Regiones españolas se preparan para controlar inmigración

Varias regiones españolas diseñan en estos días legislaciones para gestionar mejor la inmigración en un momento en que el gobierno español ha decidido revisar sus políticas ante este fenómeno, sobre todo por el incremento del desempleo entre este colectivo. En España viven unos 100.000 paraguayos, de los cuales el 40% se encuentra en Madrid, según datos oficiales.


Click para agrandarEl gobierno de la región de Valencia (este), del conservador Partido Popular (PP), redacta un proyecto de ley para crear un “contrato de integración” de los inmigrantes similar al que propuso el líder del PP, Mariano Rajoy, durante la campaña para las elecciones legislativas del 9 de marzo, inspirado a su vez en el modelo francés.

Quien no firme este contrato, que estará inscrito en una ley de Integración del Inmigrante, “no va estar perjudicado en sus derechos como persona”, declaró este lunes el consejero valenciano de Inmigración, Rafael Blasco. “Pero va a tener dificultades porque estará rechazando una integración”, advirtió.

El contrato “explicita esa voluntad de aprender valenciano y castellano”, según Blasco, que detalló que éste conllevará “darles cursos de formación en el idioma valenciano” y recordó que esta fórmula ya se aplica en algunos de los “países más avanzados del mundo”.

Varias voces criticaron la medida, con la que se “quiere crear un debate falso en la sociedad”, según los principales sindicatos españoles.

La asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui denunció que la medida esconde una “campaña soterrada en contra de la inmigración, criminalizándola y acusándola de los males no resueltos por los gobiernos y administraciones”, según un comunicado.

Por su parte, el gobierno de la región de Cataluña (noreste), formado por una coalición de izquierdas, quiere definir por ley un cupo limitado de alumnos extranjeros en las clases de las escuelas para que éstas no se conviertan en guetos en los barrios de mayor concentración de extranjeros.

El anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña presentado el lunes, que afectaría no sólo a las escuelas públicas sino a las semiprivadas, también contempla que las escuelas con menos porcentaje de inmigrantes, lo incrementen.

Estas medidas se estudian en un momento en el que la desaceleración económica que sufre España y la alerta frente a la inmigración sembrada por el conservador PP durante la campaña electoral han llevado al gobierno socialista español a ser más activo al respecto.

Todo ello después de un período de bonanza económica en el que España creció hasta el 3,8% en 2007 gracias a la mano de obra extranjera, en un país en el que el 10% de sus 45 millones de habitantes son de fuera.

Por eso el gobierno creó un ministerio de Empleo e Inmigración, y ante el incremento del desempleo provocado por el empeoramiento de la situación económica, que afecta sobre todo a los extranjeros contratados en el sector de la construcción, prepara medidas para facilitar su retorno, siempre de manera voluntaria.

El lunes por la noche, el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a invitar a los inmigrantes que hayan perdido el empleo a plantearse el regreso a sus países de origen.

Para ello, el ejecutivo de Zapatero estudia otorgar microcréditos y que los que regresen puedan cobrar de una vez el subsidio por desempleo mensual español para poder irse con un capital que les permita instalarse en su país de origen.

“Muchos de ellos a lo mejor deciden irse de retorno a su país”, dejó caer, tras enumerar los incentivos que se preparan y recordar que “hay países que están demandando” el retorno de sus ciudadanos, como Ecuador y Rumania.

Por su parte, el nuevo ministro de Empleo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo hoy que está “totalmente abierto” a estudiar propuestas del partido conservador al respecto para adoptar leyes compartidas por una mayoría de partidos, en declaraciones a la televisión Antena 3.

La Fundación de la Lengua Española recibe apoyo para formar a inmigrantes

El Gobierno regional otorga 100.000 euros para la integración sociolaboral de este colectivo
E.E. Valladolid.
La Fundación de la Lengua Española recibirá 100.000 euros para mantener en funcionamiento los 10 centros de integración de inmigrantes que tiene abiertos en la Comunidad y que en los dos últimos años han beneficiado a más de 1.500 personas.
El Consejo de Gobierno, para la concesión de esta partida económica, ha autorizado al consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, a la firma de un convenio de colaboración con la Fundación.

El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2008 y permitirá subvencionar todos los gastos relativos a programas de enseñanza del español, sensibilización intercultural e inserción sociolaboral. Como novedad, destaca la creación de una Comisión de Seguimiento que velará por su correcto funcionamiento, formada por dos representantes de la Dirección General de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo, y uno de la Fundación.

Favorecer la integración sociolaboral, mejorar la formación lingüística y fomentar el conocimiento de la cultura y los valores de Castilla y León, son algunos de los objetivos de estos centros para inmigrantes. Para ello se organizan cursos de lengua española, talleres de lectura y escritura, cursos de alfabetización informática, talleres para la obtención del carné de conducir, programas de capacitación profesional en materias con demanda de empleo en la zona e información sobre cómo operan los bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito.

La Fundación tiene en la actualidad centros en Íscar, Valladolid; Aguilar de Campoo, Palencia; Burgo de Osma, Soria; Guijuelo, Salamanca; Benavente, Zamora; San Andrés de Rabanedo y Ponferrada, en León; Arévalo, Ávila; Cuéllar, Segovia; y Briviesca, Burgos. Todas estas localidades son importantes núcleos rurales con un elevado índice de población inmigrante que, en algunos casos, llega a superar el 20%.

La FP se abre a trabajadores, amas de casa e inmigrantes el próximo curso

La Formación Profesional se abrirá el próximo curso a trabajadores, amas de casa, inmigrantes y, en general, a personas con poca disponibilidad de tiempo, de forma que puedan actualizar y ampliar sus conocimientos a través de la impartición de módulos parciales con un número limitado de horas.

La flexibilidad en horarios y matrículas es una de las tres novedades en la oferta de la FP para el próximo curso, además de la actualización de los cursos a los nuevos modelos educativos, lo que en Zamora supondrá la sustitución de Mecanizado, Cocina y Gastronomía y Educación Infantil; y la mejora de los estudios de garantía social, que pasan a llamarse Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Los jóvenes que cursan estos últimos cursos, que en Zamora son alrededor de cuatrocientos, obtendrán un certificado de cualificación de grado 1 y tendrán acceso a «reengancharse» a un ciclo formativo de grado medio, como explicó el director general de Formación Profesional de la Junta, Marino Arranz, durante la inauguración de las Jornadas Informativas sobre FP.

Arranz explicó que la actualización de los ciclos de FP permitirá a los alumnos equiparar sus titulaciones a las de otros países del entorno, «lo que les permitirá circular libremente por la Unión Europea».

En la feria, que se celebra hasta mañana, los jóvenes pueden comprobar las salidas profesionales de este tipo de estudios y las distintas materias que se pueden cursar en Zamora, donde alrededor de mil setecientos jóvenes cursan alguno de los 55 ciclos que se ofertan.

Las titulaciones más demandadas en la provincia, aunque no necesariamente son las que tienen más salida, son Electricidad y Electrónica, Automoción, Administración y Sanidad.

El director general, que animó a pasearse por la feria para comprobar lo que es la actual FP, destacó que el 90% de los alumnos que acaban FP, la mayoría de entre 20 y 25 años, encuentran trabajo en menos de seis meses.Además, el 92% son contratados por alguna empresa de la comunidad, por lo que no tienen que abandonar Castilla y León.

Arranz volvió a hacer un llamamiento para que las mujeres se incorporen a estudios de FP de carácter industrial, donde su presencia apenas llega al 5% en la actualidad. Asimismo, anunció contactos con centros educativos de la comunidad para que los jóvenes que cursan cuarto de la ESO acudan a empresas para decidir mejor su futuro.

También apostó por la Formación Profesional el secretario de la CEOE-Cepyme, Luis de Luis, quien destacó que más del 80% de los estudiantes «terminan colocándose en empresas de su actividad».

ASPEX pide una policía 'multicultural' para Extremadura

El director de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX), Francisco Atanet, ha asegurado hoy que la región "necesita una policía multicultural que debe estar preparada para facilitar una integración armónica y sin traumas".

El director de ASPEX ha incidido en que la Policía Local ha de ser un modelo para la ciudadanía y ese comportamiento ha de pasar por garantizar un trato adecuado a los inmigrantes y las minorías étnicas.
Francisco Atanet ha asistido hoy a la inauguración del Curso de Especialización y Perfeccionamiento para Policías Locales "Diversidad Cultural, Inmigración, Extranjería y Minorías Étnicas", que se desarrollará en Navalmoral de la Mata (Cáceres) durante tres jornadas -28 y 30 de abril y 5 de mayo-.
En el acto inaugural también ha intervenido el coordinador de la Policía Local de Extremadura, Esteban García Morgado, que ha destacado la importancia de impartir un curso sobre esta materia en una comarca como el Campo Arañuelo, que tiene un gran porcentaje de población inmigrante.
García Morgado ha explicado que este tipo de cursos se enmarcan en el esfuerzo de ASPEX por llevar sus actividades formativas a los distintos puntos de la región para facilitar la labor a los policías.
Sin embargo, ha lamentado que, a día de hoy, la oferta formativa sólo haya podido llegar a algo más del treinta por ciento de los agentes de la Policía Local de Extremadura, mientras que más del sesenta por ciento no ha recibido cursos de formación.
El curso incluirá aspectos como el racismo, la interculturalidad y el segregacionismo, entre otros, y los participantes, pertenecientes a la zona de Campo Arañuelo y La Vera, recibirán, además, dos manuales sobre el modo de intervenir en accidentes de tráfico en población, casos de violencia doméstica y en los que estén involucrados menores.
ASPEX inició el año pasado una política de acercar la formación a los lugares donde trabajan los agentes, una iniciativa que en 2007 supuso la impartición de cinco cursos y que en 2008 supondrá la realización de diez, con una media por curso de unos cincuenta alumnos.
Tras el acto inaugural, la responsable de la ASPEX en la formación en materia de igualdad de trato respecto a la inmigración, Lourdes Fernández, ha impartido la primera lección del curso, que consta de 24 horas lectivas.

