Varias regiones españolas diseñan en estos días legislaciones para gestionar mejor la inmigración en un momento en que el gobierno español ha decidido revisar sus políticas ante este fenómeno, sobre todo por el incremento del desempleo entre este colectivo. En España viven unos 100.000 paraguayos, de los cuales el 40% se encuentra en Madrid, según datos oficiales.
Click para agrandarEl gobierno de la región de Valencia (este), del conservador Partido Popular (PP), redacta un proyecto de ley para crear un “contrato de integración” de los inmigrantes similar al que propuso el líder del PP, Mariano Rajoy, durante la campaña para las elecciones legislativas del 9 de marzo, inspirado a su vez en el modelo francés.
Quien no firme este contrato, que estará inscrito en una ley de Integración del Inmigrante, “no va estar perjudicado en sus derechos como persona”, declaró este lunes el consejero valenciano de Inmigración, Rafael Blasco. “Pero va a tener dificultades porque estará rechazando una integración”, advirtió.
El contrato “explicita esa voluntad de aprender valenciano y castellano”, según Blasco, que detalló que éste conllevará “darles cursos de formación en el idioma valenciano” y recordó que esta fórmula ya se aplica en algunos de los “países más avanzados del mundo”.
Varias voces criticaron la medida, con la que se “quiere crear un debate falso en la sociedad”, según los principales sindicatos españoles.
La asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui denunció que la medida esconde una “campaña soterrada en contra de la inmigración, criminalizándola y acusándola de los males no resueltos por los gobiernos y administraciones”, según un comunicado.
Por su parte, el gobierno de la región de Cataluña (noreste), formado por una coalición de izquierdas, quiere definir por ley un cupo limitado de alumnos extranjeros en las clases de las escuelas para que éstas no se conviertan en guetos en los barrios de mayor concentración de extranjeros.
El anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña presentado el lunes, que afectaría no sólo a las escuelas públicas sino a las semiprivadas, también contempla que las escuelas con menos porcentaje de inmigrantes, lo incrementen.
Estas medidas se estudian en un momento en el que la desaceleración económica que sufre España y la alerta frente a la inmigración sembrada por el conservador PP durante la campaña electoral han llevado al gobierno socialista español a ser más activo al respecto.
Todo ello después de un período de bonanza económica en el que España creció hasta el 3,8% en 2007 gracias a la mano de obra extranjera, en un país en el que el 10% de sus 45 millones de habitantes son de fuera.
Por eso el gobierno creó un ministerio de Empleo e Inmigración, y ante el incremento del desempleo provocado por el empeoramiento de la situación económica, que afecta sobre todo a los extranjeros contratados en el sector de la construcción, prepara medidas para facilitar su retorno, siempre de manera voluntaria.
El lunes por la noche, el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a invitar a los inmigrantes que hayan perdido el empleo a plantearse el regreso a sus países de origen.
Para ello, el ejecutivo de Zapatero estudia otorgar microcréditos y que los que regresen puedan cobrar de una vez el subsidio por desempleo mensual español para poder irse con un capital que les permita instalarse en su país de origen.
“Muchos de ellos a lo mejor deciden irse de retorno a su país”, dejó caer, tras enumerar los incentivos que se preparan y recordar que “hay países que están demandando” el retorno de sus ciudadanos, como Ecuador y Rumania.
Por su parte, el nuevo ministro de Empleo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo hoy que está “totalmente abierto” a estudiar propuestas del partido conservador al respecto para adoptar leyes compartidas por una mayoría de partidos, en declaraciones a la televisión Antena 3.
Click para agrandarEl gobierno de la región de Valencia (este), del conservador Partido Popular (PP), redacta un proyecto de ley para crear un “contrato de integración” de los inmigrantes similar al que propuso el líder del PP, Mariano Rajoy, durante la campaña para las elecciones legislativas del 9 de marzo, inspirado a su vez en el modelo francés.
Quien no firme este contrato, que estará inscrito en una ley de Integración del Inmigrante, “no va estar perjudicado en sus derechos como persona”, declaró este lunes el consejero valenciano de Inmigración, Rafael Blasco. “Pero va a tener dificultades porque estará rechazando una integración”, advirtió.
El contrato “explicita esa voluntad de aprender valenciano y castellano”, según Blasco, que detalló que éste conllevará “darles cursos de formación en el idioma valenciano” y recordó que esta fórmula ya se aplica en algunos de los “países más avanzados del mundo”.
Varias voces criticaron la medida, con la que se “quiere crear un debate falso en la sociedad”, según los principales sindicatos españoles.
La asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui denunció que la medida esconde una “campaña soterrada en contra de la inmigración, criminalizándola y acusándola de los males no resueltos por los gobiernos y administraciones”, según un comunicado.
Por su parte, el gobierno de la región de Cataluña (noreste), formado por una coalición de izquierdas, quiere definir por ley un cupo limitado de alumnos extranjeros en las clases de las escuelas para que éstas no se conviertan en guetos en los barrios de mayor concentración de extranjeros.
El anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña presentado el lunes, que afectaría no sólo a las escuelas públicas sino a las semiprivadas, también contempla que las escuelas con menos porcentaje de inmigrantes, lo incrementen.
Estas medidas se estudian en un momento en el que la desaceleración económica que sufre España y la alerta frente a la inmigración sembrada por el conservador PP durante la campaña electoral han llevado al gobierno socialista español a ser más activo al respecto.
Todo ello después de un período de bonanza económica en el que España creció hasta el 3,8% en 2007 gracias a la mano de obra extranjera, en un país en el que el 10% de sus 45 millones de habitantes son de fuera.
Por eso el gobierno creó un ministerio de Empleo e Inmigración, y ante el incremento del desempleo provocado por el empeoramiento de la situación económica, que afecta sobre todo a los extranjeros contratados en el sector de la construcción, prepara medidas para facilitar su retorno, siempre de manera voluntaria.
El lunes por la noche, el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a invitar a los inmigrantes que hayan perdido el empleo a plantearse el regreso a sus países de origen.
Para ello, el ejecutivo de Zapatero estudia otorgar microcréditos y que los que regresen puedan cobrar de una vez el subsidio por desempleo mensual español para poder irse con un capital que les permita instalarse en su país de origen.
“Muchos de ellos a lo mejor deciden irse de retorno a su país”, dejó caer, tras enumerar los incentivos que se preparan y recordar que “hay países que están demandando” el retorno de sus ciudadanos, como Ecuador y Rumania.
Por su parte, el nuevo ministro de Empleo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo hoy que está “totalmente abierto” a estudiar propuestas del partido conservador al respecto para adoptar leyes compartidas por una mayoría de partidos, en declaraciones a la televisión Antena 3.
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