Después de casi 3 años, a Wilmer López lo expulsaron de Canarias, presuntamente sin el debido proceso. Vivía ilegal. En un mes devolvieron a 25 venezolanos en inmigración. Por Giuliana Chiappe
Dos años y siete meses había sobrevivido Wilmer Ramón López en esa sombra penitente que es la ilegalidad de estar en Canarias sin papeles. Quien cumple tres años en tal condición puede solicitar la residencia, si muestra un contrato de trabajo y demuestra arraigo con España. Y qué más arraigo, pensaba él, que un hijo nacido en el hospital de Arona, al sur de Tenerife, una familia bien constituida y acoplada a su comunidad y un patrón dispuesto a otorgarle el ansiado documento laboral.
Así que Wilmer ya se atrevía a hacer el conteo de la esperanza, seis meses más y se acabó el transitar de ciudadano inexistente, cuando un inspector detectó a su esposa, Daisy, laborando sin permiso de trabajo en la cocina de un restaurante. Al interrogarla e iniciar el trámite judicial por su ilegalidad, supo de Wilmer. También abrió un proceso contra él. Pero los esposos se quedaron, en parte, tranquilos, porque contactaron a una abogada, Albania Oyarzún, que consideró que las posibilidades de lograr la legalidad por arraigo eran altas y porque, dice Wilmer, "estaba en trámites y a punto de regularizar mi situación. Nunca pensé que después de casi tres años en Tenerife me expulsarían de la isla".
La realidad lo zarandeó el pasado viernes 5 de octubre a las seis de la tarde. Ese día, a esa hora, estaba con su familia, en su casa, como todos los días. Ocho horas después, a las dos de la madrugada del sábado, volaba solo y con el pasaporte vencido, hacia Venezuela, expulsado de Canarias. En el ínterin, cuenta, ocurrió la visita de la policía, un viaje al aeropuerto en patrulla, una supuesta confusión intencional, orden de deportación inmediata, oídos sordos, cero explicaciones y comentarios irónicos, además de presuntos maltratos.
No ha sido la única deportación de un venezolano que vive ilegal en Canarias, pero posiblemente sí de las más traumáticas y veloces. Las leyes españolas son más bien respetuosas de los derechos de los inmigrantes sin papeles y, antes de expulsarlos, obligan a un proceso judicial que suele demorar seis meses, tiempo durante el cual se le confisca el pasaporte al extranjero y se le prohíbe movilizarse fuera de la entidad. Según el último Anuario de la Comunicación del Inmigrante, cerca de 70% de los que llegan ilegalmente se quedan definitivamente en España, que ya es el país europeo con mayor tasa de extranjeros: 10%, superando a Francia, con 9,6 y a Alemania, con 8,9%. En el caso de Wilmer, esos seis meses de proceso se recortaron a la mitad y sólo demoró tres meses, porque se obviaron, dice la abogada, las notificaciones. El proceso de Daisy, su esposa, comenzó antes y aún no ha concluido. Ella permanece en España junto con sus hijos.
Venezuela está lejos de ser un maná de inmigrantes ilegales para España. Las diásporas masivas de sinpapeles parten de Marruecos, Rumania y Ecuador, en ese orden. Pero en los últimos años, y aunque no se dispone de cifras oficiales, la clandestinidad de venezolanos se ha incrementado. Una de las entradas favoritas es Tenerife, por lo que es comprensible que se hayan fortalecido los controles en inmigración, especialmente en el único vuelo procedente de Caracas, el de Santa Bárbara Airlines, que aterriza los viernes en la tarde.
Lo que se está demandando en el caso de Wilmer, a quien representa la abogada Oyarzún, es la violación del debido proceso y de derechos internacionales. El venezolano también asegura haber sido víctima de maltratos y comentarios con matices racistas por parte de los policías de inmigración.
