Inmigración, control y cualificación

POR PEDRO MIELGO

LA inmigración constituye hoy uno de los grandes retos de las sociedades avanzadas. Como tantos otros retos puede ser una gran oportunidad, pero sólo si se gestiona bien en su dimensión política.
Una visión estratégica positiva aconseja articular la política de inmigración alrededor de tres factores clave. En primer lugar, un grado de apertura que facilite la entrada de la mano de obra y del talento que nuestra economía necesita. En segundo lugar, control y firmeza en la regulación de los flujos de entrada, desincentivando la irregularidad y haciendo de la inmigración un factor de equilibrio social y económico. Y, finalmente, una integración real de los inmigrantes. Todo ello tiene por objeto asegurar que ambas partes, inmigrantes y países receptores, obtienen los beneficios que legítimamente esperan de este proceso de apertura.
De estos tres factores, que dan título al reciente documento del Círculo de Empresarios sobre la inmigración (apertura, control e integración), voy a referirme aquí al control, un aspecto crucial en cualquier política ordenada de inmigración. La llegada de inmigrantes a España en los últimos años no tiene precedentes por su magnitud, rapidez e intensidad. Otros países nos han precedido en la recepción de inmigrantes, y algunos se han formado a partir de la inmigración, pero en largos períodos de tiempo, de forma paulatina y controlada.
De un modo u otro, todos los países aplican mecanismos para seleccionar a los inmigrantes que podrán residir de forma legal en sus territorios, aunque el control sobre las entradas legales no es plenamente discrecional. Los ordenamientos jurídicos reconocen derechos humanos fundamentales (la reordenación familiar, por ejemplo) y otros, recogidos en los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el país -como la libertad de movimientos de los trabajadores en el seno de la Unión Europea-, lo cual resta márgenes de discrecionalidad en el manejo de los flujos inmigratorios y proporciona seguridad jurídica. De todas formas, esa discrecionalidad no se ha empleado eficazmente en el caso español. Por un lado nuestro país no ha sido capaz de atraer flujos importantes de trabajadores cualificados, fundamentalmente porque no se han planteado políticas orientadas en esa dirección. Por otro, han aparecido grandes bolsas de irregularidad que, de forma recurrente, se han tratado de aliviar con regularizaciones masivas.
Para resolver esas carencias, la política de gestión de los flujos de entrada podría responder a un sistema mixto, articulado alrededor de dos tipos de inmigración: la de trabajadores cualificados y la de inmigrantes con cualificación baja.
Nuestra economía necesita evolucionar hacia un modelo de crecimiento basado en un patrón de especialización en actividades de mayor valor añadido. Precisamos, entre otros factores, de un mayor capital humano. En este sentido, la inmigración cualificada se erige como una posible solución para la escasez de ese recurso. De esta forma, las insuficiencias en materia de formación que van apareciendo en nuestro sistema productivo pueden ser subsanadas con medidas que permitan atraer a este tipo de inmigrantes, tal y como están haciendo otros países desarrollados. Las vías administrativas que existen en España para gestionar la entrada de este tipo de inmigración adolecen de grandes retrasos y van acompañadas de complejos requisitos que dificultan enormemente su aplicación práctica.
La gestión de este tipo de inmigración se puede llevar a cabo mediante alguna variante del sistema de puntos, sistema que ya viene siendo utilizado por algunos países de larga tradición inmigratoria, como Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Consiste en aplicar a cada inmigrante potencial una serie de puntos en función de variables como edad, formación, experiencia y dominio de la lengua del país receptor, dando entrada legal a aquellos que logren el mínimo de puntos requerido por las autoridades.
Este sistema de puntos facilita la inmigración de quienes tienen unas mejores perspectivas de integración laboral, económica y social, así como una mayor probabilidad de contribuir a la prosperidad del país. Para flexibilizar esta forma de entrada de inmigrantes, es preciso mejorar la información y agilizar los trámites administrativos. Y no debemos olvidar que todos los países que tratan de atraer a trabajadores cualificados compiten por ellos, de tal forma que los procedimientos complicados o lentos de concesión de permisos no son sino una desventaja competitiva. También habría que adoptar medidas y reformas en otros campos, como la Universidad y en general el conjunto del sistema educativo, que debe introducir mecanismos efectivos que permitan captar estudiantes, profesores e investigadores de otros países. Desafío adicional será el de retener a quienes hayan adquirido una formación o una experiencia valiosa en nuestro país.
Pero una eficaz política de inmigración no puede restringirse a trabajadores cualificados, sino que debe seguir contemplando mecanismos controlados de entrada de personas con menor cualificación profesional. Con objeto de evitar los flujos incontrolados es necesario que los inmigrantes obtengan su permiso de trabajo y residencia sólo cuando dispongan de una oferta de trabajo en firme antes de llegar al país. Esto se puede regular a través de convenios entre España y los países emisores. Sólo una gestión administrativa ágil permitirá cubrir las necesidades de nuestra economía de manera eficiente, reduciendo así el riesgo de recurrir a inmigrantes que entren de manera ilegal en nuestro país.
Otros aspectos a tener en cuenta son la mejora de la gestión de los contingentes en el caso de los trabajadores indefinidos, así como la mejora de los sistemas de contratación de temporeros en cuestiones como el control administrativo y de seguridad de todo el proceso, la coordinación entre las distintas administraciones y la coordinación internacional.
Con una apertura razonable, un control ordenado y una integración eficaz, la inmigración podrá ser percibida no como un problema, sino como la oportunidad para contribuir al crecimiento económico y al bienestar social de todos.
Presidente del
Comité de Inmigración
del Círculo
de Empresarios