Gil-Robles alerta del incremento de delitos de corte racista en España

El ex-defensor del pueblo y ex-comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles, ha alertado del incremento de agresiones de corte racista en España, unos delitos que se deben perseguir 'hasta el final' y de modo 'implacable'.Así lo indicó hoy a Efe el que fuera comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa entre 1999 y 2006, durante la clausura de las jornadas 'Constitución y Extranjería: Un reto del presente' celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.España no es una 'excepción' en el repunte de este tipo de delitos, una situación en la que 'el eslabón más débil' siempre es el inmigrante, explicó.Por otro lado, Gil-Robles advirtió que cualquier país, incluido España, podría llegar al nivel de conflicto de Francia estas últimas semanas si no se toman 'las medidas necesarias'.'Tenemos que hacer las cosas de tal manera que no lleguemos a esa confrontación. Lo que hay debajo de estos disturbios no es tanto un problema de choque de culturas, sino de justicia social, y eso es lo que hay que reconocer', aseveró.En este sentido, el defensor del pueblo en España ente 1988 y 1993 indica que nuestro país 'ha tenido una política mucho más abierta' en lo referido a integración de inmigrantes, y mencionó como ejemplo la última regularización.Este proceso supuso que 'personas que se encontraban en el submundo de la explotación, salieran a la luz, y se les reconociera su dignidad', señaló Gil-Robles, para quien 'la integración correcta elimina tensiones y evita la degradación humana'.Calificó como positiva la política del Gobierno socialista de trabajar con los países de origen, evitando que la 'inmigración venga de una manera salvaje e incontrolada'.Gil-Robles calificó de 'espectáculo espantoso' el que las personas tengan que 'jugarse la vida' para poder llegar a nuestro país, cuando realmente son un elemento 'necesario' en nuestra sociedad, aunque también consideró importante el que los inmigrantes acepten las reglas de la sociedad de acogida, que deben 'respetar e integrarse en el país de origen'.'La inmigración es una asignatura pendiente para la Unión Europea, donde hace falta una política común, y recordar que en esta cuestión las cifras no son solo cifras, sino personas con un drama detrás', concluyó el ex-comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Terra Actualidad - EFE

La OCDE advierte que se ha de facilitar la promoción laboral de los inmigrantes en España para evitar que se vayan

El jefe de la división de Migraciones Internacionales de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), Jean Pierre Garson, advirtió hoy de la importancia de favorecer la promoción laboral de los inmigrantes en España, que pertenece a la OCDE, para evitar que se marchen a otros países que ofrezcan mejores ofertas de trabajo. Lo ilustró con el caso de Portugal, donde hay empleados procedentes de Ucrania que ya se han ido al Reino Unido en busca de un trabajo cualificado con un salario más elevado.

En la presentación del informe anual 'Tendencias de las migraciones internacionales 2007' de la OCDE en el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), este año por primera vez en España, Garson destacó que el momento que vive España respecto a la inmigración 'es muy desafiante para el futuro', y calificó el país como un 'modelo' a tener en cuenta, junto con el Reino Unido, para los próximos estudios de la OCDE. Añadió que España, Portugal, Italia y Grecia han pasado de ser emisores de emigrantes a receptores de inmigrantes, por lo que 'impulsan el nuevo sistema de migraciones' en Europa.

El informe indica que la tasa de actividad de 2005 -que se obtiene de las personas que tienen un empleo respecto al total de las que están en edad de trabajar- de los inmigrantes en España es del 70%, sensiblemente superior a la de los nacidos en España (más del 60%), porque 'la mayoría de extranjeros quieren trabajar, y si no, se van a otro país', en palabras del director general del IEMed, Senén Florensa.

La tasa de desempleo de 2005 entre inmigrantes (más del 11%) y nacidos en España (alrededor del 9%) difiere poco en comparación con otros países, aunque Garson dijo, pensando en el futuro, que se ha de tener en cuenta 'qué pasa en otros países' con más experiencia en migraciones, como Alemania, Finlandia y Bélgica, donde el paro de los extranjeros llega a doblar el de los nacidos en el país.

España no presta la suficiente atención a los trabajadores inmigrantes que cubren empleos por debajo de su cualificación, según Garson. El informe de la OCDE, con un capítulo especial dedicado a la capacitación laboral de los empleados, evidencia la sobrecualificación de los inmigrantes al revelar que más del 40% de los trabajadores extranjeros tienen un empleo por debajo de su capacidad, muy por encima del casi 25% de los trabajadores nacidos en España.

Ante este dato, Garson aseguró que incentivar en España que las personas gocen de un empleo acorde con su capacitación 'es bueno para la economía', mientras que en el caso contrario se produce 'una doble pérdida de capital humano', tanto en el país de origen como en el de acogida.

El estudio analiza las migraciones de los profesionales de la medicina y apunta que Asia es la región de donde emigran muchos médicos e enfermeras. Sin embargo, son los países africanos y del Caribe los que más sufren el traslado de los doctores y las enfermeras, con ratios que llegan hasta casi el 90% en el caso de Antigua y Barbuda, o que superan el 70% en Grenada y Guyana.

Garson explicó que los países que pertenecen a la organización, entre ellos España, han entrado en un proceso en el que serán 'más dependientes de la inmigración', y destacó que 'no sólo -de trabajadores- con alta cualificación, sino también con baja cualificación'. Lo justificó al preguntarse: '¿Quién va a cuidar de la gente mayor?'

Respecto a las políticas de los Estados, destacó el cambio legal que han realizado algunos países para facilitar el proceso de obtención del permiso de trabajo a los estudiantes extranjeros de movilidad, un colectivo que se incrementa anualmente del 8 al 10% en los países de la OCDE, según el informe. Garson señaló que estos jóvenes 'conocen mejor la lengua, la cultura del país, y están bien cualificados', por lo que los países 'quieren que se queden a trabajar'.

PENSAR EN LA FAMILIA DE LOS INMIGRANTES.

Además de la promoción laboral, consideró 'muy importante' que España empiece a pensar en la familia de los empleados procedentes de otros países y los costes sociales derivados. 'Tendremos que pagar por la educación de sus hijos y las ayudas por desempleo' -subrayó-, entre otras prestaciones sociales, y advirtió de que 'cuando es demasiado tarde, es demasiado tarde'.

Garson se refirió también a las ganancias de la inmigración, que propuso que se deberían compartir con los inmigrantes -con subidas de sus salarios-, la cooperación con sus países de origen y el conjunto de la sociedad -a través, por ejemplo, del incremento del número de viviendas protegidas-.

AUMENTO DE TRABAJADORES RUMANOS.

El número de inmigrantes procedentes de Rumania se ha duplicado durante los primeros diez meses del año, desde que el país es miembro de la Unión Europea (UE), y ya han llegado a las 505.670 personas.

Preguntado por Europa Press, el jefe de la división de Migraciones Internacionales de la OCDE justificó el incremento con que en España 'hay mucho trabajo en este momento'.

Apuntó la lengua como otro de los factores que explican la subida del número de trabajadores rumanos, ya que el rumano y el castellano son lenguas románicas, y sopesó como otras razones que existe la posibilidad de que haya canales de relación entre ambos países, como un 'efecto llamada' por parte de inmigrantes ya instalados en España, o algún acuerdo bilateral.

DISTURBIOS EN PARÍS.

Ante los disturbios de los últimos días en los suburbios de París por la muerte de dos jóvenes, Garson dijo que la OCDE ha analizado estos barrios y avanzó que la organización presentará la semana que viene un informe en Francia. Aun así, reveló que el estudio francés concluye que los jóvenes que participan en los actos violentos 'no representan la mayoría de la gente'.

Explicó que en los barrios de alrededor de París con alta presencia de población inmigrante los jóvenes tienen pocas oportunidades de encontrar trabajo, tienen pocas posibilidades para cambiar de vivienda, y residen con su familia en apartamentos pequeños, a veces con el padre y la madre desempleados.

Garson recordó que él también fue inmigrante, ya que nació en Argelia y luego su familia emigró hacia Francia. A diferencia de los últimos años, entonces era fácil encontrar trabajo, no se requería tanta cualificación y el vivir en un apartamento pequeño era mucho mejor que la 'degradación' en la que residían en la ex colonia francesa.

Los rumanos retornarían si conservaran al menos el 60% de su salario español

VALENCIA/CASTELLÓN. La propuesta que lanzó en su visita oficial a la Comunidad el presidente de Rumanía, Traian Basescu, por la cual pretende que empresas valencianas con obras adjudicadas en Rumanía contraten rumanos que trabajan de forma ilegal en tierras valencianas fue valorada ayer de forma positiva y recogida con satisfacción por el colectivo inmigrante de este país que ve en la posible medida una posibilidad para volver.
«Nadie abandona su tierra porque sí», explican desde el Centro Cívico rumano que constata que la actual coyuntura económica de España y el previsible desarrollo de Rumanía (tras recibir fondos europeos) podría marcar una nueva tendencia con el retorno a Rumanía como protagonista.
Eso sí, no volverían a cualquier precio. Así entre las «exigencias» para que un rumano pondría sobre la mesa para iniciar el camino de regreso, sobre todo en el sector de la construcción, «estaría la de conservar entre el 60 y el 70 por ciento de su actual salario», indican desde la Asociación de empresarios rumanos de Castellón.
Salario medio de 400 euros
Teniendo en cuenta que el salario mínimo de Rumanía se sitúa en unos 180 euros y el medio en unos 400 euros, un peón de obra que trabaje en España por 1.200 euros vería factible su retorno si mantuviese unos 700-800 euros, además no tendría que hacer frente al alquiler de la vivienda.
Ionel Scrofan, presidente de la Asociación de empresarios rumanos de Castellón, destaca que la situación económica de Rumanía -con crecimientos continuos por encima del 5 por ciento- permitirá que los emigrantes rumanos regresen a un país que se encuentra en pleno «boom» de la construcción e inmobiliario -la demanda supera en un 60% a la oferta- y con revalorizaciones del precio de la vivienda de hasta el 30 por ciento en los últimos cinco años. «Una situación similar a la experimentada en la Comunidad Valenciana hace cinco años».
Además se prevé que los nuevos fondos comunitarios impulsen la construcción de infraestructuras. Ambos hechos han motivado que Rumanía sufra en la actualidad «una crisis de mano de obra», como indicó su propio presidente. Actualmente en la Comunidad residen más de 92.000 rumanos, de los que 34.799 están afiliados a la Seguridad Social -27,1% de ellos en el sector de la construcción- y 5.800 son autónomos.
La posibilidad de retorno de aquellos inmigrantes que así lo deseen es una medida sobre la que también trabaja la Conselleria de Inmigración «porque es una opción factible tras el nuevo escenario europeo en el que viven países como Rumanía o Bulgaria», asegura el conseller Rafael Blasco quien señala que la Comunidad Valenciana está adscrita a un programa de europeo desde la Dirección General de Inmigración que pretende estimular el retorno y explicar en los países de origen la verdadera realidad del actual mercado de trabajo español «que a veces se vende de manera tergiversada».
Un escenario diferente se presenta con inmigración ecuatoriana -cuyo Gobierno realizará una encuesta para conocer si estarían dispuestos a volver- ya que se trata de un país cuya economíad depende en alto porcentaje de las remesas de los emigrantes.

