SERVIMEDIA
MADRID, 04-MAY-2007
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) coincidieron hoy en sepalar que es muy probable que este verano se encuentren pateras en el Levante español y Baleares.
"La inmigración no es una opción, sino una realidad que no se puede frenar y que va a marcar la España y la Europa de los años que vienen", señaló José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge.
"Cuando se blindó el estrecho, el problema de la inmigración se trasladó a Ceuta y Melilla. Luego llegaron los cayucos a Canarias, y seguramente este verano nos encontrenmos con pateras en el Levante y en Baleares", indicó.
Asimismo, Morales aseguró que "no se pueden poner puertas al campo ni pensar en que se puede controlar todo el litoral europeo".
Las tres organizaciones informaron hoy del anuncio de recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, que regula el régimen en España de los ciudadanos comunitarios y sus familias.
Según las tres ONG, el Real Decreto establece un agravio comparativo de los ciudadanos españoles no nacidos en España, respecto de los demás ciudadanos comunitarios.
La discriminación más importante hace referencia a la reagrupación familiar de los ascendientes de primera línea. "Un ciudadano español que quiera traer a sus padres de cualquier país no comunitario tendrá que seguir los mismos trámites que un ciudadano extranjero no comunitario que viva en España", explicó Morales.
"Por lo tanto, se da la paradoja de que para un ciudadano francés es más fácil traerse a España a sus padres ecuatorianos o marroquíes que para un ciudadano español, porque los trámites son mucho más sencillos", indicó.
"Vamos caminando hacia un futuro en el que una parte de los ciudadanos españoles habrán nacido fuera de España pero serán españoles de pleno derecho. Estas personas deben vivir con los mismos derechos que los españoles nacidos aquí", señaló el secretario general de andalucía Acoge.
Diego Boza, asesor jurídico de Apdha, explicó que el otro aspecto susceptible de recurso está relacionado con el registro de las parejas de hecho integradas por un español y un no comunitario.
"El Real Decreto establece que, para conceder la tarjeta de familiar de residente a la pareja de hecho de un ciudadano comunitario, esa pareja debe estar inscrita en un registro único", indicó.
"Por lo tanto, a todos los efectos, el Real Decreto no reconoce como válidos los registros municipales y autonómicos que existen para parejas de hecho españolas, y remite a un registro único y especializado que además no crea, con lo que no existe, de modo que esa parte de la norma no puede aplicarse", añadió.
Por su parte, Arsenio García, responsable del servicio jurídico de CEAR Madrid, recordó que "el Consejo de Estado ya puso los peros que ahora estamos señalando cuando recibió el proyecto de Real Decreto. El Foro Estatal de Inmigración también avisó de que el tema no estaba bien planteado y podía ser motivo de recurso".
Por ello, Morales concluyó que "este no es un caso en el que el Gobierno haya podido cometer un error. Era consciente de que se podían vulnerar derechos fundamentales, y aún así ha decidido seguir adelante. No parece que sea una forma de trabajar realmente por la inmigración".
Una vez anunciado el recurso, las organizaciones están a la espera de que el Supremo les solicite los artículos del Real Decreto que recurren y la documentación que aportan para apoyar el recurso.
"Cuando uno plantea un recurso no es una rabieta porque considere que algo es injusto éticamente, sino algo incompatible con la legislación que ahora existe. Nos puede gustar más o menos la legislación que nos rodea, pero todos, y el primero el Estado, estamos sometidos a ella, y lo que pedimos es que se cumpla", señaló Morales.
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