Inmigración, las cifras del drama

MERECEN una seria reflexión los datos que ayer publicaba ABC sobre el aumento de la inmigración en la Unión Europea durante 2006. España recibió el año pasado a 636.000 inmigrantes, una cifra que supone el 44 por ciento del total comunitario y supera en más de 120.000 a la suma conjunta de los que llegaron al Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. No hay razón objetiva que justifique una disparidad tan notable entre España y los países de nuestro entorno. Es evidente, por tanto, que la política permisiva que practica el Gobierno en esta delicada materia genera un «efecto llamada» que atrae a todo tipo de personas. Con la llegada del buen tiempo, vuelve el fenómeno de los cayucos y se incrementa la presión sobre las costas canarias. Una vez más, el drama que sufren los viajeros de estas frágiles embarcaciones alcanza proporciones que vulneran el más elemental sentimiento humanitario. Mafias y traficantes sin escrúpulos se lucran gracias a la situación desesperada de mucha gente indefensa, mientras las autoridades españolas siguen practicando una política que pretende paliar los efectos sin buscar solución a las causas. Las regularizaciones masivas invitan a que miles de personas pretendan entrar en España aunque sea en situación ilegal, con la certeza de que los «papeles» llegarán tarde o temprano.

Las promesas de cooperación por parte de la UE no se han traducido por ahora en un apoyo eficaz. Así pues, la oferta de barcos, helicópteros y aviones para luchar contra la inmigración ilegal contrasta con la realidad de los hechos, de manera que fue un pesquero gallego el que salvó hace unos días a los náufragos de un cayuco en situación desesperada. A su vez, las autoridades de Mauritania y Senegal siguen poniendo trabas y rechazando la repatriación de sus nacionales, lo que demuestra el fracaso del despliegue diplomático de los últimos meses. El Ejecutivo ha cometido serios errores en esta materia, que empañan sin remedio la trayectoria de Jesús Caldera al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pero que afectan también a otros departamentos. Conviene recordar las discrepancias mostradas por Nicolas Sarkozy hacia los planteamientos de Rodríguez Zapatero y comprobar el rigor del programa que presenta el candidato del centro derecha en Francia respecto de la inmigración. Una cuestión tan compleja no puede ser enfocada desde una perspectiva «buenista» ni con criterios voluntaristas cargados de retórica políticamente correcta. En un Estado de Derecho nadie -sea nacional o extranjero- puede vivir al margen de la ley, de manera que la lucha contra la inmigración irregular es una prioridad política. De hecho, los grandes perjudicados por la imagen negativa de los extranjeros son los muchos miles de personas que viven y trabajan legalmente entre nosotros, contribuyendo con su esfuerzo al progreso de todos. Sin embargo, el Gobierno prefiere mirar para otro lado, mientras siguen llegando a España, por todos los medios posibles, miles de personas con manifiesta desproporción respecto de otros países europeos.

El crecimiento económico no justifica que casi la mitad de los inmigrantes recibidos en 2006 en la Unión Europea se hayan instalado en España. Influye, por supuesto, la saturación del mercado laboral en otros países y la propia realidad geográfica. En todo caso, es indudable que algo falla en la actitud del Gobierno. Faltan medios para controlar las fronteras terrestres y las costas. La legislación, así como su interpretación administrativa y judicial, tiende a limitar las expulsiones y otras medidas eficaces, creando así una práctica permisiva cuyo mensaje captan de inmediato las mafias. Por ello, miles de personas sin documentos y sin medios de vida deambulan por nuestro territorio en busca de una oportunidad laboral que, cuando llega, resulta siempre precaria. Tampoco la distribución por comunidades autónomas se realiza con criterios objetivos, lo que produce una concentración excesiva en determinadas zonas con el riesgo lógico de provocar conflictos sociales. En otros países europeos, los partidos de izquierdas o de derechas han incorporado ya a sus programas medidas muy concretas y el resultado es el fracaso electoral de ciertas corrientes populistas. Sería deseable, por tanto, que el Gobierno abordara el asunto con la energía y la seriedad que merece.