El secretario español de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, confirmó ayer que España lleva semanas negociando con Italia para garantizar que los ciudadanos rumanos amenazados de expulsión por Roma no se trasladen de forma masiva a territorio español. «Llevamos semanas hablando con las autoridades italianas a efectos de evitar cualquier perjuicio o cualquier efecto negativo en territorio español», admitió Camacho en una comparecencia al margen de una reunión de ministros europeos del Interior celebrada en Bruselas. La expulsión con carácter urgente es una medida que el Gobierno italiano ha adoptado tras el au mento de la criminalidad entre la población inmigrante.
«Incluso el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba trató recientemente este asunto en Varsovia con su colega italiano», agregó Camacho, al referirse a la seriedad de esas discusiones.
Sin embargo, el secretario de Estado quiso insistir en que, a pesar de en un principio «existió preocupación en el Gobierno», no hay por el momento indicio alguno de un desvío masivo de este colectivo inmigrante hacia territorio español.
El gobierno italiano aprobó la semana pasada un decreto que posibilita la expulsión con carácter urgente de ciudadanos comunitarios, como respuesta a la alarma social generada por el asesinato de una mujer a manos de un rumano, además de otros delitos que se atribuyen a personas de esa nacionalidad.
Evitar la criminalización
«Se trata de expulsiones individuales, no masivas, que están sometidas a control judicial, además de que se garantiza que los expulsados lo serán hacia territorio rumano», prosiguió Camacho. «Por tanto, podemos decir que en este momento no parece existir ningún perjuicio que pueda producirse a nuestra política de control de la inmigración por la ejecución de esa ley italiana», subrayó.
Por su parte, la secretaria española de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, advirtió del peligro de caer en la «criminalización» de un colectivo social a causa de algunos actos individuales.
«Son cientos de miles de rumanos los que viven en España de forma legal, que trabajan, que tienen un contrato legal, que están afiliados a la Seguridad Social y que contribuyen con sus impuestos al bienestar de nuestra sociedad», recalcó.
A su juicio, España está trabajando «en el buen camino» para lograr la integración de los inmigrantes y ha aumentado un 720% las ayudas destinadas a estas políticas, que han pasado de 40 millones de euros en 2003 a más de 300 en 2007.
Apertura de fronteras
Por otro lado, la UE acordó ayer abrir el 21 de diciembre próximo las fronteras terrestres y marítimas con nueve de los países que ingresaron en 2004, lo que elevará a 24 el número de Estados miembros de la Europa sin fronteras del espacio Schengen .
Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) creen que se cumplen las condiciones para la apertura de los pasos fronterizos, anunciaron fuentes comunitarias.
La fecha, que debe ser refrendada la próxima semana por el Parlamento Europeo, permitirá que los nueve países abran sus fronteras terrestres y marítimas a aquellos que ya disfrutan de la supresión de los controles limítrofes.
Los países beneficiados por la nueva normativa son Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta, todos los que entraron en la UE en 2004 menos Chipre, que ha solicitado una moratoria.
Los controles fronterizos en los aeropuertos serán levantados el próximo 30 de marzo.
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