El número de menores inmigrantes que residen en los centro de acogida de nuestra provincia se mantiene en la veintena. En concreto, en estos días hay 21 lo que no ha supuesto un incremento si tenemos en cuenta que en estas últimas semanas ha seguido el flujo de menores que llegan a la península desde la costa africana. De ese número, la inmensa mayoría es de nacionalidad marroquí.
La delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Lloret, señaló ayer que al no ser Huelva una provincia de llegada de este tipo de inmigración, el efecto es más retardado ya que los menores son distribuidos por todas las provincias de la comunidad si así se requiere. Lloret añadió que desde 2003 no se ha realizado ninguna repatriación desde Andalucía hacia Marruecos, aunque ha habido algunas comunidades que sí las han llevado a cabo. Apuntó, no obstante, que la última palabra la tiene la representación diplomática de aquel país, que es la encargada de dar luz verde a los expedientes que se le presentan, lo que parece que hasta ahora no ha funcionado de una manera muy eficaz.
La delegada de Igualdad y Bienestar Social indicó que aunque el final de todo este proceso es la reagrupación familiar, ésta debe realizarse con todo tipo de garantías para el menor. Cabe mencionar, además, que aún no se ha recibido petición alguna por parte de las familias de origen para que el retorno se haga efectivo. Mientras, el proceso es el de mantener al menor en los centros de acogida hasta que cumpla la mayoría de edad.
Sobre este mismo tema, también se pronunció el Defensor del Pueblo y del Menor andaluz, José Chamizo, que ha participado en uno de los cursos de verano que ofrece la Unia en la sede de La Rábida. Chamizo se mostró muy precavido a la hora de iniciar un proceso de repatriación y en todo caso rechazo que ésta se hiciera con carácter masivo, lo que considera difícil "aunque se haga una interpretación muy estricta". Así, abogó por un estudio pormenorizado de cada caso y que hay que dar prioridad a aquellos que se encuentran inmersos en un proceso de formación, ya que "éstos no se pueden ir". Para Chamizo, las situaciones más urgentes serán aquéllas en las que los menores pueden estar cayendo en la prostitución o en la calle "y es por ahí por donde hay que empezar".
De este modo, el Defensor del Pueblo puso de manifiesto las "enormes dificultades jurídicas" que existen para llevar a cabo las repatriaciones y constató que "el gran problema que hay es el efecto llamada", al tiempo que recordó que "queda pendiente si ciertas repatriaciones las va a autorizar el ministerio fiscal o no".
Los menores inmigrantes están repartidos entre los diecinueve centros de acogida de la provincia y su edad media oscila entre los doce y trece años. El número de menores inmigrantes no acompañados (menas) ha sido superior en otros momentos y se encuentran dentro de las 225 plazas que la Junta de Andalucía posee en la provincia de Huelva para acoger a menores, teniendo todos ellos los mismo derechos y las mismas posibilidades
La delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Lloret, señaló ayer que al no ser Huelva una provincia de llegada de este tipo de inmigración, el efecto es más retardado ya que los menores son distribuidos por todas las provincias de la comunidad si así se requiere. Lloret añadió que desde 2003 no se ha realizado ninguna repatriación desde Andalucía hacia Marruecos, aunque ha habido algunas comunidades que sí las han llevado a cabo. Apuntó, no obstante, que la última palabra la tiene la representación diplomática de aquel país, que es la encargada de dar luz verde a los expedientes que se le presentan, lo que parece que hasta ahora no ha funcionado de una manera muy eficaz.
La delegada de Igualdad y Bienestar Social indicó que aunque el final de todo este proceso es la reagrupación familiar, ésta debe realizarse con todo tipo de garantías para el menor. Cabe mencionar, además, que aún no se ha recibido petición alguna por parte de las familias de origen para que el retorno se haga efectivo. Mientras, el proceso es el de mantener al menor en los centros de acogida hasta que cumpla la mayoría de edad.
Sobre este mismo tema, también se pronunció el Defensor del Pueblo y del Menor andaluz, José Chamizo, que ha participado en uno de los cursos de verano que ofrece la Unia en la sede de La Rábida. Chamizo se mostró muy precavido a la hora de iniciar un proceso de repatriación y en todo caso rechazo que ésta se hiciera con carácter masivo, lo que considera difícil "aunque se haga una interpretación muy estricta". Así, abogó por un estudio pormenorizado de cada caso y que hay que dar prioridad a aquellos que se encuentran inmersos en un proceso de formación, ya que "éstos no se pueden ir". Para Chamizo, las situaciones más urgentes serán aquéllas en las que los menores pueden estar cayendo en la prostitución o en la calle "y es por ahí por donde hay que empezar".
De este modo, el Defensor del Pueblo puso de manifiesto las "enormes dificultades jurídicas" que existen para llevar a cabo las repatriaciones y constató que "el gran problema que hay es el efecto llamada", al tiempo que recordó que "queda pendiente si ciertas repatriaciones las va a autorizar el ministerio fiscal o no".
Los menores inmigrantes están repartidos entre los diecinueve centros de acogida de la provincia y su edad media oscila entre los doce y trece años. El número de menores inmigrantes no acompañados (menas) ha sido superior en otros momentos y se encuentran dentro de las 225 plazas que la Junta de Andalucía posee en la provincia de Huelva para acoger a menores, teniendo todos ellos los mismo derechos y las mismas posibilidades
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