Positiva inmigración legal

LOS datos del informe «España 2007» de la Fundación Encuentro confirman el perfil social y económico más ponderado respecto de la inmigración. Cuando el fenómeno migratorio se encauza por vías legales, aporta considerables beneficios al país de recepción y también, a través del retorno de divisas, para los países de origen. Los datos son muy precisos. Más de la mitad del crecimiento de la economía española en los últimos cinco años es imputable a los inmigrantes, que constituyen a día de hoy alrededor del 10 por ciento de la población. En torno a dos millones cotizan a la Seguridad Social y es muy significativo que -con cifras del 2005- una de cada cuatro viviendas ha sido adquirida por personas que han llegado a España en busca de nuevas oportunidades. Estamos, por tanto, ante un elemento positivo y deseable, siempre y cuando se respete con todo rigor la legalidad en todos los terrenos: entrada y permanencia en territorio español, permisos de residencia y de trabajo, estricto cumplimiento por empresarios y trabajadores de las normas laborales y, por supuesto, control administrativo eficaz para evitar la acción delictiva de las mafias y la presencia de «irregulares» en situación de desamparo jurídico y material. Al igual que otros países europeos, España está recibiendo una fuerte inyección de mano de obra dispuesta a trabajar y a prosperar, y es un deber inexcusable de los poderes públicos que este flujo migratorio se ordene conforme a pautas razonables y sensatas.
Todavía queda mucho por hacer de cara al futuro. Según la Fundación Encuentro, para mantener el crecimiento actual del PIB sería precisa la incorporación de entre cuatro y siete millones de trabajadores extranjeros hasta el 2020. En el ámbito de la Unión Europea, los cálculos más precisos hablan de cuarenta y cinco millones hasta el año 2050. La tendencia que detectan los informes de Naciones Unidas tiene en cuenta el fenómeno de las «migraciones de reemplazo» para solventar las necesidades de los países desarrollados. Todo ello refuerza los argumentos en favor del control y la regularidad del proceso. En este sentido, el populismo que pretende descalificar a los inmigrantes no resiste el contraste con los datos objetivos: mientras que su aportación supone más de 23.400.000 euros al año, lo que reciben en prestaciones sociales se sitúa en algo más de 18.600.000 euros. El beneficio de su actividad como consumidores de bienes y servicios alcanza a múltiples sectores. Por citar un ejemplo significativo, los inmigrantes suscriben en nuestro país entre el 15 y el 20 por ciento de las hipotecas. En definitiva, estamos ante un fenómeno positivo que exige una especial atención desde el punto de vista jurídico y sociológico. En un Estado de Derecho nadie, sea nacional o extranjero, puede vivir al margen de la ley. En una sociedad bien ordenada, la convivencia deriva del respeto mutuo y de la exigencia para todos acerca del cumplimiento de sus obligaciones. Sólo por esta vía seguirá produciendo beneficios uno de los más importantes fenómenos sociales de nuestro tiempo.