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MADRID, 07-JUN-2007La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) presentó hoy el estudio "Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España", que, entre otras, propuestas recoge ofrecer un visado de estancia temporal de seis meses para "resolver" el problema del más de un millón de inmigrantes irregulares que hay en España.
MADRID, 07-JUN-2007La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) presentó hoy el estudio "Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España", que, entre otras, propuestas recoge ofrecer un visado de estancia temporal de seis meses para "resolver" el problema del más de un millón de inmigrantes irregulares que hay en España.
El estudio señala que, "aún a costa de fomentar el efecto 'llamada', la única alternativa viable" para los irregulares es proceder a su regularización siempre que prueben que lleven al menos un año en España y no tengan problemas con la Justicia, facilitándoles un visado temporal de seis meses o un año".
Este informe destaca, además, las dificultades de cualquier gobierno democrático para expulsar a millares de inmigrantes irregulares y subraya que en España, desde 2002, sólo se consiguen ejecutar anualmente un 30% de las órdenes de expulsión que se dictan.
Para frenar la inmigración clandestina hacia España, el estudio aboga un mayor control de las fronteras en puertos y aeropuertos, la contratación de inmigrantes en sus países de origen y "desmantelar" buena parte de la Política Agraria Común imperante en la UE "que ayudaría a atemperar los crecientes flujos de inmigrantes".
Además, Juan José Dolado, catedrático de la Universidad Carlos III y uno de los autores del estudio, destacó en rueda de prensa que el Gobierno debería conceder visados de entrada en España para aquellos emigrantes que quieran venir a buscar trabajo a este país.
En este sentido, aclaró que el citado visado sería de estancia temporal de hasta cinco años y que el emigrante no tendría que contar con un contrato de trabajo, lo que permitíra su movilidad laboral en diversos sectores. Además, dijo que el emigrante debería pagar unos 1.000 euros por su entrada en España, que le serían devueltos si decide regresar a su país.
Por otro lado, José Ignacio Conde-Ruíz, de FEDEA y uno de los autores del informe, subrayó que España tiene actualmente garantizada las pensiones gracias a la aportación de los inmigrantes pero que en el futuro habrá que revisar este sistema, porque autóctonos e inmigrantes compartirán la misma pauta demográfica y éstos últimos también serán beneficiarios de pensiones.
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