La contratación de inmigrantes aumentó un 31 por ciento en 2007

Madrid, 28 abr (EFECOM).- La contratación de inmigrantes aumentó un 31 por ciento en 2007, año en el que el 21 por ciento del total de los contratos correspondió a trabajadores extranjeros, de forma que uno de cada cinco trabajadores en España es de fuera, según un informe de la consultora Randstad.
América Latina sigue siendo la región de la que proceden más trabajadores extranjeros, y cuatro de cada diez contratados provienen de América Central y de Sudamérica.
Ecuador es también, un año más, el país con mayor representación de inmigrantes trabajadores en nuestro país, y los puestos que ocupan en mayor número son los de hostelería, administración y servicios de limpieza.
De Africa son originarios un 32,8 por ciento de inmigrantes, de los que un 23,2 por ciento son del norte del continente y el resto del Africa Subsahariana, lo que supone un incremento de la fuerza laboral procedente de este continente respecto al de América Latina con relación a 2006.
También aumentaron los trabajadores procedentes de Europa del Este, que llegan ya al 33 por ciento del total.
Los datos de Randstad muestran también hacia qué provincias se dirigen los inmigrantes en función de su origen.
Málaga acoge fundamentalmente personas de origen marroquí, un 21 por ciento del total de trabajadores extranjeros, mientras que en Lugo la mayoría provienen de Colombia (22%) y en Valencia los ecuatorianos son los más numerosos (22%).
Madrid sigue contando con mayor número de ecuatorianos, rumanos y colombianos, mientras que Barcelona cuenta con más marroquíes (el 14% del total), ecuatorianos (13%) e italianos (7%).
El mapa de distribución laboral de trabajadores extranjeros evidencia una clara concentración en las zonas tradicionalmente industriales y en las zonas turísticas de la costa.
La media de edad de los trabajadores extranjeros es mayor que la de los españoles, con una media de entre 25 y 54 años, mientras que el grupo de edad más numeroso entre los trabajadores españoles es de 16 a 24 años.
Por género, existen notables diferencias en función del país de procedencia y apenas hay mujeres trabajadoras de Asia o Africa, una situación opuesta a lo que sucede con los inmigrantes procedentes de América Latina, donde dos de cada tres son mujeres.
El mercado laboral tiene cada vez mas necesidad de personal altamente cualificado y más de la mitad del empleo creado en los últimos cinco años ha sido para extranjeros, según el informe.
En el último año, los inmigrantes trabajaron sobre todo en puestos de producción, servicios de limpieza, administración y empleos de hostelería.

Francia descarta una regularización masiva de trabajadores inmigrantes «sin papeles»

El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, descarta realizar un proceso de regularización masiva de inmigrantes 'sin papeles' como la llevada a cabo en España o en Italia y asegura que la situación de los trabajadores que solicitan un permiso de residencia en Francia será analizada "caso por caso".

"He dicho sin ambigþedad que no habrá ninguna operación de regularización masiva. España e Italia, que la hicieron hace algunos años, han renunciado luego oficialmente a esta política", declara el ministro en una entrevista concedida a 'Le Figaro'.
El Gobierno francés se ha visto obligado a revisar su política de regularización por la huelga de unos 800 trabajadores irregulares del sector de la hostelería, el comercio y la limpieza que reclaman una solución apoyados por el principal sindicato francés, la Confederación General del Trabajo (CGT) y por dos centrales de la patronal francesa, partidarios incluso de una regularización masiva que sería, a su juicio, buena para la economía.
"No puede haber más que un examen caso por caso en función de la realidad de un contrato de trabajo o de la situación del empleo en un sector o en un departamento. Eso no es ni improvisación ni desbordamiento. La ley prevé regularizaciones, con carácter excepcional y caso por caso, en sectores que tienen dificultades de mano de obra. Por lo tanto, se aplica la ley", alega el titular de Inmigración.
Hortefeux defiende, en definitiva, la política de "firmeza, equilibrio y justicia" que ha prometido el presidente Nicolas Sarkozy en materia de inmigración y recuerda que en 2007 el número de clandestinos se redujo un 6 %, algo que no se ha producido en más de una generación. Apunta, asimismo, que en los últimos cinco años se han expulsado unos 110. 000 irregulares y que en el primer trimestre del año las repatriaciones han aumentado con más de un tercio de regresos voluntarios.
El Departamento de Inmigración ha pedido a las prefecturas (delegaciones del Gobierno) estudiar el expediente de los trabajadores 'sin papeles' para ver en qué casos se puede regularizar su situación. Algunos prefectos se enfrentan 50. 000 e incluso 100. 000 solicitudes, cifras que el ministro no cree que se correspondan con la realidad.
"Algunos patronos, afortunadamente no la mayoría, optaron en tiempos por la facilidad de reclutar a clandestinos porque se beneficiaban de que no tenían ni derechos sindicales ni salario mínimo. Otros han podido ser víctimas de abusos, pero hoy eso ya no es posible", explica Hortefeux.
Ello se debe, según el ministro, a que, desde el 1 de julio de 207 los empleadores que actuan de buena fe tienen que verificar en las prefecturas la situación de las personas a las que quieren contratar y la Administración tiene que responder en un plazo de 48 horas.
El ministro pone como ejemplo que en París se han registrado un total de 62. 635 peticiones y detectado un 10 % de fraude, sobre todo permisos falsos de residencia o documentos auténticos con fotos falsificadas.
Hortefeux subraya, en este contexto, que la ley también se aplica a los empresarios que cometen fraude. En 2007, un total de 1. 688 fueron detenidos por haber empleado a clandestinos, un 40% más que un año antes. También se ha reducido la inmigración familiar, un 12 % respecto a 2006 y aumentado un 20 % la inmigración profesional, porcentaje que llega al 27 % en lo que va de 2008.
NO FOMENTAR LA INMIGRACION LABORAL En todo caso, el Gobierno descarta relanzar la inmigración laboral. "Si mi preocupación es responder a las necesidades de sectores con problemas de mano de obra tengo también el deber de acompañar al conjunto de la comunidad nacional hacia el empleo. *Cómo pueden los empleadores o los sindicatos pedirme que conceda una prima a la ilegalidad? ", sentencia el ministro.
"*Tengo que dejar en la cuneta a los extranjeros que han hecho el esfuerzo de entrar legalmente en el territorio, de haberse integrado? . *Hay que sacrificar a sus hijos nacidos aquí? ", se pregunta Hortefeux tras poner de relieve que, mientras la tasa de paro no supera la barrera del 8 % en el conjunto de la población gala, la de los extranjeros en situación legal es todavía superior al 20 por ciento.

Potencian con fondos públicos el Centro de Integración de Inmigrantes

La Junta concede una subvención de 100.000 euros para toda la región


M. C. T. La Junta de Castilla y León ha destinado 100.000 euros para potenciar los centros de integración y formación de inmigrantes, entre ellos el de Benavente.
El Consejo de Gobierno concedió ayer esta subvención a la Fundación de la Lengua Española para mantener en funcionamiento los diez centros de integración de inmigrantes que tiene abiertos en la Comunidad y que en los dos últimos años han beneficiado a más de 1.500 personas.
Algunos objetivos de estos centros son favorecer la integración socio-laboral, mejorar la formación lingüística y fomentar el conocimiento de la cultura y los valores de Castilla y León. Para lograr estas finalidades, desde la Fundación organizan cursos de la lengua española, talleres de lectura y escritura, cursos de alfabetización, informática, talleres para la obtención del carnet de conducir, programas de capacitación profesional en materias con demanda de empleo en la zona e información sobre como operan los banco, cajas de ahorro y entidades de crédito.
Se creará una Comisión de Seguimiento que velará para que el acuerdo entre la Junta y la Fundación tenga un correcto cumplimiento.

El año pasado aumentó un 40% los menores que llegaron en patera

Cruz Roja atendió a 2.410 personas que llegaron a la costa, según los datos aportados en el balance de las actuaciones realizadas el pasado año

La oficina provincial de Cruz Roja Almería ha hecho balance de las actuaciones realizadas a lo largo de 2.007. El coordinador provincial, Francisco Vicente, acompañado por el presidente, Carlos Jover, ha explicado que según la información proporcionada por los propios inmigrantes en el momento de llegada en patera a la costa almeriense, el número de menores ha aumentado entre un 30-40% con respecto a 2006.

El EIRE actuó en 145 servicios, atendiendo a 2.410 inmigrantes llegados en patera, 1.252 procedentes de Marruecos, 808 de Argelia y 278 subsaharianos. Los datos totales son inferiores a 2006, donde se actuó en 205 actuaciones, atendiendo a 3.802 personas. Destacar también que en 2007 disminuyó el número de marroquíes que llegaron a la costa almeriense y se ha visto un incremento de ciudadanos Argelinos.

Aunque el número de pateras llegadas ha sido menor que en 2006, estas arribaban a la costa con un mayor número de personas. También ha aumentado el número de lo que se ha denominado 'pateras familia', con madres embarazadas y bebés a bordo, procedentes de Senegal.

Otro plan destacado entre las actuaciones de la institución es el de empleo para colectivos vulnerables, con los programas S.U.R.G.E. 'El Puche' con 444, Los Almendros con 259, Servicio de Mediación Sociolaboral a Drogodependientes con 38 y Red Interlabor@ con 420, donde un 80% ha sido atención a inmigrantes para búsqueda de trabajo, según explicó Vicente.

Dentro del Plan de Intervención Social, en el programa de Atención Social a Inmigrantes se ha atendido a 13.339 personas. En el Centro de Encuentro y Acogida situado en la Carretera Sierra Alhamilla se han atendido a 254 personas. En Atención Social a Toxicómanos el número ha sido de 222, en Ayuda a Domicilio han sido 63, en Acogimiento Familiar se ha atendido a 60 familias con 82 menores.

En el programa que entró en funcionamiento en el año 2007, el de Atención a mujeres que ejercen la prostitución, se han atendido a 37.

En cuanto a los programas del Plan de Socorros y Emergencias el Programa Preventivo ha dado respuesta a 230 personas; en la Operación Paso del Estrecho se han realizado 374 actuaciones para 1149 personas, y en el programa Clave 0, que se monta los fines de semana para apoyar al 061, a 1.187.

Cruz Roja Almería realizó a lo largo del año 2007 un total de 231 cursos que supusieron 8.013 horas lectivas. Se realizaron 746 actuaciones de formación para voluntarios y 2.136 para usuarios externos.

Novedades

Este año 2008 Cruz Roja Almería ha incluido en su programa de actuaciones el proyecto Cuidado al Cuidador, destinado a «a dar un respiro a los cuidadores de personas dependientes», ofrecer formación y apoyo psicológico, señaló Francisco Vicente.

Otra de las novedades de este año en las UMES (Unidades Móviles) que se acercan al entorno de ciertos colectivos como las personas sin techo, prostitución y asentamientos, para ofrecerles ayuda para minimizar sus riesgos.

Cruz Roja pone en marcha el EIRE Catástrofes. El coordinador provincial explicó que Almería está a la cabeza de equipos de respuesta inmediata con 250 personas, y se cuenta con espacios para acoger a unas 200 personas en lugares exteriores y a unas 600 en espacios cerrados.

También se ha preparado el Almacén de Emergencias con todo el material necesario para realizar las actuaciones; el Voluntariado Digital; intervención en medio ambiente y acogimiento familiar urgente.

Rumí impulsará la contratación interna frente a la de origen, que será complementaria

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha asegurado en su primer acto tras tomar posesión de su cargo que en esta legislatura dará prioridad a la contratación interna de españoles y extranjeros desempleados, frente a los contratos en origen, que será complementaria a la anterior.


En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración del XI Congreso de Inmigración de la Universidad de Almería, que se ha producido dos días después de que Rumí prometiese su cargo, ha detallado que, en virtud de la coyuntura de desaceleración económica mundial, su departamento se volcará en el fortalecimiento de los canales de contratación interna tanto de los españoles como de los extranjeros que se encuentran en situación de desempleo.

Para ello se tendrán 'muy en cuenta' las necesidades de los empresarios, se analizarán los sectores con mayor índice de desempleo y el nivel de cualificación de las personas en paro para realizar, en función de estos análisis, cursos de formación que permitan de hecho la recolocación.