Prodi y Zapatero hablarán de inmigración en la cumbre de diciembre

ROMA (AFP) — La llegada de inmigrantes clandestinos y la cooperación energética serán algunos de los temas que tratarán el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homólogo italiano, Romano Prodi, en la cumbre que celebrarán el 5 de diciembre en Nápoles, Italia.
En el encuentro participarán los ministros de Asuntos Exteriores, Desarrollo, Justicia, Transporte y Defensa de ambos países, indicó Pasquale Ferrara, portavoz del ministro de Asuntos Exteriores italiano.
Prodi y Zapatero, a cargo de dos gobiernos de izquierda con diferentes matices, examinarán desde varios puntos de vista la lucha contra la inmigración ilegal, en particular aquella procedente de África.
"El problema de la expulsión de los rumanos de Italia no ha sido incluido en la agenda", precisó Ferrara, quien indicó que ese tema será debatido en la "sede apropiada", es decir en la Unión Europea (UE). España quiere evitar que los ciudadanos rumanos expulsados de Italia se trasladen de forma masiva a territorio español.
El gobierno italiano aprobó a finales de octubre un decreto que posibilita la expulsión con carácter urgente de ciudadanos comunitarios, como respuesta a la alarma social generada por el asesinato de una mujer a manos de un rumano, además de otros delitos que se atribuyen a personas de esa nacionalidad.
Entre los diferentes temas que serán examinados por los dirigentes de los dos países figura el relanzamiento de una acción conjunta en el Mediterráneo.
"Las relaciones bilaterales son intensas, variadas y pasan por un excelente momento", aseguró el diplomático, quien recordó que grandes empresas de los dos países acaban de acordar importantes alianzas en numerosos sectores.
La presencia de tropas de los dos países en el sur del Líbano, Afganistán y Kosovo también será uno de los temas de la agenda, aseguró Ferrara.

Visita del presidente de Rumanía a España centrado en la inmigración

MADRID (AFP) — El presidente rumano, Traian Basescu, inició este lunes una visita de Estado de tres días a España, centrado en la inmigración y las restricciones impuestas por España a los trabajadores rumanos.

El presidente Basescu y su esposa fueron recibidos este lunes por el rey Juan Carlos I y la reina Sofía antes de encontrarse con representantes de la comunidad rumana en España, una de las más importantes de inmigrantes junto a la marroquí y la ecuatoriana.

El martes Basescu se entrevistará con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de visitar el Congreso de los Diputados y de reunirse con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

El presidente de Rumanía abandonará España el miércoles tras ir a Valencia, donde también se encontrará con miembros de la comunidad rumana en la zona.

Esta visita tiene lugar cuando, según el diario El País de este lunes, el número de rumanos registrados en España ha aumentado mucho desde el 1 de enero de 2007, fecha de entrada de Rumanía en la Unión Europea (UE).

Esta subida de inmigrantes se da pese a las restricciones impuestas por dos años por España a la entrada de trabajadores rumanos, que plantean que un rumano que quiera trabajar más de seis meses en España debe conseguir un visado.

Los rumanos registrados en España era a principios de 2007 el 11,7% del total de extranjeros en el país (4,4 millones en total), según el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone que eran 524.000 personas.

El presidente de la Asociación de Empresarios Rumanos de Castellón, Nilu Scrofan, ha criticado en El País la moratoria impuesta por España a los trabajadores rumanos, asegurando que pierden "todos" con esta medida, ya que los recién llegados que encuentran trabajo no pagan impuestos mientras que los trabajadores no se benefician de prestaciones relacionadas con la cotización social.

El número de rumanos en la región casi se cuadruplicó en diez meses

Los inmigrantes de esta nacionalidad pasaron de 791 a 3.778 desde enero, el tercer crecimiento del país .

La rumana podría convertirse muy pronto en la más numerosa de las comunidades inmigrantes en Asturias. En sólo diez meses, de enero a octubre, el número de rumanos casi se ha cuadruplicado, pasando de 791 a 3.778, lo que supone un aumento del 377,6 por ciento, el tercer aumento más numeroso del país. La entrada de Rumanía en la UE explica este incremento. También se han multiplicado las afiliaciones de rumanos a la Seguridad Social.

Oviedo, L. Á. VEGA

El número de rumanos en la región casi se cuadruplicó desde el pasado mes de enero, pasando de 791 a 3.778. El incremento, del 377,6 por ciento, es el tercero mayor del país, según datos del «Anuario Estadístico de Inmigración». Los motivos de este aumento hay que buscarlos en la entrada de Rumanía en la Unión Europea, aunque una moratoria les impide trabajar libremente en España hasta 2009.

No obstante, entre enero y junio de este año, el número de rumanos afiliados en el Principado a la Seguridad Social se disparó un 74 por ciento, de forma que un millar de ellos se encontraba trabajando legalmente en el país. En sólo tres meses (entre marzo y junio), la contratación de esos trabajadores creció un 45 por ciento, cuando en el conjunto de España lo hizo poco más del 8 por ciento, como ya informó este periódico.

Los varones rumanos que se desplazan a Asturias se emplean en sectores como la construcción y la hostelería, mientras que las mujeres engrosan, sobre todo, el servicio doméstico. No obstante, desde Rumanía se están desplazando ya trabajadores con la formación necesaria para emplearse en sectores como el del metal.

Sólo Sevilla, con un crecimiento de los rumanos del 600 por ciento -había 9.063 a 1 de octubre-, y Badajoz, con un aumento del 402 por ciento (pasó de 822 a 4.129 inmigrantes), superan a Asturias en el incremento de esta población extranjera.

No obstante, la proporción de rumanos en Asturias -en torno al 0,4 por ciento del total- sigue siendo muy baja en comparación con la de otras regiones, como Madrid (donde hay cien mil rumanos), Aragón, Valencia o Cataluña, comunidades en las que se concentra el grueso de esta inmigración.

Frente al incremento de la inmigración rumana, se ha detectado un estancamiento de la llegada de personas procedentes de Iberoamérica. La comunidad ecuatoriana, que era la más numerosa a mediados de año, con 4.237 personas, podría verse desbancada por la rumana, debido a su continuo retroceso.

El paro de los inmigrantes en la construcción sube el 52%

Uno de cada dos nuevos parados registrados hasta octubre es extranjero

• Los albañiles foráneos sufren más la desaceleración por la baja cualificación



La desaceleración de la construcción ya tiene sus primeras víctimas laborales: los inmigrantes. Los extranjeros empleados en el ladrillo en España han sufrido con mucha más dureza el aumento del paro en el sector. Entre octubre del 2006 y el mismo mes de este año, se ha registrado un 52% más de foráneos que han perdido el empleo. De hecho, uno de cada dos nuevos parados registrados durante el último año es inmigrante.
El incremento de parados no españoles registrados en las oficinas de empleo es muy superior al conjunto de la construcción, en el que el paro aumentó un 12% en el mismo periodo con 26.980 nuevos demandantes de trabajo. De esa cantidad, casi 14.000, es decir, más de la mitad, son inmigrantes.
La especial concentración de extranjeros como peones en las obras ha convertido al colectivo en el eslabón más débil del sector, según las centrales sindicales. Los 392.000 inmigrantes que trabajan en la construcción suponen el 20,5% de los 1,9 millones de asalariados del sector.
Esta situación preocupa mucho a los sindicatos. Gasán Saliba, secretario de Inmigración de CCOO en Catalunya, señala que lo que ocurre es "el fruto del modelo de crecimiento que ha tenido España en estos últimos años, basado en la concentración de mano de obra intensiva, con condiciones laborales pésimas".
La construcción ha utilizado al máximo a gente "pagando salarios muy bajos" y sin dar ninguna atención "ni a la formación como profesionales ni a la seguridad en el trabajo". Para este responsable sindical, la solución es "formar a todos estos inmigrantes para que puedan cambiar de sector productivo".
Para el secretario de Inmigración de UGT, Kader Slimani, "cuando una crisis llega a un sector económico, sea el que sea, los que más lo sufren son siempre los inmigrantes". No obstante, destaca que algunas pequeñas empresas de albañiles marroquís "están consiguiendo sobrellevar bien la crisis a base de ajustar mucho los presupuestos".

CAÍDA GENERAL
Pero la desaceleración no ha hecho más que empezar, según Narciso Riera, responsable de construcción de UGT, que prevé un descenso de los ocupados del sector en Catalunya desde los 240.000 actuales a una cifra más "normalizada" de 190.000. Además del aumento del paro, el sindicalista pronostica que el aterrizaje suave de la edificación aumentará las quiebras de pequeñas empresas subcontratistas en las que a menudo un autónomo español tiene hasta 20 inmigrantes de escasa cualificación.
José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), no oculta su preocupación por los efectos en el desempleo de un sector "que se ha parado mucho más rápido de lo que se preveía". Este economista sostiene que "esa labor de formación para permitir a los inmigrantes cambiar de sector debería de haberse empezado hace dos años. No es algo que se haga de la noche a la mañana".
García Montalvo señala que, en EEUU, la mano de obra inmigrante expulsada de la construcción fue absorbida por la agricultura, en pleno crecimiento por el fenómeno del biodiésel. "En cambio, no veo en España ningún sector económico capaz de absorber a todos los inmigrantes que se van a quedar en paro en la construcción".

Inmigración y financiación autonómica

EL elevado aumento de la población en España de los últimos años, del cual la inmigración es el principal motor, está contribuyendo de manera decisiva al crecimiento de la economía española. En este contexto, y ante una eventual reforma del sistema de financiación autonómica, algunas Comunidades Autónomas (CCAA) se obstinan en arrojar a la escena pública un estéril debate, repleto de incorrecciones y casi rayando la xenofobia, sobre los inmigrantes y sus efectos en el marco financiero vigente. Tanto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera como en algunos medios que se han hecho eco, estas CCAA defienden que un inmigrante aporta a las arcas públicas regionales la mitad que un español, mientras que, al menos, requiere el mismo gasto público. Entonces, las CCAA que reciben inmigrantes registran un déficit que sólo se eliminaría con más recursos procedentes de la Administración central.Según el artículo 31 de la Constitución, no hay una relación estricta entre la financiación y el uso de los servicios públicos: no se proporcionan más y mejores servicios a quienes más contribuyen.

