España necesita dos millones más de inmigrantes para superar la crisis

CRUZ MORCILLO

MADRID. «Incluso en la hipótesis de crisis económica severa, necesitaríamos una media de 157.000 nuevos inmigrantes laborales cada año hasta 2020, más de dos millones de nuevos activos». Éste y unos cuantos más son los mensajes «atípicos» lanzados ayer, en plena desaceleración económica, por el grupo de Reflexión de la Fundación Empresa y Sociedad.

Los expertos, entre ellos el ex ministro Manuel Pimentel o el ex rector de la Complutense Rafael Puyol, quisieron desterrar las interpretaciones catastrofistas en materia de inmigración apoyándose en datos demográficos, económicos y sociales. La inmigración en España es un fenómeno «estructural, no coyuntural» y resulta clave para mantener nuestra economía en sectores como la hostelería, el comercio, el servicio doméstico o la atención a dependientes. La relación del fenómeno con la evolución demográfica es directa: la caída de la natalidad provoca que el mercado laboral no se abastezca por la base y a ello hay que unir el envejecimiento.
Casi seis millones
«No hay soluciones para las consecuencias económicas del envejecimiento sin contar con la inmigración», alertó Pujol. A partir de 2020 se jubilará la generación del «babyboom» y el relevo tendrá que llegar de la mano de los inmigrantes. Entre 2005 y 2020 se producirá una «transformación radical de la población residente» en España; los individuos de 16-39 años pasarán de 15,8 a 11 millones y los de 40 a 64 años crecerán en casi tres millones.

Puyol, demógrafo y actual vicepresidente de la Fundación Instituto Empresa, cifró el número de inmigrantes que viven entre nosotros en 5.800.000 personas, lo que representaría el 13 por ciento de la población total. Su cálculo surge de sumar los 4,5 millones empadronados, las 600.000 personas en supuesta situación irregular que él estima -«los del PSOE son a la baja y los del PP al alza»- más otros 700.000 extranjeros que se han nacionalizado en los últimos años y ya son españoles. Con estos datos se entiende que entre el 20 y el 25 por ciento del total de mano de obra sea inmigrante, una cifra que alcanzará el 35 por ciento en el horizonte de 2020. Según el documento presentado ayer, la mitad del crecimiento del PIB de los últimos cinco años se puede atribuir a la inmigración.
El programa Empresa e Inmigración tiene como objetivo inspirar políticas públicas relacionadas con los extranjeros,sobre todo en el sector empresarial, y cuenta con 23 socios, entre ellos los principales Bancos y Cajas así como algunas de las empresas más activas del país. Los seis miembros del grupo de Reflexión coincidieron en el mensaje constructivo y rechazaron cómo se ha abordado el papel de los extranjeros en la campaña electoral.

El ex ministro Pimentel abogó por una Ley de Inmigración en lugar de la vigente de Extranjería, por la regulación de flujos y una política de integración adecuada. Recordó que los inmigrantes han generado un superávit histórico en las cuentas públicas y criticó a quienes se rasgan las vestiduras por que ciudadanos extranjeros cobren prestaciones de desempleo. «Cualquiera que haya cotizado tiene derecho. Ya está bien de mensajes alarmistas», señaló el presidente del Grupo Almuzara.
En la misma línea, el catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona Josep Oliver explicó que «los inmigrantes se pagan su estancia en España, incluso los que están en situación irregular». La edad de esta mano de obra explica que no consuman proporcionalmente ni en sanidad ni en educación lo que aportan, mientras que en pensiones el gasto es inexistente.

En el debate sobre las ocupaciones salió a relucir el parón en la construcción: 655.000 extranjeros se emplean en este sector, según el INE. Los expertos señalan que este frenazo no debe generar alarma social ni por el posible desempleo ni en términos de seguridad ciudadana. «Una parte de los que dejen de trabajar en la construcción lo harán en otras actividades que seguirán necesitando mano de obra». La incertidumbre económica, apunta el documento, ayudará a «mitigar el efecto llamada y a reducir la inmigración irregular».