También ha apuntado Rumí dentro de este objetivo la posibilidad de poner en práctica programas de retorno voluntario incentivados con microcréditos y el pago del desempleo que corresponda al retornar un inmigrante desempleado a su país de origen.

Con este objetivo esencial de incentivar la contratación interna, durante la legislatura se continuará con el mecanismo de contratación en origen, que será complementario al anterior, si bien Rumí ha asegurado que 'va a seguir siendo fundamental'.

'Encantada' de reestrenarse en sus funciones, Rumí ha apuntado que, en materia de inmigración, su departamento profundizará en el trabajo realizado durante los últimos cuatro años, de forma que se volverá a potenciar el control y la convivencia.

También en esta materia ha situado entre sus principales objetivos lograr la reagrupación familiar de menores llegados a España en patera que, solo en Almería, se ha incrementado durante 2007 en más de un 30 por ciento.

'Sin perder un minuto', ha afirmado Rumí, se ha puesto a trabajar en este aspecto, para el que hoy se ha celebrado una reunión de coordinación en la que se ha hecho balance y se han estudiado las fórmulas para incentivar el retorno asistido a su país de origen de los menores inmigrantes.

En cuanto a migración, Rumí ha trasladado que, si durante la pasada legislatura, el Gobierno 'dio un salto cualitativo' con la aprobación del Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior, los próximos cuatro años se dedicarán a 'ampliar' los beneficios de esta norma a nuevos perfiles.

Se ha referido al caso de los cooperantes y los profesionales cualificados, a los que la acción política dará respuesta mediante una adaptación del Estatuto a sus situaciones concretas para que se puedan beneficiar de los mismos derechos que el resto de emigrantes.

Concluye el programa formativo de inmigrantes

El curso ha girado en torno al mundo laboral


El programa de acción formativa titulado “Orientación Laboral para Inmigrantes y Relaciones Institucionales” concluyó el pasado jueves 29 de diciembre con la entrega de diplomas acreditativos a todas las personas matriculadas a este curso.


La concejal de Servicios Sociales, Belén García, que fue la encargada de hacer entrega de los diplomas, calificó el resultado de este programa como “un fabuloso mecanismo para la integración”, al tiempo que destacó que “con este tipo de cursos se da una formación de calidad a los inmigrantes desde el punto de vista intelectual y se les enseña a conseguir un puesto de trabajo para el que estén cualificados”.

Todos los alumnos han mostrado un gran interés por los contenidos del programa
Por su parte, Victoria Guzón Marín, profesora encargada de impartir el curso, señaló que los alumnos han mostrado un gran interés por los contenidos de este programa y añadió al respecto la importancia de cursos que como este ayudan a que los inmigrantes se sientan menos perdidos dentro del mundo laboral: “estas personas están muy perdidas en estas cuestiones, no conocen sus derechos ni tampoco sus deberes y se limitan a firmar donde se les dice, y con cursos como este por lo menos se les ofrece un mínimo de información para que a partir de ahí, y si ellos quieren, puedan reclamar sus derechos”, indicó la profesora del programa.

Desde el pasado nueve de diciembre, las casi treinta alumnos matriculados han recibido formación sobre la política de inmigración, la ley de extranjería, la búsqueda de empleo, así como el conocimiento del medio Institucional y la Administración.

Conocimientos todos a nivel general y que según expresó la edil de Servicios Sociales “podrán ser ampliados si como es nuestro deseo en breve puede llevarse a cabo la segunda parte de este interesante programa formativo para completar los conocimientos de los alumnos que han realizado este y abierto también a nuevos alumnos”. Además, Belén García subrayó lo gratificante que resulta realizar programas de este tipo porque “lo mejor es la gran sonrisa de todos ellos al recoger los diplomas por saber que su trabajo ha sido valorado y reconocido”.

Más de mil ecuatorianos han iniciado los trámites para volver a su país

No es un fenómeno masivo, pero cada vez hay más inmigrantes que se plantean volver a sus países de origen ante las dificultades económicas que empiezan a encontrar en la Región. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro en su tierra y el gasto importante que supone hacer las maletas siguen siendo un freno para la mayoría. Por eso, los gobiernos español y ecuatoriano han puesto en marcha un programa de retorno voluntario que ofrece facilidades para quienes deseen iniciar el camino de vuelta a Ecuador. De momento, más de mil inmigrantes que viven en Murcia han comenzado el proceso, que les permitirá cruzar el Atlántico con su coche, sus muebles e incluso su maquinaría de trabajo sin pagar aranceles.

Además, el Gobierno ecuatoriano ofrecerá a partir de junio o julio «microcréditos para abrir negocios en el país y subvenciones para acceder a una vivienda», explica el cónsul en Murcia, Patricio Garcés. Será entonces cuando, previsiblemente, aumente el interés por sumarse al programa de retorno.

Los inmigrantes de otros países lo tienen de momento más difícil, aunque Rodríguez Zapatero ya anunció en su discurso de investidura que impulsará planes de este tipo. Entre otras medidas, el Gobierno central estudia abonar la subvención por desempleo en un sólo pago a los extranjeros que quieran volver.

Además, comunidades como Madrid han desarrollado ya programas de retorno voluntario en colaboración con organismos internacionales y ONG. Sin embargo, en Murcia, la Consejería de Política Social e Inmigración no ha desarrollado políticas en esta dirección, salvo un convenio firmado con la Fundación CREA que incluye microcréditos para quienes deseen hacerse autónomos. La ayuda puede cobrarse tanto si los beneficiarios se quedan en España como si se marchan a Latinoamérica. El director general de Inmigración, Leopoldo Navarro, justicia la ausencia de medidas porque «no existe una demanda» y duda del éxito del retorno voluntario «mientras las condiciones sociales en los países de origen no cambien».

Blasco firma con Bancaja un convenio para la formación de inmigrantes

EL ACUERDO PERMITE EL FUTURO LABORAL DE JÓVENES EXTRANJEROS A TRAVÉS DE ACUERDOS CON SUS PAÍSES DE ORIGEN

El conseller de Inmigración y Ciudadanía y presidente del Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes (CeiMigra), Rafael Blasco, ha firmado un convenio de colaboración con el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, para la integración y formación de inmigrantes en la Comunitat. Blasco subrayó en un comunicado la "importancia" del acuerdo, que permite, entre otras actividades, "la formación de jóvenes inmigrantes a los que se les facilita un futuro laboral a través de acuerdos con sus países de origen".

El conseller también remarcó "la contribución y el compromiso de la Fundación Bancaja, un ejemplo de la apuesta por una sociedad tolerante mediante el diálogo, así como el saber hacer y buena gestión de la Fundación CeiMigra que está coparticipada por la Compañía de Jesús".

En cuanto al convenio, la Fundación Bancaja aportará un total de 500.000 Euros para el asesoramiento y formación laboral a inmigrantes, así como para actividades de sensibilización, investigación, mediación, cooperación y codesarrollo.

Una contribución que, junto con la colaboración del Gobierno valenciano de 629.730 Euros, permitirá que pasen más de 10.000 inmigrantes al año por el CeiMigra. Así, en el Centro se forman más de 2.500 inmigrantes, 6.670 extranjeros reciben atención, y 5.495 personas se inscriben a cursos y actividades.

El Centro de Estudios impulsa la formación del inmigrante en cursos de castellano y valenciano, formación de nuevas tecnologías, así como la atención de personas dependientes, hostelería y comercio. Una formación que se complementa con la ayuda personalizada para la búsqueda de empleo e intermediación laboral.

Blasco señaló que, a través de este proyecto de codesarrollo, el CeiMigra y el Consell "pretenden dar a los jóvenes una respuesta para que no se vean obligados a emigrar de sus países de origen". En la actualidad, la Comunitat cuenta con cuatro residencias en Alicante, Alfafar, Paterna y Valencia, donde residen 94 jóvenes procedentes de América Latina y África.

Proyecto internacional

El Programa de Liderazgo Comunitario, supone la internacionalización de un proyecto en el cual las residencias de estudiantes de la Comunitat forman parte de una Red Internacional de Residencias con sedes en Colombia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador. Esta Red nace con un enfoque positivo como es intercambio cultural, y con vocación de impulsar una red de solidaridad internacional.

Las residencias son centros de participación activa, donde los estudiantes, además de completar sus estudios superiores, participan en la integración de sus compatriotas en las sociedades de acogida, a través del asociacionismo y centros interculturales.

Así, estos centros juegan un doble papel. Por un lado, contribuyen en los países de origen a la formación de estudiantes para que puedan convertirse en líderes de desarrollo local. Por otro, fomentan la cooperación internacional y los lazos entre los países de origen y de acogida de la inmigración.

Más de 300 inmigrantes logran empleo con la Fundación Semilla

Más de 300 inmigrantes residentes en el barrio de Villaverde han encontrado un empleo tras asistir a los cursos y talleres que forman parte de dos planes de formación y orientación dirigidos a mujeres y jóvenes, así como al Programa de Atención a Inmigrantes.

La Fundación Semilla, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1974 en Villaverde, es la encargada de llevar a cabo estos proyectos que son financiados por el Gobierno regional.

El consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty, acompañado por el concejal del distrito, Joaquín Martínez Navarro, visitó ayer el centro donde se desarrolla el programa 'Mujer Inmigrante y Empleo', dirigido a mujeres en riesgo de exclusión social, y varios cursos de nuevas tecnologías a los que ya han acudido 150 jóvenes de diferentes países como Ecuador, Bolivia, Rumanía y Marruecos.

'Mujer Inmigrante y Empleo', que incluye orientación laboral, cursos de confección, seguimiento y prácticas laborales, ha formado a 75 mujeres que, tras finalizar el programa, han conseguido un puesto de trabajo.

Además, el Programa de Atención a Inmigrantes ofrece orientación en el área educativa para jóvenes en busca de formación y empleo, asesoría jurídica y asistencia psicosocial para promover la integración sociolaboral de los residentes extranjeros, refugiados y solicitante de asilo.

Los 34.500 inmigrantes que residen en Villaverde pueden beneficiarse de estas iniciativas.

Trabajo asesorará a los inmigrantes parados para que logren otro empleo

La Comunidad pondrá al servicio de los 9.400 extranjeros parados e inscritos en el SEF un grupo de 34 tutores que les orientarán para encontrar una salida laboral


MURCIA. La preparación de un plan que fomente la recolocación de trabajadores inmigrantes afectados por la desaceleración económica se está haciendo realidad por parte de la Consejería de Empleo y Formación que inciden en dos pilares básicos: los itinerarios personalizados de inserción y la oferta de formación planificada.

El Plan completa sus actuaciones con el incremento de las cuantías por contratación en 1.000 euros, alcanzando los 6.400 euros, así como por autoempleo, que se situará en 7.600 euros, 1.600 euros más que la norma general.

Este plan forma parte del Plan de Dinamización de la Economía regional y en él, un total de 34 tutores serán los encargados de evaluar las habilidades y características personales de cada trabajador y detectará sus necesidades formativas derivándolos hacia las acciones necesarias para obtener su cualificación.