Lo mismo ocurre en el sistema de financiación de las CCAA. El sistema cubre las necesidades financieras de las CCAA para prestar servicios públicos a la población, a toda la población, mientras que ésta soporta los tributos en función de su capacidad económica. Es incoherente con la Constitución cuestionarse cuánto aportan los jubilados o los desempleados al sistema de financiación de las CCAA. Del mismo modo es absurdo, y contrario al principio de no discriminación por razón de nacimiento, relacionar los ingresos que generan a la Hacienda los inmigrantes con el gasto que generan. Las CCAA que propugnan discriminar por el origen olvidan, además de la existencia del artículo 14 de la Constitución, que un inmigrante aporta a las arcas públicas la misma cantidad que un español que tenga iguales recursos. Si el inmigrante medio aporta a Hacienda la mitad de recursos que el español medio, es simplemente porque el inmigrante medio posee menos de la mitad de recursos.Según datos del INE, entre 2002 y 2005 –primero y último año liquidado del sistema vigente de financiación autonómica, respectivamente–, la población ha crecido en España un 5,4%. Del total de nuevos residentes, el 77,2% eran extranjeros. El PIB nominal, en el período citado, ha aumentado en un 24,2%. Es más, el PIB per cápita ha crecido de 17.650 euros a 20.864 euros. Por su parte, según el Ministerio de Economía y Hacienda, la financiación de las CCAA ha aumentado entre 2002 y 2005 en el 30,3%, esto es, más de 6 puntos por encima del PIB español. En el sistema, el Fondo de Suficiencia o transferencia neta que realiza la Administración Central a las CCAA para completar sus ingresos tributarios, alcanzó la cifra en 2005 de 28.690 millones de euros, habiendo crecido un 26,9% respecto a 2002. Los datos anteriores señalan, y así lo confirman diversos estudios sobre los efectos de la inmigración, que España ha registrado un aumento de población que ha contribuido positivamente al crecimiento de la riqueza del país, el cual se ha trasladado fuertemente al aumento de la financiación de las CCAA, ya sea vía tributos o mediante el Fondo de Suficiencia.

La inmigración estaría aportando al crecimiento de la renta per cápita en España un 25%. Por tanto, cada español posee 800 euros más en 2005 que en 2002, gracias a los efectos directos e inducidos de la inmigración. El que la inmigración esté aumentando el PIB per cápita permite concluir que los ingresos recibidos por las haciendas estatales y autonómicas no sólo están aumentando porque hay más contribuyentes, sino también por el aumento de la renta del contribuyente medio en España. Además, dado que el sistema tributario es progresivo y que, por término medio, un no inmigrante posee mayor renta que un inmigrante, el efecto del aumento de renta de los españoles sobre las arcas públicas es aún mayor.Si en una futura reforma del sistema de financiación se plantea un mayor aumento de los ingresos a recibir por la Administración autonómica, deberá ir paralelo a una mayor o mejor valoración de los servicios públicos a prestar más que a la mayor población, elemento que ya está determinando la casi totalidad de los ingresos que reciben las CCAA. Y, desde luego, poco ayuda al progreso de la autonomía política y financiera el prejuicio ideológico que algunos pretenden asentar en nuestro país al querer considerar a los inmigrantes al margen del resto de nuestra población.

Amnistía Internacional denuncia que las mujeres inmigrantes están más expuestas a la violencia

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció hoy en Madrid que las mujeres inmigrantes tienen seis veces más riesgo de sufrir malos tratos y de morir a manos de sus parejas, y que pese a ese mayor riesgo, encuentran menos protección administrativa 'por el mero hecho de ser inmigrantes'.


Amnistía internacional denuncia que las mujeres
La experta en inmigración de Amnistía Internacional, Itziar Ruiz Giménez, presentó hoy esas conclusiones, contenidas en el informe 'Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género'.

Ruiz Giménez recordó que 26 de las 69 mujeres asesinadas en España en lo que va de año por sus parejas o ex parejas eran extranjeras, una cifra provocada, en gran medida, por las dificultades que estas mujeres encuentran a la hora de acceder a los recursos previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Aunque la ley reconoce la 'especial vulnerabilidad' de este colectivo y establece el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos, en la práctica, las mujeres inmigrantes son 'discriminadas' porque se encuentran con barreras lingüísticas, falta de información y unos requisitos legales que no pueden cumplir, señaló.

El informe de AI asegura que el principal obstáculo de estas mujeres es el miedo, ya que, para acceder a las ayudas establecidas por la ley (centros de acogida o tratamientos psicológicos), deben presentar una denuncia o una orden de protección, algo que muchas afectadas -las que están en situación irregular- no piden por miedo a que se les abra un expediente de expulsión.

Además, aunque lo más importante para alejarse de la violencia de género es tener autonomía económica, la ley de Extranjería sólo permite que estas mujeres obtengan un permiso de residencia que no lleva aparejado una autorización para trabajar, una medida que en la práctica es 'de escasa utilidad', según Ruiz Giménez.

La única manera de conseguir un permiso de trabajo es tener una oferta de empleo, y ese requisito puede ser imposible para muchas afectadas, lamentó la responsable de AI.

La Ley Integral también establece que las víctimas tienen derecho a recibir 'plena información y asesoramiento adecuado' a través de los servicios de las distintas Administraciones Públicas, sin embargo, el informe denuncia que en las dependencias policiales no hay intérpretes suficientes ni adecuadamente formados para ello.

En cuanto a los abogados del turno de oficio que se suele asignar a estas mujeres, tampoco cuentan con la especialización suficiente para asesorarlas y defenderlas, hasta el punto de que, según AI, en algún caso, el letrado ha aconsejado a la víctima que retire la denuncia para no ser expulsada de España.

El informe reconoce que, aunque la normativa establece la obligatoriedad de abrir un expediente de expulsión a las personas en situación irregular, en la práctica los agentes policiales no la llevan a cabo en estos casos.

AI recuerda que el Estado debe garantizar la plena protección de los derechos de las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia, al margen de sus circunstancias personales o administrativas.

Por ello, exigió la retirada del apartado que fija la obligatoriedad del proceso de expulsión y la reforma del Reglamento de Extranjería para permitir que los permisos de residencia lleven aparejados un permiso de trabajo, además de la creación de mecanismos alternativos a la denuncia para acreditar la condición de víctima.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género recordó hoy que, entre enero y septiembre, más de 93.000 mujeres presentaron una denuncia por malos tratos en España y que, en lo que va de año, 69 víctimas han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, unas cifras que sólo muestran 'la punta del iceberg'.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra este domingo, el Observatorio ha elaborado un manifiesto en el que recuerda que para erradicar esta lacra social hay que desarrollar estrategias 'los 365 días del año'.

El manifiesto afirma que la violencia machista es resultado de la 'profunda discriminación' de las mujeres en la sociedad, que no ha sido erradicada.

García Delgado cree que «el desafío de la economía es la inmigración»

El catedrático de Economía Aplicada alude a la falta de inversión empresarial en I+D+i


José Luis García Delgado, durante la conferencia. / MIGUEL. A. SANTOSLa «página brillante» de la economía española en los últimos veinte años se fundamenta en tres pilares, según el catedrático de Economía Aplicada, José Luis García Delgado. La estabilidad en el campo económico fomentada desde el político, el afán internacionalista de las empresas del país y la revaloración de la función empresarial son, para Delgado, «las claves para explicar el veloz avance de España en términos macroeconómicos».

Así, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, explicó ayer en el Aula de Cultura de El Norte de Castilla, de Valladolid , que desde 1986 hasta el 2006 España había duplicado la renta por habitante.

Impulso

«Tal vez teníamos tantas ganas de ser europeos que esto impulsó nuestra economía», argumentó el experto, situado entre las primeras filas del Paraninfo de la Universidad de Valladolid.

Las razones expuestas producirán, bajo su punto de vista, cuatro riesgos «igualmente importantes y con consecuencias directas a nivel europeo».

El clima de inestabilidad política, «que rompe de forma frontal la idea de acuerdo como bien democrático»; el ensimismamiento a escala autonómica de la economía; la falta de inversión en I+D+i de las empresas españolas, y el desafío que supone el aumento de la población inmigrante, «que creará un panorama digno de estudio posterior».

La sonrisa del experto económico fomentó numerosas preguntas después de la ponencia, mientras que su cercanía posibilitó la intervención de varios asistentes a lo largo de la conferencia

Los seis perfiles del inmigrante en Gijón

El Observatorio Odina detecta que en el último año creció la presencia de senegaleses, brasileños y dominicanos


A. RUBIERA

El 4,3% de la población de Gijón, 12.227 personas, es inmigrante. Su presencia es ligeramente superior (un 1,4% más) a la del total de Asturias, pero muy inferior a la que está llegando a alcanzar en el conjunto de España, donde los 4.482.568 extranjeros suponen ya el 9,9% de la población total que reside en el país.

Según el padrón municipal, Ecuador y Colombia son los países de origen del grueso más importante de extranjeros en Gijón, pero el Observatorio Permanente de la Inmigración de Asturias, Odina, ha detectado nuevos flujos en el último año, como los de senegaleses y personas oriundas de otros países americanos, al margen de los tradicionales. «República Dominicana, Brasil, Venezuela y Chile han despuntado este año», explica Marisa Martínez, miembro de ACCEM, una de las organizaciones que integran el grupo de observación Odina. También Rumanía reforzó el pasado año su presencia, ya de por sí importante en Gijón.

Miembros de Odina presentaron ayer en El Llano el primer estudio anual específico de la inmigración en la ciudad, gracias al trabajo de su Observatorio Permanente, que permite aportar datos fiables sobre la situación de la inmigración en cada momento, con todas sus particularidades y sus grupos diferenciados de riesgo. El Observatorio está constituido en Asturias por unas 40 entidades (con 25 socios en Gijón) que trabajan a diario con el colectivo inmigrante (desde instituciones a ONG pasando por centros escolares y centros de salud, entre otros). «Somos una red informal de trabajo, ya que está compuesta por voluntarios que de forma desinteresada participan en esa observación», explicó Javier Mahía, coordinador de Odina.

Con la experiencia y el día a día de los observadores, el grupo ha establecido seis perfiles diferentes de inmigrantes en Gijón. A continuación se destacan las características de cada grupo, según el trabajo del Observatorio.
Recién llegados. En 2006 este grupo lo componían, fundamentalmente, rumanos, brasileños, marroquíes, bolivianos y venezolanos, siendo el 48% mujeres y el 52% varones. El 74% lleva menos de un año en España y el 41% son trabajadores sin asegurar y desempleados de menos de un año. El 37% busca empleo en el servicio doméstico, en la construcción y en las actividades agrarias, que son los sectores más receptivos de entrada a la contratación de inmigrantes. Son residentes en situación irregular o pueden estar aún con el visado de 90 días de los turistas. Suelen haber tramitado la asistencia sanitaria y comparten vivienda en régimen de alquiler o realquiler con amigos o familia. Los miembros de Odina destacan que comienza a ser muy habitual que acudan a entidades y a servicios de orientación de inmigrantes para recibir información jurídica, administrativa y también para solicitar recursos sociales, incluso formativos (de idiomas o prelaborales) que los ayuden.
Inmigrantes en vías de inserción sociolaboral. Es un colectivo con mayoría femenina (65% frente al 35% de varones) y que en 2006 procedían de Brasil, Ecuador, Rumanía, Colombia y Marruecos. Se destaca, cada año más, la participación de los inmigrantes en procesos de formación socioeducativa para aprender el idioma y las habilidades sociales, lo que luego les facilita la búsqueda de empleo y la inserción. Más de la mitad de este colectivo tiene autorización de residencia; el 33% son trabajadores por cuenta ajena, el 28% está en situación de búsqueda de empleo desde hace menos de un año y el 23% está trabajando sin estar asegurado. Sólo el 6% carece de experiencia laboral y, dado que muchos tienen hijos a su cargo aquí en España, tienen dificultades para la conciliación de la vida familiar y laboral. Los principales sectores de búsqueda de empleo de este grupo son la hostelería y el turismo, seguidos del servicio doméstico, la ayuda a domicilio, las residencias geriátricas y la peluquería.
Beneficiarios de dispositivos de acogida. Lo componen, sobre todo, los inmigrantes (54% de varones) que están en la ciudad pendientes de una solicitud de asilo por la conflictividad sociopolítica de sus países y su procedencia principal es Costa de Marfil, Colombia y Brasil. Reciben ayudas económicas de programas de acogida temporal.
Inmigrantes en situación de exclusión o vulnerabilidad. Son sobre todo mujeres que ejercen la prostitución y, también, quienes ejercen una actividad laboral precaria. En este perfil destacan las nacionalidades brasileña y nigeriana, y su residencia es irregular.
Inmigrantes en acogida humanitaria urgente. Son, en general, hombres jóvenes del África subsahariana (Senegal, Malí, Guinea Bissau y Gambia) que emigran solos por motivos económicos, llegan sin documentación y buscan empleo urgente en el sector agrario o en la construcción.
Inmigrantes asentados. Su procedencia principal es de América Latina (Ecuador, Colombia, ArgentinaÉ) y son mayoría mujeres que llevan más de dos años en España. Tienen autorizaciones de residencia renovada y trabajan por cuenta ajena. Viven en pisos de alquiler y también hay algunos que ya empiezan a hipotecarse para tener casa propia. El 73% tiene familiares en España e hijos a su cargo, bien por reagrupación familiar o porque algunos ya han nacido aquí.

