MADRID (AP) _ Cerca de 100.000 inmigrantes podrían acogerse al plan de retorno voluntario para extranjeros desempleados que dio a conocer el viernes el gobierno español y que comenzará a funcionar a partir de septiembre.
El proyecto pretende facilitar el regreso a sus países de origen de inmigrantes regulares que se encuentren sin trabajo pagando la totalidad del subsidio por desempleo que les corresponda.
``Es una iniciativa justa y voluntaria y está pensada para beneficiar al trabajador, a su país y al nuestro'', dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
La mayor parte de los extranjeros que podrían acogerse a esta propuesta, de la que ya se habían adelantado sus principales contenidos, proceden de Marruecos, Ecuador y Colombia. De la Vega precisó que ciudadanos de 19 países, con los que hay suscritos acuerdos, tendrían derecho a solicitar la ayuda que contempla esta medida.
Los trabajadores que decidan retornar deberán esperar tres años antes de solicitar una autorización para vivir y trabajar de nuevo en España. Pasados cinco años, tendrán derecho preferente para regresar.
La desaceleración que afecta a la economía española junto a las malas cifras de desempleo, que rozan el 10% de la población activa, provocó ciertas críticas a este plan, que fue interpretado como una forma de endurecer las leyes de inmigración.
Sin embargo, la vicepresidenta subrayó que esta medida ``tiene carácter permanente'' y que no nace debido a una coyuntura económica desfavorable.
De los 2,4 millones de desempleados registrados actualmente en España, más del 10%, unos 260.000, son extranjeros.
En España, residen 4,5 millones de inmigrantes de forma legal, lo que supone un 11% de la población española.
El proyecto pretende facilitar el regreso a sus países de origen de inmigrantes regulares que se encuentren sin trabajo pagando la totalidad del subsidio por desempleo que les corresponda.
``Es una iniciativa justa y voluntaria y está pensada para beneficiar al trabajador, a su país y al nuestro'', dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.
La mayor parte de los extranjeros que podrían acogerse a esta propuesta, de la que ya se habían adelantado sus principales contenidos, proceden de Marruecos, Ecuador y Colombia. De la Vega precisó que ciudadanos de 19 países, con los que hay suscritos acuerdos, tendrían derecho a solicitar la ayuda que contempla esta medida.
Los trabajadores que decidan retornar deberán esperar tres años antes de solicitar una autorización para vivir y trabajar de nuevo en España. Pasados cinco años, tendrán derecho preferente para regresar.
La desaceleración que afecta a la economía española junto a las malas cifras de desempleo, que rozan el 10% de la población activa, provocó ciertas críticas a este plan, que fue interpretado como una forma de endurecer las leyes de inmigración.
Sin embargo, la vicepresidenta subrayó que esta medida ``tiene carácter permanente'' y que no nace debido a una coyuntura económica desfavorable.
De los 2,4 millones de desempleados registrados actualmente en España, más del 10%, unos 260.000, son extranjeros.
En España, residen 4,5 millones de inmigrantes de forma legal, lo que supone un 11% de la población española.
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