EN los últimos años, los crecientes flujos migratorios se han convertido en una gran preocupación para las administraciones públicas, las cuales intentan controlar administrativa y socialmente la nueva situación. Y parece ser que uno de los principales fundamentos que explican la inquietud gira alrededor de la supuesta amenaza que el crecimiento sin precedentes de inmigrantes representa para la responsabilidad administrativa y el bienestar social de los propios ciudadanos; tal es así que semejante interpretación negativa de los flujos migratorios, o sea, que acarrean más problemas que beneficios, ha generado nuevos marcos legales a partir de la Ley de Extranjería y con ellos las figuras jurídicas inmigrante legal e inmigrante ilegal (o irregular, o sin papeles).
A grandes rasgos, tener una precisa y objetiva imagen de los inmigrantes supone conocer cuántos son, de dónde vienen, en qué trabajan, dónde residen, sus procesos de legalización, el impacto demográfico y otras consecuencias, como el rechazo social, la explotación o las redes clandestinas de transporte; con todo, conviene diferenciar los aspectos económicos de los sociales. De la inmigración legal hay quienes destacan lo positivo en lo económico y social, a la vez que de la ilegal sólo acentúan aspectos negativos, especialmente los derivados de la falta de integración social; es cierto que la bonanza económica existe, pero que su causa esté en la legalidad no parece del todo cierto porque, generalmente, los inmigrantes contribuyen desde que llegan y obtienen la regularización con el tiempo. La cuestión de la integración trasciende lo reglamentario, ya que a los ciudadanos nativos lo que realmente les inquieta va más allá de que los inmigrantes dispongan o no de papeles.
En general, el fenómeno de la inmigración se identifica con personas procedentes de países de renta baja, necesitadas social y económicamente y de 25 a 40 años, desvinculándose de él al colectivo de mayores procedentes del norte y centro de Europa, afincados especialmente en la costa mediterránea y de solvencia económica; en el fondo de este reconocimiento se encuentra el fundamento de la inquietud que genera la masiva inmigración. De cualquier modo, el tema de la legalidad suele quedar al margen, pues legales e ilegales frecuentemente son confundidos e identificados como si tuvieran los mismos problemas e igual espacio social, cuando se ha comprobado que ambas figuras jurídicas presentan características y problemáticas propias que las hacen diferentes entre sí, peculiaridades de las que también hay que hablar cuando del colectivo de inmigrantes mayores se trata.
La inmigración más que un problema es un reto que consiste en conocer su presente y proyectarlo al futuro para prevenir sus consecuencias; por ejemplo, las derivadas del envejecimiento de los inmigrantes. En esta cuestión, para J.M. Jansá (Agència de Salut Pública de Barcelona), apenas transcurrida una década desde el inicio del gran crecimiento de la inmigración socioeconómica en España, el análisis de las tendencias demográficas mundiales, el perfil de las pirámides españolas (una, con la población autóctona; otra, con la población inmigrante recién asentada), las necesidades y los trastornos más comunes en los inmigrantes, las consecuencias de asumir pautas socioculturales españolas y las presumibles reagrupaciones familiares (familias extensas, longevidad...) permiten visualizar el presente y proyectarlo al futuro. Aunque la mayor concentración de inmigrantes de 65 y más años está prevista para dentro de 30-40 años, hoy ya cabe pensar en hacer frente a necesidades relacionadas con la salud mental y la mala salud percibida; el bajo nivel de ingresos, la actitud negativa hacia el envejecimiento, la mala salud orgánica, las dificultades en el acceso a los servicios de salud, la futura dependencia, los problemas personales o legales y la procedencia de zonas geopolíticas conflictivas son factores de predicción, además de las malas condiciones de vida, trabajo y vivienda que hacen suponer su repercusión negativa en la salud de las etapas más avanzadas de la vida.
Las aportaciones por parte del colectivo inmigrante llevan a pensar que los efectos en el sistema de salud serán mínimos desde el punto de vista del incremento de gasto, pero, en otros asuntos, sí habrá que estar preparados para hacer frente a nuevas necesidades sanitarias en relación con el tipo de recursos, frecuencias, costes de los tratamientos y desarrollo de nuevas tecnologías médicas; asimismo, hay que pensar que una mayor eficacia en la atención a los inmigrantes mayores vendrá de ir incorporando cuestiones interculturales a la formación en enfermería, psiquiatría, gerontología y trabajo social. Y dado que los inmigrantes mayores se caracterizan por la inexistencia o debilidad de sus propias redes de apoyo familiar, económico y social, no hay que dejar pasar por alto el valor que supone la experiencia que los inmigrantes están adquiriendo actualmente en los cuidados a personas mayores nativas.
Si bien la consolidación del fenómeno migratorio ha sido rápida, los inmigrantes mayores aún no representan cifras excesivas. Como referencia cercana, a finales de 2006, de las aproximadamente 36.000 personas mayores empadronadas en Pamplona (el 18% del total de su población entonces), los inmigrantes mayores apenas representaban el 1% del conjunto de la tercera edad, siendo la cifra global de inmigrantes de unos 21.500; se dispone, pues, de tiempo suficiente para plantear sus futuras necesidades, junto a las de los mayores propios, y hacerlas frente cuando sea preciso.
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