La inmigración no es un problema para una sociedad como la española que ha recibido por vez primera en su historia moderna un enorme caudal inmigratorio (3,3 millones de personas en apenas una década), si no más bien la solución para resolver importantes problemas que a todos nos afectan. Aunque, como ocurre con otros fenómenos sociales que se producen de manera brusca, la llegada de personas de otros países puede generar problemas si no somos capaces de gestionarla adecuadamente. La percepción de la inmigración como un fenómeno negativo debe corregirse rápidamente.
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Uno de los problemas que precisamente la inmigración está ayudando a resolver de manera significativa es el del empleo. Los inmigrantes están cubriendo el déficit de población que la caída de natalidad ha producido en el mercado de trabajo de nuestro país. Basta observar la pirámide de la población activa española para darnos cuenta de que entre los 16 y 24 años hay un déficit de población de aproximadamente dos millones de personas (Observatorio de Salud Laboral: www.osl.upf.edu) que no hubiera permitido, de no haber contado con la ayuda de los inmigrantes, crear en la última década más de seis millones de nuevos puestos de trabajo asalariados, la mitad de los cuales son ocupados por mujeres. Diversas fuentes han indicado que en España el crecimiento per cápita podría haberse reducido a la mitad, o menos, del que realmente se ha producido de no haber habido inmigrantes, por lo cual la economía española se habría resentido gravemente.
Por tanto, podemos decir que los inmigrantes nos están ayudando a adaptarnos a una economía cada vez más centrada en el sector servicios, la cual tiende a concentrar la demanda laboral principalmente hacia los dos extremos del mercado laboral: los trabajadores altamente cualificados por un lado y los trabajadores sin apenas cualificación y con alta precariedad laboral por otro. En este segundo grupo es donde se insertan mayoritariamente los inmigrantes.
La reciente regularización de un gran número de inmigrantes realizada en España, tan denostada, pero tan imprescindible e incompleta en nuestra opinión, ha mostrado con claridad que una parte importante de los inmigrantes, la mayoría de los cuales ya estaban trabajando en la economía sumergida, se hayan incorporado mayoritariamente en actividades como la construcción, la agricultura, la hostelería, la limpieza, etcétera. Las llamadas ocupaciones d: dirty, demanding y dangerous, según la terminología anglosajona: sucios, exigentes y peligrosos.
Y es aquí donde puede -de hecho ya está pasando- surgir un nuevo problema relacionado ahora con la salud de los inmigrantes, pues éstos se están convirtiendo en un grupo especialmente expuestos a los riesgos laborales. Efectivamente, una revisión reciente de la literatura científica, llevada a cabo por nuestro grupo, muestra cómo los inmigrantes tienen un mayor riesgo de padecer lesiones por accidente de trabajo y otros problemas de salud laboral en relación a los trabajadores autóctonos. Un mayor riesgo que, en la medida que pasa el tiempo de residencia en el país de acogida, se aproxima al de los trabajadores autóctonos. En España, los datos no parecen reflejar adecuadamente la realidad, ya que si bien las cifras para el conjunto de España indican que no hay diferencias en el riesgo de sufrir lesiones producidas por accidentes de trabajo entre ambos grupos de trabajadores, en algunas comunidades autónomas como Aragón, donde las estadísticas de accidentes de trabajo se depuran cuidadosamente, el riesgo de padecer una lesión mortal por accidente de trabajo fue tres veces superior entre los trabajadores inmigrantes respecto a los trabajadores autóctonos en 2005. (http://portal.aragob.es/ISSLA).
Pero este hecho no es sino la parte más visible del problema, ya que las enfermedades musculoesqueléticas y, especialmente, las mentales, entre otras, pueden estar afectando de manera especial a este colectivo. Lamentablemente, la información disponible es muy escasa, y seguramente no es fácil de obtener dada las posibles barreras culturales y sociales para acceder a estos trabajadores. Pero ello no puede servir de excusa para pedir que mejoren los datos y estudios estadísticos oficiales, así como para que se realicen otros estudios de carácter cualitativo que permitan conocer mejor esta realidad. Estudiar y hacer visible un problema es el primer paso para plantear su solución.
El trabajo, la búsqueda de un puesto de trabajo digno y saludable, debe ser uno de los principales argumentos centrales del debate sobre la inmigración, y su adecuada inserción laboral el gran reto que tenemos planteado. Una inserción laboral que lamentablemente se caracteriza con una gran frecuencia por la precariedad laboral e irregularidad que hoy día caracterizan a muchas de las actividades que realizan. Ello nos obliga no sólo a establecer políticas del mercado laboral efectivas sino también a establecer programas específicos de protección de la salud de este colectivo de trabajadores. Los cuales deben ser evaluados sistemáticamente. La Administración laboral junto con la Administración sanitaria deben colaborar para garantizar el derecho a la salud y a un trabajo en condiciones saludables. La aportación que están haciendo los trabajadores inmigrantes al bienestar de todos no debe hacerse al precio de poner a riesgo su propia salud.