España podrá juzgar desde hoy a los patrones de cayucos interceptados fuera de las aguas nacionales

Madrid.(EUROPA PRESS).- La justicia española podrá juzgar desde hoy a los responsables de las mafias de la inmigración y a los patrones de embarcaciones ilegales interceptados fuera de las aguas territoriales nacionales, incluso si el destino final del cayuco es otro país de la Unión Europea distinto a España.

Esta iniciativa equipara el tráfico de personas a delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería de aeronaves, la falsificación de moneda, el tráfico de drogas o la mutilación genital femenina. Así, esta norma ha reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.

Con esta modificación legal se pretende dar jurisdicción a los tribunales españoles para la instrucción y enjuiciamiento cuando se produzcan detenciones en aguas internacionales de embarcaciones con inmigrantes irregulares.

Senegal y España sellan un acuerdo contra inmigración ilegal

Al menos 2.700 jóvenes senegaleses están esperando para conseguir permisos de trabajo en España después de la conclusión de un acuerdo por parte de los gobiernos de ambos países.

Firmado este mes por el ministro de Interior de Senegal [Ousman Ngom] y el ministro de Trabajo español [Jesús Caldera] en la capital senegalesa, Dakar, el acuerdo intenta disuadir a los senegaleses de emprender la peligrosa e ilegal migración por mar para entrar en las Islas Canarias.

Bajo el acuerdo, 2.000 jóvenes serán formados mediante financiación española en Senegal antes de ser empleados por barcos de pesqueros españoles el próximo año. El resto de los jóvenes serán destinados a la producción agrícola.

Miles de jóvenes de África occidental, principalmente senegaleses, han perdido la vida en el mar en un viaje sin retorno. Los jóvenes se embarcaron en esta travesía en busca de horizontes más prósperos.

A pesar de los riesgos que conlleva y los estrictos controles y patrullas fronterizas de España y algunos países africanos, la práctica sigue existiendo. Sólo la semana pasada, 58 jóvenes gambianos que emprendieron la travesía murieron ahogados después de que su remendado cayuco empezara a arder.

La UE respalda las propuestas españolas sobre inmigración

Una reunión informal de ministros de la Unión Europea y el Mediterráneo sobre inmigración aprobó hoy una declaración para promover la emigración legal y frenar la clandestina que recoge las tesis defendidas por España.

La secretaria de Estado española de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, declaró que el documento consensuado en la I Conferencia Euromed sobre migraciones impulsará 'una serie de medidas que coinciden con la política de inmigración del Gobierno español'.

'El camino que comenzamos -en el Ejecutivo socialista- hace cuatro años es el correcto, ya que son la tesis que se debaten ahora en la Unión Europea y en esta conferencia', apunto Rumí, que participa en la reunión, en la localidad meridional portuguesa de Albufeira.

La declaración, explicó, recoge un catálogo de medidas en el ámbito de la lucha contra la inmigración clandestina, en la ordenación de los flujos migratorios legales y en los vínculos entre inmigración y desarrollo.

'Estos son los tres ejes de la política española de inmigración, con dos características que son las que defiende España en todos los foros, que se le dé un tratamiento integral y multinacional' al asunto, recordó.

Rumí destacó que los acuerdos de la reunión suponen, además, un impulso político a la cooperación en el área del Mediterráneo y a través de 'un compromiso de todos'.

En el ámbito de la inmigración legal, señaló, se acordó facilitar los movimientos de las personas de forma ordenada y legal, lo que obliga, dijo, 'a promover las oportunidades adecuadas'.

Se creará también un grupo de trabajo, en el que estarán representados todos los socios comunitarios, que se ocupará de analizar la situación y las necesidades en los mercados de trabajo a ambos lados del Mediterráneo.

Además se potenciará el intercambio de experiencias y de buenas prácticas y se pondrán en marcha campañas de información dirigidas a los potenciales inmigrantes.

Otros de los puntos aprobados hoy en la reunión de Albufeira, en la que participan ministros y delegados gubernamentales de los países comunitarios y de la orilla sur del Mediterráneo, fue la puesta en marcha de programas de formación y acogida para los inmigrantes.

En el ámbito de la inmigración y el desarrollo, se llegó a la conclusión de que hay dirigirse a las causas que provocan la inmigración, avanzó Rumí.

Además incidió en que la política de desarrollo tiene que estar íntimamente unida a la de inmigración, dado el alto desempleo que se registra en los países de origen.

Otro de los compromisos acordados, indicó la secretaria de Estado española, fue el de reducir los costes de las remesas y la potenciación del microcrédito, un ámbito en el que España 'ha dado pasos muy importantes', dijo, con las entidades financieras.

Rumí destacó que en la cita de hoy fue presentado también un prototipo de página web con información sobre procesos para el envío de transferencias a bajo coste.

En el ámbito de la inmigración irregular se alcanzaron además acuerdos para aumentar la seguridad de los documentos de viaje, detectar la documentación falsa y vincular el trabajo del programa de control de fronteras (Frontex) a las iniciativas del Mediterráneo.

Entre las conclusiones figura también la puesta en marcha de un taller sobre retorno voluntario y readmisión de emigrantes y un mecanismo de seguimiento de los compromisos acordados con reuniones periódicas de un comité de expertos creado para ese propósito.

Según Rumí, el respaldo a las tesis sobre políticas integrales de inmigración, defendidas por España, se logró después de recordar que no era posible, como sucedió en la pasada legislatura, ligar ese problema únicamente al departamento de Interior.

'España fue una pionera tratando la inmigración en el ámbito del Ministerio de Trabajo, desde la óptica laboral, porque la mayoría de personas que vienen a nuestros países lo hacen por temas económicos', señaló.

En cuanto al caso concreto de Marruecos, recordó que las buenas relaciones bilaterales permitieron 'crear flujos legales de trabajadores', un modelo español que ahora copian -dijo- muchos y que su Ejecutivo lleva a otros países como Senegal o Mauritania.

Hania Zlotnik, Directora de Población de Naciones Unidas: «Los países desarrollados tendrán cada vez más inmigrantes»

MILAGROS ASENJO. MADRID.
«La inmigración va a seguir siendo un fenómeno importante en los países de renta alta», afirma la directora de Población de Naciones Unidas, quien ha participado en la Conferencia Anual de Antiguos Alumnos del Instituto de Empresa (IE), donde se han analizado los «Desafíos de un planeta en cambio».
«Entre 1990 y 2005 -comenta Hania Slotnik- se ha producido una concentración cada vez mayor de inmigrantes en los países ricos, tanto desarrollados como en desarrollo, tales como Hong Kong, Singapur o Corea del Sur, porque necesitan mano de obra. Esto significa que la mitad de la migración se congrega en esos países y que esta tendencia se mantendrá por razones demográficas y económicas».
-¿Que trabajos les están reservados a los inmigrantes?
-Los que no quieren los nativos. Fundamentalmente en la agricultura, la construcción y los servicios de limpieza. Ocurre que en los países de acogida los niveles educativos son más altos y los nativos acceden a otro tipo de empleos.
-¿Por qué se producen tantos conflictos con la inmigración?
-Muchas veces, los gobiernos legislan en contra de la economía, no establecen los cupos de acceso necesarios para cubrir las necesidades del mercado laboral y se produce la entrada ilegal. Es cierto también que existen rencillas entre grupos que se consideran distintos. Hay que crear zonas de derecho para estas personas.
-Usted atribuye la inmigración a causas demográficas y económicas, ¿qué problemas afronta Naciones Unidas en el área que dirige?
-No queremos hablar de problemas sino de retos. Y éstos son frenar el crecimiento de la población, que es todavía muy rápido, y afrontar las consecuencias del envejecimiento. Hay otros desafíos como los de reducir la mortalidad infantil, promocionar a la mujer o elevar las tasas de educación, sobre todo, entre las mujeres.
-Hablemos del primero...
-Las tasas de crecimiento todavía se encuentran a un nivel tan alto que si se mantuvieran constantes el resto de la vida de la humanidad cada 55 años se duplicaría la población.
-¿Y si no se hace como planean?
-Llegaríamos a los 12.000 millones de habitantes, un índice de población no sostenible.
-¿Cuáles son sus previsiones?
-Si como esperamos se mantiene la bajada de la fecundidad en los países en desarrollo y, especialmente, en Africa como en otros, nos mantendremos en 9.200 millones de habitantes entre 2020 y 2050.
-¿Y eso qué significa?
-Ese número es más beneficioso para la sostenibilidad económica, ecológica y demográfica.
-¿No supone invadir el derecho humano a tener hijos y formar libremente una familia?
-Los programas demográficos de Naciones Unidas son respetuosos con estas cuestiones y son los gobiernos los que aplican las políticas concretas. Pero el crecimiento de la población es demasiado rápido y se hace necesario bajar la fecundidad.
-¿Han previsto las consecuencias de esta decisión?
-Sí. Una de ellas es el envejecimiento de la población. A medida que baja la fecundidad, comienza a reducirse el número relativo de niños y, con el tiempo, no sólo los niños sino también de la población en edad de trabajar. Y, por el contrario, empieza a aumentar la población en edades avanzadas. Es decir, se produce el envejecimiento, que es más acusado en los países desarrollados. A esto se añade un a disminución de la morbilidad y la incapacidad.
-¿Cómo se contrarresta el envejecimiento de la población?
-De ninguna manera, no se contrarresta. Así es que tendremos que vivir con el problema porque para resolverlo se debería aumentar la natalidad.La gente quiere vivir más y la sociedad mundial tendrá que adaptarse a la longevidad de sus ciudadanos. Esa adaptación inmediata tiene que ver con la participación más prolongada en el mundo laboral.
-¿Afecta esta situación igual a países ricos y pobres?
-El envejecimiento es más acusado en los países desarrollados porque la bajada de la natalidad comenzó antes. En cuanto a la prolongación de la vida laboral hasta edades avanzadas, los países en desarrollo registran tasas más altas debido a que no cuentan ni con seguridad social ni con sistemas de pensiones que les protejan, y no se prevé que los tengan. Además, se plantean menos necesidades porque carecen de expectativas económicas.