Asimismo, se encargarán de la orientación, la asistencia y servirá de punto de conexión con las ofertas de trabajo que necesite, ya sea para emprender su propia actividad empresarial o para trabajar por cuenta ajena.

Asimismo, tras la realización de esos cursos el tutor prestará la orientación, la asistencia, y servirá de punto de conexión con las ofertas de trabajo que necesite, ya sea para emprender su propia actividad empresarial, o para trabajar por cuenta ajena.

Casi 500 entrevistas
El consejero confirmó que hasta el día de ayer, se habían realizado ya entre 400 y 500 entrevistas de las mil citaciones que habían ya en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).

Sotoca confirmó que la construcción está arrojando el mayor número de desempleados. Así, explicó que en las oficinas de empleo de la Región hay un total de 9.400 trabajadores extranjeros, 890 de agricultura, 831 de industria, 3.262 de construcción, 3.500 de servicios y 827 sin empleo anterior.
“Lo que pretendemos es recualificar a estos demandantes de empleo en otros sectores que vayan a tener mayor capacidad de generación de empleo”, indicó Sotoca, que apostó además por el desarrollo de la formación en el sector industrial con cursos de soldadores, instaladores de aire acondicionado, calefacción y energías térmicas; entre otros.

Pacto de Inmigración plantea la necesidad de mejorar los servicios públicos

El Pacto Nacional para la inmigración que impulsa el gobierno catalán propone adecuar los servicios públicos básicos e incrementar su dotación económica, así como crear un servicio de acogida universal para evitar la competencia entre los inmigrantes y la población autóctona por estos recursos.

Estas medidas son algunas de las que recoge el documento de bases del Pacto que hoy ha presentado la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, y que se abre a partir de hoy a un proceso de participación ciudadana que durará tres meses antes de ser aprobado por el gobierno catalán.

El acuerdo, que pretende dar respuesta a las demandas y necesidades que genera el hecho migratorio, contempla 50 nuevas actuaciones que buscan garantizar una buena convivencia y la cohesión social entre toda la ciudadanía.

Capdevila ha destacado la necesidad de este 'acuerdo estratégico' para asumir los retos que plantea la transformación experimentada por la sociedad catalana, que en los últimos diez años ha visto cómo llegaban a Cataluña más de 900.000 inmigrantes de 150 países diferentes.

La necesidad de evitar la competencia por los recursos públicos entre la población autóctona y los inmigrantes (que representan ya un 15% de los residentes en Cataluña) obliga, según las bases del Pacto, a reforzar los servicios públicos más básicos, como son la sanidad y la educación, para evitar que éstos pierdan calidad.

En el ámbito de la regulación de los flujos migratorios, la Generalitat tiene previsto además plantear al Gobierno algunos cambios legislativos como que se concedan conjuntamente los permisos de trabajo y residencia y que se avance de diez a cinco años el período mínimo de estancia en España para obtener la nacionalidad.

Capdevila, que ya avanzó su intención a este respecto el pasado lunes, ha destacado que la unificación de las autorizaciones de trabajo y residencia facilitaría la incorporación al mercado laboral de los inmigrantes, en su mayoría jóvenes y mujeres, que llegan a través de la reagrupación familiar y que tienen permiso de residencia pero no pueden trabajar.

La Generalitat, por otro lado, es partidaria también de reducir de diez a cinco años el tiempo mínimo que un extranjero ha de vivir en el país para obtener la nacionalidad española, y propone conceder el derecho a voto a las personas extranjeras a partir de los cinco años de residencia regular.

Todas estas propuestas están también incluidas en el documento de bases del Pacto, que es el resultado de las reflexiones de unos 80 expertos en materia de inmigración.

Una promesa para 400.000 inmigrantes

La crisis en la construcción anima a los extranjeros a pensar en la vuelta.

Todo le iba de maravilla. Encontró trabajo en cuanto llegó a España en 1998, en la construcción. "Durante diez años enganché una obra con otra. No paraba. Trabajaba para varias empresas y me llamaban constantemente", explica Hernán, ecuatoriano de 28 años. Le iba tan bien que hace poco se compró su primera casa en Madrid. Desde hace seis meses está en paro. La crisis en la construcción, principal motor del empleo en los últimos años, le ha dejado con una hipoteca de 1.200 euros al mes y un subsidio de paro de 900. A él y a los cientos de extranjeros que han perdido su empleo en los últimos meses, se dirigía José Luis Rodríguez Zapatero el martes cuando propuso incentivar el retorno voluntario de los inmigrantes desempleados pagándoles el subsidio de paro de una sola vez o concediéndoles microcréditos. El Ministerio de Trabajo desconocía ayer los detalles de la oferta de Zapatero.

Trabajo desconoce los detalles del plan de Zapatero de ayudas al retorno
El programa de retorno voluntario ya existía. Desde 2003, cuando empezó a funcionar, hasta junio del año pasado, la administración pagó el billete de vuelta a casi 3.700 extranjeros sin suerte en España. Consultadas por este periódico, las principales asociaciones de inmigrantes coincidieron en que ni la cifra ha sido nunca muy alta ni el programa una verdadera opción. Pero el número de desempleados extranjeros ha subido y la situación ha cambiado.

El 40% de los nuevos parados en el último año son extranjeros, según los datos de empleo de diciembre de 2007. Las mismas empresas que hace seis meses agobiaban a Hernán a encargos le dicen ahora: "No tenemos nada para ti. Tienes que esperar". El parón inmobiliario se ha cebado especialmente con los inmigrantes porque la construcción es su primera ocupación. Por eso, ahora miran con otros ojos la oferta del Gobierno de regresar a su país. En éste, 52.300 extranjeros han perdido su empleo en el último año, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2007. Unos 407.000 están ahora en paro.

Además, el plan de retorno voluntario anunciado el martes por Zapatero incluye una novedad importante, la prestación económica: el subsidio de desempleo que les correspondería por el tiempo trabajado o un microcrédito con el que poder levantar un negocio. Las asociaciones de inmigrantes explican que hasta ahora, el retorno voluntario era poco atractivo porque la administración se limitaba a pagar el billete de vuelta y una pequeña ayuda para tirar unos meses. En la práctica, muchos de los que se acogían a este programa regresaban a España en cuanto se acababa ese dinero.

En este contexto, el Gobierno rumano confía en poder llevar de vuelta a casa a parte de los cerca de dos millones de compatriotas que emigraron a otros países europeos, principalmente Italia y España (donde hay cerca de 600.000) en busca de empleo. El sábado, una delegación encabezada por el ministro de Trabajo del país inicia en Castellón una gira por las ciudades con mayor población rumana -visitarán Alcalá de Henares y Sevilla en mayo y Barcelona y Zaragoza en julio- para ofrecer unos 500.000 empleos. "Necesitamos que vuelvan. Faltan soldadores, gente que ponga a funcionar las máquinas, que labre la tierra, que dirija una obra...", explica Catalin Boicu, agregado cultural de la embajada de Rumanía en España. "Les explicaremos cara a cara que el país ha cambiado y que estamos mejor que hace cinco años. Aún no podemos ofrecer los sueldos de aquí, pero a cambio, la vida es más barata, y estás en casa".

El 16,6% de Madrid es extranjero

La Comunidad cuenta con 1.060.600 inmigrantes empadronados.

El número total de extranjeros empadronados en la Comunidad de Madrid se eleva a 1.060.600 personas, lo que representa el 16,62% de la población madrileña. Estos datos se obtienen de un estudio que ha realizado el Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Datos de la Consejería de Inmigración y Cooperación.

El consejero Javier Fernández-Lasquetty presentó estas cifras el pasado 31 de marzo, momento que aprovechó para aclacar que este millón de extranjeros son sólo los empadronados, “aunque puedan estar en España de manera irregular”. De hecho del 1.060.600 inmigrantes, sólo 712.011 tienen en su poder la tarjeta de residencia. En cuanto a la obtención de la doble nacionalidad –los latinoamericanos la pueden conseguir tras residir dos años en España–, en la región ya son 22.610 los que la tienen.

Procedencia
Por lo que respecta a la procedencia de estos extranjeros, América Latina se sitúa en cabeza con un 47% del total. Le siguen los procedentes de Europa, con un 35,13% –de los que destacan los ciudadanos de Rumania y Bulgaria con un 21,4%–. Asimismo, del Magreb procede el 8%, de Asia el 6% y de África subsahariana el 4%.

La nacionalidad rumana continúa siendo la mayoritaria en la Comunidad de Madrid, informó Fernández-Lasquetty. Los inmigrantes provenientes de este país pasaron de 155.962 en enero de 2007 a 195.676 en enero de 2008. Le siguen Ecuador con 145.352 empadronados en la región, Marruecos con 85.626, Colombia con 72.940, Bolivia con 60.797 y Perú con 57.622.

Este informe de la Consejería también indica que la nacionalidad que experimentó un mayor incremento es la paraguaya con un 38,21%. Por el contrario, disminuyeron los inmigrantes provenientes de países latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Argentina.

Italia
Otro de los datos que llama la atención de manera especial es el que hace referencia a los 21.779 italianos que han venido a vivir a la Comunidad de Madrid. Según explicó el consejero, estas personas no son oriundas de Italia sino argentinos con la doble nacionalidad.

Por edades, el documento señala que el 83,46% de los inmigrantes tiene entre 16 y 64 años. De ellos, el 32,51% comprende las edades entre 25 y 34 años, mientras que el 14,74% tiene menos de 16 años. La media de edad es de 30,87 años.

La diferencia entre extranjeros varones y mujeres es muy escasa, siendo las de los primeros del 49,47% y la de las segundas de 50,53%.

Lugar de residencia
Respecto a la distribución de la población extranjera por municipios, la mayor parte de los inmigrantes han elegido Madrid y Alcalá de Henares para vivir. La capital cuenta con 548.648 inmigrantes empadronados, lo que supone el 51,73%; y Alcalá de Henares cuenta con 41.705 extranjeros.

A esta relación le siguen Fuenlabrada con 31.768, Móstoles con 28.104, Parla con 27.474, Getafe con 25.816, Alcorcón con 25.491 y Leganés con 23.929. Los de menor población extranjera son San Sebastián de los Reyes con 9.425 y Pozuelo de Alarcón con 9.201.

De todos ellos, la nacionalidad mayoritaria es la rumana, con la excepción de San Sebastián en la que predomina la colombiana al igual que en Las Rozas, Tres Cantos en la que la primera es la peruana y Majadahonda la boliviana. En Madrid, la mayoría de los extranjeros provienen de Ecuador.