Fernando G. Benavides y Joan Benach pertenecen a la Unidad de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
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Uno de los problemas que precisamente la inmigración está ayudando a resolver de manera significativa es el del empleo. Los inmigrantes están cubriendo el déficit de población que la caída de natalidad ha producido en el mercado de trabajo de nuestro país. Basta observar la pirámide de la población activa española para darnos cuenta de que entre los 16 y 24 años hay un déficit de población de aproximadamente dos millones de personas (Observatorio de Salud Laboral: www.osl.upf.edu) que no hubiera permitido, de no haber contado con la ayuda de los inmigrantes, crear en la última década más de seis millones de nuevos puestos de trabajo asalariados, la mitad de los cuales son ocupados por mujeres. Diversas fuentes han indicado que en España el crecimiento per cápita podría haberse reducido a la mitad, o menos, del que realmente se ha producido de no haber habido inmigrantes, por lo cual la economía española se habría resentido gravemente.
Por tanto, podemos decir que los inmigrantes nos están ayudando a adaptarnos a una economía cada vez más centrada en el sector servicios, la cual tiende a concentrar la demanda laboral principalmente hacia los dos extremos del mercado laboral: los trabajadores altamente cualificados por un lado y los trabajadores sin apenas cualificación y con alta precariedad laboral por otro. En este segundo grupo es donde se insertan mayoritariamente los inmigrantes.
La reciente regularización de un gran número de inmigrantes realizada en España, tan denostada, pero tan imprescindible e incompleta en nuestra opinión, ha mostrado con claridad que una parte importante de los inmigrantes, la mayoría de los cuales ya estaban trabajando en la economía sumergida, se hayan incorporado mayoritariamente en actividades como la construcción, la agricultura, la hostelería, la limpieza, etcétera. Las llamadas ocupaciones d: dirty, demanding y dangerous, según la terminología anglosajona: sucios, exigentes y peligrosos.
Y es aquí donde puede -de hecho ya está pasando- surgir un nuevo problema relacionado ahora con la salud de los inmigrantes, pues éstos se están convirtiendo en un grupo especialmente expuestos a los riesgos laborales. Efectivamente, una revisión reciente de la literatura científica, llevada a cabo por nuestro grupo, muestra cómo los inmigrantes tienen un mayor riesgo de padecer lesiones por accidente de trabajo y otros problemas de salud laboral en relación a los trabajadores autóctonos. Un mayor riesgo que, en la medida que pasa el tiempo de residencia en el país de acogida, se aproxima al de los trabajadores autóctonos. En España, los datos no parecen reflejar adecuadamente la realidad, ya que si bien las cifras para el conjunto de España indican que no hay diferencias en el riesgo de sufrir lesiones producidas por accidentes de trabajo entre ambos grupos de trabajadores, en algunas comunidades autónomas como Aragón, donde las estadísticas de accidentes de trabajo se depuran cuidadosamente, el riesgo de padecer una lesión mortal por accidente de trabajo fue tres veces superior entre los trabajadores inmigrantes respecto a los trabajadores autóctonos en 2005. (http://portal.aragob.es/ISSLA).
Pero este hecho no es sino la parte más visible del problema, ya que las enfermedades musculoesqueléticas y, especialmente, las mentales, entre otras, pueden estar afectando de manera especial a este colectivo. Lamentablemente, la información disponible es muy escasa, y seguramente no es fácil de obtener dada las posibles barreras culturales y sociales para acceder a estos trabajadores. Pero ello no puede servir de excusa para pedir que mejoren los datos y estudios estadísticos oficiales, así como para que se realicen otros estudios de carácter cualitativo que permitan conocer mejor esta realidad. Estudiar y hacer visible un problema es el primer paso para plantear su solución.
El trabajo, la búsqueda de un puesto de trabajo digno y saludable, debe ser uno de los principales argumentos centrales del debate sobre la inmigración, y su adecuada inserción laboral el gran reto que tenemos planteado. Una inserción laboral que lamentablemente se caracteriza con una gran frecuencia por la precariedad laboral e irregularidad que hoy día caracterizan a muchas de las actividades que realizan. Ello nos obliga no sólo a establecer políticas del mercado laboral efectivas sino también a establecer programas específicos de protección de la salud de este colectivo de trabajadores. Los cuales deben ser evaluados sistemáticamente. La Administración laboral junto con la Administración sanitaria deben colaborar para garantizar el derecho a la salud y a un trabajo en condiciones saludables. La aportación que están haciendo los trabajadores inmigrantes al bienestar de todos no debe hacerse al precio de poner a riesgo su propia salud.
Fernando G. Benavides y Joan Benach pertenecen a la Unidad de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
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