Una caravana por los derechos humanos recorre España

COLPISA, Madrid

Cinco contenedores de buque, apenas cien metros cuadrados, sirven para denunciar que, 60 años después de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, millones de personas ven cada día conculcados esos derechos fundamentales.

"Con todo el derecho del mundo", la exposición itinerante del Consejo General de la Abogacía de España fue presentada ayer en Madrid, desde donde partirá a otras muchas ciudades del país, tras haber recalado ya en Zaragoza, Valencia, Málaga y Albacete.

Cada contenedor tiene una temática: los derechos humanos en el mundo, la inmigración, España, la violencia doméstica y el trabajo de los abogados. Pero el centro de la muestra son cifras desnudas, sin adornos, que dan cuenta de la envergadura de la violación de los derechos más mínimos. "Dos millones de niñas están en riesgo en todo el mundo de sufrir mutilación genital, una cifra igual a la población de Canarias", "175 millones de personas se han visto obligadas a emigrar, cuatro veces la población de España". "Cuatro millones de mujeres son vendidas cada año como prostitutas o esclavas sexuales" es otro de los datos que describen la situación del planeta.

Las cifras sobre España son también inquietantes: "Ocho millones de españoles viven bajo el umbral de la pobreza con menos de 280 euros al mes", "1.213 personas han sido asesinadas por terroristas", "3.800 menores sufren abusos sexuales en España cada año", "700.000 inmigrantes sin papeles viven en el país" o "523 mujeres fueron asesinadas por la violencia machista entre 2001 y 2006".

A su vez, los restos de un cayuco varado en la arena y más datos hablan del drama de la inmigración.

Más de ocho mil venezolanos residen en la Comunitat

En la Comunitat Valenciana residen un total de 8.104 venezolanos. Venezuela es, de los países extracomunitarios, el undécimo con mayor presencia en nuestra autonomía, informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, señalaron que la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía trabaja con la Asociación de Venezolanos en Valencia, Venenval, para apoyar las iniciativas de este colectivo. "El Consell está comprometido con estas personas y, de hecho, cuentan con subvenciones económicas anuales para desarrollar sus proyectos integradores en la Comunitat", aseguró el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco.

Según el conseller "muchas de las acciones que lleva a cabo esta asociación de venezolanos se centran en atender a otros colectivos, como los subsaharianos o bolivianos, para que puedan integrarse mejor en la Comunitat, ya que ellos están perfectamente integrados". "De hecho, destaca el interés de los venezolanos en conseguir voluntarios, dentro de su colectivo, para ayudar a los inmigrantes más desfavorecidos", añadió Rafael Blasco.

Del mismo modo, explicó que el 60 por ciento de los venezolanos que viven en la Comunitat Valenciana son mujeres, y en el 65 por ciento de los casos las edades oscilan entre los 20 y los 45 años.

La mayoría de los venezolanos residen en la provincia de Valencia, seguidos de Alicante y Castellón. El 80 por ciento de ellos trabajan como técnicos, psicólogos o educadores siendo estas tres las profesiones mayoritarias. También se dedican a actividades comerciales o empleados en el sector servicios, en una mínima parte.

Según el presidente de Venenval, Jaime García Neumann, "los venezolanos nos sentimos muy bien acogidos en la Comunitat, por razones culturales e históricas y agradecemos la colaboración de la Generalitat, sin la cual no sería posible la puesta en marcha de nuestras iniciativas, para integrar a otros colectivos, cuya integración es más difícil que la nuestra".

De estos 12.000 inmigrantes venezolanos, el 30 por ciento son hijos de españoles o italianos que emigraron a Venezuela. De hecho, este colectivo que ronda las 4.000 personas se consideran emigrantes retornados. El colectivo de venezolanos también lleva a cabo cursos de informática y valenciano para sus conciudadanos, además del fomento del voluntariado.

Además, indicaron que Venezuela es el undécimo país extracomunitario con mayor presencia en nuestra autonomía. La inmigración extracomunitaria en la Comunitat se encuentra concentrada en 20 países de los más de 170 no pertenecientes a la Unión Europea, según un estudio elaborado por la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, a través de la Fundación CeiMigra.

En la actualidad, viven en nuestra autonomía más de 727.000 extranjeros, el 51,4 por ciento de ellos son ciudadanos de países extracomunitarios. La gran mayoría procede de Marruecos, Ecuador, Colombia y Argentina que suponen el 53 por ciento del total de extranjeros procedentes de países no comunitarios.

Este estudio refleja que tan sólo 20 países no pertenecientes a la Unión Europea aglutinan el 90 por ciento del total de extranjeros no comunitarios.

Según Rafael Blasco "el Consell se ha marcado como objetivos incentivar la colaboración y desarrollar proyectos en origen en esta veintena de países, que aglutinan prácticamente toda la inmigración extracomunitaria que reside en la Comunitat Valenciana". El conseller se ha comprometido a incentivar lazos de coordinación con estos países de forma especial.

Por continentes, el estudio muestra que los extranjeros que proceden de África son, principalmente, de tan sólo dos países, Marruecos y Argelia, seguidas muy de lejos por Nigeria y Senegal. En cuanto a Asia, los dos únicos países del continente asiático con representación importante en la Comunitat Valenciana son China y Pakistán. Por el contrario, prácticamente todos los países de América Latina tienen una representación importante en nuestra autonomía.

Ordenadores a bajo coste para inmigrantes

Banesto, Intel y Microsoft firmaron el pasado jueves la puesta en marcha del programa ‘Conecta Latinoamérica’, una iniciativa que pretende frenar la brecha digital en los países latinoamericanos ayudando a los inmigrantes residentes en España a adquirir ordenadores, en condiciones muy ventajosas, que se instalarán en su país de origen, de manera que puedan comunicarse con su familia de una manera más económica. La primera acción del plan se llama ‘Conecta Ecuador’, y se dirige a los casi 500.000 ecuatorianos residentes en España, quienes podrán adquirir un ordenador de gama básica por 465€.

Casi un millón de inmigrantes han conseguido papeles en el último año

Los extranjeros en situación legal superan los 3,7 millones, un 33% más que a finales de 2006, y representan ya el 8,4% de la población total en España

Casi un millón de inmigrantes (946.679 personas) han legalizado su situación en España entre septiembre de 2006 y septiembre de 2007. Es el mayor crecimiento de la colonia extranjera habido hasta ahora a pesar de que no ha tenido lugar ningún proceso extraordinario de regularización. En tan sólo un año, el colectivo legal se ha elevado en un 33,8%, lo que sitúa el número total de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en 3.740.956 personas, según las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo.

Tras el fuerte incremento del último año, la población foránea es ya el 8,4% de los 44 millones de habitantes de España. El aumento de extranjeros en situación legal ha sido especialmente significativo en el tercer trimestre de 2007 (junio-septiembre), cuando consiguieron la residencia 204.609 personas, un aumento del 5,79% en tres meses.

Las últimas cifras del Ejecutivo apuntan a que casi dos de cada tres extranjeros residentes legales están incluidos en el denominado 'régimen general', al tratarse de ciudadanos procedentes de fuera de la Unión Europea. Así, España cuenta ya con 2.296.888 extracomunitarios legales (el 61,4% del total), frente a las 1.444.068 personas (el 38,6% de la colonia extranjera) inscritas en el 'régimen comunitario'.

Perfil

El notable incremento de las tarjetas de residencia no ha cambiado significativamente la radiografía de la inmigración legal en España: poco más de un tercio de los residentes son comunitarios, el 31,3% proceden de Iberoamérica, dos de cada diez 'legales' vienen de África, el 6% son asiáticos, casi el 3% llegan de la Europa no comunitaria, el 0,5% son norteamericanos y sólo el 0,05% de países de Oceanía. A estas cifras hay que sumar 1.096 extranjeros legales que son oficialmente apátridas.

Según nacionalidad, el colectivo mayoritario es el marroquí (625.123 personas), seguido del rumano (505.670) y del ecuatoriano (387.047). A continuación se sitúan los colombianos (246.542 ciudadanos), británicos (192.688), italianos (118.354), chinos (113.922) y búlgaros (113.792).

Los aumentos de las colonias marroquí y, sobre todo, rumana explican el fuerte incremento de las tarjetas de residencia este último año y, en particular, este último trimestre. Entre junio y septiembre, el colectivo legal rumano creció en 101.066 personas (un aumento superior al 24% en apenas tres meses). 21.437 marroquíes consiguieron 'papeles' en ese mismo periodo, seguidos de búlgaros (14.932), portugueses (8.783) e italianos (7.834). Por primera vez descendió el número de ecuatorianos (10.383 inmigrantes menos).

Andalucía, a la cabeza

El mapa de la inmigración en España es muy heterogéneo: Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía agrupan al 64% de los extranjeros en situación legal. Sólo Madrid y Barcelona acogen al 31% de los legales. Los extracomunitarios son mayoría en todas las comunidades autónomas menos Canarias, Baleares, Galicia y Ceuta.

La edad media de los 'legales' es de 33 años. 471.352 extranjeros (el 12%) son menores de 16 años, 3.116.223 (el 83%) tiene entre 16 y 64 años y 153.202 (el 4%) son mayores de 64 años. El 4,7% de los extranjeros legales (178.433 personas) han nacido en España.

España: 46 por ciento de migrantes extranjeras son mujeres

Por Argelia Villegas López



Madrid, Esp., 15 nov 07 (CIMAC/AmecoPress).- Cerca de 500 mil mujeres procedentes de otros países, entre los cuales destacan los de América Latina, viven en España enfrentando grandes dificultades. Atrás dejaron familias enteras.


La población femenina inmigrante ha transformado y cambiado el rostro de la sociedad española en pocos años, por lo que es importante analizar causas de su migración y valorarlas no sólo como una fuerza laboral, sino también como personas, aseguraron la semana pasada participantes en el congreso La mujer migrante. Retos y Oportunidades.



En su tercera edición, el Congreso sobre inmigración y desarrollo humano fue organizado por la Consejería de Inmigración, la Cátedra de Inmigración de la Universidad de Vitoria, en Cooperación con la Comunidad de Madrid. En esta ocasión se dedicó a la realidad de la mujer inmigrante en España.



“El 46 por ciento de la población que ha migrado a España son mujeres, el proyecto y proceso migratorio femenino marca una diferencia en las migraciones, es por ello importante estudiar la inmigración desde una perspectiva de género”, indicó Eva Martínez, Coordinadora Mujer y Empleo de la Red Acoge durante el Congreso.



Durante dos días, el Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el recinto que acogió la actividad, a la cual asistieron empresarias inmigrantes, representantes de ONG, catedráticas y teóricas, y ciudadanía en general para analizar y debatir sobre retos y oportunidades actuales que enfrentan las mujeres extranjeras en España.



Las y los ponentes coincidieron en que las necesidades y limitantes de las mujeres inmigrantes “son las mismas que enfrentan las españolas” entre las que destacan: necesidad de más guarderías, pleno respeto a la vida sexual de las mujeres, trabajar con las nuevas generaciones que están constituyendo la ‘nueva España’. También la soledad fue señalado como uno de los lastres más fuertes que afrontan las mujeres inmigrantes al desarrollar su vida en un entorno distinto al suyo”, dijo Martínez.