Según la especialista en leyes, entre las irregularidades cometidas por los funcionarios de inmigración se encuentra que "la propuesta de expulsión carece de fecha y de los posibles recursos (de defensa) que cabe interponer, la falta de notificación de la propuesta de expulsión a pesar de conocer el domicilio de mi representado; la falta de resolución final (de expulsión) por parte de la subdelegación de gobierno; la deportación con pasaporte vencido desde el 5 de septiembre de ese año (cuando se inició el trámite estaba vigente) y la falta de notificación al consulado venezolano de que Wilmer Tejera no tenía pasaporte válido para que se le pueda expedir un salvoconducto o renovar el documento, además de la violación de los artículos 7, 8 y 16 de la declaración universal de los derechos humanos, sobre la discriminación, indefensión de sus derechos y la protección de su familia como derecho fundamental". Wilmer añade una irregularidad más, que asegura haber comunicado a funcionarios del Consulado Español en Caracas, que lo atendieron en la convalidación de un documento de su abogada: "al salir de Tenerife, no colocaron el sello de salida a mi pasaporte. Sólo tengo el de entrada a Caracas. Pude ingresar porque los funcionarios venezolanos fueron muy comprensivos".
Historia de inmigrante
Wilmer no parece canario. Para nada. Empezando por el nombre: en Venezuela será usual, pero no en España. El color de su piel, morena, lo negrísimo de su cabello y de sus ojos y ese hablar oriental -nació en Puerto La Cruz- que no ha perdido pese al tiempo en Europa lo marcan como un foráneo evidente. Pese a todo eso, nunca se sintió discriminado en Tenerife. Los únicos episodios malsanos en ese sentido, dice haberlos vivido por parte de la policía de inmigración. "Siempre me sentí muy bien. Tengo muchos amigos canarios. Una vez, pese a estar ilegal, denuncié en la comisaría a un señor que no me quería pagar y me trataron muy bien", asegura Wilmer.
Tiene 34 años y en Canarias se especializó en la colocación de yesos en construcciones. "Es un oficio que paga muy bien, por eso lo aprendí", dice. Allá también trabajó como albañil. Aquí vivía en Puerto La Cruz, manejaba un taxi y vendía terminales. Cuando su primer hijo tenía pocos meses, decidió irse: "Con el bebé, sentía mucho miedo de la inseguridad en Venezuela. Quería que viviera más tranquilo". Vendió todo y se fue, junto a su esposa y su hijo, que ahora tiene tres años. Eso fue hace dos años y ocho meses.
Ese viernes de deportación, según cuenta Wilmer, lo fue a buscar a su casa "una policía mujer. Me dijo que tenía que ir a la comisaría del aeropuerto a buscar una carta. Como yo no le debo nada a nadie, fui. Allá, me apagaron el celular y me dijeron que estaba detenido. Pero "¿por qué", pregunté yo. No me respondieron. Quise despedirme de mis hijos y de mi esposa y no me dejaron. Sentí racismo, me trataron mal, se burlaron de Daisy. Una policía salió y le dijo 'mira, aquí voy a comprarle el pasaje a tu esposo'. A mi comadre, Lucy Rossito, que es italiana, la agredieron físicamente y al ver que su DNI es europeo le preguntaban, en burla, si los iba a denunciar".
Arnaldo Tejera, periodista de Canarias24horas.com y Enterateaquí.es, hizo público el caso de los López en la isla. La difusión de lo ocurrido ha provocado gran solidaridad entre amigos y vecinos. El proceso de expulsión de Daisy se encuentra "congelado", dice Oyarzún. El riesgo que corre Daisy es que la deporten sin los niños. Según la abogada, legalmente pueden hacerlo aunque no es usual, por razones humanitarias. Si cumple los tres años y obtiene un contrato de trabajo, puede alegar arraigo social y quedarse pero sin Wilmer, a menos que se le levante la prohibición de ingreso al espacio Shengen que dura tres años desde la deportación.
Oyarzún está representando a Wilmer a través de un poder. Interpuso un recurso contencioso y está esperando respuesta de la Administración Pública. La finalidad de ese recurso es que se le permita regresar a España antes de tres meses y solicitar el arraigo social.
Wilmer estaba ilegal y por eso fue deportado. Puede apelar porque se obviaron pasos del proceso legal y derechos fundamentales. Pero Oyarzún aconseja a los venezolanos que desean emigrar a España que lo hagan formalmente, gestionando la residencia desde el país de origen. Algunos prefieren arriesgarse y sobrevivir tres años sin papeles, en busca del "arraigo social", pero no disponen de posibilidades reales de conseguir empleo ni de acceso a la seguridad social. Es, dice Oyarzún, "una situación delicada que muchos no soportan". Otro riesgo es ser deportados pues los países tienen el mundialmente reconocido derecho de iniciar y ejecutar procesos de expulsión contra inmigrantes ilegales.
Dos años y siete meses había sobrevivido Wilmer Ramón López en esa sombra penitente que es la ilegalidad de estar en Canarias sin papeles. Quien cumple tres años en tal condición puede solicitar la residencia, si muestra un contrato de trabajo y demuestra arraigo con España. Y qué más arraigo, pensaba él, que un hijo nacido en el hospital de Arona, al sur de Tenerife, una familia bien constituida y acoplada a su comunidad y un patrón dispuesto a otorgarle el ansiado documento laboral.
Así que Wilmer ya se atrevía a hacer el conteo de la esperanza, seis meses más y se acabó el transitar de ciudadano inexistente, cuando un inspector detectó a su esposa, Daisy, laborando sin permiso de trabajo en la cocina de un restaurante. Al interrogarla e iniciar el trámite judicial por su ilegalidad, supo de Wilmer. También abrió un proceso contra él. Pero los esposos se quedaron, en parte, tranquilos, porque contactaron a una abogada, Albania Oyarzún, que consideró que las posibilidades de lograr la legalidad por arraigo eran altas y porque, dice Wilmer, "estaba en trámites y a punto de regularizar mi situación. Nunca pensé que después de casi tres años en Tenerife me expulsarían de la isla".
La realidad lo zarandeó el pasado viernes 5 de octubre a las seis de la tarde. Ese día, a esa hora, estaba con su familia, en su casa, como todos los días. Ocho horas después, a las dos de la madrugada del sábado, volaba solo y con el pasaporte vencido, hacia Venezuela, expulsado de Canarias. En el ínterin, cuenta, ocurrió la visita de la policía, un viaje al aeropuerto en patrulla, una supuesta confusión intencional, orden de deportación inmediata, oídos sordos, cero explicaciones y comentarios irónicos, además de presuntos maltratos.
No ha sido la única deportación de un venezolano que vive ilegal en Canarias, pero posiblemente sí de las más traumáticas y veloces. Las leyes españolas son más bien respetuosas de los derechos de los inmigrantes sin papeles y, antes de expulsarlos, obligan a un proceso judicial que suele demorar seis meses, tiempo durante el cual se le confisca el pasaporte al extranjero y se le prohíbe movilizarse fuera de la entidad. Según el último Anuario de la Comunicación del Inmigrante, cerca de 70% de los que llegan ilegalmente se quedan definitivamente en España, que ya es el país europeo con mayor tasa de extranjeros: 10%, superando a Francia, con 9,6 y a Alemania, con 8,9%. En el caso de Wilmer, esos seis meses de proceso se recortaron a la mitad y sólo demoró tres meses, porque se obviaron, dice la abogada, las notificaciones. El proceso de Daisy, su esposa, comenzó antes y aún no ha concluido. Ella permanece en España junto con sus hijos.
Venezuela está lejos de ser un maná de inmigrantes ilegales para España. Las diásporas masivas de sinpapeles parten de Marruecos, Rumania y Ecuador, en ese orden. Pero en los últimos años, y aunque no se dispone de cifras oficiales, la clandestinidad de venezolanos se ha incrementado. Una de las entradas favoritas es Tenerife, por lo que es comprensible que se hayan fortalecido los controles en inmigración, especialmente en el único vuelo procedente de Caracas, el de Santa Bárbara Airlines, que aterriza los viernes en la tarde.
Lo que se está demandando en el caso de Wilmer, a quien representa la abogada Oyarzún, es la violación del debido proceso y de derechos internacionales. El venezolano también asegura haber sido víctima de maltratos y comentarios con matices racistas por parte de los policías de inmigración.
Según la especialista en leyes, entre las irregularidades cometidas por los funcionarios de inmigración se encuentra que "la propuesta de expulsión carece de fecha y de los posibles recursos (de defensa) que cabe interponer, la falta de notificación de la propuesta de expulsión a pesar de conocer el domicilio de mi representado; la falta de resolución final (de expulsión) por parte de la subdelegación de gobierno; la deportación con pasaporte vencido desde el 5 de septiembre de ese año (cuando se inició el trámite estaba vigente) y la falta de notificación al consulado venezolano de que Wilmer Tejera no tenía pasaporte válido para que se le pueda expedir un salvoconducto o renovar el documento, además de la violación de los artículos 7, 8 y 16 de la declaración universal de los derechos humanos, sobre la discriminación, indefensión de sus derechos y la protección de su familia como derecho fundamental". Wilmer añade una irregularidad más, que asegura haber comunicado a funcionarios del Consulado Español en Caracas, que lo atendieron en la convalidación de un documento de su abogada: "al salir de Tenerife, no colocaron el sello de salida a mi pasaporte. Sólo tengo el de entrada a Caracas. Pude ingresar porque los funcionarios venezolanos fueron muy comprensivos".
Historia de inmigrante
Wilmer no parece canario. Para nada. Empezando por el nombre: en Venezuela será usual, pero no en España. El color de su piel, morena, lo negrísimo de su cabello y de sus ojos y ese hablar oriental -nació en Puerto La Cruz- que no ha perdido pese al tiempo en Europa lo marcan como un foráneo evidente. Pese a todo eso, nunca se sintió discriminado en Tenerife. Los únicos episodios malsanos en ese sentido, dice haberlos vivido por parte de la policía de inmigración. "Siempre me sentí muy bien. Tengo muchos amigos canarios. Una vez, pese a estar ilegal, denuncié en la comisaría a un señor que no me quería pagar y me trataron muy bien", asegura Wilmer.
Tiene 34 años y en Canarias se especializó en la colocación de yesos en construcciones. "Es un oficio que paga muy bien, por eso lo aprendí", dice. Allá también trabajó como albañil. Aquí vivía en Puerto La Cruz, manejaba un taxi y vendía terminales. Cuando su primer hijo tenía pocos meses, decidió irse: "Con el bebé, sentía mucho miedo de la inseguridad en Venezuela. Quería que viviera más tranquilo". Vendió todo y se fue, junto a su esposa y su hijo, que ahora tiene tres años. Eso fue hace dos años y ocho meses.
Ese viernes de deportación, según cuenta Wilmer, lo fue a buscar a su casa "una policía mujer. Me dijo que tenía que ir a la comisaría del aeropuerto a buscar una carta. Como yo no le debo nada a nadie, fui. Allá, me apagaron el celular y me dijeron que estaba detenido. Pero "¿por qué", pregunté yo. No me respondieron. Quise despedirme de mis hijos y de mi esposa y no me dejaron. Sentí racismo, me trataron mal, se burlaron de Daisy. Una policía salió y le dijo 'mira, aquí voy a comprarle el pasaje a tu esposo'. A mi comadre, Lucy Rossito, que es italiana, la agredieron físicamente y al ver que su DNI es europeo le preguntaban, en burla, si los iba a denunciar".
Arnaldo Tejera, periodista de Canarias24horas.com y Enterateaquí.es, hizo público el caso de los López en la isla. La difusión de lo ocurrido ha provocado gran solidaridad entre amigos y vecinos. El proceso de expulsión de Daisy se encuentra "congelado", dice Oyarzún. El riesgo que corre Daisy es que la deporten sin los niños. Según la abogada, legalmente pueden hacerlo aunque no es usual, por razones humanitarias. Si cumple los tres años y obtiene un contrato de trabajo, puede alegar arraigo social y quedarse pero sin Wilmer, a menos que se le levante la prohibición de ingreso al espacio Shengen que dura tres años desde la deportación.
Oyarzún está representando a Wilmer a través de un poder. Interpuso un recurso contencioso y está esperando respuesta de la Administración Pública. La finalidad de ese recurso es que se le permita regresar a España antes de tres meses y solicitar el arraigo social.
Wilmer estaba ilegal y por eso fue deportado. Puede apelar porque se obviaron pasos del proceso legal y derechos fundamentales. Pero Oyarzún aconseja a los venezolanos que desean emigrar a España que lo hagan formalmente, gestionando la residencia desde el país de origen. Algunos prefieren arriesgarse y sobrevivir tres años sin papeles, en busca del "arraigo social", pero no disponen de posibilidades reales de conseguir empleo ni de acceso a la seguridad social. Es, dice Oyarzún, "una situación delicada que muchos no soportan". Otro riesgo es ser deportados pues los países tienen el mundialmente reconocido derecho de iniciar y ejecutar procesos de expulsión contra inmigrantes ilegales.
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