Un informe del Centro de Estudios Andaluces alerta de que la población inmigrante, con un nivel educativo equiparable o superior al de los andaluces, a menudo desempeña trabajos poco cualificados.
El estudio sobre la ‘Inmigración en Andalucía’, realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), constata la relación entre la velocidad de crecimiento de la población inmigrante en España y en Andalucía y la expansión del mercado de trabajo y el desarrollo económico a partir de la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado.
El director del Centro de Estudios Andaluces, Alfonso Yerga, y el investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Sebastián Rinken, presentaron el número de la colección ‘Realidad social’ que aborda el fenómeno de la inmigración y que debe entenderse como un "fenómeno natural" como la natalidad o la demografía.
Andalucía contaba, a finales de 2006, con 527.000 extranjeros empadronados, de los que el 42 por ciento se asentaban en la provincia de Málaga y el 22 por ciento en la de Almería, con lo que dos de cada tres inmigrantes se concentraban en esas dos provincias por motivos laborales relacionados con el sector turístico, en la primera, y con la agricultura, en la segunda.
El conjunto de inmigrantes extranjeros en Andalucía ha pasado desde finales de 2000 a 2006 de representar el 2,2 al 6,5 por ciento del total de habitantes empadronados en esta comunidad autónoma.
De los 362.500 extranjeros con permiso o tarjeta de residencia en vigor en Andalucía en 2006 (el número de empadronados siempre es mayor), el 35 por ciento procedían de países extracomunitarios y el resto eran comunitarios, entre los que destacan británicos, italianos y alemanes.
Este auge da la inmigración guarda una estrecha relación con la evolución del mercado laboral, lo que se refleja en unas altas tasas de actividad y de ocupación, achacable entre otros motivos a la incorporación de las mujeres inmigrantes, a que la mayoría de la población tiene una edad entre 16 y 45 años y a que las razones de su llegada a España son de índole económica.
Los trabajadores inmigrantes se concentran en los empleos menos cualificados y temporales sobre todo en la agricultura, la hostelería y los servicios domésticos, lo que ha permitido fomentar las opciones de movilidad ascendente de los autóctonos.
Sin embargo, la población inmigrante tiene un nivel educativo alto, ya que un tercio de los extracomunitarios, sobre todo lo procedentes de Iberoamérica y de los países del Este, tienen un título universitario y en muchos casos duplican al nivel educativo de la población andaluza, con unos "niveles alarmantes de fracaso escolar", señala el estudio.
Por tanto y, según el investigador del IESA, se debería abrir un debate social para que produzca una equiparación real de las oportunidades laborales de los inmigrantes en la que primen los méritos formativos en vez del lugar de nacimiento y ha apuntado la necesidad de acelerar la homologación de las titulaciones.
La opinión pública (dos tercios de los andaluces) valora la aportación de los inmigrantes como mano de obra necesaria, mientras que un 22 por ciento cree que no existe ningún efecto positivo y un doce por ciento no contesta.
Asimismo, el informe detecta la emergencia de un grupo minoritario con posturas hostiles hacia la inmigración, si bien sostiene que sería importante reconocer la "plena legitimidad de las aspiraciones de mejora social" de ese colectivo, aunque advierte de que el ascenso laboral de los inmigrantes podría reducir el respaldo de la opinión pública a las políticas de integración.
El estudio sobre la ‘Inmigración en Andalucía’, realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), constata la relación entre la velocidad de crecimiento de la población inmigrante en España y en Andalucía y la expansión del mercado de trabajo y el desarrollo económico a partir de la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado.
El director del Centro de Estudios Andaluces, Alfonso Yerga, y el investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Sebastián Rinken, presentaron el número de la colección ‘Realidad social’ que aborda el fenómeno de la inmigración y que debe entenderse como un "fenómeno natural" como la natalidad o la demografía.
Andalucía contaba, a finales de 2006, con 527.000 extranjeros empadronados, de los que el 42 por ciento se asentaban en la provincia de Málaga y el 22 por ciento en la de Almería, con lo que dos de cada tres inmigrantes se concentraban en esas dos provincias por motivos laborales relacionados con el sector turístico, en la primera, y con la agricultura, en la segunda.
El conjunto de inmigrantes extranjeros en Andalucía ha pasado desde finales de 2000 a 2006 de representar el 2,2 al 6,5 por ciento del total de habitantes empadronados en esta comunidad autónoma.
De los 362.500 extranjeros con permiso o tarjeta de residencia en vigor en Andalucía en 2006 (el número de empadronados siempre es mayor), el 35 por ciento procedían de países extracomunitarios y el resto eran comunitarios, entre los que destacan británicos, italianos y alemanes.
Este auge da la inmigración guarda una estrecha relación con la evolución del mercado laboral, lo que se refleja en unas altas tasas de actividad y de ocupación, achacable entre otros motivos a la incorporación de las mujeres inmigrantes, a que la mayoría de la población tiene una edad entre 16 y 45 años y a que las razones de su llegada a España son de índole económica.
Los trabajadores inmigrantes se concentran en los empleos menos cualificados y temporales sobre todo en la agricultura, la hostelería y los servicios domésticos, lo que ha permitido fomentar las opciones de movilidad ascendente de los autóctonos.
Sin embargo, la población inmigrante tiene un nivel educativo alto, ya que un tercio de los extracomunitarios, sobre todo lo procedentes de Iberoamérica y de los países del Este, tienen un título universitario y en muchos casos duplican al nivel educativo de la población andaluza, con unos "niveles alarmantes de fracaso escolar", señala el estudio.
Por tanto y, según el investigador del IESA, se debería abrir un debate social para que produzca una equiparación real de las oportunidades laborales de los inmigrantes en la que primen los méritos formativos en vez del lugar de nacimiento y ha apuntado la necesidad de acelerar la homologación de las titulaciones.
La opinión pública (dos tercios de los andaluces) valora la aportación de los inmigrantes como mano de obra necesaria, mientras que un 22 por ciento cree que no existe ningún efecto positivo y un doce por ciento no contesta.
Asimismo, el informe detecta la emergencia de un grupo minoritario con posturas hostiles hacia la inmigración, si bien sostiene que sería importante reconocer la "plena legitimidad de las aspiraciones de mejora social" de ese colectivo, aunque advierte de que el ascenso laboral de los inmigrantes podría reducir el respaldo de la opinión pública a las políticas de integración.
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