MIGRANTES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



Valencia, Murcia, Baleares y Madrid son comunidades que han tenido un mayor crecimiento económico gracias a la población inmigrante.

“Las mujeres inmigrantes han demostrado una gran fortaleza con su trabajo. Prueba de ello se registra en las Comunidades Autónomas de Valencia, Baleares, Murcia y Madrid, en las que actualmente existe un mayor desarrollo económico”, indicó Leopoldo Navarro, director de Inmigración y Voluntariado de la Comunidad de Murcia durante su intervención.

Agregó que “desde la Comunidad de Murcia nos hemos esforzado para que todos los programas implementados cuenten con una perspectiva de género transversal que les permita una mejor plataforma para su crecimiento”.

El codesarrollo y la mujer inmigrante en Madrid, Experiencias e intervención social de ONG, Mujeres inmigrantes emprendedoras, Conciliación y familia en la mujer inmigrante y española y Distintos valores religiosos de la mujer inmigrante fueron las diversas ponencias y temáticas en las cuales durante dos días se analizaron retos y oportunidades de la población femenina extranjera en España.
La vida pública femenina no puede ser el único modelo de emancipación de la mujer.

Por su parte Jutta Burggraf, quien es doctora en Psicopedagogía de la Universidad de Navarra, se pronunció a favor de revalorar el trabajo que realizan millones de mujeres en su hogar, y no sólo considerar un éxito las conquistas laborales y públicas de las mujeres.

“Hay una grandeza enorme de las mujeres que trabajan en sus casas, debemos aprender a revalorarlas, no sólo el modelo de emancipación puede ser el éxito en la vida pública y laboral”, dijo.

La catedrática indicó que los verdaderos cambios en las sociedades y que favorezcan a una verdadera igualdad en la vida de las mujeres “se deben dar suavemente”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada por el Consejero de Inmigración y Cooperación Fernández Lasquetty fueron los encargados de inaugurar este congreso.

Blasco propone que se estrechen los vínculos entre inmigración y codesarrollo

. R.
ALICANTE. El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, afirmó ayer que el crecimiento migratorio que está experimentando España en las últimas décadas «constituye una ventaja y no un problema». Según opinó, las migraciones «son un factor clave de los procesos de desarrollo, y un elemento enriquecedor, tanto para los países de origen como de destino». El conseller hizo estas declaraciones en la Universidad de Alicante donde participó en el acto inaugural del II Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo, que se celebra hasta el próximo sábado.
Durante el acto, el conseller destacó que hay que establecer un vínculo entre inmigración y codesarrollo. Así, los propios inmigrantes «deben participar en la evolución económica, social y cultural de los pueblos, que ya lo van haciendo con las remesas que envían».
Remesas de 1.000 millones Según datos del Banco de España, las remesas enviadas por los inmigrantes a sus países alcanzaron los 6.806 millones de euros, de los que casi 1.000 corresponden a la Comunidad.Blasco destacó además que los 727.000 ciudadanos extranjeros censados en las provincias valencianas suponen un 16 por ciento del total de la población, lo que significa un porcentaje de los más altos de España y del resto de Europa, ya que la media de ésta última es de un 10 por ciento, lo que convierte al país en el segundo país con mayor flujo migratorio, tras Estados Unidos.
El conseller consideró «absolutamente inadmisible» que el Gobierno central califique de «anecdótica» la llegada de 13 pateras a la costa alicantina y criticó la gestión del Ejecutivo en esta materia, al que consideró «irresponsable por su gestión de las fronteras, que genera ciertas tensiones y consecuencias que son inadmisibles, porque estas personas no pueden entrar de forma irregular en pleno siglo XXI en una sociedad como la nuestra». En este sentido, aseguró que «está absolutamente contrastado» que la regularización hecha de forma «apresurada y sin planificación adecuada» por el Gobierno socialista ha generado un efecto llamada con consecuencias que ahora está sufriendo la sociedad española. De acuerdo con datos de Inmigración, se calcula que en la Comunidad Valenciana hay más de 90.000 personas en situación irregular.

El economista Ontiveros asegura que la inmigración es claramente positiva para la economía canaria

El economista Emilio Ontiveros aseguró hoy que la inmigración es claramente positiva para la economía canaria, cuya desaceleración será similar a la estatal gracias al turismo y a la estabilidad de sus principales clientes, Alemania y Reino Unido, si bien el paro en la construcción subirá.

Ontiveros, que se ha trasladado a Gran Canaria para ofrecer una conferencia, consideró que el ritmo de entradas de inmigrantes de los últimos cuatro años no se puede sostener y sostuvo que el efecto de los que ya están en España y Canarias será "claramente positivo" a medio plazo.

Los inmigrantes están "influyendo muy positivamente" y el análisis económico "deja poco lugar a dudas de su efecto favorable", pues han compensado la tendencia demográfica adversa, han dinamizado sectores como la construcción residencial y el primario, y han contribuido a la moderación salarial, sostuvo el economista.

Sobre la moderación salarial, agregó que ha sido una de los aspectos que más ha influido en el crecimiento económico de los últimos años.

En cualquier caso, opinó que sería bueno procurar la plena integración y formación de los inmigrantes para contribuir a su movilidad social y no sólo se piense en ellos "como factor de trabajo para las tareas de menor valor añadido".

El economista se refirió a la crisis mundial iniciada a principios de agosto y la consideró diferente a cualquier otra porque no se produce en economías en desarrollo sino en las más avanzadas, si bien en España tendrá distintos efectos que en Estados Unidos por las diferencias en su mercado financiero.

Entre sus efectos, destacó que las ventas inmobiliarias en España y en Canarias se han estancado, pero aseguró que los precios no bajarán, si bien no crecerán tanto, pues han pasado del 11 al 5 por ciento y no descartó que se sitúe en el IPC, que consideró lo razonable.

Las economías que más dependan de la construcción residencial notarán la desaceleración de este sector, aunque en el caso de Canarias se verá compensada por el mantenimiento del turismo, por lo que recomendó cuidar y poner en valor el patrimonio natural del archipiélago, pues es su póliza de seguros.

Ontiveros confió en que Canarias acabe el año con un crecimiento similar al del conjunto del Estado, que estimó en torno al 2,5 por ciento, y que el año próximo este próximo al 3 por ciento, aunque la inflación española y canaria superará a final de año la media europea en un uno por ciento, lo cual "es bastante".

El economista destacó la oportunidad de inversión en µfrica que tiene Canarias, pues las economías emergentes son las que están llamadas a crecer.

Los mayores crecimientos mundiales de los últimos años los han protagonizado China, la India, Brasil o Rusia, con incrementos de hasta el 11 por ciento y, de hecho, son los responsables del 60 por ciento del incremento de la demanda mundial, lo que supone un nuevo rasgo de la crisis mundial en comparación con las anteriores.

En este marco, en el que España es el quinto inversor en Estados Unidos y el primero en América Latina, µfrica es una de las asignaturas pendientes y puede suponer una gran oportunidad para Canarias, subrayó.

Otro de los factores diferenciales de la actual situación económica es que España se encuentra en uno de sus menores niveles de morosidad (1,5 por ciento) y con su economía pública saneada, pues el endeudamiento está en sus menores índices históricos, "sólo" un 34 por ciento del PIB.

Por ello, a pesar de la desaceleración anunciada y las revisiones a la baja del crecimiento económico, las políticas sociales anunciadas por el Gobierno español, como las ayudas a la natalidad o el aumento del salario base, no están en peligro, pues además su impacto presupuestario es limitado, aseguró.

A la búsqueda del 'mosso' inmigrante

El inspector Rosell les ha dado plena libertad para decir lo que se les antoje. Aun así, permanecen tiesos como palos. Sonríen, pero con moderación. Se dirigen a todo el mundo de usted y muestran un hondo respeto por el uniforme, que ya consideran suyo. Juan José Ramírez y Kristin Schlag son alumnos novatos. Hace un mes iniciaron el curso de formación en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Si todo sale bien, el año que viene serán mossos d'esquadra. Y motivación no les falta.

Él, haitiano y ella, alemana, son una rara avis en la escuela de Mollet. Aunque poseen la nacionalidad española (requisito básico para ser policía), comparten su origen extranjero junto a otro puñado de jóvenes. Entre todos son 19. Pocos, si se compara con la cifra de aspirantes de esta promoción: 1.281. Y entre los agentes de la policía autonómica que están en activo, apenas 60 son hijos de inmigrantes o inmigrantes nacionalizados.

El Departamento de Interior busca acelerar la incorporación de nuevos colores de piel, acentos y sensibilidades a la policía catalana. Por eso lanzó, en mayo, una convocatoria de ayudas para participar en el Programa de diversificación social. La idea es sencilla: dar a los inmigrantes una formación suficiente para que puedan presentarse, con unas mínimas garantías, a las pruebas de acceso a los Mossos. "La policía ha de ser un reflejo de la sociedad, que es diversa", sostiene el director del Instituto de Seguridad, Carlos González.

El resultado de esta iniciativa, pionera en España, no ha cumplido las expectativas. Interior reservó 110 plazas, pero apenas se presentaron 45 solicitudes. Y la mayoría de candidatos no reunieron los requisitos, o no lograron superar las pruebas. De modo que sólo 18 personas asisten efectivamente al curso, que acabará en diciembre. "Es pequeño, pero es un primer paso. Quizá fuimos demasiado optimistas", subraya González.

Los responsables del programa no han tenido "demasiado tiempo" para elaborarlo. Para curarse en salud, la próxima convocatoria irá precedida de una "campaña informativa" dirigida a los alumnos de secundaria y a las asociaciones de inmigrantes, anuncia González.

Al margen de cuestiones técnicas, el coordinador del programa, Joan Navarro, ve otra razón de fondo: los recelos de una parte de los extranjeros. "En muchos países extracomunitarios, la policía es sinónimo de represión y de corrupción", argumenta. Una idea que comparte la Federación de Colectivos de Inmigrantes de Cataluña. "En los lugares de donde venimos, la palabra policía es mala, asusta", expone su secretario, el argentino Diego Arcos, quien no obstante ve "positiva" la medida para evitar conflictos. "La proporción de extranjeros aún es ridícula. Pero si un mosso saluda en árabe a un marroquí, la mitad de los problemas ya no aparecen", añade.

En la misma línea se expresa el presidente de la Asociación de Trabajadores Paquistaníes, Javed Ilyas: "Cuando vea a un policía de su país, el extranjero podrá hablar más tranquilo y explicarse mejor. Aunque eso no evitará los abusos aislados".

Con la incorporación de extranjeros, los Mossos d'Esquadra salen ganando, insiste González: "Ellos nos van a proporcionar un mejor entendimiento de los usos y costumbres de su comunidad. Y van a explicar cómo piensan y actúan sus compatriotas a los otros policías".

Por seguir los cursos, Interior ofrece a cada estudiante 285 euros al mes. Este incentivo económico desagradó a algunos sindicatos policiales y partidos políticos por tratarse de una medida de "discriminación positiva". González no lo ve así: "Les exigimos un requisito que el resto no tiene que cumplir: un conocimiento profundo de la lengua y la cultura de su país".

