La preocupación por controlar la llegada de inmigrantes al país, y a Almería, ha llevado al Gobierno a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar sus competencias y que pueda perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
Con la modificación de esta norma, que en estos momentos se encuentra en el Senado para su debate, se pretende ampliar la capacidad de la justicia y que pueda intervenir en aquellos casos en los que la localización de inmigrantes y 'mafiosos' tiene lugar fuera de aguas territoriales. Se da así respuesta a situaciones que pasan por el rescate de naves ocupadas por inmigrantes ilegales realizados más allá del territorio español -es decir, más allá de las 12 millas adyacentes a las costas españolas que delimitan el citado territorio- y con ello del ámbito en el que la jurisdicción penal española puede enjuiciar las conductas constitutivas de delito que en el mismo se han producido.
En el caso de Almería, fuentes de la Guardia Civil detallaron que nunca se han registrado localizaciones de embarcaciones con inmigrantes a bordo fuera de aguas almerienses. A pesar de la existencia de patrulleras mixtas -en las que se intercambian agentes del Instituto Armado Español con otros de la Gendarmería Marroquí-, los rescates que se llevan a cabo por parte del Cuerpo de Seguridad español se realizan siempre dentro del territorio marítimo nacional.
No obstante, la modificación permitirá que si un pesquero español rescatase en aguas de Marruecos, por ejemplo, una patera con inmigrantes y presuntos miembros de la red mafiosa en el interior con destino a territorio nacional, nuestra justicia pudiera pedirles cuentas. Además, este proyecto responde a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional que señala «que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto a los delitos» de este tipo.
No obstante, hay que resaltar que la lucha contra las mafias que se dedican a organizar las travesías desde Marruecos o Argelia hasta la costa española y, en concreto, la almeriense ha dado sus frutos. Un ejemplo de ello es que la Policía Nacional instruyó, recientemente, diligencias por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros contra tres de los 193 inmigrantes detenidos durante la última avalancha de pateras registrada en la provincia. Los imputados fueron arrestados por agentes de la Guardia Civil junto a otros siete inmigrantes cuando llegaron en una patera a cala Enmedio, en Níjar. Después del suceso y tras interrogar a los tripulantes, todos ellos argelinos, los agentes tomaron la decisión de instruir diligencias contra tres de ellos al considerar que podrían estar relacionados con la organización de la travesía hacia España.
Las penas que se solicitan para ellos por parte de la Fiscalía son elevadas -hay ejemplos de hasta siete años en los últimos meses- aunque fuentes de la Comisaría Nacional consultadas por IDEAL detallaron que, en ocasiones, es muy complicado obtener pruebas que puedan demostrar ante el juez que se trata de miembro de una red organizada que trafica ilegalmente con estas personas. Estas pruebas podrían ser el testimonio inculpatorio de los extranjeros que viajaban en la embarcación con el patrón, por ejemplo, o que se hallara una cartera en la que hubiera anotaciones de haber cobrado a los 'pasajeros'.
DIFICULTADES
F Pruebas: En ocasiones, es complicado encontrar algunas claras para demostrar ante un juez que un detenido es miembro de una red que se dedica al tráfico de inmigrantes.
F Ejemplos: Lo que sería evidente para lograr una condena es la acusación de los propios ocupantes de la patera o documentos que reflejen el cobro.
La preocupación por controlar la llegada de inmigrantes al país, y a Almería, ha llevado al Gobierno a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar sus competencias y que pueda perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
Con la modificación de esta norma, que en estos momentos se encuentra en el Senado para su debate, se pretende ampliar la capacidad de la justicia y que pueda intervenir en aquellos casos en los que la localización de inmigrantes y 'mafiosos' tiene lugar fuera de aguas territoriales. Se da así respuesta a situaciones que pasan por el rescate de naves ocupadas por inmigrantes ilegales realizados más allá del territorio español -es decir, más allá de las 12 millas adyacentes a las costas españolas que delimitan el citado territorio- y con ello del ámbito en el que la jurisdicción penal española puede enjuiciar las conductas constitutivas de delito que en el mismo se han producido.
En el caso de Almería, fuentes de la Guardia Civil detallaron que nunca se han registrado localizaciones de embarcaciones con inmigrantes a bordo fuera de aguas almerienses. A pesar de la existencia de patrulleras mixtas -en las que se intercambian agentes del Instituto Armado Español con otros de la Gendarmería Marroquí-, los rescates que se llevan a cabo por parte del Cuerpo de Seguridad español se realizan siempre dentro del territorio marítimo nacional.
No obstante, la modificación permitirá que si un pesquero español rescatase en aguas de Marruecos, por ejemplo, una patera con inmigrantes y presuntos miembros de la red mafiosa en el interior con destino a territorio nacional, nuestra justicia pudiera pedirles cuentas. Además, este proyecto responde a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional que señala «que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto a los delitos» de este tipo.
No obstante, hay que resaltar que la lucha contra las mafias que se dedican a organizar las travesías desde Marruecos o Argelia hasta la costa española y, en concreto, la almeriense ha dado sus frutos. Un ejemplo de ello es que la Policía Nacional instruyó, recientemente, diligencias por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros contra tres de los 193 inmigrantes detenidos durante la última avalancha de pateras registrada en la provincia. Los imputados fueron arrestados por agentes de la Guardia Civil junto a otros siete inmigrantes cuando llegaron en una patera a cala Enmedio, en Níjar. Después del suceso y tras interrogar a los tripulantes, todos ellos argelinos, los agentes tomaron la decisión de instruir diligencias contra tres de ellos al considerar que podrían estar relacionados con la organización de la travesía hacia España.
Las penas que se solicitan para ellos por parte de la Fiscalía son elevadas -hay ejemplos de hasta siete años en los últimos meses- aunque fuentes de la Comisaría Nacional consultadas por IDEAL detallaron que, en ocasiones, es muy complicado obtener pruebas que puedan demostrar ante el juez que se trata de miembro de una red organizada que trafica ilegalmente con estas personas. Estas pruebas podrían ser el testimonio inculpatorio de los extranjeros que viajaban en la embarcación con el patrón, por ejemplo, o que se hallara una cartera en la que hubiera anotaciones de haber cobrado a los 'pasajeros'.
DIFICULTADES
F Pruebas: En ocasiones, es complicado encontrar algunas claras para demostrar ante un juez que un detenido es miembro de una red que se dedica al tráfico de inmigrantes.
F Ejemplos: Lo que sería evidente para lograr una condena es la acusación de los propios ocupantes de la patera o documentos que reflejen el cobro.
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