Cataluña encabeza el ranking europeo en inmigración ilegal y economía sumergida

ÁNGEL MARÍN

BARCELONA. «Entre un 25 y un 30 por ciento de la población inmigrante que reside en Cataluña(poco más de un millón de personas) está en situación irregular y un 20 por ciento de ellos trabajan en la economía sumergida», afirmó Jordi Sánchez, relator del estudio «Líderes en inmigración» y director de la Fundación Bofill. No obstante, el sociólogo matizó que estos porcentajes son «una estimación» después de analizar las cifras de este estudio que ayer presentó el vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira.
Sánchez reconoció que tanto la cifra de extranjeros sin permiso de trabajo o residencia como la de inmigrantes que trabajan de manera ilegal en Cataluña es la «más elevada» de Europa, donde la economía sumergida es un fenómeno «residual o inexistente».
Cataluña, con un 15 por ciento de inmigrantes, se sitúa a la cabeza de Europa en cuanto a porcentaje de ciudadanos de origen extranjero, según este estudio encargado por Carod al Centro de Estudios de Temas Contemporáneos (CETC).
La realidad migratoria catalana está muy por encima de países o regiones como Quebec (11,5%), Austria (9,95%), Lombardía (7,6). Portugal (4,1) o Letonia y Escocia, ambos con un 1 por ciento. El porcentaje catalán es también muy superior a la media del conjunto de España, que es del 10 por ciento.
En la presentación del informe, Carod subrayó que el modelo catalán de integración empieza a ser «un referente» internacional por la baja conflictividad y la práctica inexistencia de brotes xenófobos en Cataluña. «Si lo hacemos bien, los inmigrantes de hoy serán los catalanes de mañana, igual que los inmigrantes de ayer son los catalanes de hoy», concluyó.

La Generalitat propone reducir de 10 a 5 años el período para obtener la nacionalidad

Barcelona. (EFE).- La Generalitat tiene previsto plantear al Gobierno algunos cambios legislativos en materia de inmigración, como que se concedan conjuntamente los permisos de trabajo y residencia y que se avance de diez a cinco años el período mínimo de estancia en España para obtener la nacionalidad.

La consellera d'Acció Social i Ciutadanía, Carme Capdevila, ha explicado, durante la presentación de un estudio sobre la población extranjera en Catalunya, que estas y otras propuestas se incluyen en el documento de bases del Pacto Nacional para la Inmigración, que el gobierno catalán espera aprobar en los próximos meses en consenso con todos los partidos y actores sociales.

La intención de la Generalitat es que, una vez se apruebe el documento, actualmente en fase participativa, se planteen estas propuestas al Ejecutivo para mejorar la gestión del fenómeno migratorio, que de manera tan intensa se ha desarrollado en la última década en España y, muy especialmente, en Catalunya, donde un 15 por ciento de la población ya es de origen extranjero.

Capdevila, acompañada por el vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, ha afirmado que "es del todo necesario" avanzar en la unificación de las autorizaciones de trabajo y residencia, ya que de esta manera se facilitaría la incorporación al mercado laboral de los inmigrantes, en su mayoría jóvenes y mujeres, que llegan a través de la reagrupación familiar y que, por tanto, tienen permiso de residencia, pero no venía para trabajar.

La Generalitat, por otro lado, es partidaria de reducir de diez a cinco años el tiempo mínimo que un extranjero ha de vivir en el país para obtener la nacionalidad española.

"Es un cambio necesario", ha destacado Capdevila, que ha recordado que en algunos países europeos, como Bélgica, o en la región canadiense de Québec, los inmigrantes pueden conseguir la nacionalidad con sólo acreditar tres años de estancia continuada en el país.

Otra de las medidas que propone la Generalitat a través del Pacto Nacional para la Inmigración es "facilitar la reagrupación familiar".

Todas estas medidas, ha asegurado Capdevila, permitirán a Catalunya y a España avanzar hacia la igualad de derechos y de participación de autóctonos e inmigrantes.

Marruecos aboga por la promoción de la inmigración legal de carácter laboral

"No debemos escatimar ningún esfuerzo entre nuestras dos orillas con el fin de hacer de la migración de trabajo un medio de lucha eficiente contra la inmigración clandestina"

El ministro de Empleo y Formación Profesional se compromete a colaborar de forma comprometida con España en materia de inmigración ilegal
El ministro marroquí de Empleo y Formación profesional, Jamal Rhmani, aboga por hacer de la inmigración legal y fiscalizada de trabajo un medio "eficiente" de lucha contra el fenómeno de inmigración clandestina.
Rahmani hizo este llamamiento durante la apertura de una sesión de trabajo en Cartaya, con motivo de la visita de una delegación marroquí en esta región para informarse de las condiciones de trabajo de las temporeras marroquíes en los campos de la provincia de Huelva.
"No debemos escatimar ningún esfuerzo entre nuestras dos orillas con el fin de hacer de la migración de trabajo un medio de lucha eficiente contra la inmigración clandestina", subrayó el ministro. Rahmani destacó a este respecto la "imperiosa" necesidad de la puesta en práctica de una aproximación de desarrollo equilibrada en el tratamiento de la cuestión migratoria, con el fin de favorecer los flujos migratorios en todos los sentidos.
En este contexto, evocó el acuerdo de mano de obra firmado en 2001 entre Marruecos y España, un acuerdo "ejemplar" a nivel internacional, puesto que se fundamenta en "la convergencia y la sinergia bilaterales" de las acciones comunes entre los dos estados en materia de gestión de los flujos migratorios para fines de trabajo.

Los inmigrantes aprenden derechos, obligaciones y cultura valenciana

La Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, a través del CeiMigra, pone en marcha cursos de formación y aprendizaje de castellano y valenciano destinados a inmigrantes. El objetivo es que los extranjeros cuenten con una formación de calidad en aspectos que les faciliten su integración en la Comunidad. Estos cursos de valenciano contemplan también la enseñanza de historia, cultura y tradiciones valencianas, para propiciar la mejor adaptación de los extranjeros.
Los programas de integración se enmarcan dentro de un convenio firmado entre el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, y el CeiMigra, el Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes, por el que la Generalitat destina casi 630.000 euros.
La Fundación CeiMigra admite anualmente de manera aproximada la mitad de las solicitudes recibidas, y las más demandas el conocimiento del castellano, la informática y la hostelería. En cuanto al contenido de las clases de valenciano, se imparte al alumnado conocimiento sobre la realidad histórica, patrimonial y cultural de nuestra Comunidad y se dan a conocer las tradiciones y costumbres de la sociedad valenciana para propiciar la mejor adaptación del participante al entorno en el que vive. Asimismo, en el convenio se incluye un módulo transversal sobre los derechos y obligaciones de las personas inmigrantes.

El convenio firmado supone la puesta en marcha de un programa de fomento de creación de redes en el ámbito municipal. Este proyecto se complementa con el programa de formación que el CeiMigra cuenta para técnicos municipales en mediación intercultural.

La mediación intercultural es una «herramienta que permite la interacción entre los inmigrantes y los autóctonos, para el reconocimiento y conocimiento mutuo y a través de su acción, ayuda a fomentar el respeto por las múltiples diferencias culturales que conviven en un mismo entorno».

Andalucía Acoge demanda una nueva ley de Extranjería y políticas "no orientadas al control de fronteras"

La Federación de Asociaciones Pro Inmigrantes Andalucía Acoge ha demandado hoy una nueva ley de Extranjería que establezca cauces administrativos "más cómodos y realistas", y ha pedido al Gobierno que gestione la inmigración con políticas de integración y no de control de fronteras.

Así lo han manifestado los responsables de la organización humanitaria, que celebran desde hoy y hasta el próximo domingo en Granada su XVII asamblea general centrada en dos aspectos fundamentales: la política de la Unión Europea en inmigración y el futuro que aguarda a los menores inmigrantes asentados en el país.

En rueda de prensa, el secretario de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha pedido al Gobierno que en esta nueva legislatura mejore el control y la transparencia de los procesos administrativos dotando de más medios a las oficinas de extranjería.

En su opinión, las dificultades administrativas en los procesos de regularización persistirán mientras haya una ley de Extranjería como la actual que impide la integración de los inmigrantes hasta que llevan "tres años sorteando obstáculos", y que relega a este colectivo de la población "a la más absoluta invisibilidad social" obligándoles así a "buscarse la vida en la economía sumergida".

Por ello, ha demandado una nueva ley de Extranjería que establezca cauces administrativos "más cómodos y realistas".

Por su parte, la presidenta de Andalucía Acoge, Ana Jiménez, ha instado al Gobierno que ahora se constituye a que active políticas sociales y económicas en los países de origen y deje de "usar fondos públicos para llegar a acuerdos sobre nuevas repatriaciones".

Sobre todo, ha dicho, porque las políticas de control de fronteras "no han dado resultados", lo que se evidencia en que, aunque en menor número, siguen produciéndose muertes en el Estrecho veinte años después de que se registrara la primera.

Según los datos de la federación, en la actualidad viven en España 2.357.218 inmigrantes no comunitarios, 252.743 en Andalucía y 26.748 en Granada.

La asamblea que comienza hoy abordará dos cuestiones fundamentales: el modelo de política migratoria europea y el futuro que aguarda a los menores inmigrantes que se están haciendo adultos.

Respecto al primer asunto, Morales ha considerado que el gran reto de la Unión Europea debe ser enfocar las políticas migratorias a fomentar la integración y no a controlar las fronteras, como en su opinión ha hecho hasta ahora.

En cuanto a los menores que se están haciendo adultos, Morales considera que aún falta por construir un modelo de integración de este colectivo en España.

La organización humanitaria denuncia también la "degradación" ala que se ven sometidas las personas recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), especialmente en el de Capuchinos de Málaga, el de Algeciras y el de Fuerteventura, según un reciente informe del Parlamento Europeo elaborado por una empresa independiente.

Andalucía Acoge rechaza los "discursos utilitaristas" basados en estudios sobre el número de extranjeros que necesitaría España para mantenerse, porque eso supone a su juicio tratar a la inmigración exclusivamente como "mano de obra".

Para la organización humanitaria, la llegada de extranjeros contribuyó a compensar "un problema estructural" del país: la balanza demográfica.

La asamblea será inaugurada esta tarde por el periodista y escritor Juan José Téllez, que impartirá la conferencia "Veinte años de muertes en el Estrecho".

El Govern pide a Solbes más dinero por el turismo, la inmigración y los altos precios

F. GUIJARRO. PALMA. El Govern ha sustentado su reclamación de más financiación para Balears ante el ministerio de Economía en la necesidad de tener en cuenta la "población real efectiva" de las comunidades autónomas, incluida aquella derivada de la llegada de turistas; el gasto que generan algunos colectivos específicos, como el de los inmigrantes; y el diferencial de precios existentes entre las diferentes regiones, según consta en el documento remitido a Madrid el pasado mes de diciembre sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.

La propuesta elaborada por la conselleria de Economía recoge algunos de los factores que más pueden beneficiar a Balears a la hora de fijar la financiación de las autonomías. En primer lugar, la exigencia de que las necesidades de gasto de cada zona se determinen teniendo en cuenta su "población real efectiva", dado que "una gran parte de los usuarios de los servicios públicos que se ofrecen no son residentes".

Por ello, para las islas se pide que se tengan "en cuenta las necesidades de financiación derivadas de la atención a la población flotante". Este elemento es básico, si te tiene en cuenta que el archipiélago es visitado cada año por millones de turistas.