Entre los 18 estudiantes hay 4 chicas: tres magrebíes y una guineana. El resto son hombres de Pakistán, Líbano, Argentina, Marruecos, Rumania y la República Dominicana. Tienen entre 20 y 34 años y "unas ganas enormes de ser policías", cuenta Navarro. La mayoría ha nacido fuera de Cataluña y ven, en la incorporación a los Mossos, "una salida digna y una opción para integrarse".

Los profesores les enseñan lengua y cultura catalanas -el nivel B es otro requisito para acceder al cuerpo-, así como aspectos básicos de legislación. Dice el coordinador que son alumnos muy aplicados. "Nunca faltan. Se nota que quieren ser útiles para sus comunidades".Los aspirantes a mosso Juan José Ramírez y Kristin Shclag, en el Instituto de Seguridad Pública de Mollet del Vallès.

/ tejederas

Niños inmigrantes copan las aulas españolas

CARLOS PÉREZ ARIZA

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Madrid.- El crecimiento de la población estudiantil extranjera en España ha dado un salto vertiginoso en los últimos diez años. De 73.510 a 637.676 alumnos escolarizados desde la educación infantil a la universitaria, según fuentes estadísticas del Ministerio de Educación.

De ese total, 10,5% están en colegios públicos, gratuitos; mientras 4,6% acuden a centros privados o concertados, donde hay que pagar matrícula, en total el 15,1% de los alumnos de España son hijos de inmigrantes.

Las aulas forman un mosaico multicultural, donde los latinoamericanos representan -ecuatorianos, colombianos, argentinos, bolivianos y peruanos- 25,8%, mientras que las otras nacionalidades principales (marroquíes, rumanos, británicos, chinos y búlgaros) alcanzan el 23,5%. Una torre de Babel en cada clase.

Los datos dan una idea de la fuerza de la inmigración en España, donde este fenómeno es algo nuevo. Sin la tradición inmigratoria de Francia, Alemania o Inglaterra, este país se enfrenta a un reto mayúsculo: dar empleo, asistencia sanitaria, vivienda y escuela a unos cinco millones de inmigrantes, aunque no hay cifras oficiales, ya que se desconoce cuántos de éstos son ilegales. En el sistema educativo las dificultades de adaptación a la lengua y a las costumbres religiosas, sobre todo para los niños y jóvenes que proceden del campo musulmán, no son pocas.

La mayoría de los docentes consultados sobre este tema coinciden en que la Administración no estaba preparada para esta avalancha de nuevos alumnos. Incide principalmente sobre el nivel de la calidad de la enseñanza. El escaso o nulo dominio del español de los que no proceden del ámbito hispano es uno de los principales problemas para los maestros.

El otro es las clases de religión, que ahora tienen que ser selectivas, al haber cristianos y musulmanes en las mismas aulas. Culturas tan distintas, tanto en la forma de entender a su Dios, como en la alimentación o en los horarios de sus plegarias, hacen que las escuelas españolas se estén convirtiendo en una de las mejores vías para la integración y el respeto por lo extraño o lo diferente.

Finalmente, sólo en Madrid, los latinoamericanos cuentan con 70 medios de comunicación, según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos.

Inmigración, ¿falsos estereotipos?

ARANTXA RICA

ALICANTE. No es nuevo que desde hace algunos años, la inmigración es uno de los temas que más da que hablar entre los ciudadanos y mucha tinta ha hecho correr en los medios de comunicación. Los datos ofrecidos por la ultima encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sitúan a la inmigración como la principal preocupación de los habitantes de la Comunidad Valenciana que, en parte, consideran a los nuevos vecinos como responsables del aumento del gasto público, como por ejemplo en Sanidad.
Sin embargo, hay datos que reflejan que ésta es una idea errónea. Según explica el excoordinador del Centro de Salud de San Miguel de Salinas, José Luis Giménez, un estudio británico del Home Office señala que los inmigrantes laborales «generan un 10 por ciento de riqueza más del gasto que producen».
Para Giménez -que es profesor del Curso de Atención Sanitaria a Población Inmigrante, dirigido a personal sanitario- hay que diferenciar entre la inmigración laboral y la procedente de países de la Unión Europea (UE). Esta última, opina , «genera mucho gasto, sobre todo porque la mayoría son jubilados y ya tienen cierta edad». Aunque existe concierto entre España y países de la UE en el que cada estado paga las facturas de sus ciudadanos, la picaresca está a la orden del día. De este modo, ciudadanos europeos eligen la Comunidad Valenciana para operarse gratis de patologías por las que en sus países tienen que pagar.
Giménez, a través de su experiencia conoce numerosos casos. Torrevieja es «una ciudad clave para este tipo de delitos». Tan sólo tienen que empadronarse en la localidad. Así, «una vez censados, se vuelven a sus países de origen y cuando les llaman para la operación, algún amigo les avisa, cogen un vuelo chárter y vuelven».
Normativa en vacunas
Otro de las situaciones con las que se encuentran los sanitarios valencianos, producto de la interculturalidad y que también fue tratada en el Curso de Atención Sanitaria a Población Inmigrante, es la referente a las vacunas. A este respecto, «la normativa en cada país tiene sus propios criterios, incluidos los europeos e «incluso las normas pueden cambiar de una comunidad a otra», apostilla Giménez. Así, mientras en Gran Bretaña es obligatoria la vacuna de tuberculosis, la normativa valenciana no la exige. Sin embargo, ésta sí que incluye entre sus vacunas la de la hepatitis B y de tétanos, entre otras. En los países del este, por ejemplo, se vacuna de difteria, enfermedad que en España hace ya años que fue erradicada. En este sentido, el sanitario valora muy positivamente el «Calendario de Vacunación Internacional de Vacunaciones» editado por la Conselleria de Sanidad, que «ha facilitado mucho el trabajo de los sanitarios». En esta guía se indican las vacunas que cada país incluye con lo que así, el personal sanitario puede comparar y aplicar las que falta.
Las mismas dolencias
Otro de las preocupaciones que la llegada de inmigrantes ha traído a los ciudadanos autóctonos es el miedo a enfermedades importadas de otros países. Daniel López, médico de cabeza y experto en enfermedades tropicales y medicina humanitaria, explica que son temores infundados. «Enfermedades como el paludismo o la enfermedad de Chagas necesitan para transmitirse un mosquito que aquí no existe, es imposible el contagio». «A los inmigrantes les afectan las mismas enfermedades que a nosotros».
Para López, el mayor problema que encuentran los médicos en la asistencia al inmigrante es que «muchos de ellos tienen una idea distinta de la sanidad de la de aquí». En base a sus experiencias, creencias religiosas e ideológicas pueden interpretar su enfermedad de diferentes maneras. Por ello, defiende. que sería muy útil la incorporación de mediadores interculturales e intérpretes familiarizados con temas sanitarios. En EE.UU, por ejemplo, hay protocolos médicos diferentes dependiendo de la cultura de los pacientes, explica.
Expertos sanitarios afirman que el coste de la atención sanitaria a inmigrantes laborales «es mínimo» ya que, según estudios, generan más riqueza que lo que gastan.
ABC

«Muchos caseros rechazan a los inmigrantes de entrada»

El presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Castilla y León (Faicyl), Zaki Zayed (Palestina, 1951), repasa la situación de los extranjeros llegados estos años a la comunidad.

-¿Existen problemas de racismo?

-Hay casos de rechazo en la vivienda y nos encontramos con caseros que no quieren a marroquíes o búlgaros, por ejemplo. La gente busca piso y muchos se encuentran con el no de entrada o con que le dicen que ya está alquilado aunque no lo esté. Eso aún existe, aunque en cuanto a racismo hemos mejorado mucho gracias a la formación y charlas.

-¿Reciben las ayudas suficientes de las administraciones públicas?

--Fundamentalmente nos dejan aulas en los centros cívicos y nos dan subvenciones para poder dar charlas y cursos. Se puede dar más, claro, como por ejemplo un local para trabajar porque ninguna asociación tiene uno propio.

-¿Ni una sola de la federación?

-Nada, ni un cuarto y tenemos que trabajar en el local del presidente o de algún miembro de la junta directiva o en nuestra propia casa. Se lo pedimos hace poco a la concejala de Participación Ciudadana y dijo que no había.

-Sin web, local o teléfono, ¿cómo les encuentran los inmigrantes?

-No es tan fácil, pero la gente se mueve y gracias al boca a boca acaban llegando hasta nosotros.

-¿Sigue notando 'miraditas' por ser negro cómo les ocurría a muchos recién llegados por la calle?

-Ya no se nota tanto como antes, cuando quizá ocurría que éramos la novedad, pero hemos mejorado mucho en eso y que lo hace ahora creo que sí lo hace por racismo.

-¿Es partidario en su condición de imán de que las niñas musulmanas acudan a clase con el velo?

-La cultura islámica dice que la mujer debe ponérselo cuando llega a una edad. No es un símbolo, simplemente se trata de cumplir con lo que dice el Corán. Por eso creo que impedir a una chica que vaya a clase con el velo e impedirla así aprender no es correcto.

-¿Cómo ve la educación de los niños que hablan otro idioma?

-Siempre reciben clases aparte para aprender el idioma en los colegios, aunque los niños son muy inteligentes y enseguida se convierten en profesores para enseñar a sus padres en casa.

-¿Qué opina de la detención en Burgos de islamistas radicales a los que se encontró pornografía infantil?

-Me chocó mucho y fue un palo muy duro para nosotros porque venimos aquí con el objetivo claro de mejorar nuestra vida, encontrar trabajo y estabilizarnos y viene una persona con ideas absurdas para fastidiarnos a nosotros y a todo el mundo. La comunidad islámica de aquí está en contra de ellos. De hecho, nos reunimos después y nadie les conocía. En especial, al cabecilla. Aquí nos dedicamos a nuestro trabajo y a nuestro culto sin intervenir en nada que pueda alterar la seguridad.

-Ni el Corán justifica esto...

-Al contrario, por eso siempre digo que el Islam siempre está en contra de cualquier agresión.

-Sus retos de futuro son...

-Conseguir la integración total y eso llegará cuando un inmigrante trabaje como un español más y los empresarios nos vean también como a cualquier obrero de aquí.

