Acusan al Gobierno de "abrir una página negra en la historia de los derechos humanos en nuestro país" MADRID, 17-MAY-2007La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional (AI) y Médicos del Mundo urgieron hoy al Gobierno a trasladar a España a los 23 inmigrantes irregulares del Marine I que permanecen "en un limbo jurídico" en el puerto de Nuadibú (Mauritania) y en condiciones físicas y psíquicas "precarias".
En rueda de prensa, el presidente de CEAR, Ignacio Díaz de Aguilar, explicó que estas personas se encuentran en una situación de indefensión y de "detención arbitraria" en una zona internacional del citado puerto.
A renglón seguido, el presidente de CEAR acusó al Gobierno de "abrir una página negra en la historia de los derechos humanos de nuestro país" por mantener a estas personas en Mauritania.
"No hay ningún motivo que justifique que se prolongue esta situación de detención arbitraria, ni la lucha contra las mafias, ni dar una imagen de fortaleza del Gobierno español, ni ninguna otra razón de orden político que pueda existir. Nada puede justificar que se prolongue esta detención en estas condiciones en Mauritania por parte de la autoridades españolas", recalcó.
El presidente de CEAR anunció que las tres ONG presentarán una denuncia de esta situación ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado y no descartan hacerlo ante el Parlamento Europeo y el Comisario Europeo de Derechos Humanos.
Además, Diaz de Aguilar comentó que ha pedido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entrevistas "profundas" a estos 23 inmigrantes, por si son susceptibles de asilo en España, ya que han alegado sufrir persecución en sus países.
También dijo que esta situación crea "precedente muy grave, de crear espacios fuera del control de la legalidad, fuera del control de los jueces, en los cuales los gobiernos pueden actuar en los flujos migratorios con absoluta libertad y sin ningún tipo de responsabilidad".
"Estos espacios son cada vez más preocupantes, está el precedente, que si bien, evidentemente, por sus circunstancias es completamente distinto, como ha sido el de Guantánamo, pero que al final son espacios que están fuera del control de la legalidad", concluyó.
Por su parte, Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI, también denunció la detención "indefinida" y "arbitraria" de estas personas, que, según recalcó, no han tenido acceso siquiera a un abogado y, además, no están acusado de delito alguno.
Por ello, Álvarez exigió al Ejecutivo que asegure unas condiciones dignas a estas personas, "en particular para no menoscabar su salud física y mental, ya que la situación en la que se encuentran podría considerarse, incluso, maltrato".
En este sentido, Pau Pérez, psiquiatra de Médicos del Mundo, detalló la precaria situación física y psíquica de los 23 inmigrantes irregulares, que presentan problemas osteomusculares, respiratorios y de piel.
Concluyó que lo más "preocupante" es la situación psicológica de estas personas, entre las que se encuentran siete afectados de depresión grave, seis con cuadros de ansiedad y cuatro con ideas de suicidio.
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