La conselleria de Carles Manera también incorpora un nuevo elemento a tener en cuenta en su propuesta ante el Ministerio de Pedro Solbes, como es la necesidad de "depurar algo más el concepto de población" a la hora de calcular las necesidades de gasto en materias como la educación o la sanidad. En concreto, propone que se tengan en cuenta las necesidades de colectivos específicos, como la población inmigrante o la dependiente. Esta idea también decanta la balanza en favor de las islas, dado que Balears es la comunidad autónoma con la tasa más alta de población extranjera de toda España.

Precios más altos

El documento remitido al Gobierno central especifica que "la fórmula de cálculo de las necesidades de cada región debería tener en cuenta los diferenciales de precios" existente en cada zona de España, y se recuerda que en Balears éstos se sitúan por encima de la media española.

La insularidad es otro de los elementos que desde el Ejecutivo autonómico se plantea para el nuevo modelo. Para empezar, se reclama que la insularidad se tenga en cuenta a la hora de definir el concepto de "población real efectiva", dado que ésta sufre fuertes variaciones en el archipiélago de carácter estacional -derivadas de la actividad turística-, pero también se recuerda que el Estatut d´Autonomia prevé un trato favorable respecto al régimen económico y fiscal de los territorios insulares.
Sobre este último punto, se recuerda que el diseño definitivo del nuevo régimen económico de Balears, previsto en el Estatut, puede tener "un impacto significativo sobre el modelo de financiación", pese a ser ajeno al mismo.

Además, se solicita que se contemple un sistema para actualizar el cálculo de las necesidades reales de cada región, ante los cambios coyunturales de población. Hay que recordar que el actual modelo estima para Balears una población de unos 700.000 habitantes, cuando ésta ha crecido ya hasta superar el millón.

629.000 euros para formación e integración de los inmigrantes

La Generalitat destinará este año 629.730 euros al Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes (CeiMigra) con los que financiará las actividades que desarrolla este organismo para favorecer la inserción laboral de los inmigrantes y el aprendizaje del idioma y costumbres de la Comunitat.

Así se recoge en el convenio de colaboración firmado ayer entre el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, y ex director gerente de la Fundación CeiMigra Joaquín García Roca, en un acto en el que se ha dado a conocer al nuevo director de la entidad, Guillermo Vansteenberghe.

Este centro forma a más de 2.500 alumnos inmigrantes a través de 66 cursos, entre los que destacan los de aprendizaje de castellano y valenciano, donde se les enseña, además del idioma, la realidad histórica, patrimonial y cultural.

El conseller de Inmigración y presidente del CeiMigra destacaron la importancia de este convenio con el que el Consell hace "una aportación muy importante" para que el centro mantenga una actividad, con la que ofrece a los inmigrantes preparación para insertarse en la Comunitat.

Los inmigrantes se instalan en diferentes barrios de las ciudades

Un estudio de la UPC rompe algunos tópicos sobre los hábitos residenciales de los inmigrantes en España y destaca que, aunque muchos se concentran en los cascos antiguos de las ciudades, un número ya importante se instala en los barrios obreros periféricos e incluso en los de nivel socioeconómico medio.


La investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que se ha basado en datos estadísticos y en entrevistas en profundidad a medio centenar de inmigrantes, revela también que la trayectoria de estos ciudadanos suele ser ascendente: la mayoría parten de una habitación o una simple cama por la que pagan precios abusivos y concluyen con el alquiler o la compra de una vivienda.

El estudio, que hoy han presentado sus responsables, se centra en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y Zaragoza, las principales áreas metropolitanas de España en las que se asienta la inmigración entre 2001 y 2007, y que absorben el 40% de los 3 millones de personas que han llegado en este periodo.


Autores del estudio
Uno de los investigadores, Arkaitz Fullaondo, ha subrayado que normalmente simplificamos la situación cuando se asegura que la inmigración se concentra en las zonas más degradadas de la ciudad.

'La realidad de la inserción residencial de este colectivo es mucho mas compleja. Sí que existe una concentración en las zonas urbanas más degradadas, pero los inmigrantes acaban distribuyéndose por las ciudades de manera similar a como lo hace la población autóctona', ha asegurado.

El estudio constata que la población latinoamericana se ha instalado en las barriadas obreras ocupadas en los años 60 y 70 por la inmigración interna en ciudades como Barcelona o Madrid.

Este sería el caso del distrito de Nou Barris en Barcelona, o de los municipios vecinos de Cornellà, Santa Coloma, L'Hospitalet o Badalona, a donde ha ido a parar la inmigración latinoamericana con bajo nivel de estudios (ecuatorianos, dominicanos y bolivianos).


Madrid absorbe población de origen europeo (16,08% en el período 2001-2005) y Barcelona concentra más inmigrantes de procedencia asiática (41,92%) y africana (16,93%)

Los colectivos de paquistaníes, marroquíes y filipinos son los que continúan ocupando los cascos antiguos de las urbes, mientras que los latinoamericanos con más nivel de estudios (argentinos, colombianos y peruanos) se están instalando en zonas socioeconómicas de nivel medio como puede ser el Eixample barcelonés.

Pese a que las grandes ciudades tienden a absorber el mayor número de inmigrantes, también se constata que con el paso del tiempo se generan tendencias descentralizadoras hacia las periferias metropolitanas, tal y como ha ocurrido en Barcelona y Bilbao y, en mayor medida, en Madrid y Valencia.

Madrid es propensa a absorber población de origen europeo (16,08% en el período 2001-2005) y Barcelona concentra más inmigrantes de procedencia asiática (41,92%) y africana (16,93%).

El estudio avanza que, si continua el flujo migratorio, en 2011 podrían existir en España más de un millón de hogares formados por inmigrantes, cuando en 2001 no llegaban al medio millón, de lo que se deduce que el colectivo inmigrante puede llegar a representar el principal componente de la demanda de vivienda de primera residencia en España.

La población de Barcelona creció más del 90% entre 2001 y 2007

Entre estas fechas el 77,1% del crecimiento se debe a la inmigración

Barcelona, junto con Zaragoza, son las dos ciudades españolas que han registrado un mayor crecimiento, superior al 90%, de la población entre los años 2001 y 2007 como consecuencia de la inmigración, según revelan varios estudios del Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Estas dos ciudades, junto con Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao son las principales áreas metropolitanas de España donde se ha establecido la población inmigrante que ha llegado al país en ese período de tiempo.

En 2001, España tenía casi medio millón de hogares con población extranjera, lo que supone un 3,5% del total, y se prevé que en 2011 podrían ser más de un millón las casas con residentes extranjeros. Entre 2001 y 2007 el 77,1% del crecimiento se debe a la inmigración y el 22,89% a población de nacionalidad española.

Los estudios se centran especialmente en el área metropolitana de Barcelona, ya que ésta es la segunda metrópoli, por detrás de Madrid, con mayor número de inmigrantes y una de las ciudades que más cambios ha sufrido. En el área metropolitana de Barcelona reside un 12,80% de población extranjera y en Madrid un 14,31%.

Más de 450.000 inmigrantes

En el período de tiempo estudiado, esta zona recibió más de 450.000 inmigrantes, lo que supone casi un 13% de la población total y un 8% de incremento de la población inmigrante.
La mayor parte de esta población residía en la capital catalana, que pasó de tener 20.000 inmigrantes empadronados en 1996 a los más de 200.000 en 2006, produciéndose el mayor crecimiento en los últimos cinco años.

El aumento previsto de la inmigración en España hace prever que los inmigrantes serán los principales demandantes de vivienda. Estos estudios se enmarcan dentro de una nueva línea de investigación sobre inmigración, vivienda y la ciudad y son parte del proyecto Inmigración y vivienda: el proceso de integración desde el análisis y la prospectiva de la formación de los hogares y su acceso a la vivienda para el Ministerio de Educación y Ciencia.

Inmigración: la integración también pasa por la cocina

En las cocinas de casas y restaurantes madrileños se gesta, día a día, una silenciosa revolución. La tradición culinaria de la Península se fusiona poco a poco con la sazón y los secretos gastronómicos de las manos latinoamericanas.

El camino es de doble vía: miles de extranjeros que viven en España adaptan paulatinamente sus gustos, costumbres y horarios a las exigencias de la mesa española.

4 519 554 extranjeros residen en la Península, según el último censo del 2007. Esto representa un 9,1% de la población total. La
mayoría proviene de América Central, América del Sur, África y la antigua Europa del Este.

Los ecuatorianos, solo en Madrid, suman 155 000. En España hay 415 328 compatriotas que residen de forma legal.

La transformación de los hábitos alimentarios de estas personas, tras los años de vida en un país distinto, ha sido tema de estudio en la Península. Hace menos de un mes vio la luz la última investigación, llevada a cabo por Nielsen y difundida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español. A través de 723 entrevistas a inmigrantes de colectivos de América Central y del Sur, África, Europa y Asia, se indagaron en aspectos como: el número de comidas establecidas, el horario, los ingredientes, la forma de preparación, las marcas preferidas a la hora de comprar alimentos y, sobre todo, la transformación de las costumbres alimenticias.

Para la investigación, los colectivos de América Central y del Sur fueron agrupados en uno solo y representaron el 28% de la muestra, con Ecuador a la cabeza (10%).

Los cambios en los horarios y la importancia que se da a cada comida del día, el reemplazo de ciertos alimentos, son algunas de las revelaciones del estudio. Un denominador común entre los extranjeros que viven en España fue que el desayuno perdió importancia como principal comida del día.

El contenido también varió para muchos: la leche, el café o las infusiones, acompañados con bollería o pan, reemplazaron, al menos en el caso de los ecuatorianos, al huevo, el jugo de fruta natural o incluso comidas más sustanciosas, a primera hora. Bélgica Rosales, guayaquileña, de 35 años, con 14 de vida en Madrid, se ha olvidado ya del “café, con pan, huevo, bolón o plátano” y los ha reemplazado por los cereales, la leche desnatada y el café con leche. “Ya no se come tampoco el ‘calentado’ de arroz con menestra o carne”.

Los hábitos de los inmigrantes, en relación al almuerzo, también ha cambiado. En días laborables, la mayoría de españoles –y ahora sus nuevos vecinos- no come antes de las 14:00. Excepto los inmigrantes asiáticos que almuerzan antes de las 13:00, el resto (hasta en un 41%, según el estudio), almuerza a las 14:00 y las 15:00.

“Esto tiene que ver también con las jornadas de trabajo”, dice la chef ecuatoriana alemana Steffi Kustermann. “Muchos ya no comen como allá: primero sopa, segundo arroz con carne y ensalada, postre, jugo o cola. Aquí la comida varía según la estación y se come primero algo ligero, como una ensalada y luego la carne sola o acompañada con papas”.

También, el número de comidas varía: a los desayunos, almuerzos y cenas “se suman las meriendas, aperitivos o bocadillos (sándwichs) a media mañana o media tarde”, explica Kustermann.

La tortilla de patatas, el aceite de oliva, las ensaladas… son los invitados frecuentes en las mesas de los ecuatorianos que viven en España. Pero el pan es, quizás, el complemento más popular en la Península y, poco a poco, también entre los inmigrantes. Las barras de baguette o de ‘chapata’ se venden en todas partes y nunca faltan en las casas y restaurantes.

Según la investigación, la gente proveniente de América Central y del Sur consume pan en un 85% respecto a sus hábitos anteriores.

“La comida es más liviana: mucha ensalada, filetes, pescados. La preparación tiene menos condimentos”, asegura Mariela Castillo, quiteña que vive en Madrid, hace nueve años. Castillo ha perdido destrezas en la elaboración de platos nacionales. “Es algo que se olvida, pero cuando necesito llamo por teléfono a mi madre a Ecuador”. La ventaja, relata, es que con tantos locales de productos ecuatorianos en Madrid, ya se puede preparar “de todo”.

Un proyecto esboza un enfoque para la integración de las trabajadoras inmigrantes

Se debería adoptar un enfoque exhaustivo cuando se desarrollan políticas para la integración de las mujeres inmigrantes en la sociedad europea. Éste es el mensaje principal que se desprende de una serie de recomendaciones publicadas por el proyecto FeMiPol (Female Immigrants in Labour Market and Society Policy Assessment and Policy Recommendations), financiado con fondos comunitarios.

Abordar la situación de las mujeres inmigrantes es extremadamente importante para la cohesión social de la Unión Europea, opina la coordinadora de FeMiPol, la Dra. Maria Kontos del Instituto de Investigación Social de Frankfurt (Alemania). «Por mucho tiempo se ha pasado por alto a las mujeres inmigrantes debido a que se suponía que no formaban parte del mercado laboral.» Se las consideraba amas de casa, que se quedaban en el hogar cuidando de sus hijos. «Esta idea está extendida en la opinión pública y entre los responsables políticos», afirmó la Dra. Kontos a CORDIS Noticias.

Sin embargo, algunos estudios han mostrado que en los últimos quince años las mujeres que vienen a Europa son el sostén de su familia y trabajan en diversos sectores laborales informales como el trabajo doméstico, el turismo y la agricultura. En realidad, las mujeres inmigrantes son una parte importante de la población activa que realiza trabajos formales e informales.

El proyecto se propuso descubrir cómo las políticas laborales, sociales u otras afectan a este importante grupo de la población. Para hacer esto, un equipo de investigadores realizó una serie de análisis de documentos y entrevistas a expertos en políticas comunitarias y nacionales de los Estados miembros de la UE. En este proyecto se entrevistó también a mujeres inmigrantes para conocer sus experiencias de trabajo personales en la UE y las estrategias que siguieron para mejorar su situación y sobrellevar ciertas políticas restrictivas.

La investigación halló que algunas políticas, como las que impiden o combaten el trabajo irregular, no sólo son ineficaces y contraproducentes, sino que a menudo agravan las penurias de las trabajadoras inmigrantes. «La mayoría de inmigrantes activas en sectores de trabajo informal no tienen documentos [permiso de residencia oficial] o son semilegales», apuntó la Dra. Kontos. Esto hace que sean blancos fáciles para la explotación por empleadores que buscan mano de obra barata.

Debido a que su trabajo no se declara, estas mujeres no tienen seguro laboral ni tampoco pueden beneficiarse de servicios de salud, prestaciones de la seguridad social ni otros servicios sociales. Tampoco pueden acceder a programas para el aprendizaje de lenguas, programas de formación, ni planes de trabajo que tienen como objetivo aumentar la integración en el mercado laboral. «Estas mujeres son invisibles y carecen de derechos», afirmó la Dra. Kontos.

En algunos Estados miembros se han tomado medidas para formalizar el trabajo en el sector doméstico, en el cual trabajan muchas inmigrantes. Otros Estados miembros como Francia han introducido deducciones impositivas en un esfuerzo por absorber a los trabajadores no declarados en estos sectores. Alemania, Reino Unido y Suecia también han introducido desgravaciones fiscales para los servicios domésticos. Entretanto, varios Estados miembros han reconocido la necesidad de asistentas y cuidadoras inmigrantes en su legislación sobre la inmigración y han puesto en marcha planes para contratar a inmigrantes. En España e Italia, por ejemplo, las asistentas y las cuidadoras están integradas en sistemas de cupos.

No obstante, incluso cuando la legislación sobre inmigración y trabajo reconoce la necesidad de empleadas domésticas y cuidadoras, estas mujeres todavía se enfrentan a pobres condiciones de trabajo. Por ejemplo, el vivir en la casa donde trabajan, algo que está muy extendido en el sur de Europa, puede proporcionar una solución transitoria a sus problemas de vivienda. También puede ayudar a las trabajadoras a ahorrar el dinero de un alquiler, lo que es importante en su papel de sostén de la familia. Pero las mujeres que hacen trabajos domésticos y que viven en las casas en las que trabajan corren el riesgo de quedar atrapadas en el sector y ser víctimas de la explotación. En el norte de Europa predomina el trabajo doméstico en el cual las trabajadoras no viven la casa en la cual trabajan, lo que implica a menudo tener varios empleadores y jornadas de trabajo fragmentadas.

Se necesita y se puede hacer mucho más a nivel político por proporcionar condiciones mejores a estas mujeres, opina la Dra. Kontos. Una recomendación importante que se deriva de este proyecto es garantizar que la legislación distinga los derechos asociados con la situación del residente de los derechos de los trabajadores. Dando a todos los trabajadores los mismos derechos, ya sea a los que están en situación legal como a los irregulares, ayudaría a reducir la discriminación y la explotación.

Entre otras recomendaciones están las siguientes: reconocer las habilidades y las cualificaciones de las inmigrantes de modo que puedan esforzarse por lograr sus aspiraciones laborales; proporcionar un mayor acceso a cursos de formación, de aprendizaje de lenguas y de orientación; y reevaluar el trabajo doméstico y de cuidado a domicilio de manera que se reconozca como «trabajo» y no simplemente como «ayuda».

Además de mejorar la situación de las inmigrantes en los sectores doméstico y de los cuidados, el proyecto también ha elaborado recomendaciones sobre políticas para aumentar la participación social de las inmigrantes y sobre políticas que afectan a mujeres inmigrantes que optaron por la prostitución o fueron víctimas del tráfico de personas.

Se ha empezado a trabajar para difundir las recomendaciones del proyecto entre los responsables políticos. La Dra. Kontos espera que la respuesta sea una serie exhaustiva de políticas. «No bastará con desarrollar políticas aisladas en relación con las trabajadoras inmigrantes, porque la integración es multidimensional, por lo que las políticas tendrán que interconectarse. Se necesita una actuación en bloque y específica sobre la migración», concluyó. El proyecto, que reunió a ocho socios de siete Estados miembros, fue financiado por el área temática «Apoyo científico a las políticas» del Sexto Programa Marco (6PM).

El aluvión de peticiones atasca hasta un año la regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento está tardando hasta seis meses en dar el informe de arraigo, necesario en el proceso y a muchos se les caducan otros documentos durante ese plazo de tiempo

Regularizar su situación en España es el final del largo viaje que muchos inmigrantes emprenden. Es el mejor cierre para esa auténtica aventura, que no todos terminan con éxito. La recompensa al riesgo, al trabajo duro y a la ilusión. Pero este final deseado se está retrasando demasiado para los cientos de extranjeros que intentan regularizar su situación en la capital granadina. La cantidad de peticiones que se registran y la escasez de personal para llevar a cabo todos los trámites, está alargando el proceso para conseguir los papeles. Actualmente, desde que un extranjero logra cumplir todos los requisitos hasta que logra su permiso de estancia y trabajo, llega a pasar un año. Doce meses en los que no puede trabajar de forma 'legal' y en los que se expone a encontrarse con una orden de expulsión en cualquier momento.

El 'atasco' más importante se produce ahora mismo en el Servicio de Atención al Inmigrante del Ayuntamiento de Granada, que es el organismo encargado de emitir el informe de inserción social. Este documento es indispensable para solicitar la regularización por arraigo, que es la figura a la que pueden acogerse aquellos inmigrantes que hayan pasado un mínimo de tres años en España.

Para certificar que efectivamente han residido en la ciudad durante ese tiempo, los trabajadores sociales del servicio municipal mantienen una entrevista en la que comprueban personalmente el grado de arraigo del extranjero en la ciudad, con otras pruebas tales como los contratos de alquiler o las matrículas en cursos de formación.

Meses de espera

Actualmente, desde que el inmigrante pide cita, hasta que le dan fecha para una entrevista, están transcurriendo hasta seis meses, como denuncian desde el grupo de Extranjería del Colegio de Abogados de Granada. Suzana García Staehler, presidenta de este grupo, apunta que los inmigrantes se están viendo gravemente perjudicados por esta situación, ya que se les están caducando el resto de documentos que deben solicitar, como «los antecedentes penales de sus países de origen, viéndose obligados a volver a solicitarlos, con el coste y las dificultades que ello conlleva».

Para el grupo de letrados que García Staehler representa, este retraso es una vulneración de los derechos fundamentales de los extranjeros, puesto que una vez que cumplen el requisito de los tres años de estancia, «por responsabilidad del Ayuntamiento de Granada pueden transformarse en cuatro o más, dejando el extranjero de ser contratado legalmente con los ingresos que generaría a la Seguridad Social española».

García Staehler tiene casos de solicitudes tramitadas en el mes de octubre, sin que aún se haya citado a los extranjeros para la entrevista. La queja y preocupación es unánime entre el resto de abogados del grupo de Extranjería, que se encuentran en la misma situación. «Hasta hace poco, pedían el certificado de antecedentes penales en su país, y mientras esperaban el informe de arraigo se les había caducado», comenta Carmen Plaza, otra letrada que trabaja habitualmente con extranjeros. Algo que en este servicio municipal intentan evitar con un cartel «en el que avisan de que no se solicite ningún otro documento hasta contar con el de arraigo», apunta Pura Andrades, abogada también de Extranjería.

La junta directiva de este grupo de abogados ya se ha reunido en dos ocasiones con el Defensor del Ciudadano de Granada para tratar de dar solución a este problema y ha solicitado una reunión con los responsables del área de atención al inmigrante del Ayuntamiento. Pero la situación se ha ido agravando en los últimos meses. «Es bastante injusto que un inmigrante en cualquier otro pueblo de la provincia tarde sólo semanas en lograr su documentación y en Granada tarde meses en conseguirlo», destacaba Mª Jesús Ruiz, abogada del grupo.

En el caso del informe de habitabilidad -trámite necesario para traer al resto de la familia hasta España-, puede llevarlo a cabo un notario, aunque esto supone un elevado gasto para el solicitante.

Desde el Ayuntamiento explican que este 'embudo' que se ha formado en el servicio municipal se debe al aluvión de peticiones que están teniendo. Y es que el número de solicitudes que llegan al servicio ha ido creciendo exponencialmente.

Así, en 2005, en el servicio atendían a 1.148 extranjeros y dos años más tarde son ya 1.571, lo que supone un crecimiento del 36,8%. En este total de consultas se incluyen los informes de inserción social (conocido como arraigo), los informes de habitabilidad necesarios para las reagrupaciones familiares y otras consultas jurídicas.

Desde el Ayuntamiento explican que los informes de inserción social y los de habitabilidad son más complejos que otros, ya que en el primer caso requiere una entrevista personal del trabajador social con el solicitante, y en el segundo, los funcionarios tienen que desplazarse hasta el domicilio para comprobar que la vivienda se encuentra en buenas condiciones.

Crecimiento

Las solicitudes de estos informes de arraigo también han crecido de forma muy abultada, pasando de 211 peticiones en 2006, hasta 311 en 2007. Los informes de habitabilidad ofrecen un crecimiento similar, puesto que han pasado de 211 en 2006 a 334 un año después.

Desde el Ayuntamiento admiten que en estos meses se han visto desbordados por el crecimiento de peticiones y los tres trabajadores sociales encargados de elaborar estos informes resultan insuficientes. Por eso, según afirman fuentes del área de Bienestar Social, ya han puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía esta circunstancia, ya que son las consejerías de Gobernación y la de Igualdad las que liberan fondos para estos servicios. En el área calculan que la contratación de un trabajador social más aliviaría el atasco.

España necesita dos millones más de inmigrantes para superar la crisis

CRUZ MORCILLO

MADRID. «Incluso en la hipótesis de crisis económica severa, necesitaríamos una media de 157.000 nuevos inmigrantes laborales cada año hasta 2020, más de dos millones de nuevos activos». Éste y unos cuantos más son los mensajes «atípicos» lanzados ayer, en plena desaceleración económica, por el grupo de Reflexión de la Fundación Empresa y Sociedad.

Los expertos, entre ellos el ex ministro Manuel Pimentel o el ex rector de la Complutense Rafael Puyol, quisieron desterrar las interpretaciones catastrofistas en materia de inmigración apoyándose en datos demográficos, económicos y sociales. La inmigración en España es un fenómeno «estructural, no coyuntural» y resulta clave para mantener nuestra economía en sectores como la hostelería, el comercio, el servicio doméstico o la atención a dependientes. La relación del fenómeno con la evolución demográfica es directa: la caída de la natalidad provoca que el mercado laboral no se abastezca por la base y a ello hay que unir el envejecimiento.
Casi seis millones
«No hay soluciones para las consecuencias económicas del envejecimiento sin contar con la inmigración», alertó Pujol. A partir de 2020 se jubilará la generación del «babyboom» y el relevo tendrá que llegar de la mano de los inmigrantes. Entre 2005 y 2020 se producirá una «transformación radical de la población residente» en España; los individuos de 16-39 años pasarán de 15,8 a 11 millones y los de 40 a 64 años crecerán en casi tres millones.

Puyol, demógrafo y actual vicepresidente de la Fundación Instituto Empresa, cifró el número de inmigrantes que viven entre nosotros en 5.800.000 personas, lo que representaría el 13 por ciento de la población total. Su cálculo surge de sumar los 4,5 millones empadronados, las 600.000 personas en supuesta situación irregular que él estima -«los del PSOE son a la baja y los del PP al alza»- más otros 700.000 extranjeros que se han nacionalizado en los últimos años y ya son españoles. Con estos datos se entiende que entre el 20 y el 25 por ciento del total de mano de obra sea inmigrante, una cifra que alcanzará el 35 por ciento en el horizonte de 2020. Según el documento presentado ayer, la mitad del crecimiento del PIB de los últimos cinco años se puede atribuir a la inmigración.
El programa Empresa e Inmigración tiene como objetivo inspirar políticas públicas relacionadas con los extranjeros,sobre todo en el sector empresarial, y cuenta con 23 socios, entre ellos los principales Bancos y Cajas así como algunas de las empresas más activas del país. Los seis miembros del grupo de Reflexión coincidieron en el mensaje constructivo y rechazaron cómo se ha abordado el papel de los extranjeros en la campaña electoral.

El ex ministro Pimentel abogó por una Ley de Inmigración en lugar de la vigente de Extranjería, por la regulación de flujos y una política de integración adecuada. Recordó que los inmigrantes han generado un superávit histórico en las cuentas públicas y criticó a quienes se rasgan las vestiduras por que ciudadanos extranjeros cobren prestaciones de desempleo. «Cualquiera que haya cotizado tiene derecho. Ya está bien de mensajes alarmistas», señaló el presidente del Grupo Almuzara.
En la misma línea, el catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona Josep Oliver explicó que «los inmigrantes se pagan su estancia en España, incluso los que están en situación irregular». La edad de esta mano de obra explica que no consuman proporcionalmente ni en sanidad ni en educación lo que aportan, mientras que en pensiones el gasto es inexistente.

En el debate sobre las ocupaciones salió a relucir el parón en la construcción: 655.000 extranjeros se emplean en este sector, según el INE. Los expertos señalan que este frenazo no debe generar alarma social ni por el posible desempleo ni en términos de seguridad ciudadana. «Una parte de los que dejen de trabajar en la construcción lo harán en otras actividades que seguirán necesitando mano de obra». La incertidumbre económica, apunta el documento, ayudará a «mitigar el efecto llamada y a reducir la inmigración irregular».

España seguirá necesitando inmigrantes, a pesar de la desaceleración

Según un estudio de la Fundación Empresa y Sociedad, la economía española demandará 150.000 nuevos inmigrantes anuales hasta 2020

El presidente de la Fundación Empresa y Sociedad, Francisco Abad, dijo hoy que, "a pesar de la incertidumbre económica, España seguirá necesitando inmigrantes laborales durante los próximos años", y añadió que "distintos expertos estiman esta demanda en una media anual de 150.000 nuevos inmigrantes hasta 2020".

Abad realizó estas declaraciones durante la presentación de los resultados del Grupo de Reflexión sobre Empresa e Inmigración de la Fundación Empresa y Sociedad, celebrada hoy en Madrid.

Dicho documento lleva por título la misma conclusión expresada por Francisco Abad durante la inauguración de la jornada: "A pesar de la incertidumbre, España seguirá necesitando inmigrantes laborales".

Abad explicó que el citado Grupo de Reflexión "dirige sus propuestas tanto a las compañías miembros de la Fundación como al sector empresarial en su conjunto y a la sociedad española general".

A la presentación también asistieron el socio director de People Matters, Alfonso Jiménez; el vicepresidente del Instituto de Empresa y ex rector de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Puyol, y el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Manuel Pimentel.

"Nuevos empleos"

Pimentel apuntó a "la regulación de los flujos y la creación de nuevos empleos" como los principales pilares en los que deberá apoyarse la nueva ley de extranjería que "la sociedad española se merece".

En este sentido, el ex ministro abogó por "un gran pacto de estado para esta legislatura que permita aprobar dicha norma, gracias a la que podremos ampliar el tradicional concepto de inmigrción".

Por su parte, Miguel Ángel García, director de Recursos Humanos de Grupo Vips y encargado de moderar el debate, señaló que "en el futuro será necesario captar talento en la inmigración", idea con la que coincidió Rafael Puyol.

Según Puyol, "dentro de unos años habrá menos jóvenes en España y, además, menos jóvenes con alta titulación, por lo que será preciso buscar el talento fuera".

"Una opción es aprovechar la inmigración con titulación universtaria que ya tenemos (un 17%); otra consiste en fomentar la formación de estudiantes extrajeros en nuestras universidades, y la tercera será traerlos una vez formados", concluyó Puyol.

Estudiar en el Estado español, una oportunidad para comenzar un proyecto migratorio

Se estima que en España residen unos 32.000 estudiantes extracomunitarios, la mayoría latinoamericanos. Las universidades se ponen en marcha ideando proyectos para facilitarles el retorno a sus países de origen.

Paola Lami (02/04/2008)

La Oficina del Estudiante Extracomunitario de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) atiende anualmente a unas 3.000 personas que consultan sobre los requisitos y trámites para estudiar y residir en España. Desde su nacimiento en 1999, este espacio, que atendía personalmente a unos 900 estudiantes por año, ha pasado a atender a unos 2000 en el año 2006. “El aumento de los estudiantes extracomunitarios coincide con el aumento de la inmigración en España”, afirma Liliana Carrera Silva directora de la oficina.

Facilitar el retorno

“Se estima que en España estudian unos 32.000 estudiantes extracomunitarios, la mayoría de nuestros usuarios son mexicanos, colombianos, venezolanos y argentinos. En general, el estudiante tiene una capacidad económica alta, alrededor del 5 % de los estudiantes extranjeros están becados. Y aunque en principio no vengan a quedarse, muchos finalmente se quedan a residir y trabajar”, explica Liliana Carrera.

Por ello, en la actualidad la oficina elabora un proyecto de retorno que permita la inserción de los estudiantes extranjeros en sus países de origen. "Tenemos previsto la gestación de un programa de retorno, que permita que los estudiantes, una vez finalizado el curso, reciban una ayuda para regresar a su país, aunque aún lo estamos diseñado, la idea es facilitar el retorno", aclara Liliana.

Lo más difícil, encontrar trabajo

Héctor es de Colombia, hace cinco meses llegó a Madrid para realizar un curso de cooperación internacional, después de terminar sus estudios intentará quedarse en España a trabajar. Pese a que considera que residir en el Estado español es una oportunidad, también reconoce que son muchas las dificultades que tiene que afrontar día a día como estudiante. Una de ellas, es la búsqueda de empleo.

La oficina del estudiante extracomunitario se encuentra en Madrid, y brinda diferentes servicios. A través de la página web, facilita información para preparar el viaje, trámites, requisitos y otros datos de utilidad. Una vez que el estudiante está aquí, ofrece asesoría académica, "desde la oficina se intenta agilizar el proceso de resolución de documentación", comenta Liliana Carrera.

Además, la entidad cuenta con una bolsa de vivienda para facilitar el acceso a un alquiler de habitación o piso. "Se les facilita una lista de hostales que pueden reservar antes de salir de su país y también proporcionamos, mediante el acuerdo con el Banco Santander, la apertura de una cuenta bancaria, antes de que los estudiantes tengan sus número de NIE", cuenta Carrera.

Si una persona extracomunitaria desea estudiar en España, debe estar preparado para afrontar ciertas dificultades. La primera en el consulado de su país. Los consulados exigen, antes de otorgar el visado, la admisión en la universidad y, en algunos casos, el pago de los cursos, además de la capacidad económica que los estudiantes deben justificar antes de partir. Una vez aquí, el mayor obstáculo es el acceso a una vivienda y la tramitación de su permiso de estancia.

"Muchos creen que una vez aquí pueden trabajar y la ley de extranjería es muy clara"
"Cuando cuelgan la ropa en un armario ya son felices, la queja más grande es que no pueden trabajar, muchos creen que una vez aquí pueden trabajar y la ley de extranjería es muy clara. Además, no sólo no pueden trabajar, tampoco pueden acceder a la tarjeta sanitaria, ya que es un servicio para personas que no tienen recurso o para las personas que cotizan, y no están en ninguno de estos dos grupos", agrega Liliana.

"Estudiar en España genera mucho desgaste económico. Aunque es una riqueza cultural y de conocimiento. Es una decisión que acarrea consecuencias económicas. Vivir en España es muy caro", concluye Liliana Carrera.