Bruselas avisa de que la inmigración no es suficiente para mantener la población activa

Habrá libre circulación de personas sobre 3,6 millones de kilómetros cuadradosEl número de inmigrantes que lleguen a la UE en los próximos 40 años será equivalente a la cantidad de habitantes de España pero ello no será suficiente para impedir una caída en la población activa del bloque, según un documento de la UE.
El texto ha sido preparado por el Comité asesor de Política Económica para una reunión de ministros de Economía de la UE que se realizará la próxima semana, en medio de las tensiones sobre inmigración en Italia y con el asunto en la agenda de varios países. En el documento se indica que la inmigración a los 27 Estados miembros de la UE alcanzaría previsiblemente los 40 millones de personas para 2050, informa Reuters. Sin embargo, el número de residentes con trabajo se reducirá, a menos que más personas que ahora están clasificadas como inactivas entren en el mercado laboral y que aquellos con empleo trabajen más. Si no llega ningún inmigrante en los próximos años, varios países de la UE verían a su población activa reducirse en un 35% en 2050.
'Incluso los flujos migratorios de esta magnitud compensarán sólo parcialmente, y a corto plazo, el impacto negativo del envejecimiento laboral', se señala en el texto. Una menor cantidad de trabajadores puede llevar a menor crecimiento económico y a una reducción del dinero recaudado a través de impuestos, que son ocupados en necesidades sanitarias y en el cuidado de los ancianos, lo que socava el generoso sistema social europeo.
Las huelgas previstas en Francia para la próxima semana, debido a la intención gubernamental de recortar algunos privilegios de las pensiones, muestran lo difícil que puede ser introducir reformas para hacer que los europeos trabajen y produzcan más. El informe recalca que la inmigración ha contribuido a un fuerte crecimiento del empleo en muchos países de la UE en la última década.
La Comisión Europea propuso el 23 de octubre un marco de 'cédula azul' para atraer a inmigrantes cualificados y llenar el vacío creciente del bloque en el área.
Sin embargo, Francia reforzó el mes pasado los controles a la inmigración, introduciendo pruebas de idioma y exámenes opcionales de ADN para comprobar los lazos familiares. La semana pasada, Italia dio a la policía más poder para expulsar a los inmigrantes de la UE considerados peligrosos, tras una serie de delitos por los que en buena parte se responsabiliza a ciudadanos de Rumanía.

Tres millones de historias de inmigración

"En España hay medio millón de ecuatorianos y esta es la historia de algunos de ellos". La tarjeta de presentación de La próxima estación, documental dirigido por Estela Ilárraz (San Sebastián, 1969), es sencilla. Pero la experiencia de Fernanda Maldonado, Marco Páez y la familia Campoverde, que Ilárraz recorre en una pieza de 70 minutos que se puede ver en los cines Kinépolis Madrid (Pozuelo) hasta el 15 de noviembre (Horario: de viernes a domingo, 17.15/18.45/20.30; de lunes a jueves, 17.00/18.30/20.15; www.kinepolis.com), es la crónica de uno de los fenómenos sociales más importantes que ha experimentado España en la última década: convertirse en tierra de acogida de inmigrantes ecuatorianos.

"Yo quería contar, sobre todo, cómo se vive la distancia a través del tiempo. Cómo va evolucionando ese sentimiento de separación física y emocional que supone la inmigración", explica Ilárraz, que fue testigo directo de la crisis social y económica de Ecuador, donde viajó y vivió en distintos periodos entre 1992 y 2000. Mientras España multiplicaba su bienestar en un espectacular ciclo de crecimiento, al otro lado del Atlántico la economía de Ecuador se desmoronaba en 2000 (el reparto de la riqueza mundial es un juego de suma cero) como consecuencia de un cóctel perverso de dolarización, corrupción institucional, paro e inflación. Entre la inmigración y la miseria, tres millones de ecuatorianos decidieron abandonar su país. En España hay unos 376.000 ecuatorianos censados, pero la cifra se multiplica hasta los 700.000, según estimaciones que incluyen también a los que aún no tienen papeles.

La cineasta empezó a grabar en Madrid en 2002. Encontró a sus protagonistas en el Retiro, en la Casa de Campo, en el barrio de Tetuán, lugares de reunión de ecuatorianos. Enseguida sacó una conclusión: las madres suelen ser pioneras. Como Fernanda, que dejó a sus tres hijos pequeños para limpiar pisos en la periferia de Madrid mientras en Quito su madre, Helena, cuida de ellos. “Todas las madres somos suficientemente valientes como para dejar a nuestros hijos allá y esperar a lo mejor cinco años sin verlos. Es el problema de los que no tenemos papeles”, dice en un momento de la película. O como Lucrecia, que buscó la posibilidad de una vida mejor, lejos de un marido problemático, y se lanzó como avanzadilla a una aventura en la que luego le acompañaron dos de sus hijos varones. Las chicas quedaron en Guayaquil. El matrimonio formado por Marco, locutor en una radio latina, y Norma pudo, tras un tiempo, traer a sus dos hijos.

Ilárraz salta con su cámara de Madrid a Quito, Guayaquil o Lacatunga para mostrar la cara de la emigración que no se ve en los países de acogida: familias que se parten, dolorosas añoranzas, el sueño de volver. Es, sobre todo, un destino que no eligieron (¿pudo elegir Fernanda dejar a sus hijos de dos, siete y nueve años?) y que asumen, a veces con resignación, a veces con rabia. La próxima estación recoge tres historias de inmigración que son también tres millones de historias de dolor y esperanza.

El Gobierno niega que la expulsión de rumanos en Italia vaya a afectar a España

Las autoridades españolas creen que las expulsiones de algunos inmigrantes rumanos en Italia por motivos de seguridad no tendrán efectos negativos en un aumento de la inmigración a España desde el país balcánico. "No existe idea de que pueda haber un perjuicio" para España, ha confirmado el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, en una conferencia de prensa.
Camacho ha añadido que las autoridades de España e Italia estudian desde hace semanas el reciente decreto ley italiano para expulsar a ciudadanos de la Unión Europea (UE) por motivos de seguridad, que se ha dirigido sobre todo hacia algunos rumanos .
El responsable español, que ha asistido hoy a un Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, ha reconocido que hubo "preocupación" en Madrid al conocer los planes de Roma. Sin embargo, la preocupación desapareció tras recibir garantías de que las expulsiones serían puntuales, con garantías judiciales, y no masivas.
Camacho ha explicado que los contactos incluyeron conversaciones a nivel ministerial entre Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo italiano Giuliano Amato durante una reunión el mes pasado en Polonia del G6, grupo en el que están integrados España, Polonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
También ha recordado que el caso italiano, aunque ha tenido mucho impacto en las últimas semanas, no es único, ya que muchos países de la UE tienen legislaciones que prevén la expulsión de los ciudadanos comunitarios. En este sentido, ha destacado que España "está a la cabeza de toda Europa en política de repatriaciones" de inmigrantes ilegales procedentes "de todos los continentes".
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha insistido por su parte en que "no se puede ni criminalizar ni demonizar" a todo un colectivo porque existan algunos de ellos que cometan delitos, sobre los que debe caer el peso de la ley.
Rumí ha destacado que en España hay cientos de miles de rumanos que viven "de forma legal, que trabajan, que tienen un contrato legal, están afiliados a la Seguridad Social, que contribuyen con sus impuestos".
España acoge a más de la mitad de los ciudadanos rumanos y búlgaros en edad de trabajar que residen en otros países de la Unión Europea, según datos de 2007 divulgados ayer por la Comisión Europea. Las cifras señalan que España acoge a 463.000 de los 845.000 trabajadores rumanos contabilizados en países comunitarios, así como a 78.000 de los 157.000 búlgaros.
Italia , que ha aprobado un decreto ley urgente para expulsar a ciudadanos de la UE por motivos de seguridad -y que afecta especialmente a los inmigrantes rumanos - acoge a 241.000 trabajadores de ese país.

España apoya crear una tarjeta azul para inmigrantes cualificados

España, Francia e Italia fueron los Estados miembros de la UE que apoyaron ayer con mayor entusiasmo durante la reunión de ministros del Interior de los 27 la propuesta de la Comisión Europea de crear una tarjeta azul -equivalente a la green card estadounidense- para facilitar la entrada a la UE de inmigrantes muy cualificados y hacer frente a la escasez de mano de obra por el envejecimiento de la población.

En contraste, Alemania y Austria mostraron mayores reservas, aunque no se opusieron frontalmente a la iniciativa.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, destacó que sus propuestas recibieron «un apoyo amplio y fuerte». Insistió en que éstas no crean un «derecho a la entrada» para los inmigrantes ni interfieren en la responsabilidad de los Estados miembros para determinar cuántos trabajadores necesitan.

Frattini subrayó además que la tarjeta azul permitirá a los inmigrantes altamente cualificados cambiar de Estado miembro de la UE tras dos años y también regresar a su país de origen sin la necesidad de realizar ningún trámite más.

Ello fomentará, a su juicio, la «inmigración circular», a la vez que reducirá la fuga de cerebros. El vicepresidente presentó también a los ministros su segunda propuesta, que establece un procedimiento único para obtener el permiso de trabajo y residencia en un solo documento y un conjunto de derechos para los inmigrantes.

España negocia con Italia para evitar una oleada de rumanos expulsados

El secretario español de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, confirmó ayer que España lleva semanas negociando con Italia para garantizar que los ciudadanos rumanos amenazados de expulsión por Roma no se trasladen de forma masiva a territorio español. «Llevamos semanas hablando con las autoridades italianas a efectos de evitar cualquier perjuicio o cualquier efecto negativo en territorio español», admitió Camacho en una comparecencia al margen de una reunión de ministros europeos del Interior celebrada en Bruselas. La expulsión con carácter urgente es una medida que el Gobierno italiano ha adoptado tras el au mento de la criminalidad entre la población inmigrante.

«Incluso el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba trató recientemente este asunto en Varsovia con su colega italiano», agregó Camacho, al referirse a la seriedad de esas discusiones.

Sin embargo, el secretario de Estado quiso insistir en que, a pesar de en un principio «existió preocupación en el Gobierno», no hay por el momento indicio alguno de un desvío masivo de este colectivo inmigrante hacia territorio español.

El gobierno italiano aprobó la semana pasada un decreto que posibilita la expulsión con carácter urgente de ciudadanos comunitarios, como respuesta a la alarma social generada por el asesinato de una mujer a manos de un rumano, además de otros delitos que se atribuyen a personas de esa nacionalidad.


Evitar la criminalización

«Se trata de expulsiones individuales, no masivas, que están sometidas a control judicial, además de que se garantiza que los expulsados lo serán hacia territorio rumano», prosiguió Camacho. «Por tanto, podemos decir que en este momento no parece existir ningún perjuicio que pueda producirse a nuestra política de control de la inmigración por la ejecución de esa ley italiana», subrayó.

Por su parte, la secretaria española de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, advirtió del peligro de caer en la «criminalización» de un colectivo social a causa de algunos actos individuales.

«Son cientos de miles de rumanos los que viven en España de forma legal, que trabajan, que tienen un contrato legal, que están afiliados a la Seguridad Social y que contribuyen con sus impuestos al bienestar de nuestra sociedad», recalcó.

A su juicio, España está trabajando «en el buen camino» para lograr la integración de los inmigrantes y ha aumentado un 720% las ayudas destinadas a estas políticas, que han pasado de 40 millones de euros en 2003 a más de 300 en 2007.


Apertura de fronteras

Por otro lado, la UE acordó ayer abrir el 21 de diciembre próximo las fronteras terrestres y marítimas con nueve de los países que ingresaron en 2004, lo que elevará a 24 el número de Estados miembros de la Europa sin fronteras del espacio Schengen .

Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) creen que se cumplen las condiciones para la apertura de los pasos fronterizos, anunciaron fuentes comunitarias.

La fecha, que debe ser refrendada la próxima semana por el Parlamento Europeo, permitirá que los nueve países abran sus fronteras terrestres y marítimas a aquellos que ya disfrutan de la supresión de los controles limítrofes.

Los países beneficiados por la nueva normativa son Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta, todos los que entraron en la UE en 2004 menos Chipre, que ha solicitado una moratoria.

Los controles fronterizos en los aeropuertos serán levantados el próximo 30 de marzo.