Las autoridades españolas creen que las expulsiones de algunos inmigrantes rumanos en Italia por motivos de seguridad no tendrán efectos negativos en un aumento de la inmigración a España desde el país balcánico. "No existe idea de que pueda haber un perjuicio" para España, ha confirmado el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en una conferencia de prensa.
Camacho ha añadido que las autoridades de España e Italia estudian desde hace semanas el reciente decreto ley italiano para expulsar a ciudadanos de la Unión Europea (UE) por motivos de seguridad, que se ha dirigido sobre todo hacia algunos rumanos .
El responsable español, que ha asistido hoy a un Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, ha reconocido que hubo "preocupación" en Madrid al conocer los planes de Roma. Sin embargo, la preocupación desapareció tras recibir garantías de que las expulsiones serían puntuales, con garantías judiciales, y no masivas.
Camacho ha explicado que los contactos incluyeron conversaciones a nivel ministerial entre Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo italiano Giuliano Amato durante una reunión el mes pasado en Polonia del G6, grupo en el que están integrados España, Polonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
También ha recordado que el caso italiano, aunque ha tenido mucho impacto en las últimas semanas, no es único, ya que muchos países de la UE tienen legislaciones que prevén la expulsión de los ciudadanos comunitarios. En este sentido, ha destacado que España "está a la cabeza de toda Europa en política de repatriaciones" de inmigrantes ilegales procedentes "de todos los continentes".
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha insistido por su parte en que "no se puede ni criminalizar ni demonizar" a todo un colectivo porque existan algunos de ellos que cometan delitos, sobre los que debe caer el peso de la ley.
Rumí ha destacado que en España hay cientos de miles de rumanos que viven "de forma legal, que trabajan, que tienen un contrato legal, están afiliados a la Seguridad Social, que contribuyen con sus impuestos".
España acoge a más de la mitad de los ciudadanos rumanos y búlgaros en edad de trabajar que residen en otros países de la Unión Europea, según datos de 2007 divulgados ayer por la Comisión Europea. Las cifras señalan que España acoge a 463.000 de los 845.000 trabajadores rumanos contabilizados en países comunitarios, así como a 78.000 de los 157.000 búlgaros.
Italia , que ha aprobado un decreto ley urgente para expulsar a ciudadanos de la UE por motivos de seguridad -y que afecta especialmente a los inmigrantes rumanos - acoge a 241.000 trabajadores de ese país.
Camacho ha añadido que las autoridades de España e Italia estudian desde hace semanas el reciente decreto ley italiano para expulsar a ciudadanos de la Unión Europea (UE) por motivos de seguridad, que se ha dirigido sobre todo hacia algunos rumanos .
El responsable español, que ha asistido hoy a un Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, ha reconocido que hubo "preocupación" en Madrid al conocer los planes de Roma. Sin embargo, la preocupación desapareció tras recibir garantías de que las expulsiones serían puntuales, con garantías judiciales, y no masivas.
Camacho ha explicado que los contactos incluyeron conversaciones a nivel ministerial entre Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo italiano Giuliano Amato durante una reunión el mes pasado en Polonia del G6, grupo en el que están integrados España, Polonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
También ha recordado que el caso italiano, aunque ha tenido mucho impacto en las últimas semanas, no es único, ya que muchos países de la UE tienen legislaciones que prevén la expulsión de los ciudadanos comunitarios. En este sentido, ha destacado que España "está a la cabeza de toda Europa en política de repatriaciones" de inmigrantes ilegales procedentes "de todos los continentes".
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha insistido por su parte en que "no se puede ni criminalizar ni demonizar" a todo un colectivo porque existan algunos de ellos que cometan delitos, sobre los que debe caer el peso de la ley.
Rumí ha destacado que en España hay cientos de miles de rumanos que viven "de forma legal, que trabajan, que tienen un contrato legal, están afiliados a la Seguridad Social, que contribuyen con sus impuestos".
España acoge a más de la mitad de los ciudadanos rumanos y búlgaros en edad de trabajar que residen en otros países de la Unión Europea, según datos de 2007 divulgados ayer por la Comisión Europea. Las cifras señalan que España acoge a 463.000 de los 845.000 trabajadores rumanos contabilizados en países comunitarios, así como a 78.000 de los 157.000 búlgaros.
Italia , que ha aprobado un decreto ley urgente para expulsar a ciudadanos de la UE por motivos de seguridad -y que afecta especialmente a los inmigrantes rumanos - acoge a 241.000 trabajadores